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La Suprema Corte invalidó este martes la reforma aprobada por el Congreso el año pasado para que la Guardia Nacional (GN) pasara a manos de la Secretaría de Defensa (Sedena), considerada por críticos y activistas una militarización de la seguridad pública.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Corte respaldó un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que declaraba inconstitucional la iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En septiembre del año pasado, los diputados y senadores mexicanos dieron a la Sedena el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional, que antes se encontraba bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Corte invalidó el decreto con el apoyo de 8 de los 11 ministros. Sólo Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ambas propuestas por López Obrador, junto a Arturo Zaldívar, apoyaron la transferencia.

Apenas por la mañana, el presidente López Obrador dijo que esperaba que la Corte no declara inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional, pues dijo, si no depende de la Secretaría de la Defensa y sigue como antes, correría el riesgo de terminar y echarse a perder como la Policía Federal, “completamente corrupta”.

“Imagínense lo triste de crear una institución nueva que está funcionando muy bien, que ya tienen 130 mil elementos, que tiene hasta ahora 280 cuarteles en todo el territorio nacional, que va a tener 500 para proteger a la gente y que llegue a manejarla un junior, un García Luna sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad. ¿En qué va a terminar? Pues como terminó la Policía Federal”, dijo AMLO.

Indicó que era bueno que toda la sociedad estuviera enterada de la votación de la Corte,  para que no se hiciera en lo oscurito y, en caso de invalidarse, quedara asentado. Criticó que se argumente que con la transferencia de la GN a la Sedena, se vaya a militarizar el país.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos del proyecto impulsado por el presidente López Obrador.

El Instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los órganos desconcentrados locales y distritales, aplicar las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto del ‘Plan B’.

Recordemos que el pasado 2 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que se suspende hasta en tanto la Suprema Corte resuelva en definitiva la controversia constitucional.

Recordó que debido a que el Instituto se rige por la legalidad y, por ello, acordó en sesión de Consejo General realizada el 3 de marzo, el día de la entrada en vigor de la reforma, el inicio de los trabajos de dichas modificaciones legales que mandató el Poder Legislativo.

“Dado que el proyecto del Ministro Laynez establece la suspensión de todo el paquete de reformas como fue solicitado por la autoridad electoral en la controversia interpuesta y retrotrajo el estado de cosas jurídico al orden legal vigente antes de la entrada en vigor de la mencionada reforma, es menester en acatamiento, en consecuencia con dicha resolución tomar una serie de determinaciones”, indicó Córdova.

Dijo que se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión mencionada, las actividades de instrumentación de la reforma y establece con claridad en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídica las normas a las que personal de este Instituto está ceñido en su actuación.

Como parte de los acuerdos, se suspendió la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico para la implementación del ‘Plan B’ que se había creado para la implementación.

La Consejera Dania Ravel dijo que hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia constitucional que se presentó, no deberán aplicarse las disposiciones del Decreto del ‘Plan B’, lo que deja a salvo los derechos laborales de las personas que trabajan en el INE.

Señaló que también se seguirá operando con los órganos locales y desconcentrados en los términos en que se venía haciendo, lo que finalmente redunda en una adecuada atención a la ciudadanía y la garantía de sus derechos electorales.

Pero, ¿la suspensión del ‘Plan B’ de la reforma electoral es un triunfo para la democracia? Y es que aunque la Suprema Corte otorgó la suspensión, Morena avanza en su intención de controlar el INE mediante la designación de consejeros afines a la 4T.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Sergio López Ayllón, profesor-investigador del CIDE, sobre el tema.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en la que se demanda la falta de nombramientos para cubrir las vacantes del Pleno del Instituto.

En sesión extraordinaria del pasado miércoles 15 de marzo, el Pleno aprobó presentar ante el Máximo Tribunal del país el recurso jurídico, al advertir que ante la falta de nombramientos de las posiciones vacantes en el órgano de dirección, se incurren en diversas faltas.

El INAI dijo que se vulnera de manera directa el diseño institucional establecido por la Constitución para la integración del Pleno de este órgano autónomo, con lo cual se trasgrede el principio de colegialidad que lo caracteriza.

Además, dijo que se inhabilitaría al Pleno para sesionar válidamente, con lo cual no podría cumplirse a cabalidad con el mandato que la Constitución le encomienda, afectando los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en perjuicio de todas y todos los mexicanos.

“La presentación de una controversia constitucional es un área de oportunidad para que las y los mexicanos sigan con la posibilidad de ejercer sus derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló el INAI.

La decisión del Instituto de acudir ante la SCJN, llega después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vetara el nombramiento de quienes habían sido designados por el Senado de la República como integrantes del organismo.

Y es que recordemos que el Pleno del INAI se mantiene conformado con solo 5 integrantes, con el riesgo de que el próximo 31 de marzo concluye el periodo del comisionado Francisco Javier Acuña, por lo que el Pleno quedaría solo con cuatro integrantes.

Esto haría que el INAI no reúna el quórum legal necesario para sesionar, previsto el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que las sesiones sólo serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco comisionados.

La Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra y los comisionados confiaron en que la SCJN hará efectiva su función jurisdiccional, para preservar la garantía de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Después de que el Senado aprobó el Plan B electoral de AMLO que pretende amordazar al INE mediante un recorte presupuestal draconiano vino la marcha del domingo 26 de febrero. Ya habló el presidente al enviar su iniciativa. Ya se pronunció el legislativo al aprobarle dicho Plan B al presidente, sin análisis y sin al menos molestarse en sustentar que no viola la Constitución. Ya se manifestaron cientos de miles de ciudadanos que abarrotaron el Zócalo de la CDMX y varios puntos más en el país y fuera. Ahora la pelota está en la cancha de la Suprema Corte.

Es ahí en donde los 11 ministros que la conforman tendrán la última palabra. Es necesario que 8 de ellos lo declaren inconstitucional para tumbar este intento presidencial de hacerse de todo el poder electoral. Otra manera de verlo es que con que cuatro ministros voten a favor de la constitucionalidad del Plan B, éste entra en vigor.

Ya sabemos que hay justo cuatro ministros que llegaron a la Suprema Corte por ser nominados por AMLO: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. De entrada podemos descontar que Yasmín Esquivel votará en favor del Plan B, así que, sin ser alarmista, el futuro de la democracia en México está en las manos de tres ministros. Y hay que aclarar que no necesariamente tiene AMLO a estos otros 3 ministros en la bolsa.

Así fuera Andrés Manuel López Obrador un gran presidente, realmente preocupado por acabar con las desigualdades económicas; por combatir la corrupción; por lograr mejorar la educación; por atraer inversiones y por aumentar la calidad de vida de todos los mexicanos, es una aberración pensar que darle todo el poder electoral es una buena idea.

Andrés Manuel López Obrador detesta la libre competencia. Nunca, jamás ha reconocido UNA sola derrota. Ataca al INE en cada oportunidad que se le presenta pero sigue aplaudiendo cada vez que le reconocen una victoria. La más reciente fue la elección por la senaduría de Tamaulipas. El 19 de febrero se llevó a cabo la elección extraordinaria para elegir a quien concluirá el encargo de Faustino López quien murió en un accidente automovilístico en octubre del año pasado.

Las elecciones las ganó José Ramón Gómez Leal, de Morena y PT, con el 71% de los votos. Al día siguiente el presidente reconoció muy contento el triunfo en la conferencia mañanera. El mismo día de la concentración en defensa del INE, el 26 de febrero, fue la junta vocal del INE en Tamaulipas la que le entregó la constancia que lo acredita como Senador.

López Obrador ataca al INE un día sí y el otro también pero acepta cuando los resultados electorales le son favorables, empezando por su triunfo en el 2018. Tomando lo anterior en cuenta ¿es una buena idea dejar en sus manos la definición de las elecciones? ¿es buena idea cuando ha decidido tener dentro de su gobierno a Manuel Bartlett, padre de la caída del sistema?

La pelota para responder si el Plan B es constitucional o no y si por ello se convierte en la nueva regla o se desecha, está en la cancha de la Suprema Corte. ¿Qué escenarios hay para el actuar de la Corte? Lo platico con Gerardo Carrasco en el episodio de hoy de mi podcast Broojula que se puede escuchar desde el portal de este diario.

Apostilla: Otra promesa incumplida. “A la primera manifestación de 100 mil personas en contra, me voy a Palenque. Ni siquiera espero la revocación del mandato”. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador hace dos años. Pues ya el domingo hasta el presidente reconoció que fueron, tan solo en la Ciudad de México, entre 80 y 100 mil manifestantes. ¿Y luego? Ahora hay que llenar el Zócalo 60 veces.

Columna completa en EL UNIVERSAL

 

Más de un centenar de académicos firmaron este lunes una carta exigiendo la renuncia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, quien está acusada de haber plagiado tanto su tesis de licenciatura como la de doctorado.

“Se considera necesario que la involucrada ofrezca una disculpa a la comunidad académica, y dado que ha dejado de tener una condición constitucional necesaria para realizar la importante labor que desempeña, lo mínimo que se esperaría es que renuncie a su cargo por la gravedad de sus actuaciones”, expone la misiva firmada por cerca de 170 investigadores de universidades de México, España, Estados Unidos, Chile o Italia.

Esquivel fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura en Derecho a finales del año pasado mientras buscaba la presidencia de la SCJN y está inmersa en un proceso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que determinó que el trabajo entregado en 1987 era una “copia sustancial” de otro publicado un año antes.

Está previsto que la ministra se enfrente a una audiencia frente al Comité de Ética de la universidad, en el que podrá defenderse de las acusaciones que recaen sobre ella, que hasta ahora ha negado.

No obstante, la presión sobre Esquivel ha aumentado después de que el pasado viernes, el diario español EL PAÍS publicó una investigación que revela que su tesis de doctorado, que cursó en la Universidad Anáhuac, también fue un plagio.

“La honestidad intelectual y la obligación de citar las fuentes que se utilizan para la construcción del conocimiento resulta un imperativo, porque la ciencia trabaja así, a través de intercambios colectivos de ideas, en donde el reconocimiento de las autorías se torna fundamental para comprobar y desechar hipótesis”, manifestaron los académicos firmantes.

Después de la última polémica, el representante legal de Esquivel dijo que se limitó a “invocar puntos de vista” de renombrados juristas y que la “posible existencia de omisiones en las citas a los autores” fueron “deficiencias o descuidos, pero jamás una forma de plagio”.

Este argumento, indicaron los investigadores firmantes, es “inadmisible, pues el estándar mínimo para estos casos exige que cualquier idea tenga que ser reconocida para no ser presentada como propia”.

“Pretende menospreciar e ignorar los estándares sobre los que se desarrolla un verdadero trabajo académico”, agregaron.

Esquivel, quien también es controversial por ser esposa de uno de los principales contratistas del gobierno federal, accedió al cargo de ministra de la SCJN en 2019 propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha defendido su inocencia en repetidas ocasiones.

Mientras la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, enfrenta actualmente un procedimiento universitario sobre el plagió de su tesis de licenciatura, el cual fue confirmado por la UNAM a inicios de año, ahora el diario EL PAÍS revela que la ministra también plagió su trabajo de doctorado.

El diario español revisó la tesis con la que en 2009 obtuvo el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, en la que constató que 209 de las 456 páginas de su trabajo corresponden con trabajos publicados previamente por otros 12 autores.

La tesis, que lleva por nombre: Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa,  contiene extractos de investigaciones publicados por un exrector de la UNAM; un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España; un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes.

“En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda”, afirmó a EL PAÍS José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España de 2020 a 2021 y hoy embajador ante la UNESCO, de quien Esquivel tomó, sin citar, su texto “Rousseau y los derechos humanos”, publicado en 1998.

Miguel Carbonell, jurista e investigador mexicano, también confirmó al diario español que la ministra copió varias páginas de su libro ‘Los derechos fundamentales en México’, publicado en 2004).

“Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”, relató al diario.

EL PAÍS afirma que tanto Rodríguez Uribes como Carbonell ignoraban que la tesis que se les presentó a revisar era de la ministra Yasmín Esquivel. Sin incluir el título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio de sus trabajos equivale al 46.5% de las páginas escritas en la tesis.

La ministra obtuvo el voto aprobatorio de sus siete sinodales, todos ellos académicos de la Anáhuac, quienes avalaron la originalidad del trabajo y sus aportes al campo del Derecho.

Esquivel recibió en junio de 2009 el título de posgrado, y en diciembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional de doctora.

El diario detectó que Esquivel mantuvo el mismo nombre que eligieron los autores originales en algunos capítulos y subcapítulos de los escritos, además de citas al pie que los autores originales refirieron en sus obras.

En 2008, cuando Yasmín Esquivel entregó su tesis de doctorado a la Universidad Anáhuac, ya se desempeñaba como magistrada en el Tribunal Superior Agrario.

EL PAÍS indica que buscó al director de la tesis de la ministra, José Antonio Núñez Ochoa, quien declinado hacer comentarios.

Sin embargo, recordemos que en diciembre pasado, cuando salió a la luz el plagio de su tesis de licenciatura, la ministra recurrió a Núñez Ochoa, quien le firmó una carta, que ella hizo pública, en la que el académico destacó que su trabajo de titulación era “sobresaliente en la investigación, integración de cada uno de sus capítulos, referencias bibliográficas y cumplió con el estricto rigor académico”.

Y es que precisamente esta nueva revelación llega mientras la tesis de licenciatura de Esquivel está siendo analizada por la UNAM, que en un primer dictamen acreditó que se trataba de una “copia sustancial” del trabajo de otro estudiante de la Facultad de Derecho.

Yasmín Esquivel ha señalado que no tiene nada de que avergonzarse, en referencia a los señalamientos de plagio en su tesis de licenciatura, a los que ahora se suma esta nueva polémica referente a su tesis de doctorado. Incluso ha negado que contemple renunciar a la Corte.

Investigación completa en EL PAÍS

Ricardo Arjona tendrá que ser indemnizado por la automotriz Toyota, luego de que esta utilizara, sin autorización, una de sus cancines en una campaña comercial, aunque se revocó la sentencia del monto a pagar.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió tres amparos directos relacionados con una sentencia en la que se dirimió la violación a derechos de autor por el uso de la canción “Jesús es verbo, no sustantivo” del artista guatemalteco, mediante una versión modificada sin permiso del autor, así como de su imagen, a través de un imitador, por parte de la automotriz en los spots de una de sus campañas publicitarias.

Toyota y filiales ya había sido condenadas al pago de una indemnización de hasta el 40% del precio de venta final de los vehículos que formaron parte de la campaña publicitaria referida debido a que utilizaron en ésta la obra musical modificada sin permiso de su autor.

Al analizar los Amparos Directos 5 y 6, ambos de 2022, la Primera Sala advirtió que no existe indicio alguno que evidencie que la transmisión de los spots publicitarios relacionados con dicha campaña haya tenido como consecuencia que la totalidad de ventas de los vehículos durante el periodo de su emisión se atribuyeran a la utilización de la obra del autor.

Por tal motivo, en atención a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, cuando no sea posible establecer el precio de venta o prestación del servicio original, la cuantificación de la indemnización por daños y perjuicios por violación a los derechos de autor la decretará el juzgador con audiencia de peritos y con base en las pruebas ofrecidas por las partes.

Al resolver el Amparo Directo 7/2022, promovido por Arjona, la Primera Sala sostuvo que no puede afirmarse que el derecho a la propia imagen se refiera solamente a los “retratos” del individuo, sino que corresponde a toda manifestación o representación gráfica de la persona.

En este sentido, la Sala estimó que si bien en ocasiones los artistas pueden autorizar el uso de su imagen a personas imitadoras que evocan la imagen aparente y visible a la del imitado, la problemática se suscita cuando, aprovechándose del parecido del personaje conocido, este imitador busca intencionadamente un provecho económico o comercial a partir de la confusión de la personalidad del artista original, o como ocurrió en este caso a partir de su contratación con un tercero para el desarrollo de una campaña publicitaria, con lo cual se actualiza una afectación al derecho a la propia imagen.

A partir de estas razones, la Primera Sala concedió el amparo solicitado por el autor e instruyó al Tribunal de apelación para que se pronuncie respecto a la vulneración del derecho a la propia imagen del artista, tomando en cuenta el criterio antes señalado sobre la forma de calcular la indemnización por vulneración de derechos de autor.

Foto: Twitter @Ricardo_Arjona

Ignorando la decisión que los ministros de la Suprema Corte tomaron a inicios de año, y la trayectoria que avala su nombramiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que gracias a él, la ministra Norma Piña se convirtió en la presidenta de la Corte

“Sí, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo entre risas el presidente.

“¿Quién nombraba al presidente de la Corte? El presidente. ¿Quién nombraba a los diputados federales? El presidente. ¿Quién nombraba a los senadores? El presidente. ¿Quién nombraba a los gobernadores? El presidente”, recordó.

López Obrador indicó que hasta hace poco había una “regla de oro” en la política, que era el presidente quien nombraba a todos los funcionarios federales, a los gobernadores, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales, magistrados electorales y hasta al titular de la Corte.

Aprovechó el tema para relatar que cuando fue Jefe de Gobierno del  entonces Distrito Federal, los magistrados del Tribunal del Poder Judicial local lo buscaron pues iban a nombrar al presidente del Tribunal.

“Me vienen a ver para que yo diera ‘la línea’, como era, y le digo: No, elíjanlo ustedes, así está. Pero hasta raros se sentían (…) ellos eligieron y nombraron”, relató el presidente asegurando que no continuó con las costumbres de que fuera el ejecutivo quien decidiera esos asuntos.

Añadió que cuando terminó su administración, Bernardo Bátiz, entonces procurador de Justicia del Distrito Federal, le solicitó un encuentro.

Ante la insistencia de Bátiz, AMLO terminó aceptando un desayuno, donde afirmó que el funcionario lo sorprendió al decirle:

“Lo primero que quiero es agradecerle porque por usted estoy aquí’. Le digo: No, por mí no, si a usted le nombraron o le eligieron cuando yo ya no estaba de jefe de Gobierno. ‘Ah, pero usted dejó el antecedente y por eso estoy aquí’”, sostuvo López Obrador.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mejor conocido como el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.

Dicho recurso se interpuso, debido a que la autoridad electoral considera que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto crean condiciones que mermarían la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata.

Ademas, indicó que el ‘Plan B’ desequilibra el modelo de comunicación social vigente, lo que perjudicaría la equidad en las contiendas.

Recordó que la Constitución es clara al establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.

En ese sentido, dijo que  la reforma aprobada por Morena y aliados desconoce dichas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, omitiendo el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.

En el recurso legal presentado, la autoridad electoral reclama diversas violaciones al proceso legislativo, al haberse aprobado el llamado ‘Plan B’ apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.

Refiriéndose a los diputados de Morena, el INE dijo que “en un evidente fraude a la ley”, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.

Recordemos que desde la semana pasada, el INE inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. Presentó un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.

Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas

Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que “no confía” en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes apenas el pasado 2 de enero eligieron como su primera mujer presidenta a Norma Piña.

“No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El mandatario hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre si confía o no en la Corte después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara que impugnará el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó su gobierno, al señalar que “dinamita” la democracia y afectará la organización de las elecciones.

El presidente López Obrador insistió, como lo ha venido haciendo, que la Corte “tiene que limpiar de corrupción el Poder Judicial”.

“Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo”, dijo en torno de burla y reclamo.

López Obrador recordó la “campaña” en contra de Yasmín Esquivel, ministra que él propuso en 2019 y que está acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, tema que se destapó en momentos en que buscaba ser presidenta de la Suprema Corte.

AMLO ha reconocido “diferencias” con la ministra Piña, a quien ha señalado de votar “en contra de las iniciativas” que ha impulsado su gobierno.

En este sentido, admitió que no se ha reunido con ella porque no hay “ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar”.

Esto llamó la atención pues eran conocidos sus encuentros con el expresidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, cuyo mandato al frente de la Corte finalizó el 31 de diciembre, mismo que el presidente intento prolongar.

López Obrador ha criticado los votos de la Corte en contra de sus iniciativas, como la reforma eléctrica, y que los jueces liberen a delincuentes con el argumento del debido proceso.

“Hay comunicación (del gobierno con Piña) porque independientemente de las diferencias que podamos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que vamos a seguir señalando, hay trabajo conjunto porque es del interés general, del interés del pueblo”, remató AMLO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue con cambios en su estructura. El pasado lunes la ministra Norma Piña fue elegida para presidir la Corte; también se eligió al presidente de la Primera Sala, y hoy se eligió al presidente de la Segunda Sala.

La ministra Norma Piña presidió hoy su segunda sesión como presidenta de la Corte, donde  se eligió al Ministro Alberto Pérez Dayán como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pérez Dayán fue elegido para el periodo 2023-2024, en sustitución de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien concluyó el cargo en diciembre pasado y quien no concretó su aspiración a encabezar la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro contó con el voto unánime de los integrantes de la Sala, con lo que repite presidencia en la Segunda Sala, luego de que ejerciera dicho cargo en 2016.

Además, la Corte recordó que en la sesión del pasado lunes, los integrantes de la Primera Sala eligieron como presidente de dicha instancia al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para el periodo 2023-2024, en sustitución de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Pardo Rebolledo tuvo el apoyo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cabe destacar que Arturo Zaldívar no participó en dicha votación pues se encontraba inmerso en el proceso de entrega-recepción de la presidencia.

Al igual que Pérez Dayán, el ministro Pardo Rebolledo ya ha ostentado la presidencia de la Primera Sala. En 2012 fue elegido para un periodo de dos años.

La Primera Sala de la Corte se encarga de resolver las controversias constitucionales en materias Penal y Civil, mientras que la Segunda Sala resuelve los asuntos de materia Laboral y Administrativa.

Arranca bien el año al prevalecer la independencia del Poder Judicial sobre la preferencia del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente López Obrador. Ya decíamos la entrega anterior que hay poca comprensión sobre la división de poderes. Al haber sido electa la Ministra Norma Lucía Piña como la nueva presidenta de la Corte, López Obrador volvió a demostrar que la división de poderes le desagrada profundamente.

Declaró: “Si de los 11 ministros, se cuenta con cuatro se asegura que no declaren inconstitucional una ley […] ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda.”

Así el presidente demostró que cuando manda ternas al Senado para integrar la Corte, lo hace asumiendo que quien resulte electo debe de avalar cualquier iniciativa de su gobierno. No entiende que sus nombramientos los debe hacer pensando en enriquecer la procuración de justicia en el país para todos, no la sumisión a sus designios.

Un gobierno empeñado en acaparar todo se vio acotado. No todo está perdido. Y por ello arrancamos bien el penúltimo año de esta presidencia.

Más allá de que la llegada de la Ministra Norma Lucía Piña significa el triunfo de la primera mujer para presidir la corte, la importancia viene de que ella ha sido una Ministra profesional e independiente. Es un triunfo de género, pero es mucho más un triunfo para el Poder Judicial.

Pocos días antes de la elección por la presidencia de la Corte un grupo de amistades especulábamos sobre las probabilidades que tenía la Ministra Yasmín Esquivel de ganar la presidencia de la Suprema Corte.

En prácticamente cualquier régimen desarrollado la acusación, pruebas y respuesta de la Ministra Esquivel habría merecido una aclaración expedita, incluso previo a la elección por la presidencia de la Corte. Y a partir de la resolución, acciones.

Si la investigación resolvía que la Ministra plagió, el castigo no sería simplemente no ganar la presidencia de la Corte. Significaría la revocación de su título y por ende su expulsión de la Corte. Ni más, ni menos.

Si, por el contrario, la investigación resultara en que todo fue una campaña para tumbar su candidatura a la presidencia, el castigo debiera ser igual de contundente para quienes orquestaron esta campaña en contra de una Ministra que, en ese sentido, sería exonerada como intachable.

Pero con un gobierno que ha buscado arrasar con los contrapesos democráticos, existía la duda sobre si la Ministra Esquivel iba a ganar la presidencia de la Corte a pesar de los señalamientos y sus pruebas.

Hasta ahora, la UNAM ha dicho que hay una coincidencia del 90 por ciento entre ambas tesis. La primera en publicarse un año antes fue la de Édgar Ulises Báez. Aun cuando ya no ganó la presidencia de la Corte la Ministra Yasmín Esquivel, el asunto debe esclarecerse. Si plagió, no puede seguir siendo Ministra.

Un gobernante que ha repetido una y otra vez que en su gobierno no se miente; no se roba y no se traiciona ha decidido por anticipado defender a la acusada de plagio y atacar a quien la señaló, de ser un alcahuete. Así se ha referido el presidente sobre el académico Guillermo Sheridan quien ayer dio una elegante respuesta en estas páginas a este señalamiento presidencial.

Felicidades a la Suprema Corte de Justicia por la elección de Norma Lucía Piña, una Ministra que ha probado su profesionalismo e independencia. Ahora toca cerrar el círculo llegando hasta las últimas consecuencias respecto al posible plagio de la Ministra Esquivel. Si plagió, no puede seguir en la Corte.

Columna completa en El Universal

La dirigencia nacional del PRI felicitó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández por su elección como nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El PRI, encabezado por Alejandro Moreno, destacó que el hecho de tener a la primera mujer mexicana en ocupar el más alto cargo en el Poder Judicial de la Federación, lo que dijo, es muestra de la madurez que ha alcanzado la democracia en el país.

Señaló que los integrantes del máximo tribunal optaron no sólo por preservar, sino además por fortalecer la independencia de uno de los Poderes de la Unión, lo cual redundará en el fortalecimiento de su labor como garantía de la Constitución y de los derechos humanos. La dirigencia del tricolor expresó que “estamos seguros que su trabajo será determinante para la hicieron del orden constitucional y de las instituciones de nuestro país”.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, confió en que los próximos cuatro años serán de un auténtico equilibrio de poderes y de una absoluta defensa de la Constitución.

“Para nadie es un secreto que en los últimos años el máximo tribunal de justicia de nuestro país y el Poder Judicial en su conjunto han vivido un acoso permanente del Presidente de la República. Confiamos en que la nueva Presidencia no cederá ante las presiones que, sin duda, no serán pocas”, detalló.

Cortés Mendoza confió en que la Ministra Norma Piña devolverá a la institución el profesionalismo, la imparcialidad, ecuanimidad y neutralidad política que debe tener: “cualquier indicio de lo contrario será señalado por Acción Nacional. No obstante, las y los ministros también tendrán en el PAN un aliado para hacer eco de las denuncias que hagan ante cualquier tipo de presión. Nada ni nadie puede estar por encima de la ley”, enfatizó.

Cortes Mendoza pidió a la nueva ministra presidenta se asegure de que en ningún caso los actos del Estado vulnerarán los derechos consagrados en la Constitución, y que medie en los conflictos que puedan surgir entre los Poderes.

“Hoy, como nunca antes, México necesita de una Suprema Corte de Justicia fuerte, independiente y autónoma, que no ceda ante las presiones o coqueteos del oficialismo, que sea un contrapeso frente al Ejecutivo y que actúe con oportunidad para evitar cualquier tipo de violación de derechos y garantías. Hoy debemos unirnos todos para poner un freno al autoritarismo”, puntualizó.

Finalmente, el líder del PAN confío en que la nueva presidencia de la SCJN no tolerará la ambición inconstitucional de López Obrador de controlar al Poder Judicial de la Federación y que en contraste de quien concluye, la ministra presidenta recién nombrada sabrá mantener la sana distancia y la constitucional independencia que debe existir entre los Poderes de la Unión.

Finalmente, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados celebró el nombramiento de la ministra Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte.

“Celebramos que sea la primera vez en la historia que una mujer asume dicho cargo y reconocemos la determinación por romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal, tal y como ella lo señaló al asumir el compromiso de representar a las mujeres desde este espacio”, indicó el diputado Jorge Álvarez Máynez.

La bancada refrendó la necesidad de seguir fortaleciendo la división de Poderes “y confiamos en que esta nueva Presidencia renueve el compromiso de contar con un Poder Judicial de la Federación honesto e independiente en aras de fortalecer el sistema judicial”.

Esta tarde, en sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió como su presidenta para el periodo 2023 – 2026 a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, sucediendo en el cargo al Ministro Arturo Zaldívar, quien concluyó su periodo el pasado 31 de diciembre.

Piña Hernández consiguió los seis votos necesarios después de tres rondas de votación; la Ministra se enfrentó en la última ronda, al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se quedó con cinco votos. Así, fue quien logró el respaldo entre sus compañeros que también buscaban la presidencia: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Javier Laynez.

En la primera ronda de votaciones, la ministra Norma Lucía Piña Hernández obtuvo tres votos y el resto de los aspirantes solamente dos votos.

En la segunda ronda, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó cuatro sufragios y la ministra Norma Lucía Piña, tres, con lo que ambos pasaron a la tercera ronda y los demás fueron eliminados del proceso.

Al asumir el encargo, la Ministra Piña, primera mujer que preside el Alto Tribunal, manifestó sentirse honrada, comprometida, responsabilizada moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación “con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida, al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero”.

La nueva presidenta de la Suprema Corte señaló que la responsabilidad que se le encomendó tiene una doble dimensión: representar a los Ministros de la SCJN, Consejeras y Consejeros de la Judicatura Federal, al tiempo que, como primera mujer que preside el Alto Tribunal, implica romper el “techo de cristal” que se había impuesto por la cultura patriarcal.

“Nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, sostuvo. “Estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México”, agregó.

Así, y tal y como se tenía previsto, el Pleno eligió de entre sus miembros al Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a su vez lo es del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Según un análisis del diario Reforma, la Ministra Norma Piña es la integrante de la Corte que menos apoyaron al gobierno del presidente López Obrador, en 18 asuntos que se presentaron entre 2019 y 2022.

Entre los cinco aspirantes a la presidencia, Yasmín Esquivel apoyo 12 de los 18 asuntos, es decir, un 67% de los casos; Javier Laynez apoyo un 28% al igual que Alberto Pérez Dayán, mientras que Alfredo Gutiérrez solo lo hizo en un 22% de los casos. La ahora nueva presidenta solo apoyo 3 de los 18, un 17%.

La tesis con la que obtuvo la licenciatura la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, tiene coincidencias en su contenido por hasta 90% con un trabajo de titulación entregado un año antes, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”, dijo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Después del análisis de la documentación por el Comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90 por ciento, resulta evidente la existencia de un plagio”, sostuvo en un comunicado el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Recordemos que recientemente se dio a conocer que la tesis que presentó la ministra en 1987, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, era “similar” a la del egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Báez y con la que se tituló en 1986.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, las primeras conclusiones “hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986”, escrita por Báez, ante la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales.

Aunque también señaló que José Báez entregó un testimonio notariado que contiene un escrito “expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987”.

La UNAM señaló que seguirá con las investigaciones, ya que, debido a contradicciones, “es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas”.

Al respecto, la ministra Esquivel también sostuvo que Báez había declarado ante notario público que reconocía y manifestaba expresamente: “de ese trabajo tomé varias referencias y texto” y “pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986”.

“Ante estos hechos, se confirma que la autoría original del trabajo es mía”, indicó Esquivel en un pronunciamiento público, en el que también confirmaba que no desistirá de su intento por presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual se definirá este mismo lunes.

El rector de la UNAM señaló que la Universidad llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como este, es decir, el plagio de tesis.

Graue adelantó que se podrían hacer cambios legales a las normativas universitarias de la casa de estudios y herramientas digitales para detectar irregularidades.

El tema del supuesto plagio de la Ministra ha tomado gran relevancia, pues una de las Ministras que ha levantado la mano para buscar encabezar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), elección que se llevará a cabo este lunes.

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, rindió su cuarto y último informe anual de labores, en el que destacó haber conseguido acabar con la corrupción y el nepotismo en las instituciones del poder judicial, así como de haber implementado diversas accioens para garantizar la igualdad de género.

“En cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaba en la judicatura”, aseguró Zaldívar, en el que estuvo acompañado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Lo consiguió, dijo, mediante la imposición de sanciones ejemplares y la prevención mediante un sistema de denuncias y control del patrimonio de los servidores públicos.

Asimismo, enfatizó que se logró acabar con el nepotismo y del tráfico de influencias, haciendo del mérito “el único mecanismo de ascenso en el poder judicial” y siempre bajo “una perspectiva de igualdad”.

Destacó que con la reforma constitucional y legal en materia judicial llevada a cabo el año pasado, permitió el aumento del número de mujeres en la carrera judicial, lo que señaló como su mayor logro.

“La igualdad entre hombres y mujeres es una exigencia básica de la justicia. Es una cuestión de derechos y de dignidad. Vivimos en un mundo en el que las mujeres no gozan de los mismos derechos simplemente por el hecho de ser mujeres”, sostuvo el Ministro Presidente.

Durante su mandato, detalló, 273 mujeres fueron nombradas juezas de distrito, lo que supone más del 50% de las designadas desde 1995. También fueron nombradas 812 magistradas, pasando a significar el 24% de los miembros de la carrera.

Otro de los logros que señaló fue la garantía de igualdad de oportunidades y derechos para migrantes, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad o diversidad sexual.

El mandato de Zaldívar, que llega a su término a finales de mes, ha estado marcado por la defensa de los derechos sociales, entre los que destacaron el fallo que declaró inconstitucional la prohibición del aborto o la despenalización del consumo recreativo de marihuana.

Durante su informe, el presidente de la Suprema Corte reiteró que su prioridad han sido las causas “de los pobres y los oprimidos”, pues “no puede haber una sociedad justa si quienes la conforman no tienen igualdad de derechos”.

Sin embargo, la gestión de Zaldívar no estuvo alejada de la polémica. El año pasado rechazó la ampliación de su mandato hasta 2024, algo que fue propuesto por los legisladores, tomando el cuenta la supuesta cercanía que el Ministro Presidente guarda con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Zaldívar dijo irse con “la satisfacción del deber cumplido” y remarcó que la justicia social es la deuda pendiente que se tiene con México.

“Entregamos un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano. Que responde con resultados. Que rinde cuentas con datos duros. Que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos, y no con palabras. Con sentencias, y no con discursos”, remató.