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Tras 15 horas de discusión, entrada la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen a la minuta por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y que reforma la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El documento que se devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fue aprobado en lo particular, por 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones.

Se aceptó la reserva que presentó el diputado de Morena Javier Hidalgo, relativa al “consumo problemático” que cita: “el uso de cannabis psicoactivo que provoque problemas graves a la salud de las personas”, se adicione, “incluyendo la adicción, el abuso, la intoxicación y el uso nocivo, o problemas graves en su desenvolvimiento en el entorno social”.

También, se aceptó la reserva del diputado del PRD, Víctor Aguilar Espinosa, para modificar el artículo 8, a fin de estipular que este ordenamiento fomentará el bienestar de la población y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y se suprime del párrafo “por ende las políticas, planes, lineamientos y programas empleados por el Gobierno Federal buscarán la seguridad, prosperidad y bienestar”.

A propuesta de diputados del PRI, se eliminó el carácter vinculante de las opiniones de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y que sea exclusivamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la instancia facultada para emitir las licencias relativas al aprovechamiento industrial del cáñamo.

Otra reserva que aceptó el Pleno fue la del diputado de Morena Sebastián Aguilera Brenes para modificar el párrafo sexto del artículo 29, para estipular que se prohibirá la reconversión de terrenos con vocación forestal a la producción del cannabis, así Conadic y Sader se encargarán de minimizar el impacto del uso de suelo en los principales tipos de vegetación presentes en los estados para no interferir así en sus actividades esenciales.

En el artículo 41, se aceptó la reserva que armonizar la ley bajo el concepto de “consumo problemático”. El cambio precisa que “Conadic coordinará las campañas contra el consumo problemático del cannabis y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar su consumo por parte de menores de edad y grupos vulnerables”.

También se aceptó la reserva al artículo 43, para señalar que el incumplimiento a los preceptos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por las autoridades competentes, de conformidad con lo establecido en esta Ley, y se incluyen las leyes Federal de Variedades Vegetales y la General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.

De igual modo, se aceptó la reserva para aumentar la pena de 3 a 4 años de prisión y de 80 a cien días multa a quien posea cannabis psicoactivo sin la autorización correspondiente.

El Pleno aceptó la reserva al artículo 198 bis del Código Penal Federal, para quedar: “Se sancionará con pena de tres a siete años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, y se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa a quien posea cannabis psicoactivo con la finalidad de cometer las conductas establecidas en la fracción anterior”.

Fue en este punto donde la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, aseguró que al aumentar las penas  quedaba comprobado una vez más que se penaliza la posesión para consumo.

Entrada la madrugada de este miércoles, el Pleno del Senado aprobó en lo particular, con 68 votos a favor y 49 en contra, el dictamen de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Tal como se esperaba, tras poco más de cuatro horas de discusión, Morena, PT y PES rechazaron las propuestas de modificación, presentadas por senadoras y senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD.

También fueron desechados los puntos presentados por Nancy de la Sierra Aramburo del PT y de Germán Martínez Cázares de Morena.

Previamente, alrededor de las 20:30 horas de ayer, con 68 votos a favor y 58 en contra, el Pleno aprobó, en lo general, el dictamen.

Previo a la votación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional, ya que privilegia las energías limpias, fortalece la soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la CFE.

Negó que el dictamen elimine la generación de energía eléctrica a través de plantas de energía limpia, y explicó que se establece un orden de prioridad a nucleoeléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE. “México sí es promotor del uso de energías limpias”, recalcó.

Monreal Ávila recordó que desde el 2013, Morena, entonces oposición, advirtió que revertirían la “reforma energética” de ese entonces, pues privatizaba y desmantelaba al Estado de su prestación de este servicio público. “A los legisladores que éramos oposición se nos pisoteó, ignoró y humilló”,

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, dijo que el dictamen provocará repercusiones en diversas áreas del desarrollo nacional, afectará obligaciones de tratados internacionales, violará el texto capítulo 22 del T-MEC y, en consecuencia, expone al país a demandas y mecanismos sancionatorios.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y condenará al pueblo de nuestro país a pagar dicho aumento.

Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes denunció que el dictamen se procesó sin escuchar opiniones. Y aunque dijo que nadie puede negarse a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, enfatizó que no es razonable poner en riesgo el proyecto de la modernización productiva y de la captación de inversiones sólo por apuntalar a dicho organismo.

En la discusión, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que debe discutirse un nuevo pacto social energético con visión de futuro, que supere los excesos del pasado, garantice los derechos de las generaciones siguientes, el suministro de energía y la justicia social, además de consolidar el rol de Estado y su soberanía en tiempos de globalización.

Gabriela Benavides Cobos, legisladora del PVEM, dijo que, si en realidad queremos ser un país productor de energías limpias, es incongruente que la Ley exija a la Federación operar mayormente con gas y quema de combustóleo.

Los legisladores de la oposición reprocharon a la bancada de Morena, PT y PES haber obedecido al presidente, y haber aprobado el dictamen sin moverle ni una sola coma. “¡Bravo! Cumplieron la instrucción de no mover ni una sola coma”, dijo el Senador de MC, Dante Delgado.

Recordemos que el proyecto de decreto, remitido por la Cámara de Diputados y avalado por las comisiones unidas de Energía; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda, tiene su origen en una iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de dicho ordenamiento.

El Pleno del Senado de la República arrancó esta tarde la discusión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados, la cual aprobó sin modificaciones, y que fue remitida al Senado.

Horas antes, con 23 votos en favor y 20 en contra, las comisiones unidas de Energía; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron sin cambios, en lo general, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Energía, que preside la senadora Rocío Abreu Artiñano, con ocho votos en favor y siete en contra. En tanto, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, cuyo presidente es el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, avaló la minuta con ocho votos en pro y siete en contra.

Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, encabezada por la senadora Ana Lilia Rivera, respaldaron el dictamen con siete votos en favor y seis en contra.

La discusión del dictamen se llevó a cabo por más de cuatro horas y participaron los integrantes de las tres comisiones dictaminadoras, donde manifestaron sus respectivas posturas, en favor y en contra, de este proyecto de decreto.

Previamente, al inicio de la reunión, los integrantes de las comisiones desecharon, por mayoría, la propuesta de senadoras y senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, para realizar un Parlamento Abierto, a efecto de analizar este tema.

Al presentar el dictamen, la Rocío Abreu dijo que el dictamen se aprobó en comisiones con un “amplio consenso”; sin embargo, solo fue respaldada por Morena y el PT.

Abreu Artiñano afirmó que esta reforma es de gran relevancia para el sector energético del país, pues será pilar de desarrollo, clave de la seguridad nacional y beneficiará a los intereses nacionales; además enfatizó que se garantice el abasto nacional de energía, cumplir con el compromiso, de largo plazo, de no incrementar las tarifas, así como asegurar la confiabilidad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, además de proteger la seguridad y soberanía energética.

El senador del PAN, Julen Rementería, consideró que, en la práctica, esta reforma es una “expropiación disfrazada”, además, de que es mentira que con ella la energía será más barata o beneficie a la soberanía de México. Expuso que la CFE no tiene la capacidad para generar por sí sola la energía que requiere el país, por lo que, habrá más apagones.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, afirmó que este proyecto de decreto viola la Constitución, todo el ordenamiento jurídico y varios compromisos internacionales adquiridos por México. “No tengo duda de que significará un retroceso a la salud de los mexicanos, la calidad del medio ambiente y en el uso eficiente de los recursos naturales”.

En el mismo sentido, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, opinó que esta reforma representa pasado y significa un retroceso total que le robará el futuro a la gente. Vaticinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarará inconstitucional.

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que la reforma viola la Constitución en materia de prohibición de monopolios y libre competencia, ya que da ventaja a un solo competidor. También, dijo que genera obstáculos para muchas empresas que ya firmaron compromisos que tienen que ver con el medio ambiente, lo cual las dejaría totalmente fuera del mercado.

La Cámara de Diputados aprobó esta mañana de ayer en lo general, con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, el dictamen de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envío en carácter de preferente.

El documento, que modifica los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 de la Ley, señala que se pretende garantizar un sistema tarifario de precios que serán actualizados en razón de la inflación mediante la operación de centrales eléctricas reguladas por el Contrato Legado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la Red.

Tal como lo pidió AMLO, y que adelantó era una ‘recomendación’ que tenían los legisladores de la llamada Cuarta Transformación, la reforma se aprobó sin un solo cambio.

Como lo planteó el presidente, se modificó el mecanismo del despacho de las centrales eléctricas, para quedar en prioridad: energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la CFE, energía eólica o solar de particulares y ciclos combinados de empresas privadas.

Además, establece la obligación de que los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica se encuentran sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía, y precisa que el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales en las centrales eléctricas.

Elimina la obligatoriedad de comprar por subastas para el Suministrador de Servicios Básicos y se modifican las definiciones de Central Eléctrica Legada, Contrato de Cobertura Eléctrica y Contrato Legado para el Suministro Básico y se agrega la definición de Contrato de Cobertura Eléctrica con Compromiso de Entrega Física.

Se establece un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que tanto la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía  (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), realicen las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica.

Uno de los puntos que más habían preocupado, el que los permisos de autoabastecimiento, con sus modificaciones respectivas, otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente.

Más tarde, con 289 votos a favor, 152 en contra y una abstención, se avaló en lo particular, luego de que se desahogaron, en un promedio de 11 horas, las reservas presentadas por las y los diputados de todos los partidos e independientes.

La Cámara de Diputados remitió el dictamen al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Después de una jornada de poco más de tres horas y media, las comisiones de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, aprobaron de manera unánime el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como nuevo embajador de México en Estados Unidos.

La sesión inició la noche de ayer cerca de las 20:00 hrs, en la que los legisladores de las comisiones escucharon y cuestionaron al funcionario sobre temas varios como la diplomacia de acercamiento, el T-MEC, una posible reunión ente Biden y AMLO, migración, ley eléctrica, puntos de tensión en la relación bilateral, tema laboral, vacunación de mexicanos residentes en EU, seguridad, entre otros.

Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, consideró que el reto actual del nuevo embajador es que México se coordine con la nueva administración estadounidense para aprovechar la coyuntura y atraer cadenas de valor a la región. Para ello, señaló, se debe garantizar confianza a los inversionistas y dar certeza en los contratos, para lo cual dijo, se deben respetar los negocios adquiridos en tratados comerciales, como el T-MEC.

Por su parte Moctezuma Barragán aseguró que es el momento de que la relación bilateral se base en un diálogo que comprometa a las dos partes y permita llegar a acuerdos, que respeten la soberanía de ambas naciones.

Consideró que la nueva relación debe dar respuesta a la pandemia de manera conjunta. El tema de salud pública no se puede entender de manera exclusivamente nacional, los países tienen que cooperar en este tema y ante la nueva realidad.

Durante su comparecencia aseguró que hay muchas coincidencias entre los gobiernos de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Precisó que la protección al medioambiente y los derechos humanos son asuntos que son prioridad para ambas administraciones.

Indicó que los cambios en materia migratoria por parte del nuevo gobierno estadounidense es un momento histórico que México aplaude, por lo que la embajada dará seguimiento puntual a todo lo relacionado con esta materia. “Sabemos que será una de las buenas noticias para la relación bilateral”.

En ese sentido aseguró que se brindará acompañamiento en todo lo relacionado con las órdenes ejecutivas firmadas el 20 de enero de 2020, por el presidente Biden y que tengan que ver con nuestra comunidad, subrayó.

Los legisladores cuestionaron al extitular de la SEP sobre la iniciativa de reforma que envió el presidente a la Ley de la Industria Eléctrica. Respondió que la iniciativa tiene que ser muy bien explicada en Estados Unidos “porque si vemos la ecuación financiera de ambos lados no se pueden tomar decisiones de manera muy sencilla”.

Moctezuma Barragán adelantó que buscará la colaboración entre los sectores público y privado, a fin de fortalecer las ventanillas de salud en los consulados y facilitar la vacunación contra el Covid-19, sin importar la situación migratoria de los connacionales en ese país.

Respecto al ámbito de seguridad recordó que ya hay un diálogo de alto nivel sobre el combate al crimen organizado transnacional y de política de drogas. Dijo que lo importante es saber “que perseguimos objetivos comunes y reorganizarnos en una materia que es muy sensible para las dos naciones”. Expuso que, en materia de tráfico de armamento, la Cancillería ha pedido que las armas de asalto, por lo menos, sean parte de una primera generación de acuerdo que evite que ingresen a México.

Por último, anunció que en coordinación con las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía se monitorean posibles violaciones estadounidenses en materia laboral en centros de trabajo de ese país y se analiza si pueden ser llevados a los mecanismos de diálogo, conciliación y solución de controversias conforme al T-MEC.

Un 58% de los estadounidenses creen que el expresidente Donald Trump debió haber sido condenado en el Senado por incitar a la insurrección, un porcentaje similar al recabado antes del ‘impeachment’.

Y es que el sábado pasado, 57 senadores se pronunciaron a favor de condenar a Trump, entre ellos siete republicanos. Aunque fueron mayoría, la causa demócrata no logro alcanzar los 67 votos que se necesitaban, por lo que Trump podrá presentarse en unas futuras elecciones si así lo decide.

Antes del ‘impeachment’, un 56% de los ciudadanos se mostraba partidarios de la condena y el dato ha permanecido
prácticamente constante (dos puntos más) tras la finalización del juicio, según un sondeo elaborado por Ipsos para la cadena ABC News.

Entre los simpatizantes republicanos, solo un 14% lamenta la absolución, mientras que si solo se tiene en cuenta a los demócratas el dato asciende al 88%. Más de ocho de cada diez republicanos aseguran incluso que el juicio nunca debía haberse celebrado.

Tras la absolución, Trump proclamó victoria reivindicándose como “campeón incansable del estado de derecho” y advirtió de que seguirá en política. Recordemos que el día que abandonó La Casa Blanca advirtió que “volveremos de alguna manera”.

Al respecto, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la absolución de Donald Trump en el juicio político demostró que la “democracia es frágil” y, por ello, pidió a todos los estadounidenses “defender la verdad y derrotar las mentiras”.

Solo usando la verdad, argumentó Biden, Estados Unidos será capaz de acabar con la “guerra no civil” entre demócratas y republicanos y “curar el alma de la nación”.

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales aliados políticos del expresidente Donald Trump, aseguró que éste sigue siendo “la fuerza más potente” del Partido Republicano tras superar su segundo ‘impeachment’.

“El movimiento Trump está vivo y bien. Todo lo que puedo decir es que la fuerza más potente del Partido Republicano es la del presidente Trump. Necesitamos el plus de Trump”, dijo Graham en declaraciones a la cadena Fox News.

Los abogados de Donald Trump iniciaron la defensa del expresidente en su juicio político negando enérgicamente que tuviera papel alguno de incitación del asalto al Capitolio y dijeron que la acusación en contar del republicano está motivada por el “odio” y es parte de una “cacería de brujas” demócrata.

Los abogados dijeron a los senadores que Trump tenía derecho a cuestionar los resultados de la elección de 2020 y que al hacerlo, incluso en un discurso que precedió el asalto al Capitolio, eso no significó incitar los actos de violencia que se produjeron.

Trataron de volver los argumentos de los acusadores en su contra al comparar los cuestionamientos demócratas del triunfo de Trump en 2016 con la actitud de Trump en la última elección. Cuando Trump imploró a sus seguidores que “pelearan como demonios” el 6 de enero, eso no se diferenciaba con la retórica de los demócratas en cuanto a incitar a la violencia.

“Esta es retórica política que es prácticamente imposible de distinguir del lenguaje utilizado por la gente de todo el espectro político durante cientos de años”, dijo Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump. “Innumerables políticos han hablado de luchar por nuestros principios”.

Después de una acusación que recurrió a imágenes violentas del asalto al capitolio, el juicio político pasó a los abogados defensores, que hicieron una concesión fundamental: la violencia fue tan traumática, inaceptable e ilegal como dicen los demócratas, pero Trump no la ordenó. Van der Veen dijo que el asalto fue realizado por personas que “secuestraron” para sus propios fines lo que debía ser un evento pacífico. Incluso dijo que habían hecho planes para ejercer la violencia antes de que Trump hablara. “Uno no puede incitar lo que iba a suceder”, añadió.

Reconocer los horrores de la jornada tuvo por objeto debilitar el impacto de los argumentos demócratas y apelar a lo que consideran el asunto medular del juicio, y con más posibilidades de ganar: si es que se puede considerar al entonces presidente Trump responsable de incitar el ataque del 6 de enero. Cinco personas murieron a causa del asalto al Capitolio y sus secuelas.

Es un argumento dirigido a los senadores republicanos, que quieren sumarse a condenar la violencia, pero sin llegar a condenar al ahora exmandatario. “No lo han vinculado en absoluto con Trump”, dijo David Schoen, uno de los abogados del expresidente.

El proceso podría culminar con una votación este fin de semana por parte de los senadores, que fungen como jurado.

En documentos legales y alegatos al inicio de la semana, los abogados de Trump dejaron en claro su posición, de que los responsables de los disturbios fueron los revoltosos que asaltaron el edificio y que están siendo juzgados por la justicia.

Al finalizar su presentación ayer, los demócratas utilizaron videos y palabras de la turba el 6 de enero para incriminar a Trump. “Nos invitaron a venir”, dijo uno. “Trump nos envió”, dijo otro. “Él va a estar feliz. Estamos luchando por Trump”. “Realmente creyeron que toda esta invasión fue por órdenes del presidente”, dijo la representante Diana DeGette. “El presidente les dijo que vinieran”.

El objetivo de los fiscales fue retratar a Trump no como un espectador sino como el “incitador en jefe” que durante meses difundió mentiras y estimuló a sus seguidores a no reconocer la elección.

Además de la condena, los demócratas piden que sea vetado de cualquier función pública federal en el futuro.

El Senado de Estados Unidos votó a favor de seguir adelante con el juicio político contra el expresidente Donald Trump, por una acusación de incitación a un asalto al Congreso tras ver un vídeo gráfico del ataque de enero.

El Senado votó 56 a 44 para proceder con el juicio contra el expresidente, rechazando el argumento de sus abogados de que un presidente no puede enfrentar un juicio después de dejar La Casa Blanca. Sin embargo, los demócratas esperan inhabilitar a Trump para que no pueda volver a ocupar un cargo público.

Los demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como fiscales abrieron la jornada mostrando un video de partidarios de Trump arrollando violentamente a la policía en el Capitolio en el ataque del 6 de enero, con imágenes de Trump llamando a “pelear como demonios” para revertir su derrota electoral del 3 de noviembre.

Los senadores, en calidad de jurados, vieron en las pantallas cómo los seguidores de Trump derribaban las barreras y golpeaban a los policías del Capitolio. El vídeo también incluyo el momento en el que el policía que custodiaba la Cámara de Representantes disparó mortalmente a la manifestante Ashli Babbitt, una de las cinco personas que murieron en los desórdenes.

En el asalto al Capitolio, la turba atacó a la policía, hizo que los legisladores corrieran en busca de refugio e interrumpió la certificación formal por parte del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden, después de que Trump pasara dos meses impugnando los resultados de las elecciones.

“Si eso no es un delito de destitución, entonces no existen”, dijo a los senadores reunidos el representante demócrata Jamie Raskin, que dirigió la acusación, tras mostrar el vídeo.

Raskin lloró al relatar cómo familiares a los que llevó al Capitolio ese día para presenciar la certificación de las elecciones tuvieron que refugiarse en una oficina cercana al hemiciclo, diciendo: “Pensaron que iban a morir”.

En contraste con la emotiva presentación de los demócratas, los abogados de Trump atacaron el proceso, argumentando que el procedimiento era un esfuerzo inconstitucional y partidista para bloquear el futuro político de Trump, pese a que ya había dejado La Casa Blanca.

“Lo que realmente quieren conseguir aquí en nombre de la Constitución es impedir que Donald Trump vuelva a presentarse a un cargo político, pero esto es una afrenta a la Constitución, independientemente de a quién apunten hoy”, dijo a los senadores David Schoen, uno de los abogados de Trump.
El abogado denunció la “insaciable lujuria por el impeachment” entre los demócratas antes de emitir su propio vídeo, en el que se unen imágenes de varios legisladores demócratas pidiendo la destitución de Trump desde 2017 en adelante.

Condenar a Trump requeriría una votación de dos tercios del Senado de 100 miembros, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrían que unirse a los 48 demócratas y dos independientes para votar contra Trump.

El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, dijo que la acusación contra Trump representa “los cargos más graves jamás presentados contra un presidente de Estados Unidos en su historia”.

Trump es el único presidente que ha sido impugnado dos veces y el único expresidente que se enfrenta a un juicio en el Senado. Antes del ataque, Trump afirmó falsamente que el fraude electoral generalizado le hizo perder las elecciones frente a Biden.

El juicio se está celebrando con una seguridad extraordinaria en torno al Capitolio, que incluye fuerzas de seguridad armadas y un perímetro de vallas y alambre de púas.

El Senado de Estados Unidos aprobó esta madrugada una resolución presupuestaria de 1.9 billones de dólares para lidiar con el impacto de la pandemia de la Covid-19.

La aprobación se logró gracias al voto de desempate, que por primera vez ejerce la vicepresidenta Kamala Harris.

En la Cámara Alta los demócratas y los republicanos cuentan en esta Legislatura con 50 senadores por partido, y es Harris como vicepresidenta la encargada del voto decisivo.

Tras su aprobación en el Senado, la resolución vuelve ahora a la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría.

“Hemos avanzado”, declaró durante la sesión el líder de la mayoría demócrata, el senador Chuck Schumer, de Nueva York. “Éste es un paso gigantesco”, agregó.

La resolución presupuestaria autoriza una ley para la pandemia por el monto solicitado por el presidente Joe Biden, e incluye las instrucciones para que los comités del Congreso redacten la legislación.

Un grupo de senadores republicanos había ofrecido un paquete de 618,000 millones de dólares.

La propuesta de Biden incluye la distribución de cheques de 1,400 dólares a los contribuyentes impositivos, un beneficio semanal por desempleo de 400 dólares, 350,000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales, un aumento del sueldo mínimo a 15 dólares por hora, y más fondos para el cuidado infantil, las escuelas y la distribución de vacunas.

Los congresistas presentaron decenas de enmiendas al texto, que recibieron a veces el apoyo de parlamentarios de ambos partidos, como la que buscaba prohibir la entrega de una ayuda de 1.400 dólares a ciudadanos de hogares con altos ingresos.

El voto de esta madrugada, señalan analistas, no significa el visto bueno para el plan de alivio económico del gobierno, pero abrió el camino para que los demócratas puedan aprobarlo por mayoría simple, evitando así posibles bloqueos de los republicanos.

Muchos de los opositores se oponen al proyecto demócrata por considerar que es demasiado costoso.

El presidente Biden se mostró dispuesto a encontrar un compromiso con los republicanos, pero advirtió que estaba listo a avanzar sin ellos, ya que está convencido de que el Estado debe actuar con presteza para evitar la asfixia de la economía ante la pandemia.

Estados Unidos, el país con más muertes por el nuevo coronavirus, superando el miércoles pasado los 450,000 fallecidos por la Covid-19.

El cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas fue confirmado este martes por el Senado como el nuevo secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cargo desde el que deberá impulsar las iniciativas migratorias del presidente Joe Biden.

La nominación de Mayorkas, que ya formó parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y tiene una probada experiencia en el campo legal, recibió el visto bueno de la Cámara Alta con una votación 56-43 .

A diferencia de sus colegas de gabinete, que alcanzaron un mayor respaldo en el Senado, la cerrada votación de Mayorkas pareció un anticipo del largo camino que deberá emprender para llevar a buen puerto la promesa de Biden de convertir de nuevo a Estados Unidos en un país de inmigrantes.

El visto bueno del Senado llegó después de que el Comité de Seguridad Nacional votara el martes pasado 7-4 a favor del designado por Biden.

Mayorkas, quien nació en La Habana en 1959, de donde salió un año después junto a sus padres y su hermana con destino a Estados Unidos, se desempeñó como subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre 2013 y 2016.

Fue además director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, una de las dependencias que maneja el DHS, la agencia que con cerca de 300,000 empleados se encarga de asuntos claves como la seguridad fronteriza y la inmigración.

El Senado también confirmó a Pete Buttigieg como nuevo secretario de Transporte. El exaspirante a la candidatura presidencial demócrata  es el primer secretario abiertamente homosexual en la historia del país.

La semana pasada, el Comité de Comercio del Senado adelantó que Buttigieg, alcalde durante ocho año de la ciudad de South Bend, en Indiana, y veterano del Ejército, había contado con el consenso de la cámara, con tan solo tres votos republicanos en contra, apunta el diario ‘The Hill’.

“Pete Buttigieg es un patriota y alguien que soluciona problemas, un ejemplo de lo que somos como nación”, dijo Biden cuando se hizo oficial su nominación. “Confío en que liderará este trabajo con interés, decencia y una visión audaz, él unirá a la gente para lograr grandes cosas”.

Con la aprobación del Senado, Buttigieg se hará cargo a partir de ahora de una oficina con 55,000 empleados y un presupuesto de miles de millones de dólares que tendrá que hacer frente a un sector ampliamente castigado por la crisis del coronavirus, además de colaborar en las nuevas políticas más respetuosas con el medioambiente que Biden ha prometido.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo este martes una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, con el que habló sobre la extensión del acuerdo de desarme nuclear Nuevo START, la situación del opositor Alexéi Navalni y Ucrania.

Biden “llamó al presidente Putin esta tarde con la intención de hablar sobre nuestra disposición a extender el Nuevo START durante cinco años y para reafirmar nuestro fuerte apoyo a la soberanía de Ucrania a la luz de la agresión continua de Rusia”, dijo la portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki.

El mandatario estadounidense pretende extender por cinco años el último tratado de desarme vigente entre ambas potencias nucleares, el Nuevo START, que expira el próximo 5 de febrero.

El Kremlin ya ha dicho que sigue comprometido con la ampliación del tratado durante cinco años y que está a la espera de “propuestas concretas” de Biden.

El Nuevo START limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1,550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Durante la llamada de este martes, Biden le manifestó a Putin algunos asuntos que le preocupan como “las informaciones del ciberespionaje de SolarWinds, las recompensas por parte de Rusia (a los talibanes) por soldados de Estados Unidos en Afganistán, la interferencia en las elecciones de 2020 (en EUA), el envenenamiento de Alexéi Navalni y el trato por parte de las fuerzas de seguridad rusas a manifestantes pacíficos”, enumeró Psaki.

El mandatario estadounidense pidió a las agencias de inteligencia que hagan una evaluación a fondo de la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones en Estados Unidos de noviembre pasado, el uso de armas químicas contra Navalni y las recompensas rusas a los talibanes a cambio de matar a soldados estadounidenses en Afganistán.

También ha solicitado que se lleven pesquisas sobre el ciberataque contra varias agencias federales a través de las actualizaciones de un popular programa de la empresa tecnológica estadounidense SolarWinds, llamado Orion y que usan para monitorear redes informáticas tanto el Gobierno como cientos de grandes compañías. Muchos analistas y funcionarios acusan a Rusia de estar detrás de ese pirateo informático.

Psaki destacó que la intención de Biden durante la conversación con Putin ha sido dejar claro que su país actuará firmemente en defensa de sus intereses nacionales en respuesta a las acciones “malignas” de Rusia.

Precisamente sobre Moscú, Biden habló hoy también por teléfono con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Según un comunicado de La Casa Blanca, Biden le transmitió su intención de “consultar y trabajar con los aliados en toda una gama de preocupaciones de seguridad compartidas, incluyendo Afganistán, Irak y Rusia”.

Biden firmará esta tarde un decreto para poner fin a los centros de reclusión privados del sistema federal, dijo Susan Rice, su consejera de Política Interior.

“Las cárceles privadas se benefician de los prisioneros federales y, de acuerdo con un informe de la inspección general del Departamento de Justicia, son menos seguras tanto para los reos como para los guardias” que los centros de detención estatales, dijo Rice en conferencia de prensa.

Para ello, Biden ordenará a la cartera de Justicia que no se renueven los contratos con los operadores privados.

Se trata de la primera medida del nuevo presidente en materia de justicia penal, área en la que se comprometió a operar profundas reformas. En particular, prometió luchar contra las tasas récord de encarcelamiento en el país y contra el enorme número de integrantes de las minorías que encarcelados.

Adicional, esta mañana el Senado de EUA confirmó a Antony Blinken como secretario de Estado, quien tendrá a su cargo la encomienda del presidente Biden de revertir las políticas aislacionistas del gobierno anterior que debilitaron las alianzas internacionales.

Por 78 votos a favor y 22 en contra, los senadores aprobaron a Blinken, antiguo aliado de Biden, como el 71ro secretario de Estado, reemplazando a Mike Pompeo. Es el cargo más importante del gabinete y el cuarto en la línea de sucesión de mando.

Blinken, de 58 años, fue subsecretario de estado y vice asesor de seguridad nacional durante la presidencia de Barack Obama. Ha prometido reestructurar las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo tras la presidencia de Donald Trump, quien cuestionaba la necesidad de diversas alianzas. Blinken iniciará su gestión el miércoles tras ser juramentado, dijeron fuentes allegadas.

“El liderazgo de Estados Unidos sigue siendo importante”, declaró Blinken ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en su audiencia de confirmación el 19 de enero.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregará el próximo lunes al Senado el expediente de juicio político contra el expresidente Donald Trump por acusaciones de incitar a la insurrección, rechazando un pedido de retraso del líder republicano de la Cámara alta, Mitch McConnell.

El líder de la mayoría Chuck Schumer, quien desplazó a McConnell como líder del Senado después de que los demócratas ganaran dos escaños en un los comicios de Georgia, anunció la medida en el pleno de la Cámara alta, pero no dijo cuándo comenzaría el segundo juicio político a Trump.

“La Cámara de Representantes entregará el artículo de juicio político al Senado. El Senado realizará un proceso de juicio político a Donald Trump. Será un proceso completo. Será un juicio justo”, declaró Schumer en el piso de la Cámara alta.

Esto ocurre después de que McConnell pidiera a la Cámara que retrasara el envío de los cargos hasta el jueves y que acordara no iniciar el juicio hasta mediados de febrero para dar a Trump más tiempo para preparar una defensa contra la acusación de que incitó a la insurrección a sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

“Este impeachment comenzó con un proceso sin precedentes, rápido y mínimo, en la Cámara de Representantes”, dijo McConnell. “La secuela no puede ser un proceso insuficiente en el Senado que niegue al expresidente Trump su debido proceso o dañe al Senado o a la propia presidencia”.

Esta situación se da en momentos en que Schumer y McConnell están luchando para controlar una cámara dividida donde los demócratas mantienen ahora una estrecha mayoría gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

El juicio podría distraer los esfuerzos del presidente demócrata Joe Biden para impulsar una ambiciosa agenda legislativa que incluye casi 2 billones de dólares en ayuda para personas y empresas, así como la necesidad de confirmar a los nominados de su gabinete.

Si se envía al Senado el lunes, el ‘impeachment’ podría empezar al día siguiente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario. Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó La Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.

Trump se convirtió la semana pasada en el primer presidente de la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político dos veces, y cuando el Senado se reúna para este proceso será el primero en ser juzgado después de dejar el cargo.

Simpatizantes del presidente Donald Trump irrumpieron esta tarde el Capitolio en Estados Unidos, durante una caótica protesta emprendida con el propósito de impedir la transición pacífica del poder, lo que provocó que los legisladores fueran evacuados del inmueble e interrumpió el proceso para confirmar la victoria del demócrata Joe Biden.

Inicialmente, Trump había exhortado a marchar hacia el Capitolio. En un segundo mensaje, utilizando sus redes sociales, Trump pidió a los manifestantes “regresar a casa en paz”, pero insistió en que le “robaron unas elecciones” que ganó “por mayoría”. “Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden (…) No queremos a nadie herido es un período muy difícil”.

“Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales”, dijo el presidente.

El Pentágono dijo que unos 1,100 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia se movilizaron para ayudar a mantener el orden en el Capitolio.

En imágenes que fueron captadas por medios y por usuarios de redes sociales, se vio a manifestantes eludir a la policía e ingresaron en el edificio, gritando y ondeando banderas estadounidenses y en favor de Trump mientras caminaban por el recinto.

Se reportó que una persona fue baleada en el Capitolio, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación. De momento se desconocía el estado de salud de la persona.

Los senadores estaban siendo evacuados. Algunos representantes tuitearon que se refugiaron en sus oficinas.

Los manifestantes se enfrentaron con la policía del Capitolio y lograron ingresar al edificio, poco después de que se llevó a cabo un enorme mitin cerca de La Casa Blanca durante el cual Trump les dijo que marcharan hacia el Capitolio.

Aunque algunos republicanos respaldaban la impugnación a la victoria de Biden, que obtuvo 306 votos electorales respecto a los 232 de Trump y que fue confirmada por el Colegio Electoral, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, trató de disminuir las tensiones y se opuso a ello. Advirtió que la nación “no puede seguir a la deriva con dos tribus separadas” con “hechos separados”.

El Partido Demócrata habría obtenido ya uno de los dos escaños que se disputaron en la jornada electoral de ayer en el estado de Georgia, con un apretado triunfo de uno de sus candidatos, Raphael Warnock, que según estimaciones de los medios estadounidenses, habría obtenido el 50.5% de los votos frente a su rival republicana Kelly Loeffler.

La carrera para alcanzar los últimos dos asientos por el estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos está siendo sumamente reñida como se esperaba, con el 98% de los votos escrutados, todavía queda por saber si será el republicano David Perdue quien logre permanecer en la Cámara o si bien el demócrata Jon Ossoff ocupará el puesto que permitiría a los demócratas tener el control de la Cámara y así dar a Joe Biden una administración más “ligera”.

Warnock se ha mostrado “profundamente honrado” por la decisión de los votantes. “Lo que ha hecho Georgia esta noche es su propio mensaje en  un momento en el que mucha gente está intentando dividir a nuestro país”, indicó el demócrata en declaraciones a la cadena CNN.

Así, ha hecho hincapié en que ahora tiene por delante “una tarea sagrada” que se tomará “muy en serio”. “Espero honrar la promesa con el trabajo que haremos en los próximos días”.

Por su parte, Ossoff ha estado recortando hasta el momento la distancia que le han venido separando de Perdue hasta ponerse por delante con el 50.1% de los votos, obteniendo apenas 9,500 votos más que su rival.

De hecho, Ossoff se ha declarado este miércoles como vencedor en las elecciones. “Georgia, muchas gracias por la confianza que han puesto en mí. Me siento honrado, por su apoyo y confianza”, según ha informado CNN.

Asimismo, ha reiterado sus promesas de campaña de trabajar contra el coronavirus y entregar ayudas a los afectados. “Esta campaña ha sido sobre salud, trabajos y justicia para la población de este estado (…) y serán los principios que me guíen”, añadió.

El secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, celebró la “tremenda participación” de este martes, la cual podría alcanzar cerca de 4.6 millones de electores.

Recordemos que el resultado de estas elecciones resulta fundamental para el porvenir de la próxima Administración de Joe Biden, pues los demócratas necesitan estos dos últimos escaños para controlar el Senado, como ya hacen con la Cámara de Representantes.

En caso de que los demócratas se impongan en Georgia, conseguirían 50 senadores, los mismos que los republicanos, aunque dispondrían del voto de desempate en futuros debates legislativos de la que será presidenta del Senado y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante el fin de semana celebró un multitudinario mitin en la ciudad de Dalton, en el noroeste de Georgia, ha vuelto a lanzar una vez más acusaciones de fraude electoral en sus redes sociales.

El Congreso de Estados Unidos se reunirá mañana para ratificar el resultado de las elecciones de noviembre pasado, un hecho que los aliados del presidente Donald Trump planean aprovechar para lanzar un último desafío a lo votado por los estadounidenses.

No hay ninguna perspectiva de que la sesión en el Congreso cambie el resultado de los comicios, es decir, la elección de Joe Biden como próximo presidente, pero sí se espera un largo debate y varias votaciones.

Según las leyes que rigen el proceso electoral de Estados Unidos, ambas cámaras del Congreso deben reunirse ese día en una sesión conjunta que comenzará a las 13:00 horas para abrir y contar los certificados de los votos electorales correspondientes a cada estado del país.

La sesión, que debe estar dirigida por el vicepresidente estadounidense, en este caso, el republicano Mike Pence, normalmente es una mera formalidad para validar resultados que ya ha corroborado el Colegio Electoral, que se reunió el pasado 14 diciembre en cada estado y ratificó la victoria de Biden.

Sin embargo, basta con que un miembro de la Cámara Baja y otro del Senado presenten una objeción a los resultados en uno de los estados para desatar un debate y una votación de ambas cámaras sobre la posibilidad de no contar los votos electorales en ese territorio.

Recordemos que al menos trece senadores republicanos y más de cien congresistas de ese partido en la Cámara Baja han adelantado que presentarán o respaldarán objeciones a los resultados en varios estados.

Los senadores, liderados por Ted Cruz, aseguran que no pretenden revertir el resultado de las elecciones, sino dar voz a aquellos que creen que los comicios no fueron justos, a pesar de que no hay ninguna prueba de que hubiera un fraude o irregularidades masivas, como denuncia Trump.

Los legisladores piden que el Congreso cree una comisión electoral para “llevar a cabo una auditoría de emergencia con una duración de diez días de los resultados electorales en los estados disputados”, afirmaron en un comunicado conjunto el sábado.

Mañana, los certificados de los votos electorales se abrirán por orden alfabético, con el objetivo de contarlos para corroborar qué candidato presidencial superó la barrera de 270 votos electorales que da las llaves de La Casa Blanca. Los legisladores republicanos no han aclarado sobre en qué estados presentarán objeciones, pero es posible que lo hagan en los seis territorios donde Trump ha cuestionado la victoria de Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

Por cada estado sobre el que un congresista y un senador presenten una objeción, la sesión conjunta entrará en receso y se abrirán debates separados de un máximo de dos horas en cada una de las dos cámaras, seguidos de votaciones en sus respectivos plenos sobre la posibilidad de rechazar los resultados.

Debido a las precauciones relacionadas con la pandemia, las votaciones en la Cámara Baja duran normalmente una hora o más, por lo que es posible que se tarde de tres a cuatro horas en resolver las objeciones en cada estado. Si los legisladores cuestionaran los resultados en los seis estados citados, es posible que la sesión dure 24 horas o más y, si son menos los territorios desafiados, es probable que el proceso se retrase igualmente hasta la madrugada del jueves.

La pregunta que ronda la sesión del Congreso mañana es si hay opciones de revertir el resultado de las elecciones. De acuerdo a la mayoría de los analistas, la respuesta es que no.

La oposición demócrata controla la Cámara de Representantes, por lo que los republicanos no tienen opciones de superar una votación por mayoría en ese recinto, algo que se requiere para rechazar el resultado en cualquier estado.

La sesión terminará irremediablemente con Pence declarando a Biden como ganador de las elecciones, por mucho que se alargue la reunión y que Trump y sus aliados confíen en que el vicepresidente pueda de alguna forma influir en el proceso y manipularlo, algo que los tribunales ya han aclarado que no es posible.

“Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo hace, no me caerá tan bien”, dijo Trump este lunes durante un mitin en Georgia.

Los ciudadanos de Georgia se encuentran en medio de una la jornada de votación en la que se decidirá si el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, deberá lidiar con una mayoría opositora en el Senado, o si tendrá una gestión más cómoda, al definir los dos asientos que faltan para completar la composición de la Cámara.

En un mitin realizado ayer, Trump reiteró sus acusaciones de que la elección presidencial del 3 de noviembre, en la cual obtuvo 74.2 millones de votos frente a los 81.2 millones del candidato demócrata, fue fraudulenta; denunció a los políticos republicanos que han validado el resultado, ratificado por el Colegio Electoral en diciembre pasado.

En Georgia, donde Biden fue el primer triunfador demócrata desde 1992, ninguno de los candidatos al Senado obtuvo una mayoría suficiente y la ley electoral de ese estado hizo necesaria una segunda ronda que pone en juego la mayoría que el Partido Republicano ha mantenido en la Cámara Alta del Congreso federal durante varias legislaturas.

En la votación de noviembre los republicanos se aseguraron 50 curules en el Senado y los demócratas aumentaron uno a los que tenían, para lograr un total de 48. Si los candidatos demócratas ganan hoy en Georgia, habrá un empate de 50 escaños en la Cámara Alta estadounidense, lo cual dejaría las decisiones en manos de la vicepresidenta electa, Kamala Harris.

Una de las contiendas que deberá dirimirse hoy enfrenta al demócrata Raphael Warnock, un pastor de una iglesia de Atlanta en la cual predicó el líder de los derechos civiles Martin Luther King, asesinado en 1968, y Kelly Loeffler, senadora republicana designada hace un par de años.

Según el promedio de encuestas de opinión de la plataforma 270towin.com, Warnock cuenta con el respaldo del 50.2% de los votantes y Loeffler tiene el apoyo del 47.4%.

En la otra contienda, el demócrata Jon Ossof, un exfuncionario legislativo y periodista, compite por un puesto en el Senado federal con David Purdue, un empresario cuyo mandato en la Cámara Alta concluyó el domingo pasado.

El promedio de encuestas de 270towin.com da a Ossoff el 50.2% del apoyo entre los votantes comparado con el 47.4% para Perdue.

En Georgia hay 7,6 millones de votantes registrados, de los cuales unos 4.8 millones de ciudadanos asistieron a votar en noviembre.

Se espera que la participación sea excepcionalmente alta, con más de 3 millones de sufragios que ya han sido emitidos en la votación anticipada, y lo más probable es que los ganadores no se sepan esta misma noche, debido a lo ajustado que se espera sean los resultados.