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Este jueves, Rosario Robles interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación, por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los periodos en que estuvo al frente de estas dependencias.

Según el expediente 646/2019 del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la exfuncionaria reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución en los artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Rosario Robles advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria. Ayer el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de Robles solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

Este jueves la Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles el delito de ejercicio indebido del servicio público por presunta omisión al momento de evitar o denunciar actos ejecutados por terceros que podrían causar un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 369 mil 846 pesos.

De acuerdo con la Fiscalia el quebranto, que se habría dado vía ‘La Estafa Maestra’, se ejecutó a través de al menos 27 convenios generales de colaboración y sus respectivos apéndices firmados entre 2013 y 2018 por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Desarrollo Social (Sedesol) con diversas universidades de los estados de Morelos, Hidalgo, Quintana Roo Chiapas y algunas empresas de comunicación de Sonora, Quintana Roo e Hidalgo.

En la audiencia que se celebra este jueves, también se señaló que entre las irregularidades de los convenios está que muchos servicios no se realizaron e incluso son inexistentes, y jamás se verificó que las instituciones tuvieran la capacidad técnica para realizar los mismos.

La Fiscalía hizo una imputación general, por lo que la defensa de Robles pidió al juez que se detallara con precisión la fecha de los citados convenios, personas que los firmaron y el contenido de los contratos para establecer la imputación a su clienta.

Esta petición fue aceptada, por lo que se declaró un receso que concluirá hasta las 17:00 horas de este jueves.

Cerca de medio día, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, arribó al reclusorio sur para comparecer ante un juez luego de que la Fiscalía General de la República solicitara la audiencia.

Tras llegar en su automóvil, acompañada de su abogado, sus hermanas e hija, Mariana Moguel, la exfuncionaria pidió a los representantes de los medios de comunicación le permitieran avanzar.

En su lucha por ingresar a la sala, Robles dijo “aquí estoy, como lo prometimos, dando la cara como siempre y muy tranquila”.

“Solamente quiero decirles que estoy bien. Lo único que quiero decirles en este momento voy a entrar a la audiencia, a conocer apenas (investigación y acusaciones)”, añadió.

Cuando finalmente se dispuso a hablar brevemente con los medios, la excolaboradora del presidente Enrique Peña Nieto se dijo tranquila de acudir a comparecer, ya que no tiene nada que esconder ya que no incurrió en ningún delito durante sus gestiones.

Recordemos que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el pasado 25 de julio a un juez de control en turno de Justicia Penal Federal radicado en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, vincular a proceso a Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público en relación a la llamada ‘Estafa Maestra’.

 

Foto: Twitter @nayaroldan

Esta mañana se informó que un juez federal negó la suspensión definitiva contra su posible detención a Rosario Robles, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a proceso por el caso de la Estafa Maestra.

El juez décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México ordenó devolver a la exfuncionaria federal los 69,500 pesos que pagó como garantía para suspender cualquier orden de aprehensión en su contra.

Será este jueves cuando la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comparecerá ante un juez de control del Reclusorio Sur. Robles aseguró que acudirá a dicha audiencia, pues dijo, dará la cara como siempre lo ha hecho.

El delito por el que se busca vincularla proceso es el ejercicio indebido del servicio público.

Cabe recordar que las autoridades señalaron que hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, por lo que ante la inexistencia del acto reclamado, solicitaron al juez desechar el amparo.

Este lunes a través de un comunicado publicado en redes sociales, la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles informó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar que se presentará el próximo 8 de agosto ante el juez de control en el Reclusorio Sur por la acusación de ejercicio indebido del servicio público.

La exfuncionaria señaló: “No tengo nada que esconder por lo que me presentaré el jueves 8 (de agosto) como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos”.

Rosario Robles dijo ser víctima de un “linchamiento mediático”, que aseguró ha influido en los órganos encargados de procuración de justicia y “ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso”.

Por lo que pidió que el “efecto corruptor” del “juicio mediático” no influya en la decisión del juez que seguirá su caso.

“Me dirijo a usted (ministro Arturo Zaldivar) con todo respeto para acotar algunos hechos con seguridad de el poder judicial -que usted dignamente preside. será garante de una actuación imparcial con relación a la causa penal 314/2019”, declara Robles en el documento.

Agregó que confía en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que no hay de su parte consigna alguna en su contra.

“Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades de mi país.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que procedió a congelar las cuentas bancarias de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

La acción de la unidad dependiente de la SHCP se da en el marco de las investigaciones que se siguen en contra de Robles Berlanga en relación a los desvíos de recursos conocidos como la ‘Estafa Maestra’.

De acuerdo a lo trascendido, también fueron congeladas las cuentas bancarias de Emilio Zebadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Sedesol y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles encabezó ambas dependencias.

La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia para imputar y, en dado caso, vincular a proceso de la exfuncionaria federal por el uso indebido de recursos,.

En relación a dicha solicitud, el 31 de julio pasado, un juez federal concedió una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar cualquier orden de arresto contra Robles, para lo cual fijó el pago de una garantía de 69 mil 500 pesos.

Sin embargo, dicho recurso legal no protege a la exfuncionaria federal de órdenes de aprehensión por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Por su parte el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó la semana pasada que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis exfuncionarios que estarían involucrador con la Estafa Maestra.

De acuerdo a lo que ha concluido la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el desvío de recursos podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que desde el Congreso buscarán acelerar la resolución de la demanda de juicio político en contra de Rosario Robles, exsecretaria federal, por su probable participación en la llamada “Estafa Maestra”, por la cual se desviaron miles de millones de pesos.

“Desviaciones tan claras, robos tan claros, como los que vimos en la estafa maestra no pueden quedar impunes y debe haber una sanción judicial, administrativa y también política”, indicó Delgado.

Y es que el lunes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que la extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, fuese vinculada a proceso por presunto ejercicio indebido del servicio público y citada a comparecer el próximo 8 de agosto ante un juzgado federal.

Delgado Carrillo aseguró que el caso de la “Estafa Maestra” se documentó perfectamente por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y se señaló cuáles secretarías estaban involucradas, por lo que “hay que apoyar lo que está haciendo la Fiscalía”.

En una breve conferencia en el marco de la Comisión Permanente, el morenista aprovechó para referirse a las reformas al Código Penal de Tabasco en materia de bloqueos y manifestaciones, conocida como #LeyGarrote; rechazó que estas modificaciones vayan en contra del libre tránsito y expresión.

“De ninguna manera está penalizando la libre manifestación y tránsito, pero cuando hay extorsión sí se está tipificando como delito, pues Tabasco ocupa uno de los primeros lugares en este ilícito”, indicó.

El Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal concedió una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el sexenio pasado.

Y es que este lunes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) busca vincular a la también exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a proceso por el indebido del servicio público por la llamada ‘Estafa Maestra’.

El juez  Patricio Leopoldo Vargas admitió la demanda de la exfuncionaria al indicar que el delito de ejercicio indebido del servicio público no amerita prisión preventiva.

“Por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia, así como la ejecución de dicho acto, se concede la suspensión provisional a María del Rosario Robles Berlanga, para el efecto de que no sea presentada por conducto de la fuerza pública ante las autoridades responsables ordenadoras”, expuso el juez.

Sin embargo, para que la suspensión concedida tenga efecto, tendrá que pagar 69 mil 500 pesos de garantía en un plazo de cinco días.

Adicional, la suspensión no aplicará en caso de que los delitos de los que se les acusen cambien, y éstos ameriten prisión preventiva oficiosa.

Este martes, Julio Hernández el abogado de Rosario Robles promovió un juicio de amparo en el que acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no respetar el debido proceso ni el derecho de defensa de su clienta por lo que pidió que se suspenda cualquier orden de detención.

El abogado, Señaló que él y su clienta se enteraron del caso por los medios de comunicación y luego de ello, acudió a la FGR para ser enterado de las acusaciones que se le imputan, pero nuevamente se le negó toda información con el argumento de que el caso ya está judicializado.

Además indicó que les ha sido negado el derecho de audiencia, el derecho de defensa ha sido negatorio, y puntualizó que no han podido ofrecer pruebas de su inocencia.

Refirió que, aunque existe la posibilidad de que Rosario Robles sea detenida el 8 de agosto próximo, cuando acuda a comparecer ante el juez, él espera que no ocurra.

En las próximas horas se sabrá si el juicio de amparo es aceptado, a que juzgado se asigna y si se concede algún tipo de suspensión.

Luego de se que diera a conocer la solicitud que hiciera la Fiscalía General de la República (FGR) a una juez para imputar y vincular a proceso a Rosario Robles Berlanga, fue la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) quien emitió un posicionamiento.

En una tarjeta enviada a Grupo Fórmula, aseguró que la acusación de la FGR es una flagrante violación a sus derechos y al debido proceso, pues dijo que era “inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí”.

Afirmó que fue a través de los medios que se enteró que la acusación que se le hace es por ejercicio indebido del servicio público. Señaló que la FGR fue quien filtró la información a los medios.

Robles Berlanga dijo que en el citatorio para comparecer el próximo 8 de agosto, no se establecen ni las causas ni los hechos que se le imputan “minando con ello mi capacidad de defensa”.

Pese a considerar que es lamentable la forma en que se han dado a conocer las cosas, la exfuncionaria indicó que tal como siempre lo ha hecho, “dará la cara”.

Acusó que en todo el proceso jamás ha tenido la oportunidad de defenderse, pues no ha sido requerida para comparecer ante la Fiscalía ni acceso a ninguna carpeta de investigación.

La exfuncionaria aseguró que como siempre, actuará con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. “Siempre he dado la cara y lo seguiré haciendo, con la debida salvaguarda de mis derechos”, apuntó en el escrito enviado al periodista.

Al respecto, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, expuso que su clienta no tiene nada que esconder “es inocente y la acusación es temeraria e infundada”, por lo que confirmó que se presentará a la comparecencia.

Reiteró que tarde o temprano se va a demostrar a la justicia mexicana que Rosario Robles es inocente, y afirmó que está siendo víctima de una “orquestación en su contra, infundada y apartada, desde luego, de la ley”.

En entrevista con Grupo Fórmula, el abogado dijo que la llamada Estada Maestra es un cuento que nunca existió. Es “una historia sacada de un libro de ficción”.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia inicial para vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en relación a la llamada Estafa Maestra.

Los delitos que se le estarían fincando a Robles serían contra la administración pública, por el uso indebido de recursos, derivado de los supuestos desvíos multimillonarios desde las dependencias que dirigió.

De acuerdo con un documento presentado el pasado 25 de julio, dirigido al juez de control en turno del Centro de Justicia penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio Sur, la FGR pide la audiencia de imputación y vinculación de proceso de la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto.

“Por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación de proceso, en contra de María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, se lee en el escrito dirigido al juez.

Tras la audiencia inicial, donde se le imputarán los delitos, será el juez quien determine si hay los elementos necesarios para vincularla a proceso, aunque podría alcanzar fianza debido a que el delito del que se trata no amerita prisión preventiva.

De acuerdo a lo que reveló Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Estafa Maestra es un esquema que se utilizó en 11 dependencias del gobierno en la administración de Peña Nieto, para hacer convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, aunque éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos “desaparecieron”.

Será el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas cuando se realice la audiencia inicial. Dado el delito, Rosario Robles podrá no asistir a la cita y sólo enviar a sus abogados.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó a Gustavo Rodríguez González, ex director general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual colaborador de Rosario Robles, debido a diversas irregularidades cuando estuvo en dicha dependencia.

El funcionario quien hasta hoy se desempeñaba como director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a donde llegó junto a Rosario Robles cuando ésta asumió la titularidad de la dependencia, confirmó que se separaba del cargo.

En conferencia de prensa, Rodríguez González informó las sanciones impuestas por la SFP, las cuales constaron en una multa económica y en la inhabilitación, aunque no reveló el monto ni el tiempo en que no podrá ejercer cargos dentro de la Administración Pública Federal.

El ahora ex funcionario indicó que se le acusa de no haber entregado materiales que comprueban la existencia de la campaña “Cruzada Nacional Contra el Hambre, 2 años cumpliendo” en 2015 cuando trabajó en Sedesol, aunque en el Estado de Resultados 2015 de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reconoció la existencia de los entregables de dicha campaña.

Al respecto, la SFP informó que del 1 de enero al 19 de septiembre de este año, se han impuesto tres mil 618 sanciones a dos mil 782 servidoras y servidores públicos, que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo al Registro de Servidores Públicos Sancionados, de este número de sanciones, mil 001 fueron amonestaciones públicas y privadas, 214 destituciones, 897 inhabilitaciones, mil 142 suspensiones y 364 sanciones económicas, con un monto acumulado de 956 millones de pesos.

 

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, guardan relación con el ex gobernador de Veracuz, Javier Duarte.

Se señala que en las actas de 5 empresas por las que circuló el dinero saqueado de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a su vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales que MCCI documento en una investigación independiente a lo que reveló días atrás el periódico Reforma. Se enfatiza que toda la red tiene su base de operaciones en Chiapas, en donde radica Gómez Méndez.

Recordemos que el diario nacional publicó que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Tanto en el caso revelado por Reforma, así como en la red chiapaneca de empresas fantasma que documentó MCCI aparece que se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

 

Investigación completa AQUÍ

Foto: Investigación MCCI tomada de Proceso

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que durante su gobierno no se va a perseguir a nadie, especialmente a funcionarios señalados de posibles actos de corrupción, pues indicó que no necesitará legitimarse como lo han hecho los gobiernos anteriores.

Sin embargo explicó que si hay investigaciones abiertas se van a continuar, y precisó que esas investigaciones no corresponderán al ejecutivo decidir cuáles sí y cuáles no, sino que dependerá del poder judicial

Al ser cuestionado sobre si planea llegar hasta el fondo sobre el presunto desvío en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que involucra a su ex titular, Rosario Robles, AMLO insistió en que su gobierno no va a perseguir a nadie,  pues rechazó recurrir a detenciones espectaculares para luego seguir con los mismos actos de corrupción

“Se agarraba a uno, dos, tres, cuatro o cinco… como chivos expiatorios, y luego le seguían con la misma corrupción. Vamos a terminar, acabar con la corrupción”, señaló el tabasqueño.

AMLO reconoció que lo único que conocen sobre los presuntos desvíos de Sedesol es lo que se ha publicado en los medios; sostuvo que no es algo que suceda únicamente en esa dependencia, sino que hay muchos casos y dependencias en los que se cometen actos de corrupción.

“Se los dijo así de manera clara y va para todos: si nos metiéramos a eso, no nos alcanzarían las cárceles, ni las Islas Marías”, esto en referencia a todos los escándalos que han involucrado a funcionarios de gobierno, a quienes se podría investigar.  Acusó que los medios de comunicación han callado durante muchos años el saqueo que los altos mandos han cometido en contra del país.

Dijo que los que saquean al país, son personajes que están todavía más arriba de Rosario Robles.

Adelantó que sí habrá procesos para investigar todas las irregularidades que se han ventilado en torno al gobierno federal, pero no venganza.

 

En el saqueo de más de 700 millones de pesos en efectivo a la Sedesol y la Sedatu, la empresa Servicios Empresariales Helte recibió en sus oficinas 493.6 millones de pesos en costales.

No obstante, quien figura como socio y administrador único de la empresa, Dionicio Domínguez H., trabaja como repartidor de gas desde hace 40 años, por lo que considera haber sido víctima de un robo de identidad.

De acuerdo con el periódico Reforma, Domínguez tiene un salario de 7 mil pesos mensuales más propinas, vive desde hace 20 años en una casa del Municipio de Tecamac, en el Estado de México, y asegura que no tiene ningún otro negocio, ni tiene relación alguna con el dinero que llegó a las oficinas de Helte, en Polanco.

Al igual que Helte, existen otras 75 “empresas” que sirvieron para dispersar los recursos que fueron desviados entre 2014 y 2016 de la Sedesol y de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, rechazó las acusaciones que este martes se publicaron en su contra en un diario de circulación nacional por el presunto desvío de 700 millones de pesos, cuando estuvo al frente de Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“Con relación a mi persona no existe ninguna denuncia por parte de ninguna autoridad. Los servicios que se contrataron tanto por Sedesol como por Sedatu se hicieron al amparo del Artículo primero de la ley de adquisiciones que es totalmente legal”, sostuvo en conferencia de prensa.

Explicó que las instancias competentes en verificar que los servicios contratados fueron recibidos, hasta ahora no han probado que eso no hubiera pasado.

“Soy las más interesada en que los Órganos competentes investiguen, seguimos hablando de auditorias que han pasado, que han ya sido superadas, y sin embargo, sin ninguna prueba, sin ningún elemento, sin ninguna posibilidad de vincular esto a mi persona se sigue mal informando y se sigue difamando”.

Robles indicó estar a favor de que tal como lo han pedido algunos legisladores, el nuevo gobierno investigue los hechos de los que se le acusa, pues aseguró estar absolutamente tranquila y sin nada que temer, pues su “trabajo lo acredita, mis ingresos lo acreditan, mis bienes que son públicos lo acreditan”.

Pidió que si alguien en Sedesol o en Sedatu hizo un mal uso de los recursos públicos, y si hay prueba de ellos, que se proceda conforme a ley, sin embargo dijo que son temas que no se solucionan en los medios, sino en las instancias legales correspondientes.

Lamentó que sin ninguna prueba se manche su nombre al vincularlo con supuestas irregularidades.