Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, mejor conocido como el ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo.
Dicho recurso se interpuso, debido a que la autoridad electoral considera que las modificaciones legislativas que se plantearon en el Decreto crean condiciones que mermarían la autonomía del INE y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata.
Ademas, indicó que el ‘Plan B’ desequilibra el modelo de comunicación social vigente, lo que perjudicaría la equidad en las contiendas.
Recordó que la Constitución es clara al establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado.
En ese sentido, dijo que la reforma aprobada por Morena y aliados desconoce dichas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, bajo el pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, omitiendo el derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva.
En el recurso legal presentado, la autoridad electoral reclama diversas violaciones al proceso legislativo, al haberse aprobado el llamado ‘Plan B’ apresuradamente y sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que derivó en la falta de una debida discusión, transgrediendo el principio de democracia deliberativa.
Refiriéndose a los diputados de Morena, el INE dijo que “en un evidente fraude a la ley”, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen.
Recordemos que desde la semana pasada, el INE inició diálogos para informar los efectos que tendrá la reforma en las próximas elecciones del 2024. Presentó un informe sobre el impacto que tendrá la reforma electoral en la democracia del país.
Algunos de los efectos del ‘Plan B’ sería el retraso en el cómputo de los votos, se pondría en riesgo la organización de elecciones y se promovería la ausencia de funcionarios de casillas.
Y es que por ejemplo, actualmente existen cinco vocales en cada una de las 300 Juntas Distritales y cada uno realiza diferentes funciones. Con la reforma se quedará un sólo vocal con todas las tareas; se reduciría el tiempo para la capacitación de los funcionarios; y habría riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito.
