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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo de México”, quien decida si las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El legislador anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y sus aliados ayudarán; “seremos casi el 60 por ciento”.

Expresó que la ruta buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

Indicó que mediante este mecanismo, la gente podría decidir si las y los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Y es que en línea con el discurso de Palacio Nacional, el morenista advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias; tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del fuero común, como en el fuero federal.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

Reiteró que en el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República, porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera, sino “de los cuates”, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y, aún más, en los que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo.

Mier Velazco denunció que las y los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Señaló que los privilegios que tienen las y los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.  

En ese sentido, dijo que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia, sino consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, insistió en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral, pues así serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.

Dijo que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular”.

Recordó que el pasado 27 de abril, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.

“Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, subrayó en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Y es que recordemos que en línea con lo expuesto desde Palacio Nacional y por diversas voces dentro de Morena, Armenta dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la primera parte del ‘Plan B’, “tiene una implicación política, no una implicación legal”.

Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario.

Su anunció se producen después de que la SCJN invalidara ayer la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral, al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

En ese sentido, el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que confía los partidos que integran la autollamada Cuarta Transformación se haga de las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.

“Esa mafia solo el pueblo (puede enfrentarla), solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma”, argumentó AMLO.

López Obrador denunció que el Poder Judicial está en crisis porque los antiguos gobiernos, emanados de las filas del PRI y del PAN, se repartieron los espacios en la Corte.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Tal como lo ha venido señalando desde tiempo atrás, insistió en que el Poder Judicial “está podrido”. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, expresó el mandatario.

Y es que recordemos que con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó el primer paquete de las reformas, específicamente la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ‘Plan B’.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
El presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre la decisión de la Corte y sus implicaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de “politiquería” e “indignidad” tras el fallo contra la militarización de la Guardia Nacional.

El presidente acusó a Piña de buscar una negociación en un desayuno con la secretaria de Seguridad del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para retrasar la entrada en vigor de la decisión que invalidó ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, denunció AMLO desde Veracruz.

Eso sirvió a López Obrador para reiterar sus señalamientos hacia los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables”, por haber declarado inconstitucional el miércoles pasado, la reforma legal que él promulgó en septiembre para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, que él creó en 2019 como una corporación civil.

Después del fallo, la Suprema Corte dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden, por lo que el mandatario los acusó de “arrepentirse” y buscar negociar con el gobierno.

Sin embargo, López Obrador habría girado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al titular de Gobernación, Adán Augusto López, de no comunicarse con la Corte.

“Les dije: ni les contesten el teléfono”, narró. “No, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, sostuvo.

Y es que la Guardia Nacional ha sido la principal apuesta del presidente para contener la violencia en el país.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Esto es solo un episodio más del enfrentamiento que AMLO mantiene con la Corte y el Poder Judicial.

Cuando Piña resultó electa como primera presidenta de la Corte, López Obrador reconoció “diferencias” con ella porque “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su gobierno.

Después, hubo una polémica en redes sociales contra Piña, orquestado por seguidores de la 4T, por no ponerse de pie para aplaudirle a López Obrador durante la conmemoración de la Constitución el 5 de febrero.

Semanas después, López Obrador minimizó las amenazas de muerte contra la presidenta de la Corte que surgieron después de que él la acusó de “desatar una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este miércoles que insistirá en transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tras el fallo de la Suprema Corte, que invalidó dicho movimiento.

Fiel a su estilo, el mandatario se lanzó contra la Corte, a la que acusó de haber actuado de manera “facciosa”.

“Actuaron (los ministros de la Corte) de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia”, dijo el mandatario.

López Obrador se refirió al fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la reforma legal que él promulgó en septiembre del año pasado, para trasladar al Ejército la Guardia Nacional, corporación que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Con ocho votos a favor del proyecto, la Corte invalidó la ley al señalar que durante la creación de la Guardia, que ahora cuenta con cerca de 130,000 integrantes, se estableció que la corporación debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la decisión, López Obrador avisó que “la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También indicó que mantendrá como comandante de la corporación al general retirado David Córdoba Campos. Indicó que ya dio instrucciones a la secretaria de Seguridad de actuar en ese sentido.

Adicional, ordenó a Rosa Icela Rodríguez visitar “todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país” para informar a los elementos “que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“En la Constitución se establece que, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos”, defendió López Obrador.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Por ello, anunció que esperará a septiembre de 2024 para presentar otra propuesta de reforma constitucional, confiando en que en las elecciones del próximo año su movimiento tenga mayoría calificada, es decir, dos tercios del Congreso.

La reforma causa controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Pero López Obrador aseveró que “los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no con la mayoría del pueblo de México” al citar que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones con más confianza ciudadana.

También acusó a los ministros de seguir apostando por el modelo de seguridad de gobiernos anteriores, específicamente el de Felipe Calderón con Genaro García Luna.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseveró que Santiago Creel Miranda, del PAN, con su rechazo a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está protegiendo al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés.

A través de un comunicado, el Mier Velazco indicó que “en Morena se dijo que quedará establecida la paridad en la elección de las dirigencias de los partidos” algo con lo que Marko Cortés no estuvo de acuerdo.

Por ello, señaló que desde la presidencia de la Mesa Directiva, Creel Miranda saboteó la decisión colegiada que tenía la firma y el respaldo de todos los líderes de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

“Si la palabra no vale en la política y la firma menos, qué le podemos creer a Acción Nacional”, reclamó el morenista.

Mier Velazco pidió “revisar” en los partidos nacionales, qué mujer ha ocupado un cargo. “Ahí encontrarán la razón de Creel, ¿A quién está protegiendo Creel? En Acción Nacional nunca ha habido una dirigente mujer y en los otros partidos tampoco”, aseveró.

Recordó que los únicos partidos que han tenido mujeres como dirigentes son el PRI y el Morena.

De igual manera, refirió que el diputado panista tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del 10% se establecieran para acciones afirmativas, es decir, de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente.

“Esto garantizaba las cinco acciones afirmativas reconocidas en México: discapacidad, grupos indígenas, migrantes, diversidad sexual y afromexicanos”, comentó.

Y aunque los coordinadores de los otros partidos no han querido revelar los puntos que llevaron a que no se alcanzara el acuerdo en torno a la reforma al TEPJF, Mier Velazco comentó que el PAN no quiso lo relativo a la acciones afirmativas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Político (Jucopo) compartió el dictamen original con las “cosas” que el PAN no permitió, para que la sociedad conozca los términos en que estaba la propuesta.

“Morena se mantendrá si se aceptan las acciones afirmativas y la participación de la paridad expresada en la Constitución para elección de dirigencias”, añadió.

Los sindicatos de trabajadores en Francia convocaron una “gran movilización popular” para el 1 de mayo, esto luego de que el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, dijo que la concentración debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma. Pidió al presidente Macron que “vuelva al sentido común” y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar”, ya que se aprobó sin un voto en esa cámara.

Recordemos que el gobierno activó un artículo constitucional que le permitía avanzar con la reforma sin someterla en la Asamblea.

La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, “ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma”, y acusó a Macron de “gobernar el país contra su pueblo”.

Los ocho principales sindicatos del país se reunirán el próximo lunes para estudiar nuevas medidas de protesta, después de doce jornadas de huelgas y movilizaciones a nivel nacional desde el mes de enero.

Y es que este viernes, el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma de las pensiones sea sometida a un referéndum de iniciativa ciudadana, según anunció en un comunicado.

Sin embargo, invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.

Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.

También indicó que las deliberación se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.

La fuente anunció que el Consejo Constitucional estudiará el próximo 3 de mayo una nueva solicitud de referéndum de iniciativa ciudadana, pero con una cuestión diferente a la planteada hasta ahora.

La nueva petición incluye esta vez una disposición que propone un nuevo impuesto relacionado con el mantenimiento del sistema de pensiones que sí que supondría “un cambio del estado de derecho” admisible por el Consejo.

En todo caso, el gobierno tiene la intención de promulgar la ley este mismo fin de semana, según dijeron fuentes oficiales a medios locales, tras un veredicto que generó reacciones contrapuestas en la clase política francesa.

La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló que, con su decisión, el Consejo Constitucional considera que “tanto en el fondo como en el procedimiento”, la reforma está de acuerdo con la Constitución.

En reacción, la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, dijo que la decisión del Consejo Constitucional supone un “precedente peligroso”, porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para “hacer aprobar reformas importantes”.

Por su parte la líder ultraderechista, Marine Le Pen, advirtió por su parte de que la entrada en vigor de “esta reforma brutal e injusta” va a marcar “la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que se continúa confeccionando la reforma constitucional relativa a las atribuciones del TEPJF, con el fin de que se pueda reanudar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y se dictamine.

“Se integró un grupo de trabajo para hacer una revisión a la redacción de los tres artículos que se reforman y esperamos que en el transcurso de las próximas horas ya se tenga un anteproyecto y se pueda reanudar la sesión de la Comisión”, señaló en un breve encuentro con los medios de comunicación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que se acordó que habría un posicionamiento de los grupos parlamentarios para aclarar los “mitos y mentiras” que se han dado en torno a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista reiteró que el falso que en esta reforma se le quiten atribuciones al TEPJF, pues lo único que se le estipula es que las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, establecidas en la Constitución, no sean invadidas.

“Se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial, y sólo es un tema de la interpretación de la ley, pero es sólo eso”, precisó.

Además, dijo, no se violenta ningún derecho de procuración y administración de justicia, como lo ha dicho algunas voces.

En línea con el discurso de Morena, Mier Velazco apuntó al Claudio X. González, de querer frenar la reforma constitucional al TEPJF.

“Él tiene miedo a la transformación, es un opositor a la transformación, es un cuadro que quiere retornar a los viejos privilegios, a utilizar los instrumentos del Estado mexicano a su antojo, en función del dinero, de corromper conciencias, voluntades y manipularlas con el uso del dinero”, remató.

Y es que la reforma, que sigue analizándose, ha generado polémica pues es un proyecto que cuenta con el apoyo de todos los partidos, incluidos los de oposición (PAN, PRD, PRI); el único partido que se ha posicionado en contra es Movimiento Ciudadano.

Al respecto, el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el anteproyecto de dictamen relativo a la reforma del Tribunal Electoral está siendo modificado con la finalidad de tener un documento de consenso.

“Se está trabajando (el anteproyecto de dictamen) porque va a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales. Se está haciendo un documento de consenso. Están todos participando en ese dictamen, y va a ser un buen dictamen. Va a ser un dictamen que genere certeza, certidumbre, tiempos, participación, competencias”, dijo el priista.

Cuestionado sobre si al interior del Grupo Parlamentario del PRI hay diputadas y diputados que estén inconformes con el anteproyecto de dictamen, como señaló la diputada de Morena Irma Juan Carlos, el líder del PRI indicó que “yo no veo ninguna inconformidad. Para nada. Hemos escuchado a todos. Es un tema de precisiones, y hay mucha desinformación”.

Moreno Cárdena subrayó que la eventual reforma al TEPJF “en nada atenta” contra esta institución.

“Esto es un ejemplo de fortaleza en apoyo y respaldo total a las mujeres, a las acciones afirmativas. Lo que hay es progresividad. Es dar certeza y certidumbre en los temas que quedarán plasmados en la Constitución. Es un tema de garantía, de certeza, de certidumbre, de definir facultades y competencias”, finalizó.

Con 438 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la fracción II del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.

El dictamen establece en el artículo 55, que para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección, actualmente la edad es de 21 años.

En el caso del artículo 91, se precisa que para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos; a la fecha, se fija una edad de 30 años.

En lo particular, el dictamen fue avalado por 439 votos a favor, en sus términos.  El documento fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La diputada Andrea Chávez de Morena, expresó que el dictamen proviene de una serie de iniciativas de legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios, con la finalidad de reducir la edad mínima para ser diputada o diputado federal, de 21 y 18 años, así como bajar la edad mínima para ser integrante del gabinete federal, de 30 a 25 años.

Indicó que se busca abonar a los principios de no discriminación establecidos en la Constitución Política y de igualdad, “ya que no es posible que de las 500 diputadas y diputados que somos, no seamos ni diez con menos de 30 años; estamos excluyendo a casi 30 por ciento de la población mexicana por ese mosaico de representatividad, por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica”.

En los posicionamientos, la diputada Ali Sayuri Núñez Meneses del PAN afirmó que se garantizan los derechos de las juventudes a no sólo ejercer el voto sino aspirar a un cargo público y ser votados sin discriminación alguna por razón de edad.

“Se trata de avanzar en los derechos políticos de los jóvenes, abonar en su inclusión y fortalecer la cultura de su participación política. Más jóvenes tendrán la oportunidad de expresarse aquí y representar a un sector que tiene mucho que aportar”, sostuvo.

Rommel Pacheco Marrufo, también diputado del PAN, mencionó que hoy se defendió a las juventudes para que ese 30% que no está representado en la Cámara tengan un espacio y representatividad.

“Las y los jóvenes son el presente que está construyendo y trabajando para tener un mejor México. Esperamos que las juventudes tengan la responsabilidad de prepararse y que la edad no sea una condicionante”.

La diputada Karla Ayala Villalobos del PRI afirmó que esta reforma es un hecho histórico porque los jóvenes podrán ejercer sus derechos políticos sin simulaciones y sin mentiras.

Agregó que la ciudadanía decidirá si los perfiles de los jóvenes son con los que se siente más identificados. “En la Cámara de Diputados están representados diversos sectores de la población, pero pocos jóvenes. Algo que le hace falta a la política es perspectiva nueva y revolucionaria”.

Del Partido Verde, el diputado Kevin Angelo Aguilar Piña consideró pertinente la modificación a la Carta Magna para disminuir la edad mínima para ocupar el cargo de diputado federal y el de secretario de Estado para que la juventud tenga más oportunidad de ser escuchada.

El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro de Movimiento Ciudadano afirmó que la juventud importa porque representa la innovación y defensa de las causas. “Hoy se están poniendo los guantes para organizarse y señalar lo que está mal para exigir soluciones. Hoy está en tendencia que participen, pero no se trata sólo de contar con una población de nuevas generaciones, sino de que tengan convicciones”.

Finalmente, la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia del PRD dijo estar a favor de la reforma porque tiene el objetivo de ayudar a hacer efectivo el goce de un derecho de las juventudes.

“Es tiempo de saldar una deuda histórica, demostrar que la juventud no es sinónimo de incapacidad o de inexperiencia, sino de rebeldía, de cambio, de capacidad de sumar y proponer. Tienen la capacidad para asumir y afrontar con responsabilidad los cargos públicos de representación”, remató.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, informó que la reunión que se tenía prevista para ayer, donde se discutiría el dictamen a la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia electoral, se pospuso para hoy.

El morenista explicó que la decisión se debió a que los grupos parlamentarios solicitaron más tiempo para revisar los alcances del documento y construir consensos al interior.

Sin embargo, rechazó que haya resistencia de las bancadas por lo que pueda pasar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y adelantó que si hoy se vota se buscará que se lleve inmediatamente al Pleno.

“Yo no diría que hay resistencia al interior de las bancadas, lo que puedo decir es que en varios grupos parlamentarios necesitan explicar de una manera detallada el alcance de la propuesta de reforma porque se agregaron al texto principal, que proponía establecer criterios jurídicos para que el Tribunal dictara y determinara el perfil de los actos parlamentarios, aquellos que no se consideran de materia electoral, cuestiones que tiene que ver con acciones afirmativas y paridad de género”, indicó el legislador.

Subrayó que no se merma para nadie la posibilidad de impugnar cualquier afectación en materia político-electoral en la Cámara de Diputados o fuera de ella, en los partidos políticos o en cualquier agencia. “Son recursos y la manera de defenderse y plantearla ante los tribunales, eso queda inamovible”, aclaró.

El diputado destacó que en el dictamen se mandata a los partidos políticos a que establezcan sus propias reglas para asegurar el respeto al principio de paridad de género y a las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables.

Además, enfatizó, se resalta de manera explícita la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de acciones afirmativas y cumplimiento del principio de paridad de género.

“No se le está quitando a nadie nada, sucede que la materia por la cual un asunto como este pueda ir al TEPJF es exclusivamente lo que tiene que ver con asuntos con derechos políticos-electorales, pero no es nada tiene que hacer el Tribunal en paridad de género o en acciones afirmativas o en los otros extensísimo y variados ámbitos de la vida social, por ejemplo, las escuelas, las oficinas de trabajo, las fábricas y tantos otros lugares donde el tema de la paridad de género y la necesidad de impulsar acciones afirmativas debe corresponder a la ley”, aclaró.

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, celebró que se haya dado más tiempo para revisar el dictamen, algo que calificó como un “nuevo triunfo de la ciudadanía”.

Se refirió a la propuesta como una “regresiva iniciativa, que fortalece a las dirigencias partidistas y debilita a la militancia”.

El coordinador parlamentario indicó que la iniciativa debilita a las ciudadanas y ciudadanos sin partidos que tienen una legítima aspiración a que los partidos se democraticen, a que la ley se haga valer, y a que las contiendas sean equitativas, que exista un árbitro electoral fuerte, vigilante y que garantice la imparcialidad y la certeza en los procesos electorales.

A diferencia del resto de los partidos que apoyan la iniciativa, Movimiento Ciudadano ha acusado que los dos principales bloques: Morena y Va por México, quieren un Tribunal a modo.

Y es que mucho se ha señalado que la reforma busca limitar las facultades del Tribunal Electoral. Busca modificar los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, al indicar que el TEPJF se ha excedido en sus responsabilidades, invadiendo las competencias del poder Legislativo.

En Broojula, Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conversa con Ana Paula Ordorica sobre esta iniciativa, y sus efectos de cara a la elección presidencial de 2024.

El presidente Emmanuel Macron aseguró este miércoles que quiere ver en vigor su impopular reforma de las pensiones “para finales de año” y calificó de “sediciosos” a los manifestantes que endurecieron las protestas desde su adopción por decreto.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario francés en una entrevista en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la “impopularidad” de la medida.

Francia vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas marcadas por la violencia desde la semana pasada.

Sus declaraciones son “un desprecio para las millones de personas que manifiestan”, dijo Philippe Martinez, líder del sindicato CGT. Macron “ha echado más brasas a un asador bien prendido”, estimó por su parte el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure.

El gobierno enfrenta desde enero un fuerte rechazo a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Élisabeth Borne anunciaron su adopción por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional, incluso con el apoyo de la oposición de derecha.

Desde ese día, París y otras ciudades registran cada noche protestas, en las que manifestantes, en su mayoría jóvenes, queman contenedores y otros elementos.

“No toleraremos ningún desbordamiento”, advirtió Macron que calificó de “sediciosos” a estos manifestantes y los comparó con quienes asaltaron el Capitolio en Estados Unidos en 2021 y las instituciones en Brasil en enero.

“Somos una gran nación y un viejo pueblo que vota a sus responsables y les da legitimidad. Los sindicatos tienen la suya y cuando se manifiestan los respeto, es un derecho protegido por la Constitución”, aseguró Macron en una de sus entrevista.

“Pero cuando hay grupos que utilizan la violencia extrema para atacar a representantes democráticos, cuando usan la violencia sin reglas porque no están contentos, eso no es democracia”, agregó.

En una reunión con los legisladores oficialistas, el mandatario ya había advertido que la “muchedumbre” y los “disturbios” no tenían “legitimidad” sobre los representantes del pueblo, unas declaraciones criticadas incluso por sus aliados.

Las fuerzas de seguridad se encuentran no obstante en el punto de mira por los cientos de detenciones practicadas desde el jueves pasado, que en la gran mayoría de los casos saldan con una liberación sin cargos, y por los métodos usados para controlar las protestas.

Amnistía Internacional alertó este miércoles del “uso excesivo de la fuerza de forma generalizada” y de “las detenciones arbitrarias”, preocupaciones ya expresadas por la oposición de izquierdas, abogados, magistrados e incluso la defensora del pueblo.

Más allá de la reforma, Emmanuel Macron se juega poder aplicar el programa de su segundo mandato, por lo que su entrevista fue muy seguida para conocer sus intenciones y ver si admite algún error, como esperan los analistas.

El jefe de Estado reconoció que su único error fue “no conseguir convencer” sobre la reforma.

Macron fue reelegido hace casi un año, contra su rival ultraderechista Marine Le Pen, con un programa reformista y liberal.

El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, activó este jueves un polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de pensiones, evitando así el voto de los diputados, en medio de una sesión caótica en la Asamblea Nacional.

“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo la primera ministra, Élisabeth Borne, al activar en la cámara baja el artículo 49.3 de la Constitución.

Rápidamente, varios diputados anunciaron la presentación de una moción de censura contra el gobierno, la única forma ahora de impedir la aplicación de la reforma.

El presidente Macron activó el polémico procedimiento para adoptar su impopular reforma de las pensiones sin el voto de los diputados, luego de que fracasara en su intento de asegurarse la mayoría necesaria.

La activación de esa herramienta legal, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que ya organizaron protestas masivas durante los últimos meses.

Apenas el pasado 7 de marzo, salieron a las calles cerca de 3.5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Recordemos que Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42 como hasta ahora, para cobrar una pensión completa. Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

Más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”.

Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.

En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.

La diputada Eufrosina Cruz Mendoza destacó la importancia de la aprobación, por parte del Senado, de la reforma al Código Penal Federal, que faculta que el matrimonio forzado de menores o equiparable sea imprescriptible en todo el país y se castigue con hasta 18 años de cárcel.

Ayer, el Senado aprobó el proyecto para penalizar el matrimonio forzado de menores o matrimonio infantil.

Por unanimidad, con 90 votos a favor, el Pleno del Senado de México aprobó un proyecto de decreto que reforma el Código Penal Federal, a fin de establecer “un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio”.

Ya en en marzo de 2019, el Senado había aprobado la prohibición de los matrimonios infantiles en todo el país, además de diversas disposiciones del Código Civil para establecer los 18 años como edad mínima para el matrimonio.

Ahora el dictamen precisa que “comete el delito de cohabitación forzada de menores de 18 años” o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con una persona mayor de 18 años, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.”

Además, prevé que este delito “sea imprescriptible y que al responsable se le imponga una pena de ocho a 15 años de prisión y de 1,000 a 2,500 días multa. De acuerdo con el documento, la pena prevista aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

“Nunca más nadie ultrajará el cuerpo de una niña, nadie más violentará a una niña, menos bajo el término de usos y costumbres. Lo que se aprobó ya está tipificado como delito grave”, subrayó la diputada Cruz Mendoza, quien impulsó la iniciativa.

La legisladora oaxaqueña expuso la necesidad de sancionar estos hechos ya que en nuestro país todavía persiste la venta de menores y se registran más de un millón de matrimonios forzados por diversas causas como el intercambio de niñas por especies animales, embarazos, entre otras causas.

El informe Estado Mundial de la Población 2020 elaborado por la ONU y presentado en julio de 2020 en México, el matrimonio infantil y las uniones tempranas afectan al 4.45% de las adolescentes entre los 12 y 17 años anualmente en nuestro país.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en América Latina “una de cada cuatro mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio por primera vez o mantenía una unión temprana antes de cumplir los 18 años”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las políticas migratorias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han dado resultado para controlar el flujo migratorio.

“Estamos viendo que están dando resultados algunas políticas que está llevando a cabo el presidente Biden en materia migratoria, lo puedo probar”, afirmó el mandatario.

El presidente se refirió a la política migratoria implementada en enero pasado por Washington en la que extendió los permisos para personas con lazos en el país y que recibirá a 30,000 migrantes al mes procedentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.

Sin embargo, dicha política ha sido objeto de innumerables críticas, pues también implica la deportación exprés a nuestro país de quienes no se ajusten las directrices, bajo el Título 42.

“Están dando oportunidad a que los que quieren ir a Estados Unidos puedan, mediante un trámite, obtener una especie de visa de trabajo”, defendió López Obrador.

AMLO dijo el número de deportados por el gobierno estadounidense se ha reducido, pues se han venido otorgando visas temporales a extranjeros, lo que ha impactado en el flujo migratorio de nuestro país, según exhibió en una gráfica en el Palacio Nacional.

“Nosotros lo percibimos porque teníamos todo el istmo (del sureste de México) lleno de hermanos venezolanos y otros países, pusimos campamentos con brigadas médicas, se daba alimentación. Al momento que toman esta decisión pasa esto, esto es ordenar el flujo migratorio, esto es la opción”, añadió López Obrador.

Asimismo, afirmó que en México también ha bajado la emigración, principalmente porque en el sureste se construyeron parques industriales el año pasado que han empleado a muchas personas.

“Es mucho trabajo en México. Todos los parques industriales que se construyeron el año pasado se ocuparon, está llegando mucha inversión extranjera y hay afortunadamente oportunidades de empleo”, presumió el presidente.

Sobre el tema migratorio, AMLO afirmó que con motivo de las elecciones de 2024 en Estados Unidos, el tema se ha convertido en “politiquería”.

En ese sentido, reiteró que no permitirá el maltrato a los migrantes en aquel país, pues de ser así llamará a no votar por quienes discriminan a los extranjeros.

“El maltrato a migrantes no se permite, Estados Unidos se convierte en una gran nación por los migrantes, además es un doble discurso, porque se van a necesitar trabajadores, Estados Unidos no tiene fuerza de trabajo suficiente, ni Canadá”, sostuvo.

Reiteró las acusaciones de hace algunos meses, de cara a las elecciones de medio término de noviembre pasado, al señalar que “ya empezaron a querer agarrar de piñata a los migrantes, con su conservadurismo de estos politiqueros, con su conservadurismo de siempre”.

López Obrador reiteró que le tiene mucho respeto al presidente Biden, pues insistió en que es el único de los presidentes de Estados Unidos de años recientes que no ha propuesto construir muros fronterizos, además de que ha hecho que no se lleven a cabo las famosas redadas.

Sobre la reforma migratoria que Biden prometió, así habló AMLO: “no se ha podido, porque hay una oposición fuerte en Congreso, la regularización de los migrantes, como se ofreció en campaña, pero cuando menos no hay redadas, no hay maltrato, eso lo agradecemos mucho”.

El coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal, informó que la minuta de la reforma electoral, el llamado “Plan B”, se enviará este miércoles a las Comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado para su deliberación y, en su caso, aprobación.

El morenista señaló que pese a que existía la posibilidad de abordar el tema por la vía del ‘fast track’, se enviaría como siempre a las comisiones como se hace en todos los casos.

“Hay dos hipótesis que podríamos aplicar. Una de ellas es dispensar todos los trámites y mañana mismo votarlo para enviarlo al Ejecutivo como resulte la votación; sin embargo, en el Senado nunca hemos precipitado el procedimiento, siempre enviamos a las comisiones dictaminadoras, que son las que le imprimen el ritmo que consideran conveniente”, dijo.

Monreal señaló que “no hay prisa” en abordar el ‘Plan B’ de la reforma electoral. “No nos vamos a precipitar y vamos a actuar conforme a los procedimientos que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento”, añadió.

Recordemos que fue a finales del 2022, cuando parte del ‘Plan B’ impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue aprobado por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados argumentando supuestos ahorros millonarios.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral, el INE, inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. La semana pasada se dio a conocer un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. 

Ante los riesgos que trae consigo el ‘Plan B’, la alianza ciudadana “Unidos”, convocó a una segunda concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 26 de febrero, para mostrar su inconformidad con la reforma electoral. Uno de los lemas será “Mi voto no se toca”.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que, en caso de que la oposición continúe negándose a votar a favor de la reforma electoral, optarán por un ‘Plan B’, que busca una democracia más eficiente y sin despilfarros.

Explicó que el ‘Plan B’ de Morena tiene la intención de aprobar una reforma a las leyes secundarias en materia electoral, a fin de evitar que las elecciones sigan costando tanto dinero al pueblo y para que el INE y los organismos locales tengan perfectamente definidas sus atribuciones sin que eso signifique un incremento en los costos, la operación, la organización ni en la capacitación.

“Queremos fortalecer al organismo electoral. Nos anima que no haya duplicidad de funciones, que no se resquebraje el sistema electoral mexicano y con ello que haya perfectamente una definición de las atribuciones del organismo ciudadanizado electoral a nivel nacional”, argumentó el legislador.

Acusó que la reforma electoral de 2013-2014 provocó un crecimiento exorbitante del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ocasionó que el gasto operativo hoy sea de casi 13 mil millones de pesos y que el costo de los organismos operadores electorales en los estados cueste otros 13 mil millones de pesos.

Agregó que “‘ante el ojo del amo, engorda el caballo’ y de ahí se agarraron los consejeros para incrementarse los sueldos”. Recriminó que más de 200 funcionarios del INE tienen salarios del doble de lo que gana el Presidente de la República, mientras que los consejeros ganan poco más de 400 mil pesos mensuales si le incorpora el aguinaldo, la doble prima vacacional y en algunos casos hasta un apoyo matrimonial.

A través de un video publicado en redes sociales, el morenista lamentó que Lorenzo Córdova Vianello, tras su nombramiento como presidente del INE, haya hecho lo contrario a lo que proponía a finales de diciembre de 2013, cuando analizó la minuta de la reforma constitucional electoral de 2013-2014.

“Qué pena que una vez que lo nombraron presidente hizo exactamente lo contrario a lo que él proponía en esa reflexión, en ese análisis que le hizo a la minuta de la reforma constitucional electoral del 2013-2014. Y no fue el único, lo acompañaron muchos consejeros o exconsejeros en esta reflexión y luego salieron a marchar y a decir que el INE no se toca”, criticó.

Mier Velasco presentó el texto “Análisis de la reforma electoral. Observaciones a la minuta de reforma electoral”, en el que el hoy consejero presidente del INE hizo una reflexión profunda sobre el costo de las elecciones en el país, así como diversas cuestiones de funcionamiento, tareas, atribuciones, etc.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la CÁmara de Diputados (Jucopo) leyó parte del análisis escrito por Lorenzo Córdova:

“La falta de claridad en la distribución de competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales, incrementando el costo de los procesos electorales (…) Esto ocurre, por ejemplo, en temas como capacitación electoral, documentación e impresión de materiales electorales, designación de funcionarios de casillas, entre otros. Además, se pronostican pérdidas de recursos y parálisis derivadas de las complicaciones presupuestales de la atracción o delegación de funciones entre INE y órganos locales. Se requiere, por tanto, que la legislación determine con claridad los procedimientos administrativos que acompañarán a la delegación o atracción de funciones”, leyó el legislador.