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La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE),  de la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que ha recibido 17 denuncias con relación a la utilización de recursos de programas sociales con fines electorales, por parte de servidores públicos federales.

Y aunque no reveló los nombres de los denunciantes, señaló que las denuncias provienen por parte de miembros de Morena y de otras personas.

La FEDE precisaóque se han iniciado las carpetas correspondientes y se están realizando las investigaciones y diligencias necesarias, para deslindar las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido funcionarios federales.

La dependencia señaló que conducirán las investigaciones con estricto apego al debido proceso y necesaria secrecía.

«Esta Fiscalía de Delitos Electorales no permitirá de modo alguno que prevalezca la impunidad en los procesos electorales y en las conductas respectivas», indicó la FEDE.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) publicó los enlaces a los padrones de beneficiarios de ocho programas sociales, un día después del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de transparentar dichos apoyos.

En su cuenta de Twitter, el Instituto dio a conocer que la Plataforma de Transparencia cuenta con los padrones de ocho de los programas sociales más representativos que están vigentes de la actual administración, los cuales de acuerdo a su propio conteo, dan como resultado 15 millones 563 mil 941 beneficiarios en todo el país.

Los enlaces dados a conocer por el organismo en la red social dirigen a un archivo en Dropbox que contiene las bases de datos de los ciudadanos beneficados hasta junio de 2019.

De acuerdo con el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford, transparentar estos programas y su publicación para consulta pública es obligatoria, toda vez que así lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

De esta manera, los programas, cuyos padrones pueden ser consultados en la Plataforma de Transparencia del INAI, son el de Pensión para Adultos Mayores, cuya responsable de operar es la Secretaría de Bienestar y el total de sus beneficiarios hasta junio pasado es de siete millones 171 mil 557 personas.

También está disponible el programa de Sembrando Vida, cuya operación también está a cargo de la Secretaría de Bienestar y tiene con un padrón actualizado hasta mayo pasado de 212 mil 351 beneficiarios activos.

A su vez, el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, igualmente a cargo de la Secretaría de Bienestar, tiene un padrón público de enero a junio de ocho mil 527 beneficiarias, mientras que el de Seguro de Vida para Jefas de Familia, Hijos en orfandad y/o titulares apoyó a 99 mil 910 personas entre marzo y abril de este año.

En cuanto a los programas a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el programa Jóvenes Construyendo el Futuro contaba de julio a septiembre de 2019 con 882 mil 886 beneficiarios, y el de Apoyo al Empleo/Bécate, tuvo 39 mil 181 beneficiarios en todo el país de julio a septiembre pasados.

Respecto a la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica, a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, de mayo a junio de este año reportó tres millones 635 mil 826 de personas que obtuvieron este apoyo.

Según el INAI, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, reportó de enero a junio pasados tres millones 513 mil 703 de beneficiarios.

El grupo parlamentario del PAN rechazó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 por ser “centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio, que ignora a la población y los demás órdenes de gobierno”.

De acuerdo al coordinador de la bancada del blanquiazul en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, las malas decisiones del PEF 2019 han propiciado en este año el peor momento de México tanto en economía como en seguridad, por lo que su partido decidió no ser «comparsa ni convalidar acciones atropelladas para un programa 2020 que se presenta aún peor”.

Romero Hicks hizo un llamado a la sociedad civil organizada, a las instituciones, gremios de empresarios, agricultores, ganaderos y universitarios, a sindicatos, profesionistas, jóvenes y estudiantes, a que conformar “un frente común por México, por la libertad y la democracia, para que entre todos defendamos los derechos que nos pertenecen”.

Enfatizó que en el PEF 2020 es clara la falta de compromisos integrales en: seguridad; economía y generación empleos; campo; turismo; infraestructura; municipios y estados; salud; educación básica, media superior y superior; ciencia, tecnología e innovación; democracia; instituciones y órganos autónomos.

El diputado señaló que el PEF 2020 contiene más de 400 mil millones de pesos en programas sociales con mínimas reglas de operación y sin padrones públicos que puedan ser verificados. “Es obvio que la mayor probabilidad de la corrupción es cuando falta la transparencia”, aseguró.

Llamó a la bancada de Morena y a su coordinador, Mario Delgado, a establecer todas las reglas de operación y padrones públicos necesarios, para que se impidan de verdad los abusos y la corrupción.

Sostuvo que la bancada de Morena y sus aliados violaron el artículo 74 de la Constitución, el cual ordena que, en un ejercicio de equilibrio de Poderes, se modifique la propuesta del Ejecutivo, procurando en ello siempre las necesidades e intereses de la ciudadanía y de las familias mexicanas; sin embargo, acusó a los diputados de Morena, el gobierno los obligó a firmar una carta donde se comprometían a aprobar el dictamen sin ajustarle nada.

Acusó que la simulación de Morena y sus aliados traerá para todos los mexicanos consecuencias fatales perjudicando a quienes no votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y también a quienes sí lo hicieron.

“Así como la realidad comprobó todo lo advertido hace un año para la política económica de 2019, que mantiene cero crecimiento, de la misma manera será la implacable realidad la que corrobore lo que pronosticamos. Por encima de otros datos que pudieran tenerse, el tiempo dará la razón a quien la tenga”, remató.

Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, que asciende a un monto de 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que la Cámara de Diputados recibió y atendió a todos los grupos, asociaciones y ciudadanos que pidieron ser escuchados.

No obstante, Ramírez Cuéllar reconoció que es importante fortalecer el diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados durante todo el ciclo presupuestario, estableciendo mecanismos que permitan dar un seguimiento más puntual al correcto ejercicio de los recursos públicos y realizar los ajustes presupuestales necesarios, considerando las solicitudes de los gobiernos locales, bajo un esquema de corresponsabilidad para construir un estado de bienestar con fortaleza fiscal.

El legislador apuntó que, de conformidad con las solicitudes de diversas comisiones ordinarias, la academia, la sociedad civil, y en un ejercicio incluyente, se incorporaron importantes cambios a la propuesta original del Ejecutivo Federal, entre los que destacan el fortalecimiento de transparencia en el uso de los recursos públicos.

Puntualizó que la Secretaría de Hacienda y las demás dependencias deberán aportar más información, en formato de datos abiertos, sobre el ejercicio de los recursos, tanto en el portal de Transparencia Presupuestaria como en sus respectivos sitios electrónicos, incluyendo el avance en los proyectos de infraestructura, los convenios de reasignación de recursos entre la Federación y los Estados, y las contrataciones públicas.

Sobre una de las principales críticas de la oposición, dijo que en ese mismo sentido, se contempla la publicación de las reglas de operación y los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

Al respecto, explicó que la Cámara de Diputados dispuso incorporar 13 programas sociales adicionales al Anexo 25 “Programas sujetos a reglas de operación”, con lo que se fortalecerá el uso de la evidencia como herramienta para la planeación y programación de la política social. «Las reglas de operación permitirán conocer de manera más adecuada la efectividad de cada programa, para identificar áreas de oportunidad y posibles cambios en su diseño», expresó.

Otro de los cambios que tuvo el PEF2020, fue el incremento de recursos para el Ramo 11 “Educación Pública”. En cuanto al apoyo a estados y municipios, se flexibilizará el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ampliando su periodo de ejecución e incrementando el porcentaje permitido para realizar acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras.

Por otro lado, Ramírez Cuéllar descalificó los señalamientos sobre el abandono al campo en el presupuesto. Afirmó que ahora los pequeños y medianos agricultores tendrán certeza en el pago de cosechas y que se pondrá fin a los programas clientelares, incluyendo la adquisición de granos básicos a precios de garantía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo de los diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, pues dijo, se garantiza que los programas sociales podrán mantenerse en beneficio de los mexicanos.

AMLO aseguró que los apoyos a los menos favorecidos llegarán a tiempo y se dará prioridad a los adultos mayores y niños, niñas, aunado a que habrá una partida para el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y otros proyectos prioritarios.

“Agradecer a los diputados porque se aprobó el Presupuesto para 2020 y se garantizó el que haya presupuesto para el desarrollo, que haya presupuesto suficiente para el bienestar del pueblo», dijo AMLO en su conferencia matutina.

Aseguró que con el presupuesto aprobado será posible entregar a 11 mil millones de estudiantes de todos los niveles becas para que continúen en las escuelas, y se garantizará la expansión del programa Sembrando Vida y con ello generar 400 mil empleos permanentes.

Añadió que gracias al combate a la corrupción y a la eliminación de los lujos en el gobierno, se pueden disponer de más recursos para impulsar proyectos estratégicos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía.

“Todo esto sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin endeudar al país gracias a que no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno. Por eso estamos liberando fondos para el desarrollo y para el bienestar”, enfatizó.

El presidente celebró que haya oposición a la aprobación del PEF y no se haga por unanimidad debido a que eso da cuenta de que se acabaron las partidas a las diferentes fracciones de legisladores. Reafirmó que todos tienen derecho a protestar.

Ante las amenazas de organizaciones campesinas, quienes durante más de una semana han mantenido sus protestas en el Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir recursos, el Ejecutivo federal afirmó que los moches no volverán a ser una practica en su administración.

El mandatario explicó que su política de entregar recursos directos a los beneficiarios obedece a las peticiones que diversos mexicanos le hicieron durante sus recorridos por el país. «¿Qué me recomendaron en la campaña mis asesores, los de abajo, las mujeres, los hombres, los ciudadanos? Si ganamos licenciado, lo que vaya a mandarnos que nos los entreguen de manera directa porque si no no llegan o llega incompleto», comentó.

López Obrador finalizó respondiendo a la amenaza de que las organizaciones van a protestar a donde él vaya. Dijo que están en todo su derecho, aunque «el que nada debe, nada teme».

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a la Cámara de Diputados que 10 delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, los llamados superdelegados, están siendo investigados por el presunto uso indebido de programas sociales.

Los delegados investigados son de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo, indicó la secretaria federal.

“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía, será sancionado”, expuso.

Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa.

Comentó que la SFP también ha realizado auditorías a los programas sociales, pues recordó que desde principios de la administración firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional Electoral, para dar transparencia a toda la utilización de los programas sociales.

Durante su comparecencia ante los legisladores con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sandoval Ballesteros sostuvo que la SFP está combatiendo la impunidad sin filias ni fobias, y aseguró que “no hay intocables ni perseguidos”.

“Investigamos lo mismo a servidores públicos de la administración actual, destacados servidores públicos de la administración actual, que servidores públicos que tenían procesos abiertos en las administraciones anteriores y a los que estamos obligados también a terminar sus procesos”.

La funcionaria enfatizó que la dependencia a su cargo, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, ha impuesto casi 3 mil sanciones a servidores públicos, entre las que destacan 925 inhabilitaciones, 179 destituciones y 256 sanciones económicas.

Sandoval Ballesteros indicó que del 1 de diciembre de 2018 al 15 de octubre de 2019, la SFP ha recibido 30 mil 605 denuncias ciudadanas que han dado lugar a más de 25 mil investigaciones, de las cuales 5 mil 510 ya están concluidas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana la inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, y el Decimoprimer Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Deseo de todo corazón que este encuentro se convierta en justicia y en igualdad para nuestros pueblos”, dijo AMLO en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Resaltó que el gobierno que encabeza lleva a cabo una nueva política en México, enfocada a eliminar la corrupción y la impunidad para destinar recursos y presupuesto al bienestar del pueblo.

Recordó que 8 millones de adultos mayores ya reciben una pensión de 2 mil 550 pesos bimestrales, al igual que menores con discapacidad; dijo que en este sector la meta es llegar a un millón de beneficiarios durante 2019.

Añadió que el derecho al estudio y al trabajo están garantizados con becas a estudiantes de educación básica, media superior y superior a partir de una inversión de 60 mil millones de pesos, mientras que el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ ha abierto espacios laborales a 900 mil jóvenes.

El presidente sostuvo que su gobierno impulsa las actividades productivas y especialmente el campo “la fábrica más importante del país”, el cual, dijo, se abandonó y en consecuencia creció el fenómeno migratorio.

Explicó que actualmente ‘Sembrando Vida’ cultiva 500 mil hectáreas en el sur del país, principalmente, y da trabajo permanente a 200 mil campesinos. Adelantó que en 2020 se duplicarán dichas cantidades.

AMLO sostuvo que el periodo post neoliberal o post neoporfirista, pone fin a la etapa en la que la acumulación de capital se produjo al amparo del poder público y los bienes de la nación se trasladaron a particulares. Indicó que a diferencia de otros tiempos, la agenda ya no se dicta desde el extranjero, además de que se ejerce un gobierno sin lujos ni derroches.

“Nosotros aplicamos la austeridad juarista. Que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que se reduzca el costo a la sociedad. Que podamos liberar fondos para el desarrollo a la sociedad sin aumentar impuestos ni crear nuevos; sin endeudar al país y sin incrementar los precios de los combustibles. Ese es el modelo. Todo lo que se genera es para nuestro pueblo. Ese es el nuevo paradigma”, enfatizó.

El presidente reiteró que está a favor de que se supriman los exámenes de admisión a las universidades, pues dijo que la educación es un derecho del pueblo.

Insistió en que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la educación pública, por lo que todos deben tener la oportunidad de estudiar y que si hay rezagos, exista un periodo de mejora, de regularización.

En la propuesta del Paquete Económico para el próximo año que se presentó ante la Cámara de Diputados habrá una disminución para unos de los programas sociales del gobierno federal, además de una disminución en el número de beneficiarios.

A pesar de que el presupuesto programado aumentó para casi todos los programas sociales, la cantidad de beneficiarios potenciales es ligeramente menor a la de 2019 comparado con los datos presentados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su Primer Informe de Gobierno.

En 2019 hay 13 millones 714 mil personas que reciben transferencias de alguno de los programas sociales; de acuerdo al proyecto presentado, en 2020 serían 13 millones 693 mil personas. Esto además de los 8 millones 465 mil estudiantes de nivel básico que recibirán becas Benito Juárez y que previamente sus familias podrían haber estado inscritas en Prospera.

Sin embargo, sorprende que el gobierno federal recortara casi a la mitad el presupuesto del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ con lo que el año próximo sólo habrá dinero para 564 mil becas de un año. En el 2020, el programa de empleo y tutorías tendría 25 mil millones de pesos, 44% menos que este año cuando tuvo 44 mil millones.

El presupuesto del año próximo alcanza para becar a 587 mil 596 jóvenes por un año. En 2019, según datos de la Secretaría del Trabajo, el programa llegó a 900 mil becarios. El programa pretende llegar a 2 millones 300 mil jóvenes.

El programa de beca de educación media superior Benito Juárez tendrá 28 mil millones de pesos para 2020, 62% más que los 17 mil 280 millones que se le destinaron este año. El presupuesto de 2020 alcanza para becar con 800 pesos mensuales a 3 millones 174 mil estudiantes.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador al día de su informe el 1 de septiembre había ya 3 millones 500 mil estudiantes en el programa, 10 por ciento más de los que podrán recibir becas el próximo año, esto a pesar de que el presupuesto de 2019 es menor.

Para educación superior se destinarán 7 mil 776 millones de pesos cantidad que alcanza para 270 mil estudiantes con una mensualidad de 2 mil 400 pesos.

Para educación básica, las becas Benito Juárez contarán con 30 mil 476 millones de pesos y podrán beneficiar a 8 millones 465 mil estudiantes de entre 6 y 15 años. Actualmente cerca de 22 millones de niños y adolescentes cursan primaria y secundaria en escuelas públicas.

Este programa no tenía recursos asignados en 2019 porque estas becas eran parte del programa Prospera que desapareció.

Por su parte el presupuesto asignado para las personas con discapacidad aumentó 40%, a 11 mil 900 millones de pesos, y podrá llegar a 778 mil personas. Actualmente el programa beneficia a 790 mil personas con 2 mil 550 pesos bimestrales, según el informe presidencial.

La partida para la pensión de adultos mayores subió de 100 mil millones de pesos a 126 mil 650 millones en 2020, con lo que podrá cubrir a 8 millones 278 mil personas. Según una estimación del Consejo Nacional de Población para 2020 habría alrededor de 7 millones 776 mil personas mayores de 65 años en todo el país.

El programa de siembra de árboles maderables en comunidades rurales, «Sembrando vida» contará con 25 mil 130 millones de pesos, 10 mil millones por encima de lo destinado este año, con lo que podría llegar a 419 mil personas, casi el doble de los 224 mil agricultores a los que actualmente beneficia.

Con 91 votos en favor y 17 en contra, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), para transformarlo en el Banco del Bienestar, tal como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se indicó que el Banco del Bienestar será el encargado de dispersar apoyos de los programas sociales del Gobierno Federal, y así con contribuir al logro de los objetivos que el gobierno federal se ha planteado.

Según los cambios aprobados, el Banco del Bienestar utilizará toda su infraestructura para “recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales, haciéndolos llegar de manera eficiente y transparente a la población objetivo, incidiendo a la vez en la inclusión financiera a través de una oferta amplia de servicios que contribuyan al bienestar de dicha población”.

A diferencia de Bansefi, el Banco del Bienestar tendrá mayores facultades, tales como mayor capacidad de operación, especialmente para el otorgamiento de los recursos que se ministren por medio de la política social de bienestar, así como para desarrollar capacidades que amplíen su oferta de productos y servicios en condiciones equitativas para quienes no han tenido acceso a servicios financieros formales.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, quien se reincorporó a sus tareas legislativas el pasado lunes luego de haber buscado la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, dijo que la reforma busca poner énfasis en las personas, especialmente para que atienda las necesidades urgentes de la sociedad a fin de coadyuvar a cerrar la brecha social.

El Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de la Función Pública firmaron esta tarde un convenio de colaboración para evitar que los programas sociales a cargo del gobierno federal sean utilizados con fines político-electorales en los comicios federales y locales.

El convenio establece un mecanismo de colaboración entre la autoridad electoral y el gobierno federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las instituciones se comprometen a desarrollar sus actividades de forma legal y transparente, y fortalecer los valores democráticos con el objetivo de impedir cualquier manipulación de los programas sociales en favor de algún partido o candidato.

El Consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que “no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales”, por lo que se busca garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y generar las condiciones para el ejercicio de un voto libre.

Enfatizó que el desvió de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político-electorales representa no sólo un acto ilegal sino también una grave vulneración a los derechos sociales y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social.

Córdova Vianello afirmó que el INE será implacable en la aplicación de las sanciones.

Por su parte la Secretaría del Bienestar y la de la Función Pública se comprometieron a proporcionar al INE toda la información relacionada con el padrón de beneficiarios de los programas sociales en las entidades que celebren elecciones; así como el procedimiento con base en las reglas de operación para la entrega de los beneficios establecidos en dichos programas, y la información necesaria sobre los servidores públicos encargados de distribuir los mencionados apoyos.

La titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores González, aseguró que el dinero de los programas sociales nunca más debe de utilizarse con fines políticos o electoreros, por lo que no se va solapar delitos cometidos por los servidores públicos.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien participó como testigo de honor, reconoció que ha sido en la operación de los programas sociales y en el uso de sus recursos, donde se han producido los mayores problemas que han afectado a los mexicanos.

El gobierno federal a través de la Secretaría de Bienestar, aseguró que se encuentra lista para poner en marcha el Programa de Blindaje Electoral a los programas sociales durante los comicios que se celebrarán en seis estados del país.

Indicó que dicho programa será muestra del compromiso del gobierno federal con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Señaló que para cumplir con dicho propósito, la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, el Órgano Interno de Control de esta Secretaría y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, adscrita a la Fiscalía General de la República, capacitarán en materia de responsabilidades administrativas, delitos electorales y blindaje electoral al personal de la dependencia.

Enfatizó que los servidores públicos deberán tener presente la reciente reforma a la legislación que señala como delito grave el uso electoral de los programas sociales, por lo que actuarán con total imparcialidad en el manejo y aplicación de los recursos públicos, sin influir en la equidad de los comicios y atenderán con estricto rigor la orden presidencial de garantizar la igualdad de condiciones en la contienda.

Recordemos que este año se llevarán a cabo procesos electorales en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

El Programa de Blindaje Electoral entrará en vigor mañana 31 de marzo con el inicio de las campañas en los estados de Puebla y Baja California. En Durango, este programa se pondrá en funcionamiento el 10 de abril, mientras que en Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, el blindaje electoral se pondrá en operación a partir del 15 de abril de este año.

«El Programa de Blindaje Electoral tiene por objetivo transparentar las acciones institucionales desplegadas en la ejecución de la política social en época electoral», señaló la dependencia.

Al respecto indicó que quedan suspendidas las visitas a los domicilios de los posibles beneficiarios en las entidades federativas ya mencionadas que se llevaban a cabo como parte del censo del bienestar.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que será la próxima semana cuando se reunirá con su gabinete para hacer una evaluación sobre el avance que se tiene en la implementación de los programas sociales.

Indicó que será el lunes y el miércoles próximos cuando reciba a su gabinete, el cual está dividido en cuatro: el gabinete de seguridad y de gobierno; el gabinete de economía, hacienda y administración; el gabinete de bienestar y el gabinete de comunicaciones y sector energético.

“Vamos a ver programa por programa, avances en obra, avance financiero, y programas prioritarios”, relató AMLO. Adelantó que uno de los principales temas que se verán será la descentralización de las distintas secretarías.

Al respecto recordó que Energía va a estar en Villahermosa; Pemex, en Ciudad del Carmen, Campeche; Medio Ambiente, en Mérida; Turismo, en Chetumal; Conagua, en Veracruz; Agricultura, en Ciudad Obregón; Cultura, en Tlaxcala; Educación, en Puebla; Bienestar, en Oaxaca; la Comisión Federal de Electricidad, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Minería, en Chihuahua y Aduanas, en Nuevo Laredo.

Reconoció que es un proceso complejo, pues los primeros que tienen que mudarse son los directivos, mientras que los trabajadores de confianza, los trabajadores de base y sindicalizados lo harán hasta que haya las condiciones necesarias y estén de acuerdo, pues recordó que será un cambio “voluntario, es ofrecerles que van a mejorar”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes en Palacio Nacional con los integrantes de su gabinete, con quienes analizó el avance de los programas federales y el censo que se realiza en todo el país en relación a los apoyos que su gobierno entregará.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social del Gobierno federal detalló que “lo que se hizo en esta reunión fue compartir la panorámica general de cómo van los programas y de cómo se ha avanzado en el censo y de cuáles son las reglas que todavía se tienen que cumplir en materia de austeridad y de organización del gobierno”.

El funcionario afirmó que “es positivo el balance» aunque reconoció que todavía falta concretar algunas licitaciones de obras como el Tren Maya, aunque en general los programas van avanzando y se están entregando resultados a la ciudadanía.

Adelantó que cuando el gobierno cumpla sus primeros 100 días prepararán un informe a la nación de cómo va la administración.

Ramírez Cuevas señaló que se heredó “un país hecho añicos, pero también heredamos una administración pública que está establecida para no funcionar; cada vez que vemos los contratos públicos, las obras públicas hay un sinfín de cosas que observar hoy porque está lleno de corrupción”.

Sostuvo que en el pasado se utilizaban los programas sociales privilegiando a los simpatizantes de otros regímenes, “porque había gente que no cubría el perfil, pero que pertenecía a sus partidos y era beneficiario de sus programas sociales sin tener derecho a ello”.

Ramírez Cuevas adelantó que antes de los 100 primeros días de gobierno quedará listo el censo, y los beneficiarios tendrán ya sus tarjetas y los apoyos prometidos.

Por su parte el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, coincidió en el buen avance de la administración federal y agregó que pronto se dará la evaluación de los 100 días para ver cuáles han sido los resultados del sector.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, detalló que en el encuentro también se trató el tema de la coordinación con las delegaciones y adelantó que el viernes próximo se anunciará el tema de los fertilizantes.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, manifestó al salir de Palacio Nacional que “vamos muy bien, creo que soy animoso y en sentido estricto fue más que nada como de integración y creo que vamos bastante bien”.

 

Al cumplirse este viernes dos meses de que asumiera como Presidente de México, la prensa pidió a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacer un balance sobre lo que ha podido hacer el frente del gobierno federal.

López Obrador dijo que su gobierno va muy bien, sobre todo porque se ha establecido como norma principal el no permitir la corrupción y la impunidad.

“Hemos logrado cosas extraordinarias (…) no vamos a cambiar. Vamos a terminar de echar a andar el gobierno, que eso también falta, estamos empezando”, afirmó.

Al respecto dio ejemplos de lo que se ha logrado: un aumento en el salario mínimo del 16%; mantener equilibrios macroeconómicos; el fortalecimiento del peso; la mejor semana de la Bolsa de Valores en mucho tiempo; los programas sociales.

Adicional dijo que otro de los principales logros ha sido dejar de manifiesto que no van a haber lujos en el gobierno.

“Es importante también saber que contamos con el apoyo de la gente, con el respaldo de los ciudadanos, en la lucha que hemos emprendido para acabar con la corrupción”, añadió.

Reconoció que si algo le ha dolido en los dos meses de su administración, ha sido la pérdida de vidas por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Recordó que como lo ha dicho en otras ocasiones, el gobierno es como un elefante reumático al que cuesta mucho trabajo empujar, pues dijo, no estaba hecho para el servicio de la sociedad, para el beneficio del pueblo, no estaba hecho para eso. «Era un gobierno al servicio de traficantes de influencia; un gobierno para los negocios particulares, negocios jugosos hechos al amparo del poder público».

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este jueves en Tlaxcala que de la meta de 8 millones de adultos mayores beneficiados como parte de los programas integrales de bienestar ya fueron entregados 5 millones de plásticos hasta el 31 de enero.

“Hemos logrado entregar hasta ahora 5 millones de tarjetas de apoyo a adultos mayores. Nos faltan 3 millones, y no porque no se tenga el recurso, sino porque falta terminar el censo y decidir cómo se les va a llevar el apoyo”, dijo.

El mandatario agregó que también hace falta trabajar en la instalación de sucursales bancarias en comunidades apartadas en las que no existe acceso a fin de que el beneficiario no tenga que hacer traslados largos hacia una cabecera municipal, para cobrar el dinero.

Las sucursales serán del ‘Banco del Bienestar’, institución en la que se convertirá Bansefi. No indicó el número de sucursales que serán instaladas ni las regiones en las que se ubicarán.

El programa de apoyo a adultos mayores consiste en un depósito de 2 mil 550 pesos cada bimestre. El apoyo se hizo extensivo a aquellos que son pensionados del ISSSTE o IMSS y que anteriormente no lo recibían.

Ante los abucheos que recibió en el evento el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, el presidente pidió confianza y respeto. Además destacó que trabaja de manera coordinada por el bien del pueblo de la entidad.

“Actuemos de manera respetuosa con las autoridades. Yo sé que hay celos, sentimientos, pero ya tenemos que unirnos todos. Nos está apoyando el gobernador de Tlaxcala, estamos trabajando de manera coordinada”, dijo AMLO.

Olga Sánchez Cordero, quien ha sido propuesta como futura titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), salió en defensa de los ‘superdelegados’ que propuso el presidente electo de México.

La también senadora indicó que los delegados federales formarán parte de la estructura de la futura Secretaría del Bienestar, además de que apoyarán para que los recursos de los programas sociales lleguen a los beneficiarios.

Luego de visitar la casa de transición en donde se reunió con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sánchez Codero afirmó que “los delegados, que no ‘superdelegados’, van a bajar los recursos para los programas sociales”.

Respondió a las críticas que han hecho los partidos de oposición, tales como el PAN, PRI y PRD, y dijo que la idea de las nuevas figuras es eliminar instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos.