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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció este lunes que activó el proceso para que el pleno de la Corte se pronuncie sobre la reforma que extiende dos años, tal como lo sugirió Morena y sus aliados, y aprobado por el Senado.

“Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial”, informó Zaldívar a través de sus redes sociales.

Zaldívar recordó en su escrito que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial “más importantes en los últimos 25 años”, las cuales señaló, fueron posible gracias a un “esfuerzo inédito” de los distintos poderes; recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

“Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía” del Poder Judicial, admitió Zaldívar.

Por todo ello consideró que el pleno debe fijar “una postura a la brevedad posible”. Como presidente de la Suprema Corte, sometió a consideración del tribunal esta consulta, que contempla varias preguntas sobre la posible inconstitucionalidad de ese artículo, el choque con otras leyes y el papel que debe tener el Supremo en esta controversia.

Zaldívar explicó que para “dirimir” estas controversias instruirá “la formación del expediente y su turno a la ministra o ministro que corresponda para la elaboración de un proyecto que dé respuesta a todos los temas planteados, a fin de que, con celeridad, se salvaguarde la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su apoyo y confianza al ministro presidente, a quien calificó como un hombre “íntegro y honesto”.

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura “es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial” y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

López Obrador dijo que es necesario que los otros ministros de la Corte apoyen la reforma, aunque dudó que consiga su respaldo ya que ellos fueron designados en anteriores gobiernos.

Recordemos que la polémica reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024 fue publicada hace una semana por el gobierno federal.

El artículo polémico establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, puesto que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.

En un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Instituto Nacional Electoral (INE), este jueves el senador Martí Batres presentó una iniciativa que busca “silenciar” a los consejeros electorales, justificando que lo que se busca es evitar que se vulnere la imparcialidad del órgano electoral o se altere la equidad de una contienda.

El legislador de Morena propuso establecer en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que las consejeras y consejeros electorales se abstengan de realizar conductas o emitir opiniones, que afecten o favorezcan a partidos políticos o candidatos.

En el proyecto plantea que la actuación y desempeño de las y los consejeros se tiene que llevar a cabo bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

Y es que Batres Guadarrama señaló que hoy en día se tiene un Instituto Nacional Electoral que parece más un partido político que un órgano electoral imparcial, pues ha hecho públicas en diversas ocasiones, sus opiniones sobre partidos y candidatos.

Recalcó que se debe contar con un INE sin compromisos con las fuerzas políticas contendientes.

Acusó que tanto el presidente del INE, Lorenzo Córdova, como otros consejeros, han incurrido sistemáticamente en un conjunto de declaraciones y acciones, con el objetivo de inclinar la balanza a favor de cierta coalición de fuerzas políticas y en contra de otra.

“No le corresponde al Institutito, a sus consejeros o a su Presidente, definirse ideológica y políticamente en una contienda electoral”, advirtió el legislador.

El morenista señaló que la iniciativa que plantea formen parte de los debates que se llevarán a cabo sobre una posible reforma electoral una vez que se finalice la actual contienda. “Queremos un órgano que cuide las elecciones, que cuente bien los votos, no que haga campaña política, ni en contra ni a favor de nadie”.

La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado.

Porfirio Muñoz Ledo, actual Diputado federal y quien quedó fuera de las listas de Morena de legisladores que buscarían su reelección por la vía plurinominal, anunció que formará un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, con la intención de defender la Constitución y a los organismos autónomos.

“Se trata de que defendamos la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las instituciones como el INE, INEGI, INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, producto de un avance democrático en el país que impulsamos muchos sectores”, dijo el legislador en entrevista con el diario Reforma.

Muñoz Ledo aseguró que el Frente al que convocará se separará de la oposición al gobierno y de la coyuntura electoral, indicando que convocará a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados en defender a las instituciones y organismos.

El líder las izquierdas en México se dijo preocupado por el rumbo que está tomando el gobierno federal, pues además de que pareciera estar rodeado de gente de “derecha”, se perfila a convertirse en el “país de un solo hombre”. “Es el momento de pararlo y es un momento por la restauración de la democracia”, dijo el legislador.

Sobre la intención de Muñoz Ledo, el presidente López Obrador aseguró este viernes que está en su derecho aunque no comparte la intención que tendría el Frente.

“Pues que está en todo su derecho, es libre, los ciudadanos somos libres y, además, si se es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres”, sostuvo el mandatario.

Sobre el tema, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un exhorto para que se respete la institucionalidad de los diversos órganos autónomos del país.

Y es que ante el anuncio del presidente López Obrador de desaparecer los órganos autónomos mediante la preparación de una reforma administrativa para trasladar sus responsabilidades a las secretarías de Estado, el CCE pidió protegerlos e incluso fortalecerlos, ya que dijo son parte fundamental del Estado de Derecho y la democracia nacional.

“El CCE manifiesta su profunda preocupación por tal anuncio y expresa su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda reducir sus funciones o desaparecer a las instituciones catalogadas como autónomas; más cuando se trata de un tema eminentemente constitucional que supera el ámbito administrativo”.

Sostuvo que los diversos entes autónomos son un pilar esencial del andamiaje institucional del país, que han aportado a la consolidación del mismo y contribuyen a aumentar la confianza de la sociedad y de la comunidad internacional en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves en que presentará una reforma electoral, esto después de que se cancelara los registros de los candidatos de Morena a dos de las gubernaturas que se renovarán el próximo 6 de junio.

El mandatario acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) y al Instituto Nacional Electoral (INE) de “violar los derechos” de Raúl Morón, quien quería ser gobernador de Michoacán, y Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernador de Guerrero, acusado además de delitos sexuales.

“Sí, la voy a presentar (la reforma) porque, por ejemplo, se quedan en estado de indefensión, es una violación constitucional, violación a sus derechos, podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro de que les darían la razón, ¿pero cuánto lleva ese trámite?”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Y aunque dijo que ya había manifestado su posición, el presidente se lanzó de nueva cuenta contra los árbitros electorales (INE y el TEPJF), que cancelaron de forma definitiva las candidaturas de ambos morenistas por no presentar sus informes de precampaña, como establece la ley electoral.

López Obrador insistió que la remoción de las candidaturas “no se justifica” y que “el pueblo debe decidir”. “Fue un golpe a la democracia y creo que estos órganos no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia”, sostuvo.

La pugna entre el presidente y los organismos electorales toma mayor fuerza de cara a las elecciones más grandes de la historia de México, cuando casi 93.5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1,900 ayuntamientos.

El mandatario y su partido han acusado a los árbitros de comportarse como oposición contra sus candidatos. “¿Cómo descalificar desde arriba con órganos facciosos que fueron integrados por componendas de partidos que están al servicio de grupos de intereses creados, políticos y económicos?, cuestionó López Obrador.

López Obrador insistió en sus señalamientos de que los organismos de “estar al servicio del partido conservador”.

Fue en ese punto donde indicó que como parte de la reforma administrativa que se estará presentando en breve, se busca que las funciones de organismos autónomos regresarán a las secretarías de Estado.

Sirvió para decir que con ello se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hablar este lunes sobre una eventual reforma electoral, esto luego de semanas de enfrentamientos con el Instituto Nacional Electoral (INE), al que ha acusado de comportarse como opositor.

“En el caso del INE, tenemos que buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respeten la voluntad del pueblo, que haya elecciones limpias y libres”, reiteró este lunes el presidente López Obrador.

El mandatario no quiso detallar la reforma con el argumento de que hay veda electoral, lo que le impide hablar de temas controvertidos, e incluso acusó a uno de los consejeros del INE, Ciro Murayama, de “querer encarcelarlo”.

Aun así, sus declaraciones ocurren después de que Ricardo Monreal, coordinador en el Senado de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pidió “una profunda reforma electoral”.

“Ha llegado el momento de pugnar por una reforma electoral profunda, que impida, entre otros puntos, ver a un Instituto Nacional Electoral totalmente fuera del principio de la legalidad”, declaró Monreal el sábado pasado.

Sobre la reforma, a la cual ha dejado abierta la puerta, López Obrador ha señalado que se tendría que realizar en dado caso una vez que pasen los comicios del próximo 6 de junio, cuando se conozca la integración del Congreso.

Entre los casos que han influido en el enfrentamiento entre AMLO y el INE, aparecen el tema de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien es acusado de violar o abusar de cinco mujeres, y que coincidió con la cancelación su registro como candidato a gobernador de Guerrero por no entregar su informe de precampaña.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá este martes sobre el futuro del guerrerense.

El INE también ha cancelado la candidatura de casi una decena de aspirantes a diputados de Morena y del candidato a gobernador de Michoacán, Raúl Morón. Otros temas que han ocupado la agenda es que López Obrador ha acusado a quienes defienden al INE de avalar el presunto fraude electoral que él dice que padeció en 2006.

“Se tiene que evitar el fraude electoral y el manejo del fraude también en medios de información, bueno el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto”, dijo AMLO.

AMLO afirmó que sus declaraciones no se relacionan con su partido ni con el apoyo a sus candidatos. “Esto es hablar de la democracia, si México se hundió fue por la falta de democracia que produjo una terrible pandemia de corrupción, entonces necesitamos la democracia”, sostuvo.

A través de un comunicado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, celebró la aprobación de las leyes reglamentarias al Poder Judicial en la Cámara de Diputados.

Agradeció a las y los legisladores por aprobar dichas leyes que dijo, son las más trascendentes desde 1994, que permitirán tener un Poder Judicial renovado y fortalecido. “Los méritos de esta reforma son indiscutibles y producto de un trabajo de años y de un amplio consenso”.

Tras varios días de silencio sobre el tema, Zaldívar habló sobre el artículo transitorio que incluyó el Senado, y con el que se amplía por dos años la duración del presidente de la Suprema Corte. Indicó que no se había pronunciado por respeto al procedimiento legislativo.

Zaldívar precisó que aunque el artículo transitorio extiende el periodo del presidente de la SCJN, no extiende el plazo de encargo como ministro de la Corte.

Tal como lo hiciera el Consejo de la judicatura Federal, Zaldívar se deslindó del artículo incluido; indicó que no participó en su elaboración, y detalló que su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo.

Señaló que estará atento a la publicación de las reformas, y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte, órgano que dijo, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad.

“Ejerceré el cargo del Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo por el cual fui electo por mis padres y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria. Es a través de la sentencias como a las personas juzgadoras debemos y esperamos ser evaluadas. Asimismo, seguiré defendiendo la independencia y autonomía del PJF y de todas las juzgadoras y juzgadores federales tanto de críticas del Poder formal como de los poderes fácticos”.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó su apoyó a las reformas que se aprobaron en lo general en la Cámara de Diputados, y que contemplan la extensión de mandato del titular de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; dijo que así se podrán impulsar los cambios necesarios dentro del Poder Judicial, que está “muy mal”.

“Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y que si encabeza esta reforma el presidente la Suprema Corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido”, respondió AMLO al ser consultado sobre el tema.

Dijo que “desgraciadamente” está “muy mal” el Poder Judicial, situación que atribuyó a los gobiernos anteriores, cuando aseguró, había una “República simulada”, donde todos los poderes institucionales estaban “tomados” por un mismo grupo.

AMLO insistió en que se tenía “cooptados” a todos los funcionarios, y en el caso de la Justicia, eran la mayoría de jueces, magistrados y ministros. Sostuvo que en el Poder Judicial “seguiría lo mismo” sino fuera por el actual presidente de la SCJN.

Aprovechando su discurso, dijo que son los “conservadores” los que se oponen a los cambios, y sirvió para que se lanzara una vez más contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado amparos contra la reforma eléctrica y contra la obligación de registrar datos biométricos de usuarios de la telefonía móvil.

Recordó que los opositores a sus reformas siempre pueden “inconformarse” ante el Poder Judicial y declarar que estas son inconstitucionales.

En ese sentido dijo que en caso de que se impugnen los cambios, si los órganos autónomos, el Poder Judicial o el Legislativo resuelve que no son procedentes, “no pasa nada”, aunque aseguró que así él y su administración tendrán la “conciencia tranquila” ya que no fueron cómplices.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay “vicios y nepotismo” en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre “íntegro”. “Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores”, dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

“El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia”, dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. “Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes”, agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

“El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

“La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024”, se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es “un golpe de Estado al Poder Judicial”.

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y “gozaron de la aceptación de las y los legisladores”.

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

“Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia”, concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

“Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo”, respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

“Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte”, reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.

Durante la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se presentó un artículo transitorio por el que se amplió el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo al acuerdo presentado, y aprobado con el apoyo de las bancadas afines a la 4T (Morena-PT-PVEM-PES) el periodo de Zaldívar pasa de 4 a 6 años, mientras que el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, aliado de su partido, a quien la oposición acusó de pretender hacer uno uso electoral del tema.

Monreal dijo que los partidos que se dicen en contra del artículo tienen caminos jurisdiccionales, aunque también  también tienen caminos legislativos, pues explicó que el Senado es Cámara de origen, por lo cual los Diputados pueden “enmendar, pueden corregir si ellos lo consideran pertinente y eliminar esta reserva”.

“Convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y de la mayoría, para que nos corrijan la plana. No sería la primera ni la última vez que esto sucede”, advirtió el morenista.

Recordemos que Arturo Zaldívar fue electo ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que desempeñaría hasta diciembre del próximo año, casi dos años antes de que López Obrador finalizara su mandato. Sin embargo, con la aprobación del articulo incluido en la reforma secundaria, su gestión se extiende hasta 2024, año en que AMLO dejaría el poder.

Los partidos de oposición calificaron de un “albazo, un engaño y un agandalle” la inclusión y aprobación del articulo, orquestado dijeron, desde la bancada de Morena. Aseguraron que la propuesta nunca circuló entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció el hecho como un golpe de Estado, además de que “están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura”, toda vez que el artículo 100 de la Constitución marco un periodo de 5 años para los consejeros, señalando que no pueden ser reelectos para un periodo posterior.

Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano pidió al presidente de la SCJN que “por decoro y dignidad” no acepte la “aberración jurídica.

La oposición coincidió en que dicho artículo no se discutió, informó, ni se incluyó en la gaceta, ocasionando “confusión” que llevó a que legisladores del PRI votaran a favor del mismo.

La legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.

El Senado indicó que el objetivo de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, es erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.

Según lo expuesto en el texto, la reforma contempla un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

Asimismo, establece sanciones con responsabilidad administrativa a los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Poder Judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, enviará una propuesta de reforma constitucional al Congreso, pues dijo, no se puede ser cómplice de robos y atracos que afecten a los que menos tienen.

“Estoy seguro que no es anticonstitucional la reforma, pero si lo determina el juez, el ministro de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, señaló.

La diferencia entre la propuesta que hizo, que se aprobó y que ha dado paso a los amparos, y la que adelantó hoy que podría presentar, es que la nueva se trataría de un cambio a la Constitución, lo que implicaría que Morena y aliados mantengan la mayoría en el Congreso.

“Entonces que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos (quienes apoyan los amparos) están apostando a que no tengamos mayoría, para seguir manteniendo privilegios”, refirió López Obrador.

Recordemos que dos jueces han concedido cerca de 30 amparos o suspensiones provisionales contra la reforma que AMLO impulsó a la Ley de la Industria Eléctrica.

En un intento de matizar sus declaraciones, el mandatario indicó que su gobierno respetará las decisiones que tomé el Poder Judicial, pues hay autonomía e independencia de los poderes. Enfatizó que “estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de derecho”.

El presidente también se lanzó en contra de dos mineras canadienses, que dijo, operan en el país de forma ilegal. Incluso advirtió con retirarles las concesiones si no corrigen su funcionamiento.

“Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá, de lo contrario vamos a actuar legalmente”, expresó el mandatario al señalar a la mina de Cosalá (Sonora), operada por la canadiense Americas Gold And Silver, donde los trabajadores escogieron a un sindicato “pero como no es del agrado de la empresa, esta no quiere iniciar actividades”; la otra mina señalada es la de Tayolitita (Durango), de la canadiense First Majestic, que dijo AMLO, “no quiere pagar impuestos” y está buscando instancias internacionales para evitarlo.

“No se vaya a entender como una amenaza o advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión y no van a faltar empresas que quieran, de acuerdo la ley, llevar a cabo los trabajos en la mina”, dijo López Obrador.

Así, el mandatario hizo un llamado a las autoridades canadienses para que ayuden con dichas empresas y hagan lo mismo que en Canadá, que paguen impuestos, que traten bien a los trabajadores y que protejan el medioambiente.

Un juez suspendió de forma provisional este jueves “todas las consecuencias” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se publicó el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación, luego de que el Congreso aprobara sin cambios el proyecto que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con el expediente 119/2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgó una suspensión provisional al Parque Solar La Orejana de Sonora, pero con efectos para todos los participantes del mercado eléctrico.

“Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector”, detalló el juez Juan Pablo Gómez Fierro.

Este es el primer amparo que otorga el Poder Judicial en relación a la reforma eléctrica que elimina el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El juez Gómez Fierro recordó que él ya ha fallado contra disposiciones similares en la política de “confiabilidad” que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en febrero pasado.

“Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados”, expuso.

Ayer, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución. Los empresarios argumentan que la reforma causará un sobrecosto de 60,000 millones de pesos porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados.

Adicional, en el Congreso, legisladores de oposición y algunos gobiernos estatales han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.

Tras esta suspensión provisional, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver. “La medida cautelar que se otorga no implica que queden insubsistentes las normas reclamadas sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio”, precisó el juez.

Al agradecer a los senadores que aprobaron esta madrigada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el mes pasado al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que tomó la decisión de proponer la iniciativa ante la negativa de empresas extranjeras de renegociar los contratos que se tienen, a los cuales se refirió como “leoninos”.

“No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y tengamos mejores condiciones y defender el interés público”, sostuvo.

El presidente mencionó que tras la aprobación de la reforma eléctrica tiene pensado hablar con la empresa española Iberdrola y otras 10 compañías.

“Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico, entonces vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política”, indicó.

El presidente aseguró que “no quiere expropiar por expropiar” ni generar miedo a los inversionistas. Recordó que desde que asumió la presidencia, no se ha hecho ninguna expropiación, lo cual aseguró, garantiza los negocios de los inversionistas.

Incluso pidió a sus adversarios que no infundan miedo a los inversionistas, pues alertó que sus detractores han estado usando el tema de la reforma eléctrica para atemorizar a empresarios.

Y es que el principal cambio de la reforma será eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La reforma también cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE, algo que impedirá a México cumplir con su compromiso ante el Acuerdo de París para generar 35% de la energía con fuentes limpias en 2024.

AMLO aprovechó esta mañana para adelantar que en los próximos días dará a conocer un plan de modernización de las hidroeléctricas; indicó que se van a cambiar turbinas para producir “más energía limpia, con menos costo”. Se comenzará con 14 hidroeléctricas del país.

Entrada la madrugada de este miércoles, el Pleno del Senado aprobó en lo particular, con 68 votos a favor y 49 en contra, el dictamen de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Tal como se esperaba, tras poco más de cuatro horas de discusión, Morena, PT y PES rechazaron las propuestas de modificación, presentadas por senadoras y senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD.

También fueron desechados los puntos presentados por Nancy de la Sierra Aramburo del PT y de Germán Martínez Cázares de Morena.

Previamente, alrededor de las 20:30 horas de ayer, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Pleno aprobó, en lo general, el dictamen.

Previo a la votación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional, ya que privilegia las energías limpias, fortalece la soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la CFE.

Negó que el dictamen elimine la generación de energía eléctrica a través de plantas de energía limpia, y explicó que se establece un orden de prioridad a nucleoeléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE. “México sí es promotor del uso de energías limpias”, recalcó.

Monreal Ávila recordó que desde el 2013, Morena, entonces oposición, advirtió que revertirían la “reforma energética” de ese entonces, pues privatizaba y desmantelaba al Estado de su prestación de este servicio público. “A los legisladores que éramos oposición se nos pisoteó, ignoró y humilló”,

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, dijo que el dictamen provocará repercusiones en diversas áreas del desarrollo nacional, afectará obligaciones de tratados internacionales, violará el texto capítulo 22 del T-MEC y, en consecuencia, expone al país a demandas y mecanismos sancionatorios.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y condenará al pueblo de nuestro país a pagar dicho aumento.

Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes denunció que el dictamen se procesó sin escuchar opiniones. Y aunque dijo que nadie puede negarse a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, enfatizó que no es razonable poner en riesgo el proyecto de la modernización productiva y de la captación de inversiones sólo por apuntalar a dicho organismo.

En la discusión, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que debe discutirse un nuevo pacto social energético con visión de futuro, que supere los excesos del pasado, garantice los derechos de las generaciones siguientes, el suministro de energía y la justicia social, además de consolidar el rol de Estado y su soberanía en tiempos de globalización.

Gabriela Benavides Cobos, legisladora del PVEM, dijo que, si en realidad queremos ser un país productor de energías limpias, es incongruente que la Ley exija a la Federación operar mayormente con gas y quema de combustóleo.

Los legisladores de la oposición reprocharon a la bancada de Morena, PT y PES haber obedecido al presidente, y haber aprobado el dictamen sin moverle ni una sola coma. “¡Bravo! Cumplieron la instrucción de no mover ni una sola coma”, dijo el Senador de MC, Dante Delgado.

Recordemos que el proyecto de decreto, remitido por la Cámara de Diputados y avalado por las comisiones unidas de Energía; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, tiene su origen en una iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de dicho ordenamiento.

Pemex reportó este viernes una pérdida neta de 21,417 millones de dólares en todo 2020, un aumento de 38.2% frente al resultado también negativo de 2019, pese a registrar una ganancia de 5,531 millones de dólares en el cuarto trimestre del año.

Al presentar su informe financiero, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reconoció que la compañía del Estado afrontó la “peor crisis de su historia” en 2020, pese a dos trimestres consecutivos de ganancias en la segunda mitad del año.

La compañía señaló que los ingresos totales de la compañía cayeron a 42,469 millones de dólares, un 32% menos que en 2019. Dentro de este rubro, sobresalen disminuciones de ventas nacionales de 37.6% hasta los 22,433 millones de dólares y de 24% en exportaciones para llegar a solo 19,826 millones de dólares.

Pese a estas cifras negativas, el director de Pemex presumió el aumento anual de 0.2% en la producción total de crudo y condensados de Pemex, que alcanzó un total de 1,706 millones de barriles diarios (Mdb). En contraste, la producción de gas natural de Pemex y sus socios cayó un 0.9% al situarse en 4,852 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd).

Después de deducir el costo de las ventas, el rendimiento bruto se ubicó en 4,975 millones de dólares, una caída del 38.6% a tasa anual. En tanto, el rendimiento de operación cayó 193.2%, al situarse en una cifra negativa de 1,536 millones de dólares.

La petrolera precisó que el rendimiento antes de impuestos y derechos, conocido como ebitda, fue negativo al decrecer 7,121.5% respecto a 2019 para ubicarse en una pérdida de 13,144 millones de dólares. El total de los pasivos de Pemex, que incluyen deudas de corto y largo plazo, impuestos y derechos, así como pasivos laborales, ascienden a 193,507 millones de dólares, 11% más que el cierre del año anterior.

La deuda financiera total de Pemex creció 13.9% comparada con el cierre de 2019 para situarse en 100.579 millones de dólares.

Las pérdidas de Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo, persisten pese a las intenciones del presidente López Obrador de “rescatar” a la empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a Estados Unidos “respetar” las decisiones que se toman en México en materia energética, esto en referencia a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se aprobó esta semana en la Cámara de Diputados, y que ahora se encuentra en el Senado para su discusión y eventual aprobación.

“No nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América. No nos metemos porque no queremos que nadie decida sobre lo que corresponde a los mexicanos”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre las declaraciones que han hecho funcionarios del país vecino, especialmente Julie Chung, subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidente.

López Obrador defendió que la política energética “es un asunto de las políticas de cada país”, por lo que dijo, “somos libres y soberanos. Somos independientes”.

Esquivó la confrontación con el gobierno de Estados Unidos al decir que sus funcionarios opinan que México debe actuar de cierta forma, lo que dijo está bien ya que se debe garantizar la libertad de expresión; sin embargo dijo, “debemos de respetar en esta materia del manejo de la política eléctrica”.

Incluso AMLO dijo que las heladas de este mes en Texas, que congelaron ductos de gas natural provocando apagones de electricidad, demostraron que “no funciona tan bien la política energética que se aplica cuando menos en ese estado”. “Pero eso ya no me corresponde a mí mencionarlo”, dijo el presidente.

La agencia Moody’s advirtió este jueves que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó esta semana la Cámara de Diputados luego de que la enviara el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), traerá un impacto negativo al sector porque socava la competencia y los objetivos de energía limpia del país, advirtió este jueves

“Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica tendrán impacto crediticio negativo para el sector porque limitarán la inversión privada en renovables, al dar prioridad al despacho a CFE, sobre la generación privada”, indicó Adrián Garza, analista vicepresidente sénior de la agencia calificadora.

Recordemos que el principal cambio de la iniciativa que envió AMLO y que se aprobó en Diputados,  es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

“Con esto, se pone en riesgo llegar a la meta de generación de energía limpia de 35% del total en 2024”, indicó Garza.

Alertó que la reforma también elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que participan privados, ordena revisar los contratos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Los cambios, dijo el analista de Moody’s, ocurren en un tiempo difícil para las crecientes necesidades energéticas del país, que dentro de los próximos 14 años tendrá un incremento de 2.8% en la demanda, con base en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).

Pese a lo advertido por la calificadora, y que coincide con lo que han dicho diversos especialistas, el gobierno ha justificado la urgencia de la reforma para “fortalecer” a la CFE.

El plan de negocios de la CFE de 2021 a 2025 contempla proyectos de gas y ciclo combinado en lugar de renovables, por lo que la reforma aumentaría la dependencia sobre este combustible, que ya representa 60% de la generación de electricidad, observó Moody’s.

El proyecto de reforma ya se encuentra en el Senado, donde debe discutirse y votarse dentro de un plazo de 30 días por ser de carácter preferente.