El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó la tarde de ayer un acuerdo por el que se declara como temas de seguridad nacional la realización de proyectos y obras emblemáticas de infraestructura de su gobierno.
El acuerdo, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno federal que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Estos proyectos, puntualiza, abarcan los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos, entre otros.
Con esto, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos que se interpongan.
El acuerdo, que consta de tres artículos y está firmado por López Obrador, argumenta que México requiere de infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas.
Además, puntualiza que se publica con el fin de que la actual administración continúe “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social”.
El acuerdo entró en vigor este mismo martes e instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
Asimismo, señala que la autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la solicitud correspondiente. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, explica el documento. La autorización provisional tendrá vigencia de un año, contado a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
Tras la publicación del acuerdo, las redes sociales explotaron en contra de lo firmado por el presidente. Las reacciones de especialistas no se hicieron esperar. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, aseguró que el decreto “es evidentemente inconstitucional”.
En tanto, Felipe Fernando Macías, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y legislador del PAN, aseguró que el acuerdo era “increíble”, pues “prácticamente con esto el gobierno federal oculta del escrutinio público cualquier obra y ocurrencia que tenga, esto es flagrantemente inconstitucional, es un cinismo total el desprecio por la legalidad de López Obrador”, precisó.
Y es que pese al discurso de austeridad y las crisis derivadas de la pandemia, especialistas han cuestionado que el gobierno priorice los megaproyectos del presidente López Obrador. Tan solo el gasto en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía de la capital, y la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, y el aeropuerto de Tulum equivalen al 0.76% del PIB, reveló en septiembre pasado un análisis de “México, ¿Cómo Vamos?”.
“Esto es serio. Esto es grave. Esto exige resistencia”, tuiteó Alejandro Hope, analista de seguridad. Por su parte Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dijo que el acuerdo es “de un peligro extremo”.
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