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REFORMA ELÉCTRICA

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La agencia calificadora Moody’s señaló este miércoles que la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es negativa para efectos crediticios.

Señaló que la iniciativa, presentada el pasado 30 de septiembre por el mandatario al Congreso “disminuiría la transparencia operativa, disuadiría la inversión privada, desincentivaría la generación de energías renovables y probablemente aumente el costo total de la electricidad”.

Moody’s recordó que la iniciativa propone eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dos entes reguladores autónomos, los cuales, de acuerdo con la calificadora de riesgo son claves en el desarrollo del sector energético en el país.

Explicó que estos dan “seguridad y estabilidad” a los participantes del mercado. “La eliminación de la CNH y de la CRE socavaría la confianza de los inversores porque debilitaría la transparencia y el marco institucional del sector”, apuntó.

Además, advirtió que si se aprueba iniciativa, es probable que se desencadenen disputas legales internacionales, se afecte la competitividad de la inversión extranjera y los inversionistas se aparten de las prácticas regulatorias acordadas.

Explicó que la iniciativa, que busca darle más fuerza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desincentivaría la inversión en generación renovable, probablemente elevando los costos de la electricidad.

Entre los puntos de la iniciativa de López Obrador está establecer que la CFE tenga el 54% del mercado de generación en el país, regular contratos con empresas privadas y suprimir los reguladores autónomos; mientras que el 46% restante se va a conservar para las empresas particulares.

Al respecto, la calificadora indicó que esto conllevaría la cancelación de permisos de generación de energía y acuerdos de compra de energía, así como la invalidación de plantas de autoabastecimiento, productores independientes de energía y plantas adjudicadas en subasta de contratos de energía a largo plazo.

Remató señalando que la propuesta de reforma no solo crearía un mercado de electricidad más costoso que aumentaría la necesidad de subsidios, y además impediría el progreso de México en el logro de sus objetivos de energía limpia.

La organización ambientalista Greenpeace señaló que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abre la posibilidad de regresar al monopolio estatal en el sector, lo que calificó como un “grave error y un retroceso”.

Tras un análisis de la iniciativa, llevado a cabo por el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, la organización criticó el hecho de que corresponda “exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad”.

Esto implica, indica Greenpeace, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica, lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.

El grupo señaló que la modificación puede tener implicaciones en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados, incluidas las personas en sus casas, puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo en el país.

“Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”, apuntó la organización y afirmó que los proyectos de “generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”.

Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió al Congreso frenar la reforma. Indicó que es muy importante que los legisladores lo tomen en cuenta con altura de miras, no solamente como un compromiso político, sino cuáles son las consecuencias importantes para nuestro país si la reforma del presidente avanza.

Por su parte la Asociación Mexicana de Energía (AME), que agrupa a 17 empresas globales de generación eléctrica, advirtió que las modificaciones pondrían en riesgo la posibilidad de que los mexicanos accedan a energía más limpia y a precios más accesibles e incidirán en las inversiones del sector productivo en general afectando la competitividad de la economía nacional.

“Es labor del Poder Ejecutivo y de los Legisladores buscar la mejora de un sistema eléctrico para beneficio de los mexicanos, pero estos procesos se deben realizar respetando los contratos ya establecidos, en los que las empresas generadoras han invertido miles de millones de dólares”, señaló la AME.

Quien también se manifestó al respecto fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que indicó que la iniciativa gubernamental cierra la puerta a la competencia y podría generar desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras para las familias mexicanas.

“La cancelación de los permisos y los contratos existentes vulnerará el Estado de Derecho, impactará en la competitividad y perjudicará las inversiones”, agregando que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la CFE eliminará la competencia y aumentará las ineficiencias del mercado.

La confederación recordó que en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) las autoridades mexicanas están obligadas a mantener organismos reguladores autónomos que brinden la certidumbre necesaria para la participación privada en los sectores estratégicos.

Recordemos que el presidente López Obrador envió la semana pasada al Congreso su iniciativa de reforma para establecer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54% del mercado de generación en el país, regular contratos con empresas privadas y suprimir los reguladores autónomos. El 46% restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya “una auténtica y una verdadera competencia”.

Morena y aliados no cuentan con los votos necesarios para aprobar reformas, por lo que necesitará negociar con la oposición. En Diputados, la bancada de la 4T tiene únicamente 277 votos de los 333 que necesita.

La principal apuesta es obtener esos votos de la bancada priista, que cuenta con 71 votos. Hasta ahora el tricolor ha dicho que dada la importancia del tema se requiere de un profundo análisis y debate público, sin rechazar su apoyo a la propuesta de AMLO como sí lo ha hecho el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano.

El PAN y el PRD han manifestado al tricolor su preocupación al no haber cerrado filas en contra de la iniciativa de reforma eléctrica. Recordemos que estos tres partidos se presentaron en las pasadas elecciones en una alianza opositora.

Los partidos pidieron al PRI homologar criterios para mantener la alianza, y no poner en riesgo la viabilidad del bloque opositor.

Los diputados de los diferentes grupos parlamentarios se posicionan sobre la iniciativa de reforma eléctrica que el presidente López Obrador envió la semana pasada. Mientras las bancadas afines a la 4T aseguran que será aprobada antes de que finalice el año, los grupos parlamentarios de oposición han señalado que no la iniciativa no pasará, aunque el PRI no ha descartado por completo su apoyo a la misma.

La bancada de Morena prevé que la iniciativa en materia eléctrica sea aprobada entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de este año, según dijo el coordinador, Ignacio Mier Velazco.

El diputado indicó que su bancada impulsará la discusión de la iniciativa en parlamento abierto, y persuadirá a todos los partidos de apoyarla, ya que “busca la generación, distribución y venta de la energía a buen precio, confiable y de calidad”

En línea con lo que ha dicho el presidente, Mier Velazco enfatizó en que la reforma pretende garantizar un servicio que tenga la rectoría del Estado al regresarle atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“La reforma constitucional en materia eléctrica es congruente y consistente con el mandato que nos dieron las y los mexicanos, y con ello se recupera la participación del Estado Mexicano, por asuntos de seguridad nacional, soberanía y también para garantizarles a las y los mexicanos en sus hogares, empresas, industrias, en el campo, un servicio de calidad, suficiente y con precios competitivos”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Energía, el morenista Manuel Rodríguez González, señaló que se equivocan quienes afirman que el parlamento abierto no sirve, ya que a través de este ejercicio se han enriquecido diversas iniciativas, sobre todo las enviadas por el Ejecutivo Federal.

Pro su parte el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo que el presidente López Obrador cuenta con todo el apoyo de bancada para sacar adelante la iniciativa de reforma en materia de energía eléctrica. En el mismo tenor se manifestó la bancada del PVEM.

Sin embargo, no todo es apoyo en la Cámara de Diputados. El coordinador del grupo parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, sostuvo que su bancada está en contra de la reforma energética que envió el Ejecutivo Federal, toda vez que es “estatista” y sin alto contenido social.

“Queremos precios más bajos de la electricidad para los que menos tienen, en el tema ecológico no podemos ir en sentido contrario con energía limpias y renovables y regresar a la quema de carbón”, enfatizó Espinosa Cházaro.

Dijo que no hay prisa por aprobar esta reforma, pues nadie puede poner plazos fatales, ya que ninguna fracción parlamentaria tiene la mayoría absoluta para avalar una reforma constitucional de esta envergadura. Apuntó que aun cuando el PRD tiene una posición definida sobre la reforma energética, se requiere un parlamento abierto, sin prisas, en el que se escuchen las voces de los funcionarios, los expertos, los académicos, empresarios y se debatan todas las visiones y no aprobar esta propuesta en un “fast track”.

En tanto, el grupo parlamentario del PAN dejó en claro que está en contra de la iniciativa, ya que atenta contra el libre mercado y la competitividad, además de que provocará el incremento en el costo de la producción de electricidad.

“La posición del Partido Acción Nacional es votar en contra de esta reforma porque, de entrada, atenta contra el libre mercado y la libre competitividad; porque aumenta el control estatal y el resultado del mismo será que cueste más la producción de electricidad”, dijo el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada.

El legislador señaló la necesidad de que la Comisión de Energía convoque a un parlamento abierto para discutir la propuesta presidencial, a fin de dar voz a la sociedad civil y expertos en la materia.

Advirtió que su bancada no permitirá que se dé un “albazo”; subrayó que, como se encuentra redactada la propuesta, se retrocedería en el rubro de medio ambiente y se afectaría la salud de los mexicanos. Asimismo, habría un “tarifazo de luz” y se rompería con la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Adelantó que de aprobarse esta propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, presentarían una acción de inconstitucionalidad porque sería “flagrantemente violatoria, para empezar, del artículo 25 constitucional”.

Sin embargo, según diversos especialistas, todo estaría en manos del PRI, cuya bancada apoyó la propuesta de realizar un parlamento abierto para analizar la iniciativa, a fin de que sea el debate definitivo en materia energética que beneficie a todas y todos los mexicanos.

El coordinador de la bancada, el diputado Rubén Moreira Valdez, acompañado del dirigente nacional del partido, el diputado Alejandro Moreno, rechazaron que se le dé celeridad a la discusión de esta propuesta tal como lo ha planteado Morena y aliados.

Moreira Valdez consideró que México no puede estar cada sexenio debatiendo sobre esa materia y dejando en la incertidumbre a todas y a todos.

El priista explicó que no se puede poner en riesgo el medio ambiente, ni los compromisos internacionales y mucho menos el Estado derecho. “En la bancada del PRI estamos atentos a la dirigencia nacional. Queremos el mayor de los debates, el debate definitivo en energía”.

Estas posturas han llevado a que la alianza ‘Va por México’ esté en riesgo, pues panista han advertido que la coalición legislativo-electoral “puede dar un giro de 180 grados” si no se basa en hechos y sólo se mantiene en dichos; esto ante la falta de claridad por parte del PRI ante la iniciativa de reforma de AMLO.

En el mismo sentido se han posicionado los perredistas, quienes han dicho que la iniciativa de reforma eléctrica será la “prueba de fuego” de la coalición.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes al PRI como posible socio para que con sus votos, se apruebe la reforma constitucional que presentó en materia eléctrica, para favorecer al sector público y posicionar a la CFE sobre los particulares.

“Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el PRI tiene una oportunidad para definirse”, expresó el mandatario al pedirle al tricolor que se defina cuanto antes.

López Obrador cuestionó al PRI, al preguntar si “va a seguir” el camino del expresidente priista Carlos Salinas, al que considera artífice de las privatizaciones, o el de los también priistas Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.

Recordemos que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma que pretende establecer que la  Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 % del mercado de generación en el país, mientras que los particulares tendrían el 46%.

López Obrador dijo que la reforma pretende que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica y que no haya subsidios para las grandes empresas.

Se lanzó de nuevo contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la iniciativa privada, porque “aumentaron como nunca los precios de la luz” y permitió que las grandes corporaciones paguen menos que una familia de clase popular.

Sin embargo, Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso que se necesitan para aprobar reformas, por lo que necesitará pactar con la oposición.

“Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse”, reiteró López Obrador.

El PRI se presentó en las pasadas elecciones de junio en una coalición opositora junto al PAN y al PRD, quienes presionan para que los priistas no apoyen la reforma.

Hasta ahora, el tricolor ha dicho que al ser una reforma que tiene que ver con el futuro de la electricidad en nuestro país, un insumo que todos los mexicanos usan a diario, requiere de un profundo análisis y debate público.

“Los legisladores del PRI van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad (CFE), orgullo de este país. Pero también se debe de buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de nuestro México”, dijo la dirigencia nacional del partido.

Puntualizó que aunque el Ejecutivo envió la iniciativa, aún no se turna a la comisión dictaminadora; y toda vez que no se ha turnado la misma a la Comisión o Comisiones dictaminadoras y que además no se ha formalizado la integración de éstas, dijo que no hay condiciones para votarla esta semana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió esta mañana su polémica propuesta de reforma eléctrica, que según ha dicho tiene el objetivo de evitar aumentos del precio de la luz.

“La nueva iniciativa lo que busca es que no haya estos privilegios para que se pague lo justo para la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz, ese es el objetivo principal, que no pase lo que está sucediendo en España”, dijo AMLO desde Puebla.

El presidente arremetió una vez más contra los gobiernos pasados que a su juicio favorecieron la entrada de empresas eléctricas extranjeras, las cuales actuaron en México como si fuera “tierra de conquista”.

“En España ellos dominan y miren cómo están los precios de la luz. Hay una crisis tremenda pero las autoridades españolas dependen mucho de estas empresas”, opinó.

López Obrador dijo que el gobierno de México tiene la gran ventaja” de que fue elegido por el pueblo: “somos libres y tenemos que defender la economía popular”, expresó.

Y es que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico, que pretende establecer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 % del mercado.

Al respecto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que, de aprobarse la reforma constitucional en materia energética, podrían perderse inversiones y proyectos, sin que se alcanzara a cubrir la demanda nacional de electricidad.

“La reforma eléctrica es para garantizar que no aumente la luz. ¿Quiénes se beneficiarán? Todos nos beneficiamos. Los empresarios (también)”, respondió el presidente.

La reforma constitucional de AMLO requiere 333 votos en Diputados para poder ser aprobada; Morena y sus partidos aliados cuentan únicamente con 277, por lo cual estarían buscando 56 votos en los partidos de oposición, los cuales podrían darse especialmente en la bancada del PRI, reafirmando una vez más la alianza PRI-MOR.

López Obrador advirtió a los legisladores que van a tener que “asumir su responsabilidad”. “Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va enterar”, reclamó.

“Aquí vamos a estar tratando el tema todos los días y de una vez les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va a haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara todos, porque se trata de los intereses de todos. No vayan a pensar que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, si no somos tapaderas”, sostuvo el mandatario.

Se dirigió especialmente a los legisladores del PRI, a quienes les recordó que el presidente priista Adolfo López Mateos “nacionalizó la industria eléctrica”.

Quien también se manifestó sobre la reforma eléctrica del presidente fue el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), quien señaló que la iniciativa lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y al medioambiente.

Alertó que la eventual aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medioambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país. Dijo que la iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea.

Expuso que la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes.

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) criticó este miércoles la reforma eléctrica que se aprobó la semana pasada en nuestro país, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La reforma a la LIE (Ley de la Industria Eléctrica) representa un retroceso en la lucha contra el cambio climático, una afrenta a la salud y un riesgo para la economía nacional”, señaló la ICC en un comunicado.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, este martes fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Recordemos que la polémica reforma prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por delante de los generadores privados de energías renovables.

“La ICC México considera que existen elementos para sostener que la reforma a la LIE es inconstitucional y anticonvencional”, expresó el organismo.

A su juicio, la reforma “viola” la defensa de los derechos humanos, el derecho a la salud y a un medioambiente sano, el principio de seguridad jurídica, la prohibición de monopolios y el respeto a los tratados internacionales.

Aseguró que es contraria a la protección de la inversión extranjera, a la competencia y a las prácticas reguladoras del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde julio del año pasado.

“Como consecuencia, se advierte una oleada de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, por lo que será el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma”, advirtió la ICC.

El organismo recordó que en el pasado los tribunales ya defendieron “con gallardía” a la Constitución y a los acuerdos internacionales suscritos de México.

Puso como ejemplo los intentos del gobierno de eliminar los Certificados de Energía Limpia, suspender las pruebas de las centrales eólicas y fotovoltaicas e incrementar las tarifas para los sectores energéticos industrial y comercial; dijo que todo eso encontró “tope en el Poder Judicial”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró este jueves que “alguien tendrá que pagar” los 60,000 millones de pesos en que estiman el costo de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Hemos argumentado que esos 60.000 millones de pesos adicionales que costará esta nueva forma de despacho de la electricidad en México, alguien los tendrá que pagar y ese alguien será o los recursos fiscales o los costos implícitos en la producción de bienes y servicios del país”, dijo Salazar.

El CCE organizó un foro virtual de dos días, el cual cerró este jueves con diversas mesas de análisis sobre la reforma eléctrica aprobada en el Congreso, y que prioriza la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por delante de los generadores privados de energías renovables.

“Ante esta iniciativa nuestro comentario y crítica es que es evidente que no han sido los criterios técnicos los que la han motivado, los criterios económicos no han sido el soporte y los costos son clarísimos”, añadió.

Recordemos que el pasado martes, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Senado aprobó el dictamen de la iniciativa enviada por López Obrador, el cual ya había sido aprobado la semana anterior por la Cámara de Diputados.

Carlos Salazar consideró que el Congreso “es un parlamento y ese parlamento debió permitir que todos expusiéramos nuestros puntos de vista” para que “verdaderamente se mostrara la facultad que tiene el Poder Legislativo de representarnos a todos los mexicanos, no solamente a una orientación política”.

El presidente del CCE adelantó ayer que un aumento en los costos de la electricidad en fábricas y empresas, lo acabarán pagando los mexicanos cuando consuman bienes o servicios.