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Durante la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se presentó un artículo transitorio por el que se amplió el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo al acuerdo presentado, y aprobado con el apoyo de las bancadas afines a la 4T (Morena-PT-PVEM-PES) el periodo de Zaldívar pasa de 4 a 6 años, mientras que el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, aliado de su partido, a quien la oposición acusó de pretender hacer uno uso electoral del tema.

Monreal dijo que los partidos que se dicen en contra del artículo tienen caminos jurisdiccionales, aunque también  también tienen caminos legislativos, pues explicó que el Senado es Cámara de origen, por lo cual los Diputados pueden “enmendar, pueden corregir si ellos lo consideran pertinente y eliminar esta reserva”.

“Convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y de la mayoría, para que nos corrijan la plana. No sería la primera ni la última vez que esto sucede”, advirtió el morenista.

Recordemos que Arturo Zaldívar fue electo ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que desempeñaría hasta diciembre del próximo año, casi dos años antes de que López Obrador finalizara su mandato. Sin embargo, con la aprobación del articulo incluido en la reforma secundaria, su gestión se extiende hasta 2024, año en que AMLO dejaría el poder.

Los partidos de oposición calificaron de un “albazo, un engaño y un agandalle” la inclusión y aprobación del articulo, orquestado dijeron, desde la bancada de Morena. Aseguraron que la propuesta nunca circuló entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció el hecho como un golpe de Estado, además de que “están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura”, toda vez que el artículo 100 de la Constitución marco un periodo de 5 años para los consejeros, señalando que no pueden ser reelectos para un periodo posterior.

Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano pidió al presidente de la SCJN que “por decoro y dignidad” no acepte la “aberración jurídica.

La oposición coincidió en que dicho artículo no se discutió, informó, ni se incluyó en la gaceta, ocasionando “confusión” que llevó a que legisladores del PRI votaran a favor del mismo.

La legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.

El Senado indicó que el objetivo de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, es erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.

Según lo expuesto en el texto, la reforma contempla un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

Asimismo, establece sanciones con responsabilidad administrativa a los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta.

Senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones que hizo el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), e incluso un senador de Morena, Germán Martínez, presentaron su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento los senadores manifestaron que la acción de inconstitucionalidad es entre otros motivos porque atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpio y transición energética de los que México es parte.

Además, señalan que los cambios violan los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.

Apuntan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales como el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat) de los que México forma parte.

Apuntaron que, además, socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y se contrapone al espíritu de lo establecido la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.

Dijeron que la contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía).

Recordemos que la Ley Eléctrica de AMLO se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo, pero tras varias medidas cautelares que empresas perjudicadas presentaron, un juez federal decidió suspenderla de manera indefinida.

El gobierno ha justificado dicha ley al indicar que se busca “rescatar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del supuesto “saqueo” de las privadas y extranjeras. El principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar siempre primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles procedente la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política energética del gobierno federal.

“Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional”, expuso la secretaria de acuerdos, Jazmín Bonilla.

La Cofece presentó la controversia el año pasado, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que daba al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE, la que según la Comisión, afectaba la competencia en el sector.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto, que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, señala que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética.

Adicional, precisa que “otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción”.

Los ministros coincidieron en que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales” que se encomendaron a la Cofece.

La Suprema Corte SCJN invalidó la disposición 7.1 que establecía que “la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica”. También se invalidó el apartado 5.12 en el que la Sener otorgaba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la facultad para evaluar la viabilidad de las solicitudes de interconexión de las empresas privadas con base en diversos criterios.

Adicional, revocó la disposición 8.4 con la que el Cenace tenía control sobre la “asignación y despacho” de unidades de central eléctrica. Anuló también el apartado 10.2 que permitía al Cenace a rechazar solicitudes de interconexión de privados por “criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica”.

La medida 3.8.4. que le daba a la CFE la facultad de “elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN”, también fue eliminada.

Y aunque fueron varios puntos los que se invalidaron, la SCJN validó el punto que permite el “fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE” y criterios para nuevos servicios conexos. También le permitió a la Sener imponer a las empresas privadas de energías “intermitentes” cubrir el costo asociado de incrementar los servicios conexos y catalogar a centrales “con fuente de energía limpia intermitente” que “no proveen una cantidad firme de potencia”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso este miércoles la discusión de una controversia constitucional en contra de la política energética del gobierno federal, que la COFECE señaló de afectar gravemente a las empresas del sector.

La controversia fue enviada a la Corte por la Comisión Federal de Competencia Económica a mediados del año pasado, poco después de que la Secretaría de Energía emitiera una nueva norma en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La nueva política, que también modifica las reglas sobre quién puede generar electricidad, en qué cantidad y que fija nuevas reglas para las centrales renovables, ya ha sido cuestionada en tribunales locales, que han concedido amparos a empresas para frenar su aplicación.

La disputa se da en medio de una manifiesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de favorecer a las empresas estatales de energía, la CFE y Pemex, y ha insinuado la posibilidad de revertir la reforma energética que llevó a cabo el gobierno anterior, pues la acusa de abrir por completo el sector a la inversión privada.

Analistas y empresarios están atentos a la discusión de la controversia constitucional en la Corte, pues podría marcar el rumbo a seguir en los próximos años.

El debate en la Corte se da también en medio de una campaña del presidente en contra de los organismos autónomos, como la COFECE o el instituto de transparencia, el INAI, a los que quiere desaparecer, y trasladar funciones al gobierno, pues asegura que son costosos y propician la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado la legalidad de la consulta que abre la puerta a enjuiciar a los expresidentes de México, considerando que es un avance “importantísimo” para lograr una verdadera democracia.

“Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia y se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39, que el poder emana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia, no solo representativa sino la democracia participativa”, dijo el mandatario.

López Obrador añadió que “nadie se preocupe más de la cuenta”, alegando que el pueblo es “sabio” y “va a votar por lo que considere más importante”.

El presidente consideró “genérica” y poco clara la pregunta elaborada por los Ministros; dijo que se irá aclarando.

Y es que los Ministros resolvieron modificar la pregunta que se realizará, quedando de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

AMLO dijo que de acuerdo a lo que entendía, los ciudadanos que estén a favor de que se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el ‘Sí’ y los no están de acuerdo tendrían que votar por el ‘No’.

Recordemos que ayer, Corte rechazó el proyecto que solicitaba declarar inconstitucional la consulta, que fue solicitada al Senado por López Obrador, al considerar que la Constitución establece que se puede “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia” para el  país, como sería el caso.

El respaldo a la consulta fue por seis de los once Ministros, cinco votaron en contra.

El dirigente nacional, Marko Cortés, aseguró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) de avalar la constitucional de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es muy lamentable, pues resulta una clara estrategia electoral del presidente López Obrador.

“Esta consulta a todas luces es ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Presidente. Además de que con esta decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo”, acusó el dirigente panista.

Aseguró que si algún expresidente incurrió en algún delito, sin consulta alguna de por medio, se le debe denunciar, y en caso de resultar responsable, juzgarlo como lo marca la ley y la Constitución.

Desde la dirigencia nacional del PAN condenaron las presiones ejercidas por López Obrador hacia el Poder Judicial.

Indicaron que al declarar válida la consulta solicitada por AMLO contra los expresidentes de la República se pone en riesgo los derechos humanos y la división de poderes.

Afirmaron que lo único que busca López Obrador es crear un “circo” para distraernos de los graves problemas que vive el país, como es el alto desempleo, la crisis en salud y uno de los peores momentos en seguridad que ha vivido México durante varias décadas.

Cortés Mendoza convocó a todos los sectores de la sociedad a manifestarse en contra de la decisión de la Suprema Corte y a favor de la defensa de las instituciones y poderes del Estado.

Por su parte el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la decisión de la SCJN representa un paso trascendental para la construcción de una verdadera democracia.

“Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas, por la que millones lo han entregado todo”, afirmó en sus redes sociales, mostrando los nombres de los ministros y cómo ejerció cada uno su voto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la realización de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y en su caso enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios de México.

La propuesta fue aprobada por seis ministros de la Corte. Los ministros que respaldaron la consulta fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis González Alcántara; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.

Los otros cinco ministros, votaron en contra al coincidir en que la propuesta resultaba inconstitucional.

Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto de los ministros defendieron que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.

Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que la pregunta era “ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”, por lo que se propuso que la pregunta fuera modificada.

La propuesta de pregunta que obtuvo el respaldo de los ministros fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

López Obrador quiere consultar a los mexicanos si apoyan que se investigue, “y en su caso sancionen”, la presunta comisión de delitos por parte de todos los expresidentes mexicanos desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una “corrupción sistemática” en el país.

El mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias.

Analistas y expertos han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para llevarlos ante un Tribunal.

Aunque ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, AMLO ha defendido hacer “borrón y cuenta nueva” con los expresidentes para no abonar la venganza. Pese a su insistencia en la consulta, adelantó que él votaría que no.

Los expresidentes sobre los que se consultará serán Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

“Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México”.

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República confirmó que recibió en total cuatro peticiones de Consulta Popular, a las cuales se les ha dado entrada y el trámite correspondiente.

Tres de ellas están relacionadas al posible enjuiciamiento de los ex presidentes, mientras que una más es sobre un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas.

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, informó que, en caso de ser aprobadas, podrían realizarse en el mes de agosto del 2021.

Detalló que las solicitudes recibidas fueron:

  1. Petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
  2. Petición de Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del CEN de Morena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
  3. Petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Sobre las solicitudes, Eduardo Ramírez dijo que corresponde a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, la constitucionalidad de la pregunta en la consulta solicitado por AMLO. Si se aprueba por mayoría, se emite la convocatoria respectiva y se ordena al INE su realización.

Sobre la petición de Vázquez Arellano y Sánchez Bahena, indicó que se turnará el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2% de firmas y si este es validado, también se enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad.

Finalmente, la cuarta solicitud fue presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

  • ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

En ete caso será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.

La petición para que se celebre una consulta popular que pregunte a la ciudadanía de México si quiere que se investigue y, en su caso, se presenten cargos contra los expresidentes, llegó esta tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que  es quien decidirá si procede o no la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió por la mañana al Senado la petición formal y la cámara alta la turnó de forma de inmediata al máximo tribunal, que decidirá sobre su constitucionalidad.

López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones de mitad del sexenio y que son clave para que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una “corrupción sistemática” desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de “neoliberal o neoporfirista”.

En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente esta mañana que sí las habían logrado recabar.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

“No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto”, explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

“Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud”.

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este jueves que interpuso una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicios en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que encabeza la jueza María del Rosario Castillo Sánchez.

Mediante un comunicado, el CJF señaló que recibieron información que amerita una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, alías “El Mochomo”, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Consejo de la Judicatura señaló que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de las juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero enfatizó que toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

“No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”, dijo el CJF.

Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que aunque se apoyará a las y los servidores públicos del Poder Judicial que son honestos y trabajan por el país., cualquier sospecha de corrupción será investigada.

“Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, remató.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención de “El Mochomo”, éste quedara en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra “los que resulten responsables” de dañar a la Hacienda Pública por contratos “fraudulentos” entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

“Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas”, insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria”, dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España “por qué están actuando así”.  Aun así, adelantó que va “a defender el interés público” ante la Corte, aunque “lleve tiempo”, pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

“Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?”, remató.

El gobernado de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respetará el fallo con el que limitan su gobierno a los dos años por lo que originalmente fue electo.

“Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado”, dijo Bonilla en un breve encuentro con medios, luego de conocerse la decisión de la Corte.

Bonilla indicó que estaba peleando más tiempo en la gubernatura para que pudiera cumplir con el programa de gobierno que se ha trazado, “no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar”.

El morenista afirmó que con la decisión de la SCJN, se celebrarán elecciones en Baja California en el 2021, por lo que hizo un llamado a quienes aspiren a ser candidatos en Morena, pues dijo, deben “levantar la mano” para que los comiencen a ubicar.

Acusó que hasta ahora ninguno de los ministros de la Suprema Corte ha podido decir qué artículo de la Constitución se violó con la llamada reforma que le permitía extender su mandato por cinco años, por lo que dijo, se “armaron de otros argumentos” para echarla para atrás.

El mandatario local dijo que para que una reforma sea inconstitucional debe haber violado un artículo de la Constitución.

Sobre la petición que la oposición ha hecho de iniciar juicio político en contra de los legisladores que en su momento aprobaron la modificación al artículo octavo de la Constitución del estado que lo beneficiaba, indicó que su gobierno no iniciará ningún procedimiento contra ellos, pues sostuvo que el Congreso local es libre y soberano. “Es una cosa que deben entender en el centro y nunca lo han entendido”.

Aprovechó para culpar a la derecha de haber influido en la decisión de los ministros, específicamente a la Coparmex.

“La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex (…) son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico. Hubo intereses políticos obviamente”, expresó el gobernador.

Incluso dijo que los ministros se protegieron entre ellos al tomar la decisión unánime. Pidió imaginar a un Ministro votando en contra, “iban a decir automáticamente ‘oye, este ya lo maicearon’, entonces se protegieron ellos”.

El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, saludó esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de echar para atrás la llamada Ley Bonilla.

El dirigente partidísta indicó que no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo, en referencia a que los bajacalifornianos votaron por Bonilla para un periodo sólo de dos años.

“Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”, sostuvo Ramírez Cuéllar.

Por su parte el coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado, no dejó pasar la oportunidad de señalar al PAN de ser el partido que avaló, en su mayoría la ‘Ley Bonilla’.

“Llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California”, dijo Delgado. Además dijo, el fallo de la Corte garantiza que hay autonomía real y auténtica división de poderes.

Quien se manifestó al respecto fue el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien indicó que la decisión de los ministros de la Supre Corte garantizaba la legalidad y la división de poderes.

Incluso dijo, que la decisión histórica de la Corte sorprendió a “escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República”.

Por su parte el grupo parlamentario del PT  en Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte, pues consideró que la ‘Ley Bonilla’ era “un hecho fraudulento que atentaba contra la certeza electoral y la legalidad jurídica de México”.

Coincidieron en que fue una decisión correcta el anular la reforma que permitía a Jaime Bonilla mantenerse en el cargo hasta el 2024 y no sólo por dos años como inicialmente estaba plasmado en la ley, y que fue por como votaron los ciudadanos de Baja California.

Aseguraron que para las y los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, “la democracia tiene que ser la máxima responsabilidad, pues está en nuestras manos respetar la confianza de quienes nos dieron su voto”.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la llamada Ley Bonilla.

Aplaudió la decisión de los ministros de determinar inconstitucional la ampliación del mandato del gobierno de Jaime Bonilla. Enfatizaron que al interior de la Segob siempre se “apuntó a ese criterio” (anularla).

La dependencia recordó que en el Senado de la República, el pasado 26 de septiembre, Sánchez Cordero subrayó que desde su punto de vista personal, la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional, señalando que no podría haber intromisión del gobierno federal en un asunto del Congreso local que debería resolver la Suprema Corte.

Sobre la grabación que salió a la luz, efectuada el día de la toma de posesión de Bonilla, donde la también exministra celebraba la ampliación del periodo de mandato de dos a cinco años, la dependencia dijo que lo publicado fue sacado de contexto y que “en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte”.

“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional. Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”, aclaró la Segob.

Sánchez Cordero añadió que al haber sido ministra de la Corte, defendió y seguirá defendiendo la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional.

La titular de la política interior del país dijo que es “partidaria y defensora” del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”.

“Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático”, remató Sánchez Cordero.