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La mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la tarde-noche de ayer, por votación, llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, debido al manejo de la frontera con México por parte del gobierno federal.

La votación representa la primera vez en casi 150 años que se inicia un proceso de juicio político contra un secretario del gabinete.

Los representantes republicanos han investigado durante meses las acciones de Mayorkas como parte de su objetivo de convertir a la inmigración y la seguridad fronteriza en un tema clave en las próximas elecciones.

Los republicanos en la Cámara de Representantes trataron de llevar a juicio político a Mayorkas la semana pasada, pero fracasaron. Tres republicanos se expresaron en contra de la medida. Un cuarto legislador cambió su voto de sí a no como parte de una táctica que permitió que se retomara el tema, así que la votación final fue de 214-216.

Pero los republicanos prometieron que volverían a poner sobre la mesa la votación de juicio político, algo que finalmente sucedió ayer.

Los republicanos culpan de toda la crisis que se vive en la frontera al secretario de Seguridad Nacional y han dicho que es por esto que debe dejar el cargo. Afirman que el Gobierno de Biden se ha deshecho de medidas implementadas en la presidencia anterior que disuadían a los migrantes, o que ha implementado normas que han atraído a los migrantes.

La Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes ha llevado a cabo audiencias durante prácticamente todo el año pasado en las que los republicanos han arremetido en reiteradas ocasiones contra Mayorkas. Los republicanos afirman que el secretario viola las leyes de inmigración al no detener a suficientes migrantes y al implementar un programa de permisos condicionales humanitarios que, afirman, elude al Congreso para permitir que ingresen personas al país que, de otra forma, serían inelegibles.

Además, afirman que le ha mentido al Congreso cuando ha dicho cosas como que la frontera es segura.

Los demócratas y muchos expertos jurídicos han dicho que, en esencia, se trata de una disputa política y que a los republicanos simplemente no les complacen las medidas en materia de inmigración que ha implementado el Gobierno federal.

Pero, ¿qué sigue? Mayorkas aún ocupa el cargo. Es el Senado el que determina si un funcionario en juicio político es declarado culpable y, por lo tanto, destituido.

Para declararlo culpable se requiere de un respaldo mucho más elevado que el de apertura de juicio político. Los demócratas controlan el Senado en proporción de 51-49. Se requiere del voto de dos terceras partes del Senado para una sentencia condenatoria, a diferencia de una mayoría simple que bastó para dar inicio a un proceso de juicio político en la Cámara de Representantes.

Esto significa que todos los republicanos, y un número significativo de demócratas tendrían que votar a favor de declarar culpable a Mayorkas, un escenario sumamente improbable, tomando en cuenta que algunos republicanos no están del todo convencidos con la idea de una destitución.

Mayorkas ha dicho que está dispuesto a defenderse en el Senado si su caso llega a juicio. Y mientras tanto, afirma que está concentrado en su trabajo.

Horas después de que la Suprema Corte de México determinara que es inconstitucional un acuerdo del gobierno que declaraba grandes proyectos de infraestructura como obras de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto similar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en claro desafío al fallo del alto tribunal.

La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que las obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.

DECRETO AQUÍ

Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo que daba ese mismo calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, la polémica obra en el sureste que el mandatario ha prometido entregar en diciembre próximo, y que ha intentado acelerar eximiéndola de permisos y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.

Además del Tren Maya, el nuevo decretó añade que son obras de seguridad nacional el Corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec, y varios aeropuertos de esa zona del sureste.

El fallo de ayer de la Corte es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.

De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también irá más allá. La Corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.

López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.

López Obrador se está apresurando para terminar el Tren Maya, a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.

El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.

En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucedió ayer en la Corte y la decisión del presidente de apresurarse a emitir un nuevo decreto. Carlos Bravo Regidor, analista y periodista, comenta al respecto.

Al menos 53 senadores de oposición pidieron a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, interponer un recurso de inconstitucional contra el acuerdo del presidente que cataloga las obras de infraestructura del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional, y que blinda la información al respecto.

El lunes pasado, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), se publico un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su Administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles sean frenadas mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que lo impugnará pues vulnera el derecho de acceso a la información.

Ante la petición de los senadores, Sánchez Cordero dijo que someterá “a consulta jurídica” la solicitud que le hicieron los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y del PRD para que interponga una controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal.

Tras el debate que se llevó a cabo sobre el tema, Sánchez Cordero sostuvo que quería “tener una opinión jurídica” con el objetivo de contar con los argumentos sobre el interés y la legitimación del Senado para promover la controversia constitucional.

La legisladora del PAN, Kenia López Rabadán, indicó que el reto para la Presidenta del Senado era enorme, pues tendrá que definirse entre cuidar y destacar su carrera como jurista constitucional o someterse al gobierno autoritario de López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, indicó que el acuerdo del Ejecutivo tiene “una razón válida” para considerar de interés público los proyectos estratégicos de infraestructura, de desarrollo socioeconómico y de turismo en las zonas en donde se llevan a cabo, pues se necesita respaldar a las regiones rezagadas.

Monreal señaló que alrededor de 80 legisladoras y legisladores no están de acuerdo con que Sánchez Cordero presente, de manera unilateral, una controversia contra el acuerdo presentado por el Presidente de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 aseguró este martes que el acuerdo que declara las principales obras de su gobierno como temas de “seguridad nacional” sirve simplemente para “agilizar trámites” y no para evitar la rendición de cuentas.

“Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras”, respondió el mandatario en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Este acuerdo fue rápidamente criticado por la oposición, pues se aseguró que incentivará la opacidad. Incluso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si el acuerdo “vulnera el derecho de acceso a la información”.

Pese a las reacciones, López Obrador quitó importancia a este acuerdo, pues consideró que sirve “para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras”. Además, también sirve para “dar la confianza a las instituciones y a las empresas” que están trabajando en obras como el Tren Maya, en el sureste del país.

“Eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno, entre dependencias”, remarcó; y añadió que se firmó pues “tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras” pese a que sus detractores apuesten a que dejarán obras inconclusas.

Sostuvo que el acuerdo no tienen nada que ver con la transparencia pues las secretarías, “todos, estamos obligados a rendir cuentas”.

Como ya se ha hecho costumbre, el presidente atribuyó a algunos medios de comunicación el revuelo causado por el acuerdo publicado, que insistió, es un mero “asunto interno”.

El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles son algunas de las principales obras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pese al discurso de austeridad y a raíz de las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el Gobierno priorice estos megaproyectos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó la tarde de ayer un acuerdo por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su gobierno.

El acuerdo, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.

Con esto, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos que se interpongan.

El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.

Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.

El acuerdo entró en vigor este mismo martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento. La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Tras la publicación del acuerdo, las redes sociales explotaron en contra de lo firmado por el presidente. Las reacciones de especialistas no se hicieron esperar. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que el decreto “es evidentemente inconstitucional”.

En tanto, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del PAN, aseguró que el acuerdo era “increíble”, pues “prácticamente con esto el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga, esto es flagrantemente inconstitucional, es un cinismo total el desprecio por la legalidad de López Obrador”, precisó.

Y es que pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el gobierno priorice los megaproyectos del presidente López Obrador. Tan solo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76% del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de “México, ¿Cómo Vamos?”.

“Esto es serio. Esto es grave. Esto exige resistencia”, tuiteó Alejandro Hope, analista de seguridad. Por su parte Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que el acuerdo es “de un peligro extremo”.

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El Senado alista una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la que busca restringir la presencia de agentes extranjeros en el país, entre ellos los de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

“Muestra una clara defensa a la autonomía, la independencia y la soberanía nacionales”, expresó este lunes Ricardo Monreal, presidente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, al compartir la iniciativa del mandatario.

La reforma crearía un marco legal que “defina y acote” las funciones de los agentes de seguridad extranjeros en México, expuso Monreal.

Además, añadió, regularía el intercambio de información entre autoridades mexicanas y elementos extranjeros en el país, y normaría las funciones de las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno en seguridad nacional.

Las modificaciones, comentó, obligarían a las embajadas y misiones extranjeras a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre “hechos en materia de seguridad” de los que “tengan conocimiento”.

Los agentes del exterior también deberán compartir con las autoridades de México la información “de la que se alleguen”, indicó.

“Las reformas propuestas por el Ejecutivo federal en materia de seguridad nacional representan un parteaguas en la defensa de nuestra soberanía”, precisó el morenista.

La iniciativa llega tras las tensiones que ocasionó la captura del exjefe del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, detenido el 15 de octubre en Los Ángeles luego de una investigación de la DEA que Washington no compartió con el gobierno de López Obrador.

El extitular de la Sedena durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, enfrentaba cinco cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero tras una investigación de la DEA. Pero tras el reclamo del gobierno mexicano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó el 17 de noviembre retirar los cargos y permitir que regresara a México en libertad, donde la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación con la información que la justicia estadounidense le compartió.

En ese momento, AMLO negó haber amenazado a Estados Unidos con expulsar a los agentes de la DEA del territorio mexicano. También aseguró que no había “nada oculto” en la negociación con la administración de Donald Trump tras afrontar cuestionamientos por negarse a reconocer la victoria electoral de su rival demócrata, Joe Biden.

Aun así, el líder de Morena en el Senado presumió la nueva iniciativa, que también quita la inmunidad a los agentes extranjeros y limita su trabajo al intercambio de información con México. “Ningún presidente se había atrevido a plantearlo de manera tan firme y categórica”, enfatizó Monreal.

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El presidente Donald Trump anunció este martes el despido de su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, al subrayar sus “fuertes desacuerdos” con “muchas de sus sugerencias”.

“Informé anoche a John Bolton que ya no se requieren sus servicios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, así como otros en el Gobierno”, afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El mandatario estadounidense indicó atendiendo a su solicitud, Bolton le entregó su renuncia esta mañana. Sin embargo, agradeció a su ahora excolaborador por el servicio prestado.

Adelantó que la próxima semana nombrará a un nuevo Asesor de Seguridad Nacional.

Recordemos que Bolton fue nombrado el 9 de abril de 2018 como Consejero de Seguridad Nacional por el presidente Trump.

Del 2005 al 2006 se desempeño como embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, y trabajó en las administraciones de Ronald Reagan y George H.W. Bush.

El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el gobierno federal ha sido omiso en ejercer sus facultades constitucionales respecto a la caravana migrante que arribó al país y que desde hace algunas semanas se han instalado en diversas partes del país, tales como Tijuana y Mexicali, en Baja California.

Señaló que de acuerdo con la Constitución Política, la responsabilidad de los asuntos migratorios es exclusiva del Ejecutivo Federal, particularmente de la Secretaría de Gobernación y de manera específica del Instituto Nacional de Migración.

Lamentó que la irresponsabilidad de abandono de parte del gobierno federal y por el “avasallamiento” del nuevo gobierno, han puesto en riesgo la seguridad interior y ha generado inestabilidad en las ciudades fronterizas, afectando a la población que ahí radica.

Ante dicha situación, el PAN hizo un llamado al gobierno federal a que asuma plenamente sus funciones constitucionales en materia migratoria y que salvaguarde la seguridad y la integridad de los habitantes de Tijuana y Mexicali, y de todas esas zonas fronterizas que están padeciendo por el fenómeno migratorio.

“El Partido Acción Nacional manifiesta su pleno apoyo al Gobernador del Estado de Baja California y a los presidentes municipales de Tijuana y Mexicali y exige al Gobierno Federal, saliente y entrante, que de forma coordinada tome medidas inmediatas y se haga cargo de sus responsabilidades Constitucionales y legales que le corresponden en materia migratoria”, remató.

 

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, aseguró hoy que, de llegar a su país la caravana de migrantes procedente de Honduras, el cruce no se hará a la fuerza, sino que será “humanitario” y “ordenado”.

Sin embargo reiteró que se asegurarán que quienes “no tengan un derecho legal” no puedan entrar.

Nielsen, quien visitó hoy la frontera para presentar la recién reforzada barda fronteriza de 9.14 metros de altura entre Caléxico, California y México, señaló que todas las agencias gubernamentales trabajan para asegurar que “todas las opciones estén sobre la mesa” para frenar el flujo ilegal de inmigrantes que se aproxima.

“Estamos viendo cualquier forma posible dentro del marco legal (…) para asegurarnos de que aquellos que no tengan un derecho legal de venir a este país no puedan entrar, o sean detenidos inmediatamente y luego removidos”, aseguró la funcionaria.

Nielsen enfatizó que al ver las imágenes del cruce de los inmigrantes de Guatemala a México, “eso no va a suceder aquí”, y dijo “aquí vamos a tener un cruce ordenado, humanitario pero ordenado, porque eso es lo que nosotros hacemos; lo hacemos como se tiene que hacer”.

Al respecto dijo que “los muros funcionan”, lo cual aseguró que no es un lema ni un mensaje político, “es un hecho”.

 

 

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes una nueva baja en el equipo de gobierno en La Casa Blanca, pues el Asesor de Seguridad Interior, Tom Bossert, presentó su renuncia.

 

“El presidente agradece el compromiso de Tom con la seguridad de nuestro gran país”, expresó la portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders en una breve declaración a los medios.

 

La salida de Bossert ocurre apenas un día después de la llegada de John Bolton como cuarto Asesor de Seguridad Nacional.

 

Según la candena CNN, múltiples fuentes en La Casa Blanca aseguraron que  Bossert “fue sacado a la fuerza” de su posición, pues su salida tomó por sorpresa a varios de los funcionarios del consejo de Seguridad Nacional, incluyendo a aquellos que colaboraban directamente con él, quienes en muchos casos, se encontraban en reuniones o actividades sin teléfonos celulares cuando se enteraron de la situación a través de los medios.

 

Con información de AFP y CNN / Foto: Archivo APO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazará a su asesor de Seguridad Nacional, Herbert Raymond McMaster, por el ex embajador ante las Naciones Unidas John Bolton, informó esta tarde a través de su red social.

 

 

“Me complace anunciar que, a partir del 9 de abril, el @AmbJohnBolton será mi nuevo Asesor de Seguridad Nacional. Estoy muy agradecido por el servicio del General H.R. McMaster que ha hecho un trabajo excelente y que siempre será mi amigo”, dijo el republicano.

 

Aunque Trump no se refirió a las razones de la marcha de McMaster, el diario The New York Times asegura, citando fuentes de la Casa Blanca, que el ex militar presentó su renuncia, que se hará efectiva en las próximas semanas.

 

Con información de AFP / Foto. Archivo APO

El Presidente Donald Trump anunció su intención de nominar a Kirstjen Nielsen para ocupar el cargo de Secretario de Seguridad Nacional, quien actualmente se desempeña como jefe de personal principal de la Casa Blanca.

 

La Casa Blanca detalló que Nielsen tiene amplia experiencia profesional en las áreas de política y estrategia de seguridad nacional, ciberseguridad, infraestructura crítica y gestión de emergencias, además de que anteriormente colaboraba en el Departamento de Seguridad Nacional en dos administraciones, primero como directora de política legislativa para la Administración de Transporte y Seguridad con el Presidente George W. Bush y luego jefa del como Departamento de Seguridad Nacional y Jefe de Estado Mayor con el Presidente Trump.

 

Se habían mencionado otros nombres para ocupar el cargo, tales como el presidente de la Cámara de Representantes, Michael McCaul (R-Texas), quien fue rechazado luego de que los consejeros de Trump no creían que tuviera la experiencia en conocimiento o la capacidad de gestión para desarrollar el trabajo.

 

Donald Trump hace un nuevo anuncio en cuanto a su circulo cercano dentro de la Casa Blanca y nombra al general H.R. McMaster como nuevo asesor de Seguridad Nacional. Esto luego de que Michael Flynn dimitiera tras la polémica del contacto que sostuvo con el embajador ruso en Washington.

 

Tras un fin de semana de entrevistas en Mar-a-Lago (Florida), Trump da a conocer a los medios su decisión, en la que elogió  el “enorme talento” y la “enorme experiencia” de este militar, “muy respetado por todos en el Ejército”.

 

También informó que Keith Kellogg, quien ha ocupado de forma interina el cargo de Flynn, ahora fungirá como jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional.

 

 

 

Con información de Político / Foto: Twitter