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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este fin de semana la presentación dos reformas que buscará se aprueben antes de que finalice su administración.

Las dos propuestas son: para aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, y la otra modificar el actual sistema de pensiones.

Desde Veracruz, donde se conmemoró el 117 aniversario de los mártires de 1907, López Obrador destacó los avances laborales durante su Gobierno como el aumento al salario mínimo, la duplicación de las vacaciones y la democracia sindical.

“Antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la constitución mexicana para que se establezca que nunca jamás va aumentar el salario menos que la inflación”, anunció el mandatario.

Además, explicó que recibió un planteamiento del sindicato de maestros y otros trabajadores para “revisar la contrarreforma laboral del presidente Zedillo, la de las pensiones y vamos hacer una propuesta”.

En este tema, López obrador consideró “inhumano e injusto” que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando termina ni siquiera recibe su salario que cuando estaba en activo “sino la mitad, si le va bien y eso ya no va a continuar así”.

“Voy a enviar una reforma a esa legislación antiobrerista, contraria a los intereses de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago en memoria de los mártires de río Blanco que lucharon por mejores salarios y condiciones laborales”, sostuvo.

Recordó que los trabajadores textiles buscaban mejores condiciones laborales por lo que fueron reprimidos por el presidente Porfirio Díaz, quien les ordenó reanudar actividades tras una suspensión de labores promovida por los patrones en las fábricas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.

En ese sentido, el presidente señaló que a partir de su Gobierno, en México “ya es un política laboral distinta. No queremos la oligarquía, México no es país de unos cuantos, es de todos los mexicanos, de todo el pueblo”.

Recordó que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta finales de 2018, no aumentó el salario mínimo.

“Al contrario hubo una pérdida constante al poder adquisitivo, al poder de compra, porque (los gobiernos) ni siquiera aumentaban el salario de acuerdo a la inflación, muchas veces los aumentos se quedaban por debajo de la inflación. En 36 años hubo una pérdida del poder adquisitivo del 70%”, acusó.

Apenas el pasado 1 de diciembre, López Obrador anunció que el salario mínimo aumentaría un 20% en 2024, al pasar de 207.44 pesos diarios a 248.93 pesos, gracias al consenso del Gobierno, la patronal y los sindicatos.

Desde 2019, el primer año completo de la presidencia de López Obrador, el salario mínimo ha presentado aumentos anuales de doble dígito, primero de 16%, luego un 20% en 2020, un 15% en 2021, otro 22% en 2022, y el 20% en 2023.

Con ello, el poder adquisitivo del sueldo básico ha subido un 87% desde 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia. Apuntó que a su llegada al poder el salario mínimo era de 88 pesos diarios o 2,687 pesos mensuales; a partir del pasado 1 de enero aumento a 248.93 pesos diarios o 7,508 pesos al mes.

Tan pronto hizo el anuncio el presidente, diversos expertos y analistas han advertido del riesgo de una reforma al sistema de pensiones, sobre todo al considerar que llegaría en año electoral.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Base, pidió esperar a conocer los detalles de la propuesta, pues recordó que casi todo lo que ha reformado la actual administración ha resultado en deterioro de la economía en el largo plazo.

En “el corto plazo la gente puede sentirse optimista y la economía crecer, pero no necesariamente es sostenible a largo plazo y terminará afectando. Insisto que habrá que ver los detalles, pero no suena bien en principio”, advirtió.

Marco Mares, periodista experto en temas de finanzas, señaló que la reforma anunciada llega a sumarse a los elementos que generan incertidumbre económica.

“El presidente anuncia que enviará reforma de pensiones para cambiar el actual sistema de ahorro en las Afores. La intención presidencial es muy riesgosa para el ahorro interno y de los trabajadores”, alertó.

Carlos Ramírez, ex director de la CONSAR, precisó que las Afores administran hoy 5.8 billones de pesos, refiriendo que una reforma de pensiones en el último año del Gobierno es un “muy mal presagio”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ya no le dará tiempo a reformar el Poder Judicial en lo que queda de su sexenio, por lo que ha emplazado a la persona que le sustituya tras a “seguir adelante” con esta tarea.

“Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir, va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, dijo el mandatario.

Y es que recordemos que López Obrador ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial (PJ) durante los últimos años, criticando que durante el llamado “periodo neoliberal”, los integrantes del PJ fueron “los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje”.

Pese a reconocer que no tendrá el tiempo suficiente para impulsar una reforma del Poder Judicial, López Obrador volvió a confirmar que, en aras de “limpiar” los organismos judiciales del país, enviará una iniciativa para que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros.

“Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, dijo el presidente, por lo que fue cuestionado sobre cuándo presentará dicha iniciativa.

“Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, respondió.

Volvió a cuestionar que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que acusó, “hacen lo que les da la gana, se enriquecen”.

Dijo que estos jueces tienen la autoridad para liberar a cualquier persona, incluso “delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Fue en ese punto donde reveló que en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución relacionada a la desaparición de los estudiantes. “El Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: ‘Nos vas a resolver en 10 días, aplicando el Protocolo de Estambul, si fueron o no torturados, y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados quedan en libertad’, y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, reclamó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que si los jueces, magistrados y ministros son elegidos por el pueblo, ya no podrá haber lugar a que actúen por consigna o por dinero.

La Cámara de Diputados decidió aplazar hasta 2024 la discusión de la reforma que busca reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral, esto luego de la propuesta que hiciera en ese sentido el presidente López Obrador.

La decisión de aplazar esta discusión se tomó al interior de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en donde se acordó crear una comisión de trabajo en materia de días de descanso laboral, a fin de continuar con su análisis.

De acuerdo con el diputado Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano (MC), el acuerdo entre las distintas facciones parlamentarias buscará que se redacte una reserva en común y cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Vamos a redactar una reserva común todos los coordinadores parlamentarios, es un acuerdo unánime. No hay ninguna razón para seguir postergando ese tema y, si esto de darle un periodo más logra la unanimidad, pues vale la pena el esfuerzo”, dijo el emecista.

El legislador consideró que no existe evidencia para mantener un retraso de medio siglo en término de reducir la jornada laboral, pues incluso matizó que estos cambios legales no ahuyentan la inversión.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, sostuvo que el trabajo de la comisión que preside se realizó y el dictamen está listo para votarse en el pleno de la Cámara de Diputados.

“El dictamen está listo para que se incluya en el orden del día y se empiece a discutir, votar y modificar con base en buenas opiniones del parlamento abierto”, precisó.

Sin embargo, indicó que “si no son suficientes esas opiniones, pues hay que abrir otro espacio de diálogo”; aunque, añadió, “eso no depende de nosotros (la comisión dictaminadora)”.

Esta decisión generó inconformidad al interior de la bancada de Morena e incluso movilizó a trabajadores a las afueras del recinto legislativo de San Lázaro. Dichas personas se manifestaron y cerraron por algunos momentos calles alrededor de la Cámara de Diputados, mientras pronunciaban consignas como: ‘Aquí y allá, 40 horas ya’, ‘Mucha chamba y poca paga’, ‘No somos máquinas ni esclavos’.

Susana Prieto, promotora de esta iniciativa, recodó que esta reducción de la jornada laboral contó con el apoyo de la amplia mayoría de los grupos parlamentarios y destacó que si bien hubo otros 17 intentos de reducir la jornada laboral en el pasado sin ningún éxito, esta es la primera vez que esta iniciativa avanza tanto en el Congreso, pues también reconoció el poder del sector privado en el país.

Recordemos que los empresarios han sostenido que “no es el momento” de aprobar esta reforma debido a los costos que tendrían que absorber los empleadores, sobre todo los más pequeños. Han señalado que han acompañado diversos ajustes a sueldos y prestaciones que suponen también aumentos a sus costos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso este viernes una consulta ciudadana para resolver el debate sobre las corridas de toros en la capital del país y en el país en general.

“Aún cuando no termina el proceso legal mi recomendación es que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. Es que en este caso, sería lo mejor para todos”, dijo el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara la suspensión que prohibía a la Monumental Plaza de Toros México la programación de corridas de toros desde junio de 2022.

La Segunda Sala de la SCJN dictaminó anular la suspensión otorgada por un juez de distrito al amparo presentado contra la popularmente llamada Plaza México por parte de la asociación animalista Justicia Justa.

Luego del fallo, la plaza de toros más grande del mundo y referencia de la tauromaquia en América, podrá ofrecer jornadas taurinas tras más de un año de prohibición debido a una suspensión cautelar a la espera de juicio.

Ante ello, López Obrador recomendó que se consulte a los ciudadanos si están de acuerdo en que regresen las corridas de toros a la Ciudad de México, aunque reconoció que lo primero es revisar si legalmente es posible que la consulta sea vinculatoria.

Además, se comprometió a que antes de que termine su administración enviará una iniciativa de reforma constitucional para la protección de los animales en el país.

En ese sentido, sostuvo que si en la consulta gana la prohibición de corrida de toros, él apoyará para que se haga una realidad. “Nada más que yo necesito conocer qué opinan los demás porque yo represento al pueblo”, aclaró.

El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó hoy, durante una ceremonia en el Kremlin, que se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de 2024, algo que se daba por hecho pero que ahora se confirma.

“Tienen razón, son tiempos de tomar decisiones y voy a presentarme (a la reelección) para el cargo del presidente de Rusia”, dijo el jefe del Kremlin en el evento que encabezó.

Putin, que lleva en el poder desde el año 2000, condecoró a varios militares que combatieron en Ucrania con ocasión del Día de los Héroes de la Patria.

Putin contestó al presidente del Parlamento de la república popular de Donetsk, Artiom Zhoga, quien le preguntó sobre sus planes. “Entiendo que hoy día no se puede hacer de otra forma”, dijo el mandatario ruso a otro de los asistentes a la ceremonia, que también le pidió participar en los comicios de marzo de 2024.

Se espera que el presidente ruso anuncie públicamente su candidatura el próximo 14 de diciembre durante la conferencia de prensa anual y la Línea Directa con la ciudadanía, la primera desde 2021.

La presidenta del Senado, Valentina Matviyenko, dio ayer el banderazo de salida de la campaña electoral después de que la cámara alta convocara los comicios para el 17 de marzo de 2024.

La controvertida reforma constitucional de 2020 permite a Putin, de 71 años, ejercer otros dos mandatos de seis años cada uno, es decir, se podría mantener en el poder hasta 2036.

Según el sondeo del Fondo de Opinión Pública, el 70% de los rusos aboga porque Putin se postule y solo un 8% que abandone la política. Además, un 78.5% de los rusos confía en el actual inquilino del Kremlin y un 75.8% aprueba su gestión al frente del Estado.

La Comisión Electoral Central anunció este viernes que los rusos votarán durante tres días, del 15 al 17 de marzo de 2024, en el marco de las elecciones presidenciales, pese a las críticas de la oposición, quien considera que dicha práctica fomenta el fraude.

La oposición extraparlamentaria liderada por el encarcelado Alexéi Navalni decidió no boicotear las elecciones, opción que apoyan otros opositores como el ajedrecista Garri Kaspárov.

Se espera que en las próximas semanas presenten sus propios candidatos los comunistas y los ultranacionalistas, que tienen representación parlamentaria.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció este miércoles que espera votar la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, antes del próximo 15 de diciembre, cuando finaliza el actual periodo ordinario de sesiones.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que “sí hay posibilidad” de aprobar la reforma en este periodo.

“Esa es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa”, aseguró.

Y es que la iniciativa ha levantado gran polémica, pues el cambio supondría modificar el artículo 123 de la Constitución para establecer dos días de descanso obligatorios a la semana por cada cinco trabajados.

Hasta ahora, legisladores de Morena, al igual que algunos de los opositores Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han manifestado su apoyo a la reforma.

Pero la iniciativa afronta un camino complejo porque, por ser constitucional, requiere la mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados y el Senado, así como el aval de la mayoría de los 32 congresos estatales.

Mier señaló que se recibieron las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto que se realizó la semana pasada en materia de la reducción de la jornada laboral, un paso necesario para continuar los trámites legislativos.

Finalmente, recordó que “queda abierta la posibilidad” de que tanto los grupos parlamentarios como los diputados “puedan seguir enviando inquietudes o aportaciones” sobre la reforma, que afronta resistencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien dijo que no era el momento para aplicar dicho cambio.

Recordemos que México es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) donde los trabajadores laboran más horas, con casi 2,140 al año, según el organismo.

La Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y al Tribunal Electoral entregarían más de 15,000 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.

Con 259 votos a favor, 205 en contra y 1 abstención, el Pleno de la Cámara avaló el dictamen que añade un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de fondos y fideicomisos.

La reforma avalada prohíbe la creación y operación de fideicomisos, lo cual implica que desaparezcan 13 de 14 de esos instrumentos que mantienen el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral.

“Existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad”, dijo el diputado Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena, principal promotor de la iniciativa.

Desde inicios de semana, trabajadores del Poder Judicial se han manifestado en distintos puntos de la capital, y en varios estados del país, en contra de los cambios que contemplaba la reforma.

“Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido. Mal hace su presidenta (Norma Piña) en intentar defender sus privilegios utilizando a los trabajadores del poder judicial como un escudo humano”, lanzó Mier Velasco en referencia a los señalamientos contra la ministra presidente de utilizar a los trabajadores como arma de presión para evitar que la ley avanzara.

En medio de la discusión en el Pleno, Margarita Zavala, diputada del PAN, se refirió a la extinción de los fideicomisos como un “saqueo” al Poder Judicial.

Tras la votación en donde fue aprobada en lo general la reforma, se abrió la discusión de 69 reservas a cargo de 28 oradores. Finalmente, el dictamen fue aprobado en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra.

El argumento del gobierno federal es que los 13 fideicomisos, que suman unos 15,000 millones de pesos, están destinados a pensiones complementarias a mandos superiores, planes privados de prestaciones médicas, mantenimiento de casa habitación de magistrados y jueces, entre otros.

Así, lo aprobado establece que no podrán existir fondos y fideicomisos dentro del PJF, a menos que estén expresamente señalados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, sólo uno de los 14 fideicomisos del PJF se fundamenta en dicha Ley, por lo que los otros 13 fideicomisos deberían extinguirse y sus recursos devolverlos a las personas que aportaron a esos fideicomisos y el remanente destinarse a la Tesorería de la Federación, sin explicar o aclarar cuál será el uso que se le dará a esos recursos.

La oposición alertó sobre el recorte al presupuesto del Poder Judicial que impulsa Morena mediante la extinción de 13 fideicomisos, que aseguran, afectará a los trabajadores en activo, a los jubilados y en la labor diaria de los jueces.

La dirigencia nacional del PAN reprobó que Morena y sus partidos satélites en el Poder Legislativo sólo acaten la orden dada desde Palacio Nacional para desaparecer los 13 fideicomisos al Poder Judicial, reforma que será sometida a votación en el Pleno la próxima semana.

“A pesar de que hay dudas sobre la legalidad de los recortes, Morena y aliados están abocados a este nuevo acto de extrema politización del presupuesto”, indicó Marcos Aguilar, vocero del PAN.

“Es importante recordar que el actual Ejecutivo Federal desde años atrás no se ha detenido desmantelado todos los fideicomisos y no cesa su ataque a los organismos independientes, limita la operatividad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación justo de cara a las elecciones del próximo año,” añadió.

Aseguró que López Obrador actúa como un autócrata, al señalar que todo lo que pide se hace, “todos sus caprichos y ocurrencias son ordenes que deben cumplirse sin opinar”.

Recordemos que esta semana la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 30 votos de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la extinción de 13 fondos y fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

La reforma pretende hacerse del control de 15 mil 450 millones de pesos disponibles en los fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con Javier Martín Reyes, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las implicaciones de este nuevo ataque al Poder Judicial, ahora vía el presupuesto

 

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis, habló este jueves sobre la eventual reforma del Consejo de Seguridad de la organización, solicitada por el propio Secretario General y apoyada por varios de los países que la conforman.

En conferencia de prensa, Francis reconoció que “es necesario reconsiderar la estructura” del Consejo, máximo órgano decisorio en la ONU, pues reconoció, está paralizado por el derecho de voto de sus cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido).

“No es tarea simple reformar el Consejo”, dijo el directivo, quien recordó que fue creado en un tiempo en el que muchos países actuales no existían, como tampoco existía el “sur global”, y cuando varios países han aumentado considerablemente su peso, ya sea demográfico o económico.

Sin embargo, añadió que “no nos vamos a levantar mañana y ver que el Consejo ha sido reformado (pues) es un proceso en marcha, conducido por los estados miembros”, insistió.

Hasta ahora, el problema principal ha sido que las cinco grandes potencias, pese a reconocer la necesidad de una reforma, no se han mostrado dispuestas a renunciar a su derecho de veto, ni a ampliarlo a otros países con mayor peso político global.

“La carta (de la ONU) define claramente cuál es el papel del Consejo de Seguridad, y lo que necesitamos es un Consejo que sirve para sus propósitos, capaz de ejecutar su mandato, por muy largo que sea el proceso”, añadió Francis.

Sobre la posibilidad de aumentar sus propias competencias para darle a él mismo el poder de superar el veto del Consejo en una sesión especial de la Asamblea General, tal como lo propusiera el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Francis lo descartó.

Recordó que sus competencias son exclusivamente las que le dan los propios estados miembros.

El presidente de la Asamblea General de la ONU aprovechó para hacer un balance sobre la Semana de Alto Nivel celebrada hace unos días. Ofreció las cifras de participación en la que arrancó su propio mandato: tomaron la palabra 192 oradores, de los que 189 eran estados (faltaron Afganistán, Birmania y Níger, con regímenes no reconocidos).

Puso especial énfasis en que el número de mujeres que tomaron la palabra fue menor incluso que el año pasado: si entonces fueron 22, este año han sido 21, de las cuales seis eran jefas de estado, una vicepresidenta, cuatro jefas de gobierno, nueve ministras y una viceministra.

Indicó que la infrarrepresentación femenina es una de las asignaturas pendientes en la ONU, aunque en lo referente a la Semana de Alto Nivel la responsabilidad recae en los estados miembros.

Al respeto, un periodista preguntó a Francis si no sería posible que la propia Secretaría General (jamás ocupada por una mujer) diera un paso y considerase aceptar solo candidaturas femeninas para la sustitución del actual Secretario General António Guterres, a lo que Francis se mostró radicalmente en contra, argumentando que lo que a él le gustaría es que una mujer asuma ese puesto pero en igual competencia con los hombres.

La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada de 444 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política, en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, lo cual busca evitar dobles Congresos.

El dictamen aprobado señala que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

En los transitorios, el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que la duración en el cargo de las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión será del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024.

Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.

Además, las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, es decir, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.

En tanto que, las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz  de Morena, aclaró que el dictamen no es una reforma electoral, pues no altera el proceso donde compitan los partidos ni se empalma con el siguiente periodo electoral.

“No es una reforma legal, sino es una reforma que propone que la parte sobre el inicio de los trabajos del Congreso quede como estaba antes del año 2014 (…) precisar algo que quedó confuso en el artículo 65 y que podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera dos Legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo”, señaló.

El diputado del Morena, Alejandro Robles Gómez, acusó que el problema que había se debía a “como se legislaba en los tiempos en los que solamente había ‘PRIAN’ con lo mismo, cuando no había debate, ni discusión, aquí sí había sólo levantadedos en aquel entonces”.

Afirmó que el fondo del decreto de 2014 fue la privatización del petróleo; no había consulta y se hacía constitucional la corrupción en el país. Acusó a los partidos de oposición de ser los responsables de lo que ahora se soluciona.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene un nivel de aprobación del 60%, según reveló este martes una encuesta del diario Reforma.

Seis de cada 10 mexicanos aprobaron “la forma como López Obrador está haciendo su trabajo como presidente” durante agosto, la misma proporción que la última medición del diario en mayo pasado.

En cambio, el 38% de la ciudadanía desaprobó su gestión, un punto porcentual menos que en el sondeo anterior.

https://twitter.com/Reforma/status/1696594817239880102

La encuesta mostró que dos tercios de los mexicanos, el 67%, cree que la inseguridad “es el principal problema que hay en el país hoy en día”, nueve puntos porcentuales más que el 58% registrado en la medición anterior.

Esto refleja que pese a los informes que el gobierno presenta y en los que se basa para decir que la inseguridad y violencia han cedido, la ciudadanía percibe otra cosa. Apenas ayer, el presidente calificó los recientes actos de violencia en Michoacán como actos de propaganda.

El 10% de los encuestados por Reforma consideró la corrupción como el mayor problema de México; el 7% señaló la economía; el 3 % el desempleo y el 1% la pobreza.

Además, más de la mitad de los mexicanos, el 53%, considera que “es necesario un cambio de rumbo”, mientras que 44% piensa que “es mejor que continúen las cosas como van”.

La encuesta se publica a días de que se definan los candidatos presidenciales para las elecciones de 2024.

El partido de López Obrador, Morena, definirá su candidatura presidencial el próximo 6 de septiembre, mientras que el frente opositor lo hará el 3 de septiembre.

En ese sentido, el 52% de los encuestados opinaron que están a favor de que el mandatario opine sobre las elecciones, y el 38% se mostraron en contra.

El 56% de ellos dijeron que están en contra de que el presidente ataque a candidatos de oposición, y solo 32% se mostró a favor.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, suscribió, junto con el senador Eduardo Ramírez, una iniciativa de reforma constitucional para evitar que entren en funciones de manera simultánea dos Legislaturas.

Los legisladores explicaron que la propuesta busca reformar el artículo 65 de la Constitución para establecer el 1 de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General.

Señalaron que, a través de la reforma electoral de 2014, se adelantó, sin argumentos suficientes, el inicio del periodo de sesiones por un mes en el año en que inicia su encargo el Presidente de la República, a pesar de las profundas implicaciones que esto tendría en la agenda legislativa.

“La duración de los periodos legislativos no debería estar vinculada a la sincronización de los ciclos electorales y presidenciales, sino más bien a una duración uniforme que permita una planificación efectiva, una toma de decisiones informada y una representación equitativa”, detallaron.

En el documento se advierte que, ante el riesgo de socavar la independencia y el papel del Congreso de la Unión como órgano de representación popular, se tiene la necesidad de restaurar el texto original de la Constitución y dar certeza al inicio del primer periodo de sesiones ordinaras el 1 de septiembre de 2024, y así sucesivamente.

Se hace referencia a que la reforma de 2014 introdujo una variación injustificada a la duración en el ejercicio del cargo de las y los diputados federales, en tanto que su responsabilidad duraría 37 meses en relación con el inicio del periodo del Ejecutivo federal.

“Si su elección coincide con el año en el que inicia el periodo constitucional del Presidente de la República, su encargo duraría 37 meses, pero en el año en el que no coincidieran, las y los diputados electos durarían 35 meses en el cargo, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional”, explica la iniciativa.

Y es que recordemos que la reforma de 2014 refiere que el nuevo Congres, que emane de los resultados de las elecciones federales de2024, deberá entrar en funciones el 1 de agosto; los actuales diputados y senadores rindieron protesta para un periodo constitucional que concluirá el 31 de agosto del 2024.

Considerando eso, sería un mes en que habría dos Congresos, lo que se busca eliminar con la iniciativa que se presentó.

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mier Velazco, había adelantado que la iniciativa contaría con el respaldo de la mayoría.

Tal como lo había adelantado el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el ministro Javier Laynez Potisek recibió las conclusiones del conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación, que organizó el partido del presidente López Obrador.

Laynez Potisek acudió acompañado de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, y ante la presencia de las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), se comprometió a presentar el informe ante Pleno de la Corte.

El ministro Laynez Potisek hizo un llamado a que cuando se hable del Poder Judicial de la Federación, no se piense en las y los once ministros, sino en los más de 45 mil servidores públicos, entre personal administrativo y jurisdiccional.

“No somos los 11 de Pino Suárez dos, somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados”, dijo el ministro al recordar que “las decisiones que ellos toman en sus circuitos, y se los digo cuando voy, muchas veces son mucho más importantes que las que toma la Suprema Corte”.

Laynez Potisek afirmó que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y Ejecutivo tienen una asignatura pendiente: el mejoramiento y fortalecimiento de la justicia local, pues apuntó, “es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia”.

La ministra Esquivel Mossa destacó que el diálogo entre Poderes de la Unión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las funciones que les competen para el ejercicio armónico del poder público y se dijo a favor de “reflexionar” sobre una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz mencionó que, como integrantes de órganos judiciales y con el fin de desempeñar adecuadamente su labor, es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales.

En ese sentido, sostuvo que “cualquier reforma al poder judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía al debido proceso y el derecho de protección judicial”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró esta mañana que propondrá una iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los animales y declararlos como seres sintientes.

“Sí, estamos de acuerdo, hay que continuar con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado la reforma legal y sí vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma al artículo 4 (de la Constitución)”, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó una reforma para proteger los derechos de los animales en marzo pasado, la iniciativa quedó estancada en el Senado, que ahora debe esperar al próximo inicio de sesiones en septiembre.

En este contexto, López Obrador prometió una iniciativa propia para modificar el artículo 4 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda y a la cultura.

“Lo puedo asegurar, vamos a esperar el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar”, sostuvo.

La lucha por declarar a los animales como seres sintientes ha crecido en los últimos años, con entidades como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Durango que ya lo han establecido en sus legislaciones locales.

Se estima que en México siete de cada 10 animales de tipo domésticos sufren de algún tipo de maltrato, con más del 70% de los perros y 60% de los gatos en situación de calle, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la reforma al artículo 4 de la Constitución que enviará López Obrador también establecerá la pensión universal para adultos mayores a partir de los 65 años y un apoyo económico universal para personas con discapacidad.

“Y esto que tiene que ver con el trato humano, respetuoso a los animales, para la reforma en el Artículo 4 a la Constitución”, remarcó el mandatario.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, insistió en que el llamado “Plan C” no busca debilitar la división de poderes, sino por el contrario, afirmó que su objetivo es robustecerla.

“No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes”, manifestó el legislador.

Advirtió que es necesario que las y los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la elección de las y los ministros.

Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentarán las fechas y modalidades para la discusión de la reforma, que dentro del partido están impulsando.

“Previo en la Cámara de Diputados vamos anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la consulta popular no busca definir un procedimiento, “si es a través del voto directo y universal de la gente, en una elección, sino que los mexicanos a través de la consulta sepan qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integra, cuántos la integran, cuáles son las atribuciones y cómo se designan”.

Respecto al procedimiento de elección de las y los ministros, apuntó, puede ser diferente a como se eligen los diputados o el Presidente, “puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia.

“Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”, refirió.

El morenista reiteró la necesidad de reformar al Poder Judicial al asegurar que solo favorece a quienes tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos continúan sin recibir justicia.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.

Aseguró que esta reforma es necesaria al no poder eliminar la inseguridad y la delincuencia “porque los jueces no están haciendo su trabajo.

“El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena, tranquila, pensando en México, en la gente, creo que les conviene”, añadió.

La bancada del PRI en la Cámara de Senadores busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer la obligación de que el Ejecutivo justifique la disminución o cancelación de cualquier programa social.

La propuesta refiere que se presente información pormenorizada, estadística, técnica, pertinente y relevante, cuando el presidente decida disminuir el presupuesto de un programa social o pretenda cancelarlo.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que los programas sociales representan un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de algunos sectores de la sociedad, por lo que es de vital importancia mantener la permanencia de varios de ellos, sin importar el periodo sexenal en el que fueron creados, ya que hay varios que deben asegurar su continuidad.

Indicó que la propuesta, publicada en la Gaceta del Senado el 28 de abril y turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Añorve Baños refirió que tal es el caso del Programa de Estancias Infantiles, que al inicio de la presente administración sufrió una reducción de alrededor del 50% de su presupuesto; así como el Programa de Comedores Comunitarios, que ni siquiera fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

“Lamentamos la decisión del Gobierno federal respecto al recorte presupuestal, y en su caso desaparición de diversos programas sociales, toda vez que las problemáticas a las que iban dirigidos aún no están resueltas y no existe argumento alguno por el cual se justifiquen dichos recortes, afectando directamente a las familias que menos tienen”, expresó.

Por ello, apuntó, es fundamental obligar al Gobierno a que brinde información pormenorizada, cuando se modifique el presupuesto de cualquier programa social, ya que se trata de políticas públicas que tienen repercusión de manera directa en un importante sector de la sociedad mexicana.