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Morena no quita el dedo del renglón y anuncia fecha para llevar a cabo los “conversatorios”, como le han llamado a los fotos donde se analizará cómo se designan los y las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Se indicó que estos conservatorios se realizarán del 30 de mayo al 20 de junio, y en ellos se abordarán temas de soberanía popular, marco constitucional de los derechos políticos y la progresividad y restricciones de la consulta popular,.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, explicó que el 30 de mayo el debate iniciará en materia de soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculación ciudadana, a fin de revisar y modificar del régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte.

El 6 de junio se abordará el marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en los temas de trascendencia nacional y en la dirección de los asuntos públicos.

Para el 13 de junio, el conversatorio se guiará sobre la eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular respecto a temas electorales; finalmente, el 20 del mismo mes se establecerán las conclusiones.

Todos los conservatorios se llevarán a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados y consistirá, dijeron los morenistas, en un ejercicio dialéctico, “previo a la solicitud de la consulta sobre un tema de trascendencia nacional para la sociedad mexicana en materia de impartición de justicia”.

El legislador expresó que, una vez concluidos los conversatorios, el Grupo Parlamentario de Morena y aliados emprenderán asambleas informativas en todo el país, para que las y los mexicanos conozcan los procesos e integración de la Suprema Corte.

“Estamos proponiendo la consulta para preguntar a los mexicanos -como parte del Plan C, el tercer componente previo a la reforma constitucional, simple y llanamente a los mexicanos si están de acuerdo o no que se modifique lo que establece el artículo 96 constitucional para designar a las y los ministros de la Corte”, expuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reprochó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar, en su totalidad, su decreto para blindar la información de los “proyectos prioritarios” al considerarlos como de “seguridad nacional e interés público”.

“El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, no les importa”, dijo al mandatario al ser cuestionado sobre el tema,

López Obrador insistió en que existe un divorcio completo entre la Suprema Corte, que dijo simula impartir justicia, y las necesidades de la mayoría de los mexicanos.

Ayer, el voto a favor de 6 de los 11 ministros del pleno de la SCJN dieron efectos generales a la invalidez, después de una controversia constitucional emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que alegó que impedía el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

López Obrador aseguró que ya sabía que la Corte trataría de frenar la construcción de las obras estratégicas de su administración, como el Tren Maya o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por lo que dijo, se blindaron con el decreto publicado el horas después del fallo de la Corte.

Denunció que todos los amparos están siendo presentados por un grupo de abogados vinculados a los magistrados.

“Existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo, desde la construcción del Aeropuerto (Internacional) Felipe Ángeles (AIFA)”, alertó.

Este grupo, que aseguró que emplea el nombre de Litigio Estratégico, estaría formado por el exministro de la SCJN José Ramón Cossío, quien se ha posicionado en contra de muchas de las medidas de López Obrador; el exsecretario de Gobernación bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, Fernando Gómez-Mont; y varios abogados.

“Su especialidad es el tráfico de influencias (…). Este grupo influye mucho en la (Suprema) Corte. Y los que están en la Corte vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos”, indicó.

Ayer, el ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, señaló que la democracia no se mide por cómo se llega al cargo, en referencia a la propuesta que Morena promueve desde semanas atrás, sino porque se obliga a que se cumpla todo aquello que la ley establece en beneficio de quienes la merecen.

“El Juez se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias”, sostuvo.

Indicó que “estamos fuertes” en la Corte, convencidos de lo que hacen él y sus homólogos. “El día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea”.

En ese sentido, en su mensaje de esta mañana, el presidente aseguró que la Suprema Corte no defiende la Constitución, sino los intereses de quienes se “sentían dueños de México”.

“Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución. Tan no la defienden, que ellos la violan, tan claro porque no estoy inventando nada, de que hay un artículo, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, y ellos ganan cuatro o cinco veces más de lo que yo gano. Que no vengan con demagogia, porque ya no es ese tiempo de que engañaban”, sostuvo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció los efectos de la invalidez dictada en la controversia constitucional promovida en contra del acuerdo que catalogaba las obras públicas o proyectos prioritarios como de seguridad nacional y de interés público.

El llamado decretazo que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado publicado el 22 de noviembre de 2021, fue invalidado la semana pasada, y para hoy los ministro definirían los efectos y alcances que tendría.

La SCJN determinó en cuanto a dichos efectos, por mayoría de seis votos, que la invalidez del acuerdo es de carácter total, por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la cual quedó insubsistente.

Esto significa que la invalidez tiene efectos generales y no solamente los de competencia del Inai, que fue quien presentó el recurso en contra del ‘decretazo’.

Los ministros que votaron por la invalidez general fueron: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Margarita Ríos Farjat y la ministra presidenta Norma  Piña Hernández.

En tanto, los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. Estos últimos tres fueron quienes en la discusión de la semana pasada votaron por mantener el decreto.

Como parte de la decisión de la Corte de hoy, se indicó que por tratarse de una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del nuevo Decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se declara la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras, como de seguridad nacional y de interés público.

El Instituto, que se encuentra inoperante al no contar con los comisionados necesarios para sesionar, advirtió que la publicación de dicho Decreto viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal en la controversia constitucional 217/2021, que interpuso en diciembre de 2021, para impugnar el Acuerdo del 22 de noviembre de ese mismo año, por el cual el Presidente de la República declaraba como de seguridad nacional los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal.

Precisó que al admitir la controversia constitucional, la SCJN determinó procedente la suspensión de todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, pues la información derivada de esos proyectos y obras podría ser considerada también reservada por seguridad nacional e interés público.

El INAI concluyó que el Decreto publicado ayer por el presidente López Obrador se encuentra en los mismos términos del Acuerdo de noviembre de 2021 y, en ese sentido, viola la suspensión otorgada por el Máximo Tribunal, lo cual podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con esas obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras.

Es importante precisar que la suspensión se encuentra vigente, debido a que la controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad.

Explicó que si bien en la sesión de ayer, el Pleno de la Corte determinó la invalidez del Acuerdo del 22 de noviembre de 2021, lo cierto es que no se dictaron los efectos de la sentencia, con lo cual no se puede considerar como un asunto totalmente concluido.

Adicional al recurso de queja, el Instituto solicitó al Máximo Tribunal que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021, que se prevé sean dictados en la sesión del próximo lunes, se hagan extensivos al Decreto publicado ayer, debido a la similitud existente, toda vez que en ambos se catalogan como de seguridad nacional e interés públicos las obras de infraestructura a cargo del Gobierno federal, lo cual afecta el derecho a saber de la sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el cual clasificó como de “seguridad nacional” las obras y proyectos prioritarios de su gobierno, tales como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas, entre otros.

Mediante el acuerdo, el gobierno ordenaba autorizar permisos provisionales a las obras para que pudiera avanzar aún sin dictámenes, permisos o licencias, además de que restringía el acceso a la información sobre dichos proyectos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó la controversia constitucional, al señalar que el acuerdo implicaba una reserva “anticipada y generalizada de la información” sobre las obras estrellas de la 4T, lo que dijo, vulnera el derecho a la información.

El proyecto discutido corrió a cargo del ministro Juan Luis González Alcántara, en donde se indica que se transgrede el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para su salvaguarda.

Al inicio de la sesión, los ministros determinaron que el acuerdo se trataba de un acto administrativo y no una norma general, por lo que sólo requerían seis votos a favor del proyecto para declararse inconstitucional.

Pese a esto, la invalidez se dio con 8 votos a favor, de los ministros: Luis González Alcántara Carrancá; Javier Laynez; Luis María Aguilar; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Alberto Pérez Dayán; Margarita Ríos Farjat; Jorge Pardo Rebolledo y Norma Piña.

En tanto, y tal y como se preveía, los ministros que votaron en contra del proyecto fueron: Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Fue el 22 de noviembre de 2021 cuando el presidente publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que declaró “de interés público y seguridad nacional” la realización de proyectos y obras de infraestructura, desarrollo social y turismo a cargo del gobierno. 

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, e impulsor de dicha propuesta, Ignacio Mier, adelantó que en breve se presentará la solicitud formal ante la Comisión Permanente para llevar a cabo la consulta popular en relación a la elección de ministros de la Suprema Corte.

“La invitación a todos la vamos a formular puntualmente la próxima semana, para que antes de que concluya la Comisión Permanente se esté presentando la solicitud, la turnen como parte del informe de la Permanente a la Cámara de Diputados, tome conocimiento de ella el nuevo presidente o presidenta de la Cámara, y se dé inicio al procedimiento legislativo”, indicó el morenista.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) resaltó que se trata de una consulta para conocer la opinión de las y los mexicanos para saber si quieren que se modifique el artículo 96 de la Constitución, en donde se establece que los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación de la Cámara de Senadores.

Detalló que en caso de que la población responda que sí es necesario el voto ciudadano, en más del 40 por ciento, será vinculatorio, se iniciaría la segunda etapa y se buscará ya la manera de legislar en la materia

Mier Velasco anunció que al debate que se propone, se invitará a quienes se han manifestado en contra de la propuesta, como el exministro José Ramón Cossío; el exprocurador Diego Valadés; y el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo.

“Vamos hacer una formal invitación para que vengamos aquí a debatir. No vamos a debatir para modificar el régimen republicano de nuestro país, que nadie quiere eso, queremos fortalecer el régimen republicano de división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”, expresó.

Rechazó que se trate de una venganza, al señalar que “estamos en un país democrático, en donde debemos de revisar permanentemente nuestras prácticas”.

Fue el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien precisó que el ejercicio de consulta popular se podría llevar a cabo en agosto del 2024.

“Estamos pensando en acudir a esa herramienta de democracia directa, que permitiría que todo México opinara si el tercer poder constitucional, que tiene facultades muy importantes y que revisan los actos de todos, debe o no tener un sustento y legitimidad en el sufragio de toda la población de México, de toda la ciudadanía”.

Detalló que primero será la consulta, si prosperara, entonces, en un segundo ejercicio después de agosto del año que entra, habría consulta popular para designar a uno o a varios ministros o ministras de la Corte.

“O sea, que es un proceso de mediano plazo y, más que mediano plazo, suficiente para que todo mundo participe, opine y para que encontremos un punto de concurrencia los mexicanos y podamos dirimir, conforme a las instituciones que tenemos, un asunto tan importante”, aseveró.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al tema.

Dijo que una consulta popular “ayuda” pues “hay que informar a la gente” sobre la vida pública del país y en especial sobre lo que pasa en el Poder Judicial, que insistió, “casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido”.

Volvió a arremeter contra el Poder Judicial al decir que “solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes” y que no imparten justicia en beneficio del pueblo. Por eso sostuvo, “hay que renovarlo”.

Sobre la consulta, dijo que solo se deberá revisar el procedimiento legal de dicho ejercicio, pues adelantó que no se pueden llevar a cabo consultas cuando ha iniciado algún proceso electoral. Sin embargo señaló que “i hay tiempo, y está permitido por la ley, sería bueno” llevar a cabo la consulta popular.

En ese sentido, llamó a todos a participar, para “limpiar,  moralizar y  purificar la vida publica”. “Ojalá y se lleva a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo”, remató.

La International Bar Association (IBA), considerada la agrupación de abogados más importante del mundo, manifestó su inquietud por la interferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  en la independencia judicial, como consecuencia de los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La IBA recordó que el mes pasado, la Suprema Corte determinó que la reforma promovida por el presidente, de transferir el control dela Guardia Nacional  a la SEDENA, era inconstitucional.

En respuesta a la decisión judicial, AMLO  “atacó” a la Suprema Corte del país y afirmó que los ocho, de los 11 ministros que votaron por declarar inconstitucional la reforma, actuaron “de forma facciosa, siguiendo criterios no legales sino políticos, defendiendo las viejas prácticas del régimen autoritario y corrupto”.

La agrupación de abogados dijo que dichas acusaciones se encuadran en un contexto más amplio de críticas que el presidente ha hecho sobre la integridad del poder judicial, apuntando especialmente a la Suprema Corte.

Enlistó algunos de los ataques que el mandatario a hecho a la Corte. Dijo que el 23 de marzo de 2023, el presidente López Obrador acusó al poder judicial de estar “completamente distorsionado” y “afectado por la corrupción”, con una tendencia a proteger a la élite y no al pueblo. Lamentó que el presidente López Obrador comparara a los jueces con “gánsteres”, basándose en la suposición de que cuanta más experiencia tengan los jueces en el sistema, más probable es que sean corruptos.

También recordó que el 24 de marzo, en comentarios sobre la decisión de la Suprema Corte en relación al Plan B, el presidente afirmó que la Suprema Corte es parte de la “mafia del poder” y que su “sólo Dios es el dinero”.

La IBA señaló que las reformas propuestas detenidas por la Suprema Corte “parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales”.

También alertó que la mayor autoridad que el presidente López Obrador pretende otorgar al Ejército es “igualmente problemática”. Detalló que presenta el riesgo de crear distorsiones en los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar por el Ejército.

“Estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a  otras maniobras para centralizar el poder y militarizar el país, determinarían una caída de la democracia en México”, alertó.

Afirmó que las declaraciones del presidente debilitan la confianza pública en el poder judicial, son un agravio al estado de derecho, y afectan la democracia de México. Añadió que constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional.

“Las acusaciones del presidente de México no solo afectan directamente el respeto por el poder judicial, sino que también intimidan a los jueces y les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente. Crean un clima de miedo que tiene un efecto paralizador sobre la capacidad de los jueces de limitar los abusos de poder del ejecutivo. Si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública”.

Sostuvo que un poder judicial independiente es la base de cualquier democracia moderna y de un sistema saludable de estado de derecho. Incluso dijo que contar con un poder judicial sólido, independiente y respetado conviene a los intereses del presidente López Obrador, ya que legitima su acción política.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) retomó esta mañana un documento que difundió el coordinador de Morena en el Senado, donde se exponen los “40 privilegios” de los que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado (…) para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas, por qué cancelaron el llamado plan B”, dijo el mandatario.

Y es que explicó que el llamado ‘Plan B’ que invalidaron los ministros era en esencia bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución.

“Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Entonces, era defender sus intereses”, recriminó el mandatario.

Proyectó el documento, donde se exponen las prestaciones con que cuentan los ministros de la Corte, que él y Morena han llamado “privilegios”.

Te presentamos los 40 puntos que componen el documento que Morena ha circulado:

  1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, de $297,403.77 mensuales.
  2. Aguinaldos exagerados de $586,092.53, que representan 40 días de sueldo.
  3. Primas vacacionales de $95,474.68, que representan 10 días de sueldo.
  4. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por $723,690.24 anuales.
  5. Un comedor especial en la SCJN donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.
  6. Presupuesto de $5’540,930 mensuales para contratar personal.
  7. Dos vehículos blindados tipo suburban, con valor acumulado de $6’000,000, que se renuevan cada dos años.
  8. Pago por riesgo de más de $640,372 al año.
  9. Apoyos para gasolina por $22,000 mensuales.
  10. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista.
  11. Algunos ministros también cuentan con escoltas del Servicio se Protección Federal (SSPC).
  12. Seguros para autos y casa habitación.
  13. Las y los ministros también cuentan con atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y cualquier otro trámite.
  14. Atención personalizada en el aeropuerto, que cuenta con personal de la SCJN, para que ministras, ministros y sus acompañantes no hagan filas ni sean revisados.
  15. Viáticos para vuelos, hospedaje y comidas en viajes oficiales tanto en México como en el extranjero, para lo que se les otorga pasaportes diplomáticos a ministros, ministras y su familia nuclear.
  16. Salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas.
  17. Dos periodos vacacionales al año de 15 días cada uno.
  18. Tres equipos de cómputo e impresión.
  19. Seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares y/o personal de apoyo, con plan ilimitado de datos que se renuevan cada año.
  20. Tres iPads con servicio de Internet ilimitado.
  21. Papelería personalizada.
  22. Computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la SCJN.
  23. Apoyo de soporte técnico por parte del personal de la SCJN.
  24. Si así lo solicitan, también pueden instalar video vigilancia en sus casas con cargo al erario público.
  25. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por $30’000,000 en adelante.
  26. Disponen de $188,099 al año para compra de medicamentos
  27. Atención especial por parte de personal de la SCJN y aseguradoras en cualquier trámite de seguros.
  28. Seguro de vida institucional por $12’000,000.
  29. Pago por defunción de $1’189,615.
  30. Ayuda para gastos funerales de $30,000.
  31. Apoyos económicos para lentes por $3,100 para ministros, cónyuge e hijos.
  32. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo.
  33. Al retirarse, también tienen derecho a un haber de retiro.
  34. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados.
  35. La SCJN les paga a dos “personas de apoyo” para estar a su servicio en la jubilación.
  36. Seguro de separación individualizado de aproximadamente $20’000,000 al final de sus 15 años de servicio.
  37. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados.
  38. Un estímulo por antigüedad de $1,000 anuales.
  39. Además, el Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por $20’149,765,377, que se utilizan, principalmente, para mantener estas prestaciones de por vida.
  40. Todo lo anterior dio como resultado un presupuesto excesivo de $73,723,020,424 para el año 2022.

Para hacer una comparación de lo que tiene el Poder Judicial para sus prestaciones, que son casi 74 mil millones de pesos, López Obrador dijo la presidencia ejerció el año pasado ejerció 500 millones de pesos.

Además, insistió en que los ministros de la Corte “representan a grupos económicos y políticos, representan a la élite, porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo; al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo, algo significativo”, preguntó el mandatario.

Insistió que hace falta una reforma de fondo al Poder Judicial, “y lo mejor es que lo haga el pueblo”. “Tiene que ser con una reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo, como era en la época del presidente Juárez, como se aplicaba en la época de la República Restaurada”.

Dijo que el discurso será ahora que ‘la Suprema Corte no se toca’, y apuntó que los ministros de la Corte en México, ganan más que los ministros de los poderes judiciales en otros países.

Finalizó confiando en que que el movimiento de transformación, triunfe en las elecciones del próximo año, lo que les permitiría tener mayoría calificada en la Cámara y que así se puedan hacer reformas a la Constitución, entre ellas, la del Poder Judicial.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que se requiere una reforma al Poder Judicial, esto luego de haber sido uno de los pocos morenistas en reconocer y aceptar la resolución de la Corte de invalidar el llamada ‘Plan B’ de la Reforma electoral de AMLO.

El senador sorprendió al señalar que aunque la división de poderes es sana para la República, no se pueden “cerrar los ojos” ante el déficit de justicia en México y los privilegios de los que gozan jueces y ministros, adoptando así el discurso crítico del presidente López Obrador hacia la Corte.

Monreal Ávila presentó un listado de 40 “privilegios” que dijo, cuentan las y los ministros. El senador sostuvo que “tenemos el derecho de escudriñar la calidad y la autoridad moral de los jueces y los ministros”.

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Ricardo Monreal hizo un llamado a la mesura a quienes aplauden con exceso la resolución de la Corte, y que protegen a una “casta de privilegiados que se ha instalado en el Poder Judicial”.

“Deben de actuar con prudencia y ecuanimidad porque en la Corte está instalada una casta con privilegios”, apuntó Monreal Ávila.

El legislador insistió en que cree en la división de poderes; sin embargo, enfatizó que no se puede permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya al Poder Legislativo; “eso no lo podemos admitir”, porque las facultades de control legislativo que ejerció son indebidas.

En ese sentido, señaló que la mayoría legislativa considera que hay intereses que presionan a la cúpula de la SCJN para tomar decisiones. Y en línea con lo que ha expuesto el presidente, dijo que “tenemos confianza en que en el 2024 podamos instrumentar reformas que tiendan a mejorar la justicia en México”.

Monreal adelantó que propondrá diversas iniciativas, como que la presidenta de la Suprema Corte deje de presidir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). También propondrá que la Defensoría de Oficio sea un ente autónomo, pues no debería estar a cargo de la Corte.

También afirmó que la selección de ministros debería ser operada con otro sistema para evitar la cooptación.

El también aspirante a la candidatura presidencial de Morena remató señalando que la diferencia entre la mayoría legislativa y el bloque opositor, dijo, es que Morena y aliados están a favor de la austeridad, mientras que a la oposición le gustaría contar con los beneficios de las y los magistrados; “no sé porque les aplauden a personajes que no son un ejemplo de virtud moral, republicana y de austeridad”.

La International Association of Women Judges (IAWJ) decidió otorgar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, el premio Derechos Humanos 2023.

El anuncio se realizó durante el inicio de la reunión de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que se comienza mañana en Marruecos, y que se extenderá hasta el próximo 14 de mayo, fecha en que se entregará el premio a Piña Hernández.

El premio responde a las aportaciones que la ministra ha tenido en temas como perspectiva de género; tutela judicial efectiva; el derecho a la educación; el derecho al libre desarrollo de la personalidad; la libertad de expresión; el derecho a la información; los derechos de la niñez y de de la comunidad LGBT+, entre otros.

La IAWJ reúne cada año a más de 10 mil juzgadoras de más de 100 países, con el objetivo impulsar el desarrollo jurisdiccional de protección de derechos humanos y reducir brecha de género en los espacios de toma de decisiones judiciales.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre este galardón que recibe la ministra presidenta. Sorprendió con su respuesta, la cual buscó minimizar el premio.

“Esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense, esta revista famosa internacional que decía: ‘El economista del año’, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del saqueo, de la corrupción, los presidentes de México de aquél entonces; salían en la portada”, dijo el mandatario.

López Obrador no se limitó a desdeñar el premio a la ministra. También criticó los reconocimientos que se le han entregado a otras figuras, críticos de su gobierno, como Enrique Krauze, a quien dijo, “la monarquía española, casi una vez por año” le entrega un premio.

También incluyó en sus críticas al rector de la UNAM, Enrique Graue, a quien señaló de haber ido a España por “su medalla”. “Yo no sé por qué se van a allá, o a vivir o a recibir premios, tienen esa fascinación”.

En línea con lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que su partido impulsará que el pueblo de México sea quien, de manera soberana, elija a los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El morenista adelantó que también se hará una revisión para perfeccionar al Poder Judicial, a fin de evitar “todas esas distorsiones”, como la invalidación de la primera parte de las reformas en materia electoral, el llamado “Plan B”.

“Que sea el pueblo, de manera soberana, como era antes de la Constitución del 57, que se elijan por parte del pueblo los ministros de la Corte y no a sugerencia de uno de los poderes que fue electo democráticamente: el Ejecutivo, y luego en la Cámara de Diputados ratificado”.

Tras reunirse con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el diputado señaló que el Poder Judicial es el único de los tres poderes que no tiene la representatividad del pueblo.

“Yo estoy completamente en desacuerdo con los procedimientos restrictivos que tiene la Suprema Corte, pero los respeto porque son los procedimientos que ellos se impusieron, que ellos están establecidos en su ley”, aseveró.

Explicó que se planteará una propuesta para perfeccionar al Poder Judicial; “la vamos a presentar como una oferta al pueblo de México, de consistencia política, de congruencia”.

Y es que dijo, “algo anda mal” en el Poder Judicial, pues rechazó que la Cámara de Diputados violentara el debido proceso legislativo durante la primera parte del “Plan B” como lo señaló la Suprema Corte en su resolución.

Insistió en que la SCJN violentó la soberanía del Poder Legislativo; sin embargo, aclaró que van a acatar la sentencia porque es la última instancia.

Quien también se posicionó sobre el tema, fue el coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, quien lamentó que la Suprema Corte haya determinado invalidar la primera parte de la reforma electoral.

“Lamentamos profundamente este precedente que está sentando la SCJN al resolver sólo por encimita y dejando clara una intromisión al Poder Legislativo, en donde, desde la Cámara de Diputados sentimos como violatorio el poder juzgar y sancionar una práctica parlamentaria de hace muchos años”, aseveró.

Cuestionó que la oposición haya impugnado esta reforma, cuando la práctica parlamentaria de avalar reformas legales con dispensas de trámite se ha utilizado durante mucho tiempo. ” Hay un refrán en el Estado de México que dice que a puñaladas iguales, llorar es cobardía”.

“Con el PRI y con el PAN cuántas reformas y reformas constitucionales, ya no digamos legales, se han hecho con la dispensa de trámite y han sido materia legal y vigente, incluso de las discusiones más trascendentales en los últimos años en nuestro país, como los temas energéticos, del Sistema Eléctrico Nacional y que hoy muchas inversiones extranjeras se apegaban y se acogían a esa reforma energética que aprobamos con las dispensas de todos los trámites y hasta de sede”, señaló.

Sostuvo que se está ignorando la decisión de una mayoría parlamentaria, que llegó a la Cámara de Diputados y al Senado de la República por un voto directo de la ciudadanía, a diferencia de los juzgadores que llegaron a través de un voto de elección mediante aquellos que fueron electos y que hoy les quitan la posibilidad de cumplir con su obligación de legislar.

El diputado del PVEM apuntó que si las y los ministros de la SCJN encuentran la inconstitucionalidad en los temas que legislan, adelante, que falle, pero rechazó que se echen para abajo las reformas nada más porque no se cumplió esa exhaustividad en el proceso parlamentario, de lo contrario, se deberán invalidar todas las leyes a las que se les ha dispensado los trámites.

Respaldó la propuesta del Presidente de la República de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población.

Finalmente, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, Gerardo Fernández Noroña, calificó de golpista la resolución de la Suprema Corte. Señaló que la decisión de la SCJN obedece a cuestiones políticas y no jurídicas.

“Le hacen la tarea a la inútil oposición, que no sirve para nada. Como no tienen mayoría, ni forma de ganar las elecciones, requieren de algo que los saque a flote y ese algo es lo que queda del poder conservador, del poder corrupto en absoluta descomposición”, sostuvo.

Pero, ¿ya hay un ‘Plan C’ en materia electoral por parte de Morena y el gobierno federal? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ciro Murayama, economista y ex consejero del INE, sobre las reacciones que ha generado la invalidez del ‘Plan B’ y el discurso y acciones que ha anunciando el mandatario.

Si algo hemos visto en estos más de cinco años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que cuando anuncia que quiere algo, hace hasta lo imposible por lograrlo. No importa si esto implique cometer un crimen contra la lógica.

Lo vimos con la cancelación del NAIM. El aeropuerto de Texcoco ya llevaba millones de dólares invertidos en su construcción y su cancelación costaría millones más. López Obrador era apenas presidente electo y nada de esto le impidió armar una consulta a modo que concluyó con la cancelación del aeropuerto. La sensatez y el sentido común apuntaba en una dirección y eso hacía pensar que sería el camino que tomaría AMLO. Imperó la amenaza de destruir todo lo que tuviera que ver con el pasado. El NAIM fue cancelado.

Lo vimos también con el avión presidencial. Algunos pensaban que su amenaza de volar en líneas comerciales y de vender el avión que AMLO decía mañosamente que “no tiene ni Obama” era una simple estrategia política. No fue así. Intentó todo con tal de cumplir con la venta del avión. Al final optó por rematarlo, pero cumplió.

Ahora, ante el tremendo revés de la Suprema Corte en la que nueve ministros declararon inconstitucional las modificaciones a las leyes electorales mejor conocidas como ‘Plan B’ porque el legislativo no cumplió con el debido proceso cuando las aprobó, el presidente no va a ser el político que reflexione como lograr un mejor diálogo con la oposición o cómo tejer lazos con el legislativo.

No. La nueva cruzada del presidente ya quedó clara desde unos minutos después de que se conociera el fallo de la Corte. El Plan C es lograr la mayoría calificada en el legislativo en las elecciones del 2024.

Ayer en su conferencia mañanera López Obrador llamó al pueblo a votar por la mayoría absoluta en el congreso para lograr que en septiembre del 2024 se apruebe una reforma al Poder Judicial. Ahora, dice López Obrador, quiere que sea el pueblo quien los elija.

Es una nueva estrategia política porque actualmente los ministros de la Corte se eligen de una terna nombrada por el ejecutivo y ratificada por el Senado para asegurar los contrapesos. Es una insensatez lo que propone el presidente ya que, entre otras cosas, implicaría que quienes quisieran integrarse a la corte hicieran campaña para ganar el voto ciudadano.

Pero aun siendo una insensatez, es una amenaza que se debe escuchar como seria viniendo del presidente López Obrador.

¿Lo hará la oposición? Hasta ahora vemos a los liderazgos del PAN y PRI, a Marko Cortes y Alejandro Moreno, más preocupados por mantener sus cotos de poder que en trabajar por presentar propuestas atractivas para la ciudadanía y en desnudar las estrategias políticas del presidente por su insensatez.

La Corte ha hecho su trabajo con la votación de esta semana por salvaguardar la democracia. La ciudadanía también, al salir a las calles. Es el turno de la oposición de tomarse en serio la nueva cruzada del presidente.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario.

Su anunció se producen después de que la SCJN invalidara ayer la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral, al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

En ese sentido, el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que confía los partidos que integran la autollamada Cuarta Transformación se haga de las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.

“Esa mafia solo el pueblo (puede enfrentarla), solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma”, argumentó AMLO.

López Obrador denunció que el Poder Judicial está en crisis porque los antiguos gobiernos, emanados de las filas del PRI y del PAN, se repartieron los espacios en la Corte.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Tal como lo ha venido señalando desde tiempo atrás, insistió en que el Poder Judicial “está podrido”. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, expresó el mandatario.

Y es que recordemos que con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó el primer paquete de las reformas, específicamente la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ‘Plan B’.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
El presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre la decisión de la Corte y sus implicaciones.

Movimiento Ciudadano celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La bancada del partido naranja señaló que se hizo valer el recurso que presentaron, sobre las violaciones al procedimiento legislativo y el contenido del decreto.

“En la bancada reconocemos a las y los ministros que se manifestaron por hacer valer la Constitución, y refrendamos nuestra confianza en la Suprema Corte como contrapeso para dignificar la división de poderes. Una vez más, demostró su independencia al Poder Ejecutivo pese a los ataques injustificados en su contra”, señalaron los legisladores de MC.

Recordaron que durante el proceso legislativo, la mayoría no permitió condiciones para realizar un debate informado del contenido, pues la iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria previo, se publicaron dos iniciativas con menos de una hora de diferencia y no hubo certeza sobre cuál se sometió a votación.

“En Movimiento Ciudadano advertimos desde el primer momento la inconstitucionalidad del contenido de la reforma electoral constitucional y del Plan B, y de manera congruente rechazamos ambas propuestas al tratarse de un retroceso para nuestras instituciones democráticas. Ante las violaciones sistemáticas del régimen, seguiremos alzando la voz y denunciando sus excesos”, añadieron las y los diputados de MC.

Por su pate la bancada del PRD saludó el fallo de la Suprema Corte, afirmando que con la decisión de los ministros, se da a la oposición fundamento a favor respecto a que se trató de un proceso legislativo “fast track”, violatorio no sólo de las normas que rigen al Congreso de la Unión, sino de la Constitución misma.

Al igual que MC, recordaron que la dirigencia del partido presentó en marzo pasado las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

“Las y los ministros de la Corte mandan un mensaje contundente a Morena y sus aliados en el Congreso para que entiendan que, no por tener la mayoría, pueden pasar por encima de la ley ni violar el procedimiento legislativo cada vez que les urge pasar iniciativas que les ordena el Ejecutivo”, indicaron los diputados.

Al reiterar su respaldo a la Ministra Presidenta Norma Piña y los ministros y ministras, llamaron a la Presidencia de la República, a su Consejería Jurídica, y todos los entes políticos afines a la llamada Cuarta Transformación, a frenar los ataques y presiones hacia la Corte.

La bancada del PRD confió en que la segunda parte del llamado ‘Plan B’ electoral correrá la misma suerte que la primera, considerando los argumentos que presentó el ministro Laynez para dar su voto y que habría de presentar en las próximos dos semanas al Pleno de la Corte ante la proximidad del proceso electoral de 2024.

En tanto, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se reunió al reconocimiento de la decisión de la Suprema Corte de rechazar la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del tricolor sostuvo que defender la democracia y la buena práctica legislativa es prioridad para el buen rumbo del país.

Los senadores del PRI señalaron que la decisión de la SCJN reitera la ruptura del orden interno en el Congreso, la violación de los procedimientos legislativos y la precipitación en los trámites, que no forman parte de la democracia, a pesar del bloque oficialista.

Enfatizaron en que una mayoría oficial tiene derechos, pero también obligaciones, y una de ellas es respetar las reglas democráticas que el Congreso se ha dado a lo largo de los años.

Señalaron que la decisión de la Corte es un antecedente para las impugnaciones que se presentarán por la aprobación de 20decretos hechos por Morena y aliados en la llamada “noche negra”.

Acción Nacional aseguró por su parte que con la decisión de los ministros y ministras de la Corte, ganó la democracia en el país. Acusó que Morena utilizó trampas y recurrió a violaciones, tanto constitucionales como del proceso legislativo, con tal de aprobar el capricho presidencial. 

“Este gobierno y Morena quedan exhibidos por su obsesión de destruir a las instituciones y nuestra democracia”, dijo la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. “Hoy suman un nuevo revés de la Corte al declarar inconstitucional la primera parte del lamentable Plan B. Nuestro reconocimiento a las y los ministros por su actuar democrático y con apego a la división de poderes”, añadieron.

Finalmente, el Grupo Parlamentario Plural en el Senado, celebraron que la SCJN rechazara la primera parte del “destructivo” ‘Plan B’ en materia electoral del gobierno federal.

“La Corte ejerce su papel de contrapeso constitucional democrático. Como @gpplural lo celebramos. La mayoría legislativa no es sinónimo de agandalle para violar la Constitución”, enfatizaron los senadores.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre si habrá ‘Plan C’ de Morena y el Gobierno federal, tras la decisión de la Suprema Corte de declarar la invalidez del primer paquete de reformas en materia electoral recién aprobado por el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda (PAN), sostuvo que lo sucedido en la Cámara de Diputados en la sesión del pasado martes, que se prolongó por cerca de24 horas, “no se puede esconder”, pues dijo, es la expresión de las dos visiones de país que se tienen.

En la sesión ordinaria referida, se aprobaron nueve iniciativas por la mayoría de Morena y sus partidos aliados, las cuales dijo el panista, serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Dijo que el debate estará en la palabra “urgencia”, porque se debe saber si había realmente una necesidad imperiosa para hacer todo lo que se hizo, por ejemplo, la Ley de Ciencia y Tecnología, la transferencia del Sistema de Salud al IMSS Bienestar, el hecho de haber dado una orientación distinta a lo que eran las contribuciones o los impuestos al turismo, por ejemplo, y canalizarlos a la infraestructura.

“Todo eso, digamos, tiene parámetros sobre lo que es urgencia, urgencia. Para darles una idea en términos sencillos: sería que en caso de un desastre natural que tuviéramos que hacer una ley para realizar una asignación presupuestaria a fin de enfrentar una situación realmente inesperada”, puntualizó.

“Entonces, la Corte ha tenido sus parámetros, y les anticipo una cosa: estoy seguro que como lo ha hecho la Corte, ustedes saben que hoy se confirma ya la suspensión definitiva en lo que es el Plan B”, agregó.

Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 444 votos, uno en contra y cero abstenciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se nombró a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

Por Morena, los titulares son: Sergio Gutiérrez Luna, Aleida Alavez Ruiz, Mario Llergo Latournerie, Yeidckol Polevnsky, Hamlet García Almaguer, Olimpia Girón Hernández, Julieta Ramírez Padilla y Gerardo Fernández Noroña.

Del PAN: Santiago Creel Miranda, Carolina Beauregard Martínez, Gerardo Peña Flores y Martha Estela Romo Cuéllar. Del PRI: Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano Austria y Rubén Moreira Valdez.

Por el PVEM, la titular será María del Carmen Pinete Vargas; del PT, Reginaldo Sandoval Flores; de MC Jorge Álvarez Maynez, y por el PRD, Elizabeth Pérez Valdez.

Así fue como concluyó el segundo periodo de sesiones Ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de “politiquería” e “indignidad” tras el fallo contra la militarización de la Guardia Nacional.

El presidente acusó a Piña de buscar una negociación en un desayuno con la secretaria de Seguridad del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para retrasar la entrada en vigor de la decisión que invalidó ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, denunció AMLO desde Veracruz.

Eso sirvió a López Obrador para reiterar sus señalamientos hacia los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables”, por haber declarado inconstitucional el miércoles pasado, la reforma legal que él promulgó en septiembre para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, que él creó en 2019 como una corporación civil.

Después del fallo, la Suprema Corte dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden, por lo que el mandatario los acusó de “arrepentirse” y buscar negociar con el gobierno.

Sin embargo, López Obrador habría girado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al titular de Gobernación, Adán Augusto López, de no comunicarse con la Corte.

“Les dije: ni les contesten el teléfono”, narró. “No, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, sostuvo.

Y es que la Guardia Nacional ha sido la principal apuesta del presidente para contener la violencia en el país.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Esto es solo un episodio más del enfrentamiento que AMLO mantiene con la Corte y el Poder Judicial.

Cuando Piña resultó electa como primera presidenta de la Corte, López Obrador reconoció “diferencias” con ella porque “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su gobierno.

Después, hubo una polémica en redes sociales contra Piña, orquestado por seguidores de la 4T, por no ponerse de pie para aplaudirle a López Obrador durante la conmemoración de la Constitución el 5 de febrero.

Semanas después, López Obrador minimizó las amenazas de muerte contra la presidenta de la Corte que surgieron después de que él la acusó de “desatar una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.