La Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la llamada Ley Bonilla.
Aplaudió la decisión de los ministros de determinar inconstitucional la ampliación del mandato del gobierno de Jaime Bonilla. Enfatizaron que al interior de la Segob siempre se “apuntó a ese criterio” (anularla).
La dependencia recordó que en el Senado de la República, el pasado 26 de septiembre, Sánchez Cordero subrayó que desde su punto de vista personal, la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional, señalando que no podría haber intromisión del gobierno federal en un asunto del Congreso local que debería resolver la Suprema Corte.
Sobre la grabación que salió a la luz, efectuada el día de la toma de posesión de Bonilla, donde la también exministra celebraba la ampliación del periodo de mandato de dos a cinco años, la dependencia dijo que lo publicado fue sacado de contexto y que “en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte”.
“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional. Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”, aclaró la Segob.
Sánchez Cordero añadió que al haber sido ministra de la Corte, defendió y seguirá defendiendo la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional.
La titular de la política interior del país dijo que es “partidaria y defensora” del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”.
“Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático”, remató Sánchez Cordero.
