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Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), informó que lo decomisado en estupefacientes a los grupos delictivos representa más de 34 mil millones de pesos en diversas drogas como fentanilo, de la que se incautaron más de 598 millones de dosis.

En su reporte dado a conocer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Sedena explicó que en la construcción de 81 instalaciones militares en zonas estratégicas del país, de acuerdo con el programa para disminuir la violencia e inseguridad, hay en ejecución 69 edificios donde se ubicarán compañías militares; de estas son 29 en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en Guanajuato.

“En 12 predios no se pudo iniciar la construcción porque se está esperando a que se regularice la propiedad de los predios donde se ubicarán las compañías, explicó al señalar que se instalarán más instalaciones militares en los estados de Durango, Tamaulipas, Sonora, Baja California, entre otros.

Detalló que los resultados de todas las instancias de seguridad arrojan 123 mil 158 aseguramientos en toda la República, más de tres mil eventos de robo de hidrocarburos, y 357 agresiones a todas las corporaciones del país.

Durante los operativos se han decomisado 51 mil 900 kilogramos de metanfetaminas, 200 mil 49 de marihuana, más de 21 mil de cocaína y también ha habido decomisos de goma de opio.

“En lo que corresponde al fentanilo, la droga que más daño causa a la sociedad, un gramo corresponde a una dosis, una ampolleta, una pastilla. Tenemos un total de 598 millones 857 mil dosis de fentanilo asegurada por las instituciones de seguridad. Se calcula que en recursos eso representa para los grupos delincuenciales 25 mil 813 millones de pesos, explicó el funcionario.

Indicó que se ha destruido miles de hectáreas de amapola y marihuana que representan nueve mil 857 millones 511 mil pesos.

Respecto al decomiso de armamento, Sandoval indicó que se han requisado cuatro mil 427 armas cortas, más de cuatro mil armas largas, 457 granadas, 27 mil cargadores, un millón ciento dos mil municiones calibre 50.

Al afirmar que la fórmula de cálculo del financiamiento público a los partidos políticos resulta “excesiva” y es muy injusta ante las circunstancias políticas y económicas del país, la dirigencia nacional de Morena anunció que renunciaría al 75% de sus prerrogativas.

“Le informo que en Morena hemos decidido renunciar al 75% del financiamiento público de operación ordinaria a que tiene derecho durante el ejercicio 2020, que equivale a $1,240,458,596 (mil doscientos cuarenta millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y seis pesos)”, indicó en una carta Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidente de Morena al INE.

En su escrito, Polevnsky señala que “la enorme cantidad de recursos” que legalmente le corresponden a Morena no guarda congruencia con los principios del partido, y con las políticas de austeridad que ha planteado el presidente y fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador.

La solicitud fue realizada al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, y al director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos, Patricio Ballados.

La dirigente de Morena señaló que su decisión se debe, además de la congruencia con lo impulsado por AMLO, es que todo lo que han logrado y han hecho fue sin haber tenido dinero, aunque sí con mucha gente comprometida por un cambio verdadero”.

Y aunque no se ofrecieron mayores detalles, la dirigencia nacional de Morena señaló que el dinero al que renunciaba se donaría al sector salud.

Durante el encuentro entre Polevnsky y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se firmó un convenio de colaboración mediante el cual la autoridad electoral pone a disposición del partido la aplicación móvil para realizar la afiliación, ratificación o refrendo de los afiliados a Morena.

La morenista agradeció el apoyo del Instituto y señaló que con el uso de la aplicación, el partido podrá contar con un padrón plenamente confiable.

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La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE),  de la Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que ha recibido 17 denuncias con relación a la utilización de recursos de programas sociales con fines electorales, por parte de servidores públicos federales.

Y aunque no reveló los nombres de los denunciantes, señaló que las denuncias provienen por parte de miembros de Morena y de otras personas.

La FEDE precisaóque se han iniciado las carpetas correspondientes y se están realizando las investigaciones y diligencias necesarias, para deslindar las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido funcionarios federales.

La dependencia señaló que conducirán las investigaciones con estricto apego al debido proceso y necesaria secrecía.

“Esta Fiscalía de Delitos Electorales no permitirá de modo alguno que prevalezca la impunidad en los procesos electorales y en las conductas respectivas”, indicó la FEDE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó esta mañana en su conferencia de prensa matutina sobre la realización de una nueva subasta con bienes confiscados a la delincuencia, cuyos fondos serán destinados a comunidades de Nayarit y Guanajuato.

Se indicó que la subasta de joyas, bienes y numerarios se llevará a cabo el 14 y 15 de diciembre en el Complejo Cultural Los Pinos, y lo obtenido se destinará a la construcción de caminos pavimentados en La Yesca, Nayarit y Atarjea, Guanajuato.

“El propósito es que todos los fondos que se obtengan nos permitan ayudar a las comunidades más apartadas, más pobres de México que batallan mucho en tiempos de lluvia para ir a La Yesca. Son 5 o 6 horas de Tepic por el mal estado de los caminos y lo mismo ir a Atarjea, mucho tiempo. Por eso invito a la gente que nos ayude, todos los que tengan posibilidad que participen en las subastas”, expresó.

El director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indepuro), Ricardo Rodríguez Vargas, indicó que se trata de la sexta subasta con sentido social, cuyo monto inicial de salida será de 35.3 millones de pesos.

Se pondrán a la venta más de 600 lotes: anillos, collares, mancuernillas y brazaletes. Entre los más representativos, resaltan un collar en oro blanco de 18 quilates con diamantes a un precio de 315 mil 900 y unos aretes en oro amarillo con chispas de diamante a 5 mil 100 pesos..

Será la próxima semana cuando se den a conocer los vehículos, residencias y otros bienes que se pondrán a la venta junto con las 4 mil 578 joyas que la Fiscalía General de la República (FGR) transfirió al Indepuro.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que había “manga ancha en los recursos de algunos órganos autónomos”, por lo que justificó los recortes a éstos, como lo fue al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo opino que muchos órganos constitucionales autónomos sí tenían un poco más de lo que realmente necesitaban”, expresó la titular de la Segob en un breve encuentro con los medios de comunicación.

La encargada de la política interior del país sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere endeudar más al país “y yo siento que en algunos órganos constitucionales autónomos sí había un poquito de manga ancha en los recursos, sobrados, no ajustados, no en austeridad”.

Indicó que serán los consejeros quienes tendrán que decir si afectará o no el recorte al funcionamiento del Instituto.

“El hecho de que estén molestos porque les recortaron el presupuesto, pues a todos les han recortado presupuesto y todos nos tenemos que ajustar”, indicó Sánchez Cordero.

Sobre una posible reforma electoral, refirió que así como lo señaló cuando estuvo en la apertura del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, ésta sería únicamente consensuada y con todos los interesados involucrados.

Recalcó que ese es el deseo también del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y negó que hubiera imposiciones de parte de él, de quien dijo que es una persona absolutamente demócrata.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios interpuestos por senadoras y senadores de la bancada del PAN contra la elección por parte del pleno del Senado de la República, de la ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Las magistradas y los magistrados desecharon las quejas al indicar que dicha elección en el Senado de la República no es de naturaleza electoral, sino de carácter parlamentario.

Los recursos fueron interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por 24 senadoras y senadores del PAN, entre ellos su coordinador Mauricio Kuri.

A los recursos del PAN se acumularon quejas similares que fueron presentadas por la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota.

Recordemos que además de los recursos interpuestos por los senadores, el PAN entregó en Washington al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, una carta donde se denunció el fraude e irregularidades que se presentaron en la elección de la titular de la CNDH.

El grupo parlamentario del PAN rechazó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 por ser “centralista, clientelar, electorero, opaco y discriminatorio, que ignora a la población y los demás órdenes de gobierno”.

De acuerdo al coordinador de la bancada del blanquiazul en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, las malas decisiones del PEF 2019 han propiciado en este año el peor momento de México tanto en economía como en seguridad, por lo que su partido decidió no ser “comparsa ni convalidar acciones atropelladas para un programa 2020 que se presenta aún peor”.

Romero Hicks hizo un llamado a la sociedad civil organizada, a las instituciones, gremios de empresarios, agricultores, ganaderos y universitarios, a sindicatos, profesionistas, jóvenes y estudiantes, a que conformar “un frente común por México, por la libertad y la democracia, para que entre todos defendamos los derechos que nos pertenecen”.

Enfatizó que en el PEF 2020 es clara la falta de compromisos integrales en: seguridad; economía y generación empleos; campo; turismo; infraestructura; municipios y estados; salud; educación básica, media superior y superior; ciencia, tecnología e innovación; democracia; instituciones y órganos autónomos.

El diputado señaló que el PEF 2020 contiene más de 400 mil millones de pesos en programas sociales con mínimas reglas de operación y sin padrones públicos que puedan ser verificados. “Es obvio que la mayor probabilidad de la corrupción es cuando falta la transparencia”, aseguró.

Llamó a la bancada de Morena y a su coordinador, Mario Delgado, a establecer todas las reglas de operación y padrones públicos necesarios, para que se impidan de verdad los abusos y la corrupción.

Sostuvo que la bancada de Morena y sus aliados violaron el artículo 74 de la Constitución, el cual ordena que, en un ejercicio de equilibrio de Poderes, se modifique la propuesta del Ejecutivo, procurando en ello siempre las necesidades e intereses de la ciudadanía y de las familias mexicanas; sin embargo, acusó a los diputados de Morena, el gobierno los obligó a firmar una carta donde se comprometían a aprobar el dictamen sin ajustarle nada.

Acusó que la simulación de Morena y sus aliados traerá para todos los mexicanos consecuencias fatales perjudicando a quienes no votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y también a quienes sí lo hicieron.

“Así como la realidad comprobó todo lo advertido hace un año para la política económica de 2019, que mantiene cero crecimiento, de la misma manera será la implacable realidad la que corrobore lo que pronosticamos. Por encima de otros datos que pudieran tenerse, el tiempo dará la razón a quien la tenga”, remató.

Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, que asciende a un monto de 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que la Cámara de Diputados recibió y atendió a todos los grupos, asociaciones y ciudadanos que pidieron ser escuchados.

No obstante, Ramírez Cuéllar reconoció que es importante fortalecer el diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados durante todo el ciclo presupuestario, estableciendo mecanismos que permitan dar un seguimiento más puntual al correcto ejercicio de los recursos públicos y realizar los ajustes presupuestales necesarios, considerando las solicitudes de los gobiernos locales, bajo un esquema de corresponsabilidad para construir un estado de bienestar con fortaleza fiscal.

El legislador apuntó que, de conformidad con las solicitudes de diversas comisiones ordinarias, la academia, la sociedad civil, y en un ejercicio incluyente, se incorporaron importantes cambios a la propuesta original del Ejecutivo Federal, entre los que destacan el fortalecimiento de transparencia en el uso de los recursos públicos.

Puntualizó que la Secretaría de Hacienda y las demás dependencias deberán aportar más información, en formato de datos abiertos, sobre el ejercicio de los recursos, tanto en el portal de Transparencia Presupuestaria como en sus respectivos sitios electrónicos, incluyendo el avance en los proyectos de infraestructura, los convenios de reasignación de recursos entre la Federación y los Estados, y las contrataciones públicas.

Sobre una de las principales críticas de la oposición, dijo que en ese mismo sentido, se contempla la publicación de las reglas de operación y los padrones de beneficiarios de los programas sociales.

Al respecto, explicó que la Cámara de Diputados dispuso incorporar 13 programas sociales adicionales al Anexo 25 “Programas sujetos a reglas de operación”, con lo que se fortalecerá el uso de la evidencia como herramienta para la planeación y programación de la política social. “Las reglas de operación permitirán conocer de manera más adecuada la efectividad de cada programa, para identificar áreas de oportunidad y posibles cambios en su diseño”, expresó.

Otro de los cambios que tuvo el PEF2020, fue el incremento de recursos para el Ramo 11 “Educación Pública”. En cuanto al apoyo a estados y municipios, se flexibilizará el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ampliando su periodo de ejecución e incrementando el porcentaje permitido para realizar acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras.

Por otro lado, Ramírez Cuéllar descalificó los señalamientos sobre el abandono al campo en el presupuesto. Afirmó que ahora los pequeños y medianos agricultores tendrán certeza en el pago de cosechas y que se pondrá fin a los programas clientelares, incluyendo la adquisición de granos básicos a precios de garantía.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que las organizaciones campesinas que protestan y mantienen bloqueos en las inmediaciones de la Cámara de Diputados al exigir más recursos del gobierno federal, recibieron miles de millones de pesos en apoyos en la administración de Peña Nieto.

Señalan que dichos recursos se dieron gracias a un acuerdo con la entonces Secretaría de Desarrollo Social. El documento titulado “Acuerdos con Organizaciones de la Sociedad Civil”, detalla que los recursos entregados a diez organizaciones campesinas consideradas las “principales gestoras” campesinas crecieron 150% de 2016 a 2018.

Las organizaciones consideradas principales gestoras son Movimiento Antorchista, el Frente Auténtico del Campo que agrupa a Unión de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) y Movimiento Social por la Tierra (MST), las cuales mantienen desde hace diez días el plantón en San Lázaro, y entre ellas recibían alrededor del 70%.

El resto de las organizaciones que fueron beneficiadas son la Unión Feneral Obrera Campesina y Popular, Comité de Defensa Ciudadana, Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José López Domínguez, Coordinadora Nacional Plan de Anaya y el Movimiento de Comunidades Indígenas y Pueblos.

Recordemos que desde el lunes 11 de noviembre, las cinco organizaciones encabezadas por Antorcha Campesina demandan obras de infraestructura y proyectos para el campo por 3 mil 800 millones de pesos. Las organizaciones campesinas reclaman recortes a los apoyos al campo, entre ellos los del ramo 23.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que su gobierno no usará intermediarios para entregar recursos a los campesinos.

Según el documento de Sedesol al que MCCI tuvo acceso, fechado en noviembre de 2018, los apoyos acordados en los últimos años del sexenio anterior con las organizaciones provenían del Programa de Empleo Temporal y el de Opciones Productivas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que su gobierno seguirá entregando los recursos de programas sociales y apoyos directamente a los beneficiarios y no a través de organizaciones ni funcionarios.

“No se va a entregar dinero a organizaciones como era antes. No habrá partidas de moche que repartían diputados a gobiernos estatales o municipales. No se acepta el influyentismo”, expuso en su conferencia de prensa matutina.

Afirmó que no hay proveedores predilectos del régimen, y que por el contrario, hay transparencia en las licitaciones, ganan los que ofrecen mejores precios y calidad en todo sentido.

El mandatario señaló que ya no hay corrupción en el gobierno federal. “Lo puedo decir ya, se acabó la corrupción, el bandidaje oficial, ya no van a seguir robando”, expresó.

En ese sentido, el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 permanecerá la regla de que no haya transferencias de recursos a organizaciones; por el contrario, serán entregados directamente a los beneficiarios.

“Hay distintas organizaciones que solicitan diversos tipos de apoyo, pero una de las reglas en el Presupuesto de este año, y en el que sigue, es lo que estableció el Presidente de la República: ya no hay transferencias a organizaciones, va directamente a los beneficiarios”, puntualizó.

El líder parlamentario puntualizó que muchas organizaciones están pidiendo mayores recursos para diversos sectores; sin embargo advirtió que en los programas que no dieron resultados y en los cuales se presentó mucha corrupción no avanzarán en el PEF 2020.

“Hay una inercia muy grande siempre en el presupuesto, estos programas tradicionales que no dieron resultados, que prestaron mucha corrupción, ya no van a avanzar, o transferencias que se hacían de manera directa las organizaciones; ya no se está sobre esos esquemas, ahora son programas para que lleguen los recursos directamente a los beneficiarios, sin intermediarios”, subrayó.

Expuso que la negociación con diferentes organizaciones que bloquean los accesos de la Cámara de Diputados, es en términos de demandas legítimas, y no sobre “la forma en como recibirán recursos en el pasado, eso sí acabo”.

Delgado Carrillo recordó que en el Ramo 23 había programas dedicados al campo, a construcción de centros culturales, banquetas, entre otros, que “eran proyectos de papel que simplemente servían para darle la vuelta, y que en complicidad de algunos empresarios corruptos con autoridades municipales y diputados, terminaran quedándose con ese dinero”.

Luego del bloqueo total que provocó la suspensión de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, y del diálogo con representantes de alcaldes del país, se informó que se alcanzaron 10 acuerdos sobre los recursos que se etiquetarán para los municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020.

Entre los acuerdos destaca que los montos de las participaciones y aportaciones federales para los municipios, y del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (Fortaseg) quedarán en los mismos términos que los establecidos para el año en curso.

El diálogo se realizó entre presidentes municipales; coordinadores de grupos parlamentarios; el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.

El presidente de la Jucopo, Mario Delgado, dio a conocer los 10 acuerdos:

  • Las participaciones federales para los estados y municipios no disminuirán, “se van a mantener en términos reales las participaciones y aportaciones federales para el 2020 a estados y municipios. No van a perder recursos en términos reales”.
  • La revisión de las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para que el porcentaje de recursos que los municipios ejecutan con una libre disposición aumente.
  • El monto del Fortaseg se incremente en mil millones para que quede en 4 mil millones, y quede igual que el establecido para este año.
  • Incorporar en el PEF 2020 la revisión de los pasivos de los municipios con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la SHCP en materia de retención de Impuesto Sobre Renta (ISR) de los trabajadores.
  • Revisar el Fondo Migrante que está en ceros en el PEF 2020, y que en años anteriores consideraba 300 millones de pesos que los municipios y estados canalizaban a las organizaciones dedicadas a la atención de migrantes. También se revisará el fondo que atiende a los llamados Pueblos Mágicos.
  • Realizar una mesa con la Secretaría de Gobernación y con la SHCP para apoyar a los municipios de Jojutla, Morelos, y de Tlahuelilpan, Hidalgo. El primero afectado por el sismo de septiembre de 2017 y el segundo, por la explosión de enero de 2019.
  • Solicitar al gobierno federal un desglose de toda la inversión federal que hay por municipio, para que los alcaldes cuenten con esa información.
  • Realizar un catálogo de obras inconclusas en los municipios, para poder plantear una ruta que lleve a la conclusión de dichas obras.
  • Explorar la posibilidad de establecer un programa de inversión en infraestructura municipal con la Secretaría de Hacienda y ver qué reglas se pueden incorporar.
  • Los municipios podrán ejercer los recursos con transparencia y eficacia, y adoptarán los principios de austeridad y combate a la corrupción, ello “en línea con lo que está haciendo el gobierno federal”.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que la reforma constitucional para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos, busca “aniquilar” a los grupos minoritarios, particularmente a los de oposición.

La iniciativa que impulsa Morena pretende “terminar con las voces disidentes, porque, de aprobarse, lo único que estaría consiguiendo es que quedáramos en la inequidad, faltando a un principio sustancial en los procesos electorales”, sostuvo la perredista.

Denunció que por primera vez se estaría llegando a una reforma electoral sin un consenso de todos los grupos parlamentarios y sin haber salido de la oposición.

Expuso que los legisladores están a favor de reducir el financiamiento, siempre y cuando sea de manera integra” y que se busque una fórmula que permita que haya elecciones equitativas.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que en la reducción del financiamiento a partidos políticos tendría que ser paulatina, a fin de no afectar sus estructuras, operación y campañas electorales. Además dijo, se evitará que busquen recursos en “fuentes que no sean pertinentes”.

“El financiamiento de los partidos políticos tiene una fórmula que implica un crecimiento paulatino, porque hay dos elementos que siempre están destinados, por lo menos, en los tiempos actuales a crecer: el número de electores en el padrón electoral y el costo de Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, puntualizó.

Córdova Vianello mencionó que existen diversos planteamientos sobre el porcentaje que debe reducirse, consideró que la propuesta de “un 20 por ciento estaría bien, es mucho más racional. Aunque por supuesto el INE no opina en este sentido”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 586 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales, luego de detectar irregularidades en sus informes de ingresos y gastos ordinarios en el ejercicio de 2018.

La sanción más alta es para Morena con 238.8 millones de pesos, seguido de Acción Nacional con 69 millones; el PRD con 65.5 millones; del Trabajo con 56.9 millones; PRI con 56.3 millones; Movimiento Ciudadano con 37.6 millones, y el Partido Verde con 28.6 millones.

En sesión extraordinaria del Consejo General donde se aprobó el proyecto de dictamen, se detalló que la auditoría abarcó recursos ejercidos por partidos políticos por un total de 33 mil 500 millones de pesos, de los cuales 17 mil millones fueron de ingresos y 16 mil 500 millones de pesos de egresos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que si bien las sanciones de poco más de 585 millones de pesos tienen un impacto en las finanzas de los partidos, “representan únicamente en sí 3.3 por ciento de los ingresos totales (en 2018)”.

De este modo, sostuvo que la fiscalización no debe poseer un carácter punitivo, sino verse como una herramienta útil para la rendición de cuentas, el apuntalamiento del sistema de partidos y “un incentivo para que seamos todos más cuidadosos con el dinero que se invierte en la vida política”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Benito Nacif, enfatizó que no existió una sola omisión en la entrega de los informes, lo que calificó de “excepcional”.

“Los partidos políticos dejaron de informar a la autoridad la entrada de 6.4 millones de pesos, y la salida de 9.4 millones de pesos, es decir se reportó el 99.9 por ciento del dinero que entró a los partidos y ese mismo porcentaje del dinero que salió de los partidos políticos”, refirió.

Añadió que se fiscalizaron 627 informes, nueve de los Comités Ejecutivos Nacionales, 288 de los Comités Directivos Estatales, 288 de los Comités Ejecutivos estatales de partidos políticos nacionales con acreditación local, y 42 de partidos políticos locales.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo informó que se investigan varios casos de corrupción en la pasada administración en diversas dependencias como las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Turismo.

Después de participar en la reunión de gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, Nieto sostuvo que con la dependencia se rastrean casos de corrupción cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción con la anterior administración con OHL, también con la Secretaría de Turismo para temas de un posible desvío de recursos con el Consejo Mexicano de Promoción Turística, evidentemente de la mano con la Función Pública donde hemos detectado algún tipo de irregularidad”, detalló el funcionario.

De acuerdo con el funcionario federal, la investigación que realiza en el caso de la SCT también contempla a su extitular, Gerardo Ruiz Esparza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su confianza esta mañana en será avalada la propuesta de reducir al 50% el presupuesto de los partidos políticos, la cual se discutirá hoy en la Cámara de Diputados.

“Ya basta de retórica, de simulación, de demagogia, lo cierto es que se gasta mucho en mantener a los institutos electorales y a los partidos, y estamos en tiempos de austeridad republicana”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario señaló que en la época neoliberal se crearon organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Nacional Electoral (INE) “solo como parapetos”.

Indicó que estos organismos se crearon para simular que se protegía a los derechos humanos, se combatía la corrupción y que había transparencia; dijo que era pura simulación y gasto oneroso.

López Obrador invitó a los ciudadanos que estén pendientes y sepan “quién es quién” en este tema.

Confió en que los legisladores aprobarán el cambio pese a que reconoció que se necesita la mayoría absoluta de los legisladores, “dos terceras partes de la votación, espero que se logre si así se decide en el Congreso”, dijo.

Durante su mensaje, AMLO aprovechó para celebrar los cambios constitucionales que se realizaron ayer en el Congreso en materia de consulta ciudadana y la revocación de mandato, y refrendó que la continuidad de su mandato será sometido a votación en 2022.

“Se va a poder consultar a los ciudadanos, después de tres años de mandato, en mi caso, esta consulta va a realizarse en marzo de 2022 y me gustaría que fuera el 22 de ese mismo mes”, comentó.

Refirió que se preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente renuncie o continúe, pues “así como el pueblo pone, que también tenga la posibilidad de quitar a los malos gobernantes de manera democrática sin el uso de la fuerza”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que la protesta de ayer en la que participaron más de alcaldes y legisladores, quienes pedían mayores recursos para los municipios, fue una “provocación” promovida por opositores

“Fue una provocación de los presidentes municipales del PAN y del PRD. Querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho la ansiedad opositora, la desesperación”, dijo el presidente en su conferencia matutina.

AMLO defendió la decisión de dispersarlos con el uso de gas lacrimógeno, que dijo, tomó el personal de vigilancia del Palacio Nacional porque “se sintieron rebasados”.

Advirtió además que los reclamos por recortes a los municipios deben ser presentados a la Cámara de Diputados, y no en Palacio Nacional, pues les recordó a los alcaldes que son los legisladores quienes deciden el presupuesto.

“Una vez que se aprueba la Ley de Ingresos, ya es exclusiva de la Cámara de Diputados, ya no interviene ni siquiera la Cámara de Senadores para aprobar el presupuesto. Entonces me extraña mucho que esto no lo sepan los presidentes municipales. No es aquí”, subrayó.

Para que les alcancen los recursos asignados, AMLO recomendó a los alcaldes recortar gastos y asumir una política de “austeridad republicana”.

“Que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto ganan los presidentes municipales?, ¿cuánto ganan los regidores? Si bajan los gastos, ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero y si evitan la corrupción”, expuso López Obrador.

Recordemos que la vocería de Presidencia señaló que se le propuso a los alcaldes un diálogo con Gobernación, pero al ser rechazada la propuesta, trataron de irrumpir por la fuerza, por lo que se utilizó una “dosis moderada de aerosol defensivo natural” que dijo, no representa mayor riesgo.