Horas después de que la Suprema Corte de México determinara que es inconstitucional un acuerdo del gobierno que declaraba grandes proyectos de infraestructura como obras de “interés público y seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un decreto similar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en claro desafío al fallo del alto tribunal.
La Corte dejó claro que el gobierno federal no puede simplemente decretar que las obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información sobre tales infraestructuras.
Sin embargo, el jueves por la tarde entraba en vigor un acuerdo que daba ese mismo calificativo a varios proyectos, entre ellos el Tren Maya, la polémica obra en el sureste que el mandatario ha prometido entregar en diciembre próximo, y que ha intentado acelerar eximiéndola de permisos y de la presentación de informes públicos bajo el argumento de que es vital para la seguridad del país.
Además del Tren Maya, el nuevo decretó añade que son obras de seguridad nacional el Corredor económico que atravesará el Istmo de Tehuantepec, y varios aeropuertos de esa zona del sureste.
El fallo de ayer de la Corte es el último de una serie de reveses para López Obrador, que ha tratado de ampliar los poderes discrecionales de la presidencia.
De momento no está claro si la determinación judicial del jueves sólo afecta el derecho del público a acceder a la información sobre el gasto, costos y otros datos de ese tipo de proyectos, o si también irá más allá. La Corte tiene previsto discutir y votar el lunes el alcance y las implicaciones del fallo.
López Obrador está molesto con el máximo tribunal por desechar algunas de sus iniciativas de reforma electoral, y ha pedido un cambio para que la Suprema Corte sea un órgano electo. En la actualidad, el presidente sugiere las ternas de posibles jueces, pero el Senado las elige.
López Obrador se está apresurando para terminar el Tren Maya, a pesar de las objeciones por parte de defensores del medio ambiente, de buzos y de arqueólogos.
El gobierno había pausado el proyecto en 2022 luego de que activistas ganaron una orden judicial contra el trazado, porque abría una franja en la selva para las vías sin presentar previamente una declaración de impacto ambiental.
En Broojula, Ana Paula Ordorica te presenta un resumen sobre lo que sucedió ayer en la Corte y la decisión del presidente de apresurarse a emitir un nuevo decreto. Carlos Bravo Regidor, analista y periodista, comenta al respecto.
