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Esta mañana, mediante una carta difundida en sus redes sociales, la ex funcionaria federal, Rosario Robles, informó que el pasado 21 de octubre, sus  abogados solicitaron por diversos motivos el sobreseimiento de la causa penal que se le sigue.

En su escrito, recordó que lleva más de un año privada de su libertad, y señaló que incluso el propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dicho públicamente que “me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.

La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, reveló que ‘fuentes confiables’, al interior de la FGR, le han informado que funcionarios de la Fiscalía se han reunido con ex colaboradores para ofrecerles impunidad a cambio de que declaren lo que “ellos necesitan”.

En ese sentido, dijo que sabe bien que lo que la Fiscalía quiere para que ella quede en libertad es que señale como responsables de diversos hechos a ex colegas suyos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio de Peña Nieto,  con el objetivo ir contra ellos.

“Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad. No quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley, porque creo en un sistema de justicia que tiene un enfoque garantista, defensor de los derechos humanos, y porque espero una respuesta positiva de los organismos internacionales a los que también he recurrido”, sostuvo Robles Berlanga.

Rechazó que vaya a recurrir a la figura de testigo colaborador, pues eso abriría las puertas a su libertad a base de mentiras y falsa delación. Confió en que con la verdad y demostrando mi inocencia, podrá salir de prisión, aplicándose la Ley.

Foto: Twitter

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes que el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, permanezca detenido sin derecho a fianza, antes de su juicio por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, al argumentar que existe riesgo de fuga.

Recordemos que el ex funcionario federal fue arrestado la semana pasada en el aeropuerto de Los Ángeles, California, luego de su arribo a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA).

La negativa de conceder la libertad bajo fianza, indicó el juez, fue por miedo a que escape del país para evitar continuar con el proceso judicial en su contra.

“La gravedad de los cargos que enfrenta hace crecer el riesgo de huida para evitar el proceso en su contra. (…) Su influencia y poder político y una potencial condena de cadena perpetua son incentivos para escapar”, dictaminó Alexander MacKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles.

Esta fue la segunda audiencia contra Salvador Cienfuegos, misma que se transmitió de manera pública y vía la aplicación Zoom.

El ex funcionario mexicano permanecerá unos días más en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, para posteriormente ser trasladado a Nueva York.

El colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto fue acusado el pasado viernes de tres cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

De acuerdo a los documentos judiciales, la “Operación Padrino”, que llevó a la detención de Cienfuegos, está asociada con el proceso judicial contra un ex fiscal mexicano, Édgar Veytia, que fue sentenciado a 20 años de prisión en septiembre del año pasado en Estados Unidos.

Durante la audiencia, el abogado de Cienfuegos Zepeda, Duane Lyons, negó que su cliente quiera huir a nuestro país, pues quiere “lavar su imagen”. Por ello, la defensa presentó una fianza por un valor de 750 mil dólares.

El abogado de Cienfuegos dijo que la cifra ofrecida son los “ahorros de toda la vida” del ex secretario de la Defensa. Además argumentó que permanecer en prisión pone al ex funcionario mexicano en riesgo de contagiarse de Covid-19.

Mónica García Villegas, “Miss Moni”, quien fue declarada culpable el pasado 17 de septiembre de los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de obras, fue sentenciada esta tarde a 31 años de prisión.

La directora y dueña del colegio Rébsamen, el cual colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 deberá además pagar 402 mil pesos como reparación del daño a cada una de las familias de los fallecidos.

Entre las 26 personas que perdieron la vida, 19 eran menores de edad. Así, la educadora tendrá que cubrir un monto cercano a los 10 millones y medio de pesos.

Por el delito de responsabilidad de obra se le impuso una multa equivalente a mil unidades de salario mínimo, monto cercano a los  70 mil pesos, además de un millón de pesos por atención terapéutica.

Al inicio de la audiencia de este miércoles, que duró cerca de cuatro horas, García Villegas insistió en su inocencia, e incluso aseguró que “no tengo por qué pedirles perdón, soy inocente”, refiriéndose a los padres de familia que se dieron cita, y quienes pidieron en repetidas ocasiones que “Miss Moni” pidiera perdón por lo ocurrido.

El juez a cargo del caso, dijo que Mónica García Villegas conocía el riesgo de la construcción irregular de un piso más en uno de los edificios del plantel educativo, además de que el inmueble no atendió el Reglamento de Construcciones y la Ley de Desarrollo Urbano, por lo que resultaba culpable de las muertes ocurridas durante el sismo.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ernestina Godoy, indicó a través de sus redes sociales que el fallo final era un “logro” de justicia para las víctimas. Reconoció el trabajo del ministerio público, peritos y de la Policía de Investigación.

“Nosotros los abogados y las víctimas que representamos estamos satisfechos”, declaró Fernando Castillo Vega, representante legal de los familiares de quienes perdieron la vida.

Rosario Robles, ex funcionaria federal, y quien se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado, obtuvo una suspensión definitiva contra su prisión preventiva.

“La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional”, informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.

Señaló que aún no significa que pueda seguir su proceso en libertad, ya que será una jueza la que determine su situación.

Al otorgar la suspensión, María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, asumió la capacidad de decidir si modifica la medida cautelar actual, una vez que se resuelva de fondo el amparo.

Destacó que la audiencia en la que la jueza decidirá al respecto se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, aunque reconoció que podría tomar hasta un mes más.

Recordemos que a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico acerca de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos.

Aunque los delitos que se le imputan no prevén la prisión preventiva oficiosa, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada al alegar riesgo de fuga.

Adicional, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal negó conceder a la ex funcionaria, la suspensión definitiva a la impugnación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó esta mañana una conferencia de prensa, en la que informó sobre la localización del menor Dylan Esaú, ocurrida la tarde de ayer.

El fiscal relató que luego de su desaparición el 30 de junio, se emitieron las fichas de búsqueda tanto en el país como en el extranjeros, además de que se siguieron las investigaciones respectivas.

“El día de ayer logramos identificar plenamente a la persona de sexo femenino que aparece en el video, que está en unos cartelones de búsqueda, de recompensa; se llama Margarita “N”, cuenta con 23 años de edad, originaria de Cintalapa de Figueroa”, declaró el fiscal.

Una vez que se le identificó, se localizó su domicilio en la localidad Nueva Esperanza de los Pobres, en Cintalapa de Figueroa, hasta donde llegaron los elementos de la policía estatal y municipal.

Ya en el domicilio, que pertenece a la comunidad Las Palmas, se encontró a Dylan Esaú. El fiscal señal aseguró que el operativo se realizó siguiendo todos los protocolos para garantizar la integridad física del menor.

Ante el Ministerio Publico, Margatita “N” indicó que raptó a Dylan ya que al no poder concebir hijos, lo que le ha ocasionado diversos problemas con su pareja, estuvo buscando a un niño en el Mercado Popular del Sur (Merposur) que estuviera en una situación de vulnerabilidad para poderlo sustraer.

Confirmó la versión de los niños que le ayudaron con el robo del menor, a quienes pagó 200 pesos por su ayuda al argumentar que era su hijo pero que no le hacía caso.

Llaven Abarca precisó que tras su rescate, fue sometido a una valoración medica y psicológica, lo que permitió corroborar que se encuentra sano y salvo.

“La hoy imputada podría alcanzar hasta 75 años de prisión. Vamos a judicializar la carpeta de investigación a la brevedad, y estaremos muy pendientes de todo el proceso. Vamos a pedir la pena máxima para ella”, informó el fiscal.

Sobre la información que se había dando en un inicio, en la que se hablaba de una posible red de trata de menores, el funcionario dijo que se trata de una carpeta de investigación distinta que nada tiene que ver con el caso de Dylan. Incluso reveló que la mujer dio datos falsos en un inicio para tratar de ocultar su identidad.

Margarita “N” refirió que su pareja la abandonó, por lo que fingió un embarazo para que hacerlo regresar. Fue ahí donde entró el menor Dylan.

El avión que trasladaba a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, arribó a la Ciudad de México la madrugada de este viernes, a las 00:46 horas, donde fue recibido por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentando así la orden de extradición que el gobierno mexicano presentó ante España.

Tal como se había informado, fue aplicado el protocolo correspondiente en el que el Ministerio Público Federal (MPF), le leyó sus derechos y le informó que se le estaban ejecutando las órdenes de aprehensión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, por lo que desde ese momento quedaba detenido.

Sin embargo, al ser revisado por un médico perito de la Fiscalía, con el fin de acreditar su integridad física, a Lozoya le diagnosticada anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, así como una debilidad general en toda su salud, por lo que el médico perito propuso su internación en un hospital.

La Fiscalía informó que la familia de Emilio Lozoya pidió, y le fue autorizado, que un médico particular le practicara una segunda revisión, en la que encontró los mismos síntomas.

“En razón de lo anterior, el MPF ordenó su traslado a un hospital, donde permanecerá en calidad de detenido bajo estricta vigilancia policíaca”, indicó la FGR.

Así, el exdirector de Pemex y excolaborador del presidente Enrique Peña Nieto, evitó pisar prisión en nuestro país. Aunque fue trasladado al Reclusorio Norte, donde se tenía previsto permaneciera recluido, solo permaneció ahí para los exámenes médicos que se le realizaron.

Minutos después de su chequeo médico, Lozoya fue trasladado a instalaciones hospitalarias, donde permanecerá recluido.

El caso de Lozoya ya levanta polémica, pues recuerda lo sucedido con la exdirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, quien pasó casi la totalidad del tiempo que estuvo recluida, en un hospital. Cuando se le concedió su libertad, fue del hospital desde donde salió.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que fue vinculado a proceso Juan Antonio Vera Carrizal, por tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos.

Vera Carrizal es el presunto autor intelectual del ataque que sufrió la saxofonista en septiembre de 2019, cuando fue atacada con ácido.

Fue a través de las redes sociales de la Fiscalía que se informó que el exdiputado del PRI fue vinculado a proceso, además de que el juez dictó prisión preventiva, por lo que Vera Carrizal permanecerá en prisión.

Previo a la audiencia, María Elena Ríos hizo un llamado a que se privilegiara la justicia y “no le den libertad a mi agresor”.

Recordemos que fue el pasado 6 de abril cuando se informó de la detención del Vera Carrizal, que según la Fiscalía, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones del Centro de Comando, Control y Comunicación (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPO).

A raíz de dicha detención, el Fiscal General  del estado precisó que hasta el momento suman cuatro las personas aprehendidas por el ataque a la saxofonista.

El Fiscal del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, ha sostenido que la institución que encabeza “no va a negociar nada con nadie”, esto en referencia a la supuesta influencia y contactos que el exlegislador tiene en la entidad.

“Nosotros somos un órgano únicamente dedicado a la aplicación de la Ley, que está realizando investigaciones objetivas, imparciales y que pone frente a los jueces datos consistentes para que los imputados sean vinculados a proceso o bien, se les impongan sentencias condenatorias que los hagan responsables de sus actos”, dijo el Fiscal.

Keith Raniere, fundador de la secta NXIVM, acusada de tráfico de personas, resultó positivo al Covid-19, por lo que recibirá el tratamiento para la enfermedad en prisión.

Raniere, de 59 años, no ha sido considerado como un paciente de alto peligro por el virus, ya que, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), sólo deben ser considerados en riesgo los presos, y pacientes en general, que tienen más de 65 años.

La decisión de sacarlo de la lista de peligro niega la posibilidad de que pague una fianza que le permita sobrellevar la enfermedad fuera de la cárcel.

Su defensa solicitó la semana pasada que se le entregaran los registros médicos de Raniere para verificar su estado de salud, informó la cadena CBS6 Albany.

Raniere solicitó un nuevo juicio a principios de mes, por considerar que el proceso actual estaba plagado de irregularidades.

Hasta el momento no se ha aceptado su solicitud, aunque el juez Nicholas Garaufis decidió postergar hasta el 21 de mayo la sentencia, que inicialmente estaba planificada para el 16 de abril.

El hombre se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de que se le dicte condena por los crímenes de los que ha sido acusado.

Raniere enfrenta cargos por extorsión, lavado de dinero, asociación para delinquir, fraude electrónico, robo de identidad, tráfico sexual y trabajo forzoso.

Dichas actividades ilícitas habrían sido realizadas con la fachada de un grupo de superación personal al que estaban vinculadas herederas millonarias y celebridades del mundo de los espectáculos como Allison Mack, actriz de la serie de televisión Smallville.

Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles a 23 años en prisión por violación y abuso sexual. Weinstein, quien ha sido acusado de abusar sexualmente de decenas de mujeres, fue declarado culpable el mes pasado de violar a una mujer en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013 y de practicarle sexo oral por la fuerza a otra en el apartamento de él en 2006. Enfrentaba una pena máxima de 29 años tras las rejas.

Las dos mujeres por las que fue condenado, una exaspirante a actriz y una exasistente de producción de cine y TV, hablaron en la corte esta mañana antes de que el juez James Burke anunciara la sentencia, confrontando a Weinstein nuevamente luego que sus testimonios ayudaron a sellar su condena en el juicio histórico para el movimiento #MeToo.

La exaspirante a actriz de la que Weinstein fue hallado culpable de violar en 2013, recordó el momento durante el juicio en el que se retiró del estrado llorando y luego pudo ser escuchada pidiendo ayuda a gritos en una sala contigua.

“El día en que se escucharon mis gritos desde la sala de testigos fue el día en que mi voz recuperó todo su poder”, manifestó. “La violación no es sólo un momento de penetración. Es para siempre”.

Weinstein, quien ha insistido en que todas sus relaciones sexuales han sido consensuales, también habló en la corte, diciendo que guardaba buenos recuerdos de sus acusadoras. Dijo que pensó que tenían una buena amistad: “No voy a decir que estas no sean personas maravillosas. Pasé momentos maravillosos con estas personas. Simplemente estoy verdaderamente confundido. Los hombres están confundidos sobre este asunto”.

Burke también escuchó a los abogados de Weinstein, que pidieron clemencia para su cliente debido a su edad y su frágil estado de salud, y a los fiscales, que dijeron que el hombre una vez visto como un rey de Hollywood merecía una dura sentencia acorde con las acusaciones de conducta inapropiada que datan de la década de 1970.

Bajo la ley estatal, Burke podía considerar evidencia fuera del alcance del juicio para determinar la sentencia.

En su carta de sentencia, los fiscales presentaron 16 ejemplos que según ellos mostraban que Weinstein “atrapó mujeres en su exclusivo control” para poder agredirlas sexualmente, comenzando cuando trabajaba como un productor musical en Buffalo en 1978.

Weinstein fue sentenciado una semana antes de cumplir 68 años, y sus abogados argumentaron que un periodo extenso en prisión equivaldría, en efecto, en una cadena perpetua. Buscaron una pena de cinco años, el mínimo obligatorio para el más serio de los dos cargos de los que fue declarado culpable.

Weinstein usó una andadera a lo largo del juicio y el miércoles llegó a la corte en una silla de ruedas debido a problemas de la espalda derivados de un accidente automovilístico que sufrió a mediados del año pasado. También padece un trastorno que requiere inyecciones en los ojos para no perder la vista y la semana pasada le colocaron un stent para desbloquear una arteria.

La agencia que opera las prisiones estatales de Nueva York dijo que todo preso es evaluado para determinar qué centro penitenciario es el más apropiado para sus necesidades físicas y de seguridad.

Weinstein fue condenado de dos cargos: abuso sexual por el ataque de 2006 a la asistente de producción, y violación en tercer grado por el abuso de la otra mujer en 2013. Durante el juicio, fue absuelto de cargos más serios en su contra: violación en primer grado y dos cargos de agresión sexual predatoria.

Foto: Twitter @cinetastico

Roger Stone, un cercano excolaborador del presidente Donald Trump, fue condenado este jueves a 40 meses (tres años y cuatro meses) de prisión, tras haber sido declarado culpable de siete cargos relacionados con la llamada trama rusa, en un caso en el que el mandatario ha presionado a favor de su exasesor.

La jueza federal Amy Jackson emitió la sentencia contra Stone, de 67 años, por cargos como mentir al Congreso y manipulación de testigos.

Esta causa ha ganado relevancia después que Trump criticara públicamente el proceso judicial contra su exasesor y apuntara la posibilidad de concederle un indulto presidencial.

“La verdad todavía existe, y la verdad todavía importa. La insistencia de Roger Stone de que no importa, su beligerancia, su orgullo y sus propias mentiras son una amenaza para nuestras instituciones más básicas, los cimientos de nuestras democracias”, señaló Jackson.

La sentencia es menor a la solicitada en un primer momento por la Fiscalía, que había pedido entre siete y nueve años de cárcel.

La polémica creció aún más cuando el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, emitió una recomendación en la que instaba a rebajar la petición de condena, lo que provocó la renuncia de cuatro fiscales encargados de ese caso.

Stone, que trabajó hasta agosto de 2015 en la campaña electoral de Trump y después mantuvo contacto regular con él, fue detenido por el FBI el pasado 25 de enero en Fort Lauderdale (Florida).

El estratega enfrentaba cinco delitos de declaración falsa, más uno de obstrucción de procedimiento oficial y otro de manipulación de testigos, todos vinculados a la investigación sobre la trama rusa.

Según la Fiscalía, Stone actuó como enlace entre la campaña de Trump en 2016 y la plataforma WikiLeaks, que difundió correos electrónicos robados al Comité Nacional Demócrata que eran “perjudiciales” para la campaña de la candidata presidencial de ese partido, Hillary Clinton.

El equipo del fiscal que dirigió la investigación de la trama rusa, Robert Mueller, aseguró entonces que tenían pruebas de que Stone se había comunicado con la plataforma WikiLeaks durante su ataque al servidor de los demócratas en 2016.

El abogado Javier Coello visitó hoy al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, en la prisión de Alhaurín de la Torre en Málaga, España.

Coello se entrevistó con su cliente este martes sin embargo declinó hacer declaraciones sobre la estrategia que seguirá.

De forma breve indicó que encontró al exfuncionario mexicano en buenas condiciones.

“Tenemos que contar con un abogado en España”, dijo en referencia a los abogados que enfrentarán la demanda mexicana de extradición de Lozoya para que responda por los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho.

Lozoya se encuentra en una celda con capacidad para dos reclusos aunque por ahora está solo. Carece de medidas extraordinarias de vigilancia por ser la primera vez que está recluido.

Los recursos ilícitos que habría malversado sumaron 10 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, en uno más de sus casos de corrupción en diversos países latinoamericanos.

En Alhaurín de la Torre, Lozoya espera su traslado a una cárcel cercana a Madrid, donde un juez de la Audiencia Nacional celebrará la segunda audiencia de su caso, luego de la primera la semana pasada en que se ordenó su reclusión ante el riesgo de fuga que representa.

Este miércoles, el extitular de Pemex y antes responsable de asuntos Internacionales en la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, cumplió una semana de haber sido detenido en un fraccionamiento de lujo en Málaga, en atención a una solicitud de detención emitida por el gobierno mexicano.

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, será trasladado de la cárcel del sur de Málaga en donde se encuentra actualmente, a otra en Madrid, debido a cuestiones administrativas.

Las decisión fue tomada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a fin de que esté cerca de la Audiencia Nacional, encargada de su proceso de extradición solicitada por las autoridades mexicanas.

La fecha del traslado aún no se ha determinado, pero trascendió que podría ser en pocos días, y todo apunta que lo más probable es que sea a la prisión de Soto del Real, un centro de referencia de la Audiencia Nacional.

Lozoya fue detenido en Málaga el pasado miércoles 12 de febrero gracias a una orden internacional de detención librada por las autoridades mexicanas, a fin de que enfrente en nuestro país un proceso por el delito de operaciones con recursos ilícitos.

En España tal delito equivale al de blanqueo de capitales y se castiga con una pena máxima de 15 años de prisión.

Los recursos ilícitos sumaron 10 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, en uno más de sus casos de corrupción en diversos países latinoamericanos.

En dado caso de que se concrete su extradición a México, también deberá enfrentar los cargos de delincuencia organizada y cohecho.

El exfuncionario ya desahogó su primera diligencia judicial, lo cual ocurrió el pasado jueves 13, para lo cual se usó el procedimiento de videoconferencia, tras la cual el juez Ismael Moreno ordenó su ingreso provisional en prisión incondicional pues estimó que existe riesgo de fuga.

Recordemos que se encuentra internado actualmente en el módulo cinco de la prision de Alhaurín de la Torre, destinado a quienes ingresan por primera vez a un centro de este tipo.

Las autoridades del centro carcelario han decidido aplicar las normas habituales de seguridad, y le destinaron una celda para el solo. Cada celda del tipo en que se encuentra Lozoya es de unos nueve metros cuadrados, y podría albergar a otra persona; sus instalaciones son de hormigón y cuenta con una litera, además de un lavabo, un inodoro y una mesita.

En Alhaurín de la Torre la rutina cotidiana empieza a las 8:30 horas con el desayuno e inicio de actividades que son optativas. A las 13:30 se les cita para la comida y la cena a las 19:30 horas, para una hora después regresar a las celdas.

La magistrada del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Isabel Cristina Porras Odriozola, ratificó la medida de prisión preventiva justificada que impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a la exsecretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

En su resolución a la impugnación que presentó Robles a la medida cautelar en su contra, la magistrada mantuvo la prisión impuesta Robles, aunque no compartió criterios con el juez Delgadillo Padierna.

“Cabe precisar, el sentido de lo resuelto no es absoluto o inmodificable, en opinión de esta potestad las circunstancias que la sustentan, válidamente admiten modificación o variación objetiva, porque la eventual pena a imponer, como motivo único, no es suficiente para sostener la prisión preventiva”, señaló la magistrada.

Consideró que esto hace posible la figura de la revisión de la medida cautelar impuesta, en términos de lo que establece el articulo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando a salvo el derecho de la exsecretaria federal para solicitar lo estimado acorde a su interés, de existir condiciones objetivas que legalmente lo permitan.

Al respecto, el equipo legal de Robles emitió un posicionamiento en el que dijo que en su resolución a la apelación, la magistrada reconoció que se han cometido agravios importantes que perjudican a su defendida.

“Los despachos Hernández Barros & Abogados y Epigmenio Mendieta & Abogados afirmamos con toda certeza que la decisión de la magistrada confirma que se trata de un juicio de estado, una venganza política que se aleja de cualquier límite legal”, se lee en el comunicado, en el que se enfatiza que es más grande el interés del gobierno en mantener presa a Rosario Robles que cualquier consideración jurídica.

Los abogados indicaron que continuarán demandando justicia por todos medios jurídicos nacionales e internacionales, e insistirán en reclamar el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia de la exfuncionaria federal.

Y aunque reconocieron que se podría solicitar la revisión del caso y una eventual modificación de la medida cautelar, son conscientes de los antecedentes existentes, por lo que saben que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuará por consigna.

“Quisiéramos decir que nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa. No obstante, desafortunadamente los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmamos que Rosario Robles es una presa política”, remataron los abogados.

La exsecretaria federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, envió una carta al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que afirma que si esa dependencia demuestra que la dirección de su supuesta licencia de conducir existe y que ella ha vivido ahí, se declarará culpable.

En la carta compartida en su cuenta de Twitter, Rosario Robles exigió a Gertz Manero “que se procure justicia y no venganza por consigna”, pues sostuvo que se ha emprendido una “guerra jurídica” contra ella, al tratársele “como una enemiga a la que hay que aniquilar”.

“Usted me conoce bien y sabe perfectamente que no acostumbro a rehuirle a los problemas (…) usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo”, escribió Robles desde el penal de Santa Martha Acatitla al titular de la Fiscalía.

Aseguró que debido a sus convicciones, se presentó al citatorio judicial, pues es inocente y lejos de la imagen que han querido mostrar, a ella no se le han encontrado ranchos ni propiedades lujosas ni nada que acredite que se enriqueció al amparo del servicio público. “Ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo, apuntó”.

En su escrito, sostiene que es ridículo que se haya pedido privarla se su libertad con el argumento de que hay riesgo de que evada la acción de la justicia sin presentar ninguna prueba que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia, garantías fundamentales.

La exfuncionaria federal explicó que la misiva a Gertz Manero obedece a que “conociéndolo bien, estoy segura de que usted no ha sido informado de la mentira y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad”.

Rosario Robles está recluida en el Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla desde agosto pasado, en el marco de investigaciones sobre la llamada “Estafa Maestra” cuando encabezó la Sedesol y la Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Adicional, ayer lunes, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados notificó formalmente a Robles Berlanga sobre el inicio de un procedimiento de juicio político en su contra, con lo cual tiene un plazo de siete días para comparecer, ya sea de forma personal o mediante escrito.

Un juez federal ha ordenó este  viernes liberar al ex presidente  brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple dos condenas por corrupción, en acato del reciente fallo del Tribunal Supremo (STF) que establece que los condenados no empiecen a cumplir la  sentencia hasta que sea firme.

El STF decidió el jueves, por seis votos a favor y cinco en contra,  revocar la ley que establece que los convictos comienzan a cumplir sus sentencias después de perder su primera apelación y, en cambio, que se les permita agotar el largo proceso de apelaciones antes de  entrar en prisión.

La defensa de Lula, que está encarcelado desde abril de 2018, se había apresurado a solicitar su “liberación inmediata” conforme al fallo del Supremo, petición que el juez federal Danilo Pereira ha concedido, por lo que el líder izquierdista será liberado este mismo viernes, según informa ‘Folha’, diario local.

El juez de ejecución de penas determinó que ya “no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana en que la estrategia de su gobierno para enfrentar la inseguridad y la violencia es distinta a la de otros sexenios ya que atiende las causas que la originan, además de que la población la respalda y confía en ella.

“Después de lo de Culiacán, la gente nos sigue teniendo confianza y apoya la estrategia que estamos aplicando”, dijo en la mañanera de hoy, donde sostuvo que en términos cuantitativos para vivir en paz se necesita que haya bienestar, lo que representa un 80%, mientras que el 20% restante es no permitir la corrupción ni la impunidad.

López Obrador sostuvo que en seguridad se está cambiando de paradigma y es otra política la que se aplica, “por eso vamos bien, porque hay más bienestar y esto va a ayudarnos para conseguir la paz”.

El presidente anunció que presentará un informe detallado de los hechos del pasado 17 de octubre en Culiacán, y detalló que lo entregará a la Fiscalía General de la República (FGR), al Poder Legislativo y a los ciudadanos.

“Vamos a presentar un reporte cronológico de cómo se dan las acciones, cómo sale el Gabinete de Seguridad hacia Culiacán, cuándo se me informa sobre la decisión que habían tomado y qué respondo”, explicó el mandatario.