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Xóchitl Gálvez confirmó que solicitará licencia el próximo 19 de noviembre, cuando pretende dejar su curul en el Senado, para dedicarse de lleno a la precampaña presidencial como coordinadora del Frente Amplio por México (FAM).

“Cierro mi informe como senadora y empezamos la precampaña, vienen seis meses por delante, duros e intensos, pero su servidora ha remontado en todas las elecciones siempre esas desventajas”, dijo la senadora del PAN.

La virtual candidata presidencial de la oposición reconoció que enfrentará a una elección de Estado, en donde “se me va a venir encima, todo el gobierno y todos los gobiernos estatales”.

Al señalar que al día siguiente de dejar el Senado comenzará actividades de precampaña, reprochó las facilidades que tiene su virtual contendiente, Claudia Sheinbaum, quien cuenta con todo el apoyo del Gobierno federal, los gobiernos estatales y un sin fin de recursos.

“Morena se adelantó muchísimo, a mí de repente me decían: Es que Xóchitl se desinfló, no hay candidatos ni campañas; el hecho de que la señora Sheinbaum tenga los millones y los millones de pesos para que le hagan eventos todos los días, basta que le hable a un gobernador y le diga quiero un evento mañana, yo no tengo esos millones”, dijo la senadora al hablar de la competencia que enfrentará.

El que también anunció el 20 de noviembre como la fecha en que arrancará trabajos de precampaña, fue el aún gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien reveló que iniciará su precampaña electoral en Guadalajara, luego de hacer su registro ante el partido el próximo 12 de noviembre.

“Ahorita que acompañé a Enrique (Alfaro) a entregar su informe al Congreso de Jalisco me dio la gran idea de arrancar la precampaña aquí en Guadalajara, el lunes 20 y voy a hablar con Pablo Lemus y con el equipo de Jalisco a ver si nos animamos a venir aquí a Jalisco a la precampaña para la Presidencia”, dijo ayer el emecista.

Samuel García confió en registrar como precandidato único del partido. Recordemos que Dante Delgado, coordinador del partido, señaló que él sería el aspirante interno único del partido, mientras que dejó abierta la puerta a Marcelo Ebrard de ser el aspirante externo.

El gobernador de Nuevo León también adelantó que luego de iniciar actividades en Guadalajara, recorrerá todo México para escuchar a la gente y construir su plataforma.

Recordemos que de acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el 20 de noviembre inician las precampañas a nivel federal y concluirán el 18 de enero de 2024.

El Senado dijo que ‘este mes’ se construirán los consensos necesarios para desahogar los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que el Pleno quedará incompleto tras la conclusión de dos posiciones.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) recordó que la Comisión de Justicia, que preside la senadora Olga Sánchez Cordero, aprobó los dictámenes por los que se aprueba la elegibilidad e idoneidad de las y los aspirantes para ocupar un cargo de magistrada y uno de magistrado.

La terna avalada por las y los senadores para ocupar el cargo de magistrada está integrada por Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho y Gabriela Villafuerte Coello.

La de los candidatos a magistrado está compuesta por Rubén Jesús Lara Patrón, Armando Ismael Maitret Hernández y Francisco Javier Sandoval López.

En este contexto, la Jucopo indicó que “en este mes de noviembre, en el Senado construiremos los consensos para poder atender los nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sustituirán a quienes ayer concluyeron su encargo”.

Esto resulta ambiguo, pues no se contempla una fecha exacta para tener dichos nombramientos, esto a días de que arranquen las precampañas del proceso electoral federal del 2024.

Recordemos que el pasado martes 31 de octubre, concluyó el encargo de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante González, por lo que la Sala Superior del TEPJF sesionará con cinco de sus siete integrantes, algo que la ley permite.

Luego de que el Senado avalara la extinción de fideicomisos que hasta ahora manejaba el Poder Judicial (PJ), el Sindicato de Trabajadores determinó ampliar el paro nacional que había sido declarado hasta ayer 24 de octubre.

En asamblea urgente celebrada la noche de ayer, el Comité Ejecutivo Nacional y los 67 secretarios de los comités locales avalaron la extensión del paro, que se acordó, sea hasta el próximo domingo 29 de octubre, reconociendo que los trabajadores que deseen seguir laborando estarán en su derecho.

Recordemos que los trabajadores se han manifestado desde hace varios días en distintas ciudades del país, las mayores movilizaciones en la Ciudad de México en diversos centro de trabajo, así como en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Los trabajadores aseguran que lo que está en juego no son privilegios, sino sus derechos. El líder sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presentarán.

La reforma, ya aprobada en ambas Cámaras, fue remita al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que cuando suceda, entrarán en vigor los cambios al día siguiente.

El Poder Judicial ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55,000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.

Asegura también que si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva. El presidente lo considera un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios; considera que sus miembros son parte de lo que llama la “mafia del poder”.

El hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración hayan sido echadas para atrás en los tribunales, ha incrementado el enfrentamiento. López Obrador incluso ha llegado a proponer que los jueces, ministros y magistrados, sean elegidos en elecciones populares.

El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte; hasta finales de 2022 la Corte estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno, Arturo Zaldívar.

Foto: Twitter @XochitlGalvez

El Senado aprobó la madrugada de este miércoles la minuta que elimina 13 fideicomisos del Poder judicial de la Federación (PFJ), luego de que Morena y aliados decidieran dispensar el dictamen de la segunda lectura e iniciara el debate en el Pleno.

Tras una maratónica sesión de cerca de ocho horas, la minuta fue aprobada con 67 votos a favor de las bancadas afines a la 4T, y 49 en contra. Con eso, se extinguieron 13 de los 14 fideicomisos que administra el PJF con un valor cercano a los 15,000 millones de pesos.

Ahora, los recursos que se encuentran en dichos fideicomisos serán administrados por la secretaría de Hacienda y destinado al Programa Nacional de Desarrollo, según el documento aprobado en el Senado.

Morena respaldó la minuta que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados, bajo el argumento que solo financiaban corrupción y privilegios de los altos mando del Poder Judicial.

La iniciativa salió adelante pese a discrepancias en la bancada de Morena. La primera oradora durante la discusión, la exsecretaria de Gobernación y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, votó en contra al argumentar que respaldaba a todos los trabajadores que, según dijo, se verían afectados con la desaparición de los fideicomisos.

La senadora Xóchitl Gálvez, virtual candidata de la oposición a la Presidencia en 2024, adelantó que se presentarían recursos por considerar la medida inconstitucional.

Recordemos que la Suprema Corte de Justicia ha denunciado que con lo aprobado resultarán afectados los derechos de seguridad social de sus empleados.

En ese sentido, miles de empleados judiciales se han manifestado desde la semana pasada y el domingo pasado salieron a las calles en diversas ciudades del país para exigir a los senadores que no aprobaran el dictamen, algo que ya sucedió.

El presidente López Obrador ha venido sosteniendo desde entonces que el objetivo de eliminar los fideicomisos era acabar con un régimen de privilegios que, según él, solo beneficia a magistrados con sueldos mensuales de hasta “700,000 pesos”.

Aseguró que no se afectarían los derechos y prestaciones de los trabajadores.

Según diversos expertos, este es solo el más reciente episodio del enfrentamiento entre el Gobierno y la Suprema Corte.

La pugna se ha profundizado a medida que el máximo tribunal del país ha bloqueado iniciativas clave del presidente López Obrador, que acusa al tribunal de estar al servicio de la oposición, de los “conservadores” y de defender la corrupción.

El presidente presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo), Eduardo Ramírez, reaccionó al fallo de la Suprema Corte, acerca de la omisión en que dijo incurrió en Senado en torno al nombramiento de los comisionados faltantes del INAI.

El también coordinador de la bancada de Morena negó que el fallo implique una instrucción del Poder Judicial al Senado, sobre cómo resolver el nombramiento de los comisionados.

“Lo único que está haciendo, a través de su resolutivo la Suprema Corte, es que se discuta y en su caso. de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados”, dijo a través de un video compartido en sus redes sociales.

El morenista dijo que el Senado cumplirá con el mandato jurisdiccional, es decir, someter a votación los nombramientos faltantes, aunque enfatizó que la mayoría calificada que se necesita para aprobarlos, “depende de la voluntad y los consensos” que se generen entre los grupos parlamentarios y al interior de ellos.

“De ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo. Somos autónomos, somos de los que creemos en la división de poderes, y aquí haremos uso de nuestras facultades republicanas, en nuestros tiempos, en nuestros métodos, y en nuestros reglamentos”, añadió.

Finalmente, Eduardo Ramírez dijo que de no alcanzarse la mayoría calificada que se necesita, “ese es un asunto político-legislativo”.

Y es que ayer, la Corte reiteró que el INAI debe estar integrado por siete comisionadas o comisionados, lo que implica un mandato de ejercicio obligatorio para que el Senado haga los nombramientos correspondientes;

Señaló que el plazo que tenía el Senado para hacer el nombramiento de las comisionadas o los comisionados del INAI, era de 60 días previos a la generación de una vacante, el cual enfatizó, se ha vencido en “exceso”.

En ese sentido, dijo que la falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del INAI, en menoscabo de su autonomía. Señaló al Senado de incurrir en una clara omisión.

Ante la impugnación presentada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) confirmó la omisión en la que incurrió la Cámara de Senadores, por la falta de designación de quienes ocuparán tres las vacantes de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La Corte recordó que el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales debe estar integrado por siete comisionadas o comisionados, lo que implica un mandato de ejercicio obligatorio para que el Senado haga los nombramientos correspondientes;

Señaló que el plazo que tenía el Senado para hacer el nombramiento de las comisionadas o los comisionados del INAI, es de 60 días previos a la generación de una vacante, el cual enfatizó, se ha vencido en “exceso”.

En ese sentido, dijo que la falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del INAI, en menoscabo de su autonomía.

Tras el análisis efectuado, se autorizó al Pleno del INAI para que pueda sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes, siempre y cuando lo haga con la totalidad de éstas, es decir, que no necesite esperar los nombramientos faltantes para sesionar.

Además, la Corte autorizó que el Pleno del INE podrá resolver por mayoría simple y, en su caso, con el voto de calidad de la persona que ocupe su presidencia, cualquier asunto.

Finalmente, ordenó al Senado que, dentro del actual periodo ordinario de sesiones, lleve a cabo la votación para que se designe a las personas comisionadas que ocuparán las vacantes derivadas de la conclusión del encargo de los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña.

Luego de poco más de 30 años en las filas del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, renunció a su militancia en el tricolor, y anunció que se sumará a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con quien buscará la candidatura a la gubernatura de Yucatán.

Ramírez Marín ha sido diputado local y federal por el PRI. Fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre 2012 y 2015 en la administración de Enrique Peña Nieto. Era hasta el día de hoy, el único legislador del PRI electo por mayoría de votos.

Esto podría ser la principal razón del ofrecimiento que el Partido Verde le hiciera para sumarse a sus filas, y buscar la candidatura de la 4T a la gubernatura de Yucatán.

En sus redes sociales, el senador compartió la carta de renuncia al partido, en la que criticó la alianza con el PAN que el PRI pretende concretar para la gubernatura de Yucatán. “No puedo ser parte de ninguna forma de esta estrategia que prolonga el deterioro de la sociedad y le cancela alternativas a los que nos siguen”.

La dirigencia del Partido Verde celebró la adhesión de Jorge Carlos Ramírez Marín, lo cual calificó como un “motivo de satisfacción”, pues dijo, fortalecerá al instituto político de cara al proceso electoral del 2024.

“El senador Ramírez Marín un político de reconocida trayectoria, pero, además un  antiguo  y buen amigo de nuestro partido del que fue candidato en coalición en el 2018″, recordó el Verde.

Fue el partido el que reveló que el ahora ex priista participará en la encuesta para determinar la coordinación de la defensa de la transformación en Yucatán, lo cual deja ver que se tuvo que haber registrado pues la convocatoria finaliza la medianoche de hoy

Algunos de quienes se inscribieron a la contienda interna de Morena fueron Alpha Tavera Escalante, la ex presidenta local del partido;  Joaquín Díaz Mena, delegado del Bienestar en la entidad; el senador Raúl Paz Alonzo; la senadora Verónica Camino Farjat y la diputada federal Janine Patricia Quijano, mejor conocida como Federica Quijano (Grupo Kabah).

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron un dictamen mediante el cual se expide una nueva Ley General de Población por medio de la cual se propone reformular la Clave Única de Registro de Población (CURP) para que sirva como identificación.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Gobernación, con ocho votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra.

La nueva Ley establece que el Consejo Nacional de Población (Conapo) será el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país.

Plantea que todos los y las ciudadanas tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la nueva CURP con fotografía, la cual servirá como un documento oficial de identificación, pues será prueba suficiente sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

De acuerdo con el proyecto, la CURP con foto contendrá nombre y apellidos; Clave Única de Registro de Población; fotografía del titular; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; firma y huellas dactilares.

Entre los cambios señala que deberá renovarse a más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años.

Morena y aliados, quienes impulsaron la Ley y el cambio de la CURP sostienen que la propuesta está encaminada a afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica, dado que tiene un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; además de que se buscan reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población, dado que con la información estadística y sociodemográfica con enfoque prospectivo que se genere, se podrán generar políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.

Sin embargo, la oposición ha señalado que la propuesta podría representar un peligro en cuanto al uso de datos personales, pues alertaron que se podrían compartir  dicha información con dependencias con fines electorales, entre otros.

Algunas organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron el peligro de que el gobierno tenga una base de datos de huellas dactilares, pues recordemos que la base estaría en manos de la Conapo que depende de la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, la senadora Claudia Anaya del PRI, dijo que si bien la ley se tiene que modernizar, se debe hacer bajo los nuevos preceptos constitucionales en materia de protección de datos personales y de proporcionalidad de requerimientos de la información, “porque si no están en el supuesto en el que nos encontramos y todos los artículos que se trajeron de la ley vigente a la nueva propuesta deben ser revisados”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, expresó que la recopilación de los datos biométricos implica una serie de gastos que en el documento no se prevén, “entonces no entiendo cómo se van a recopilar, lo que va a provocar es que sea una ley inoperante por cuestiones técnicas y presupuestarias”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió a seis candidatas y candidatos a los cargos de Magistrada y Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes integrarán las dos ternas que se harán llegar al Senado.

Las ternas fueron definidas en función del principio de paridad de género; es decir, una está conformada por mujeres y otra por hombres.

La terna de candidatas mujeres quedó integrada de esta forma:

  • FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA, actual magistrada de la Sala Regional Toluca.
  • VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA, exmagistrada presidenta de Sala Regional Monterrey.
  • VILLAFUERTE COELLO GABRIELA, exmagistrada de Sala Regional Especializada.

En tanto, la terna de candidatos hombres se conformó de la siguiente manera:

  • LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS, exmagistrado de la Sala Regional Especializada.
  • MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral.
  • SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO JAVIER,  magistrado de Circuito del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

En términos de lo que establece la ley, será el Senado quien designará a quienes se integrarán al Tribunal Electoral a partir del próximo 1 de noviembre y su designación cobra relevancia pues es la Sala Superior del TEPJF la encargada de calificar las elecciones, en este caso las presidenciales del próximo año.

Las y los integrantes de las ternas fueron elegidos luego de las comparecencias en las que se evaluaron los conocimientos de las y los 12 finalistas, seleccionados de una lista previa de 60 aspirantes que cubrieron los requisitos constitucionales y legales.
Llamó la tención que entre los aspirantes se encontraban los ex consejeros del INE Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, así como el ex comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quienes quedaron fuera del proceso.
El Pleno se inclinó por perfiles provenientes su mayoría del Poder Judicial. Quienes resulten electos relevarán en el cargo a los actuales magistrados del Tribunal Electoral, José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes dejarán el cargo el próximo 31 de octubre.

El Senado aprobó este martes, por unanimidad, el nombramiento de Alicia Bárcena como secretaria de Relaciones Exteriores.

Con 98 votos a favor, la Cámara Alta ratificó a Bárcena quien fue propuesta a inicios de junio por el presidente López Obrador, luego de que Marcelo Ebrard presentara su renuncia para buscar la candidatura a la presidencia de México en 2024 de Morena.

La tarde del lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ya habían avalado su nombramiento, entre el reconocimiento a su trayectoria y a la defensa anticipada de los intereses de los mexicanos, al tomar protesta para el encargo público como nueva titular de la política exterior.

Bárcena es la cuarta mujer que se convierte en canciller en México; fue la titular de la Cepal de 2008 hasta marzo de 2022, periodo en el que se consolidó como la secretaria más influyente desde la época de Raúl Prebisch, argentino que lideró el organismo entre 1950 y 1963.

La canciller aseguró al rendir protesta como titular de Relaciones Exteriores que México tiene el reto de consolidarse en Latinoamérica.

“La realidad norteamericana trasciende nuestras fronteras y la relación con Estados Unidos y Canadá se debe basar en la cooperación y el respeto mutuo, abordando cuestiones bilaterales y trilaterales”, afirmó.

Ayer en su comparecencia ante los senadores, Alicia Bárcena señaló que este año se debe consolidar el trabajo de la Secretaría de manera pragmática y concreta, a fin de afianzar lo construido y sentar las bases de la siguiente etapa de la transformación de la vida pública del país. 

Para ello, señaló, se desplegará una diplomacia activa, cercana, incluyente y al servicio de la gente, congruente con los principios de la política exterior y con la honrosa tradición diplomática de México, así como contundente, oportuna y eficaz.

Subrayó que en el marco del proceso electoral que se llevará a cabo en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantendrá atenta y firme en la defensa de México y sus connacionales, pues “sabemos muy bien de los riesgos que entraña el uso faccioso por parte de irresponsables, sobre aspectos de la relación bilateral que se convierten en munición de provocadores”.

Aseveró que se abre la temporada alta de “los mercaderes del miedo, los que apuestan al aplauso fácil sirviéndose de la xenofobia, el racismo y la discriminación. Ofrecemos colaboración y amistad, pero exigimos con firmeza reciprocidad y respeto”.

Refirió que uno de los mayores desafíos se encuentra en América del Norte, porque se tiene la inigualable oportunidad geopolítica para consolidarla como la región más competitiva del mundo.

Aseguró que nuestro país ha transformado su papel tradicional de cooperación, para convertirse en uno de los actores más relevantes en términos de impacto regional. Por primera vez México implementa proyectos sociales en otros países, con resultados tangibles.

Dijo que iniciativas como “Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro”, que se ejecutan en Centroamérica y el Caribe, tienen resultados contundentes, pues 41 mil personas se han beneficiado; mientras que en El Salvador y Honduras se han experimentado decrementos de 64% y 40% en flujos migratorios.

Apuntó que la política exterior feminista “se ha instalado de manera transversal en mi oficina y el camino es irreversible”, porque las mujeres no sólo quieren una participación más activa en los puestos de la SRE, consulados y embajadas, sino que también queremos la perspectiva de género en todos los tratados, acuerdos y foros.

La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, rindió protesta como nueva presidente de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, esto luego de que el Pleno avalara la conformación de la misma.

Con 75 votos, la morenista fue elegida en el cargo, en el cual estará acompañada por la vicepresidencia que a su vez está integrada por los senadores Sergio Pérez Flores, de Morena; Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN; y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano.

Además, se eligió a las senadoras Verónica Camino Farjat y Claudia Balderas Espinoza, de Morena; Claudia Anaya Mota, del PRI; y a Martha Márquez Alvarado, del PT, como secretarias de la Mesa Directiva.

Al declarar legalmente instalada la Cámara de Senadores para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, Ana Lilia Rivera aseguró que su Presidencia estará al servicio de todas y todos los senadores, sin distinciones, “porque visualizo al Senado como un organismo plural y diverso, pero unido en su compromiso de servir al pueblo de México, con una visión que va más allá de las diferencias internas y de las fricciones partidistas”.

Indicó que la responsabilidad, el profesionalismo y la imparcialidad serán los ejes de su actuación, para que el respeto a la pluralidad y al contraste de ideas sean valores fundamentales entre las y los legisladores.

Subrayó que los objetivos centrales de su Presidencia serán la promoción de la unidad y la cooperación política; garantizar que los procesos legislativos se desarrollen con estricto apego a Derecho; mantener al Senado como una institución líder en la transparencia y la rendición de cuentas; asegurar la eficiencia administrativa; y velar por el óptimo desempeño de las atribuciones diplomáticas de esta Cámara.

Apuntó que su gestión se caracterizará por el respeto a la separación de poderes y a los mecanismos constitucionales de colaboración institucional. “Mi propósito es facilitar un diálogo efectivo con la Cámara de Diputados, como con otros poderes y organismos autónomos de la Unión”.

La senadora Ana Lilia Rivera sustituyó en el cargo a  Alejandro Armenta, también de Morena.

En tanto, la diputada Marcela Guerra Castillo del PRI rindió protesta como nueva presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año de ejercicio de la LXV Legislatura, luego de ser electa por el Pleno con mayoría calificada con 448 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

Marcela Guerra tomó protesta a quienes conformarán la Mesa Directiva. La primera vicepresidencia estará a cargo de la diputada Karla Almazán Burgos de Morena; la segunda vicepresidencia la ocupará la diputada Joanna Felipe Torres del PAN y la tercera vicepresidencia la diputada Blanca Alcalá Ruiz del PRI.

Para las secretarías fueron electas las diputadas Brenda Espinoza López de Morena, Diana Gutiérrez Valtierra del PAN, Guadalupe Guerrero Esquivel del PRI, Nayeli Fernández Cruz del PVEM, Guadalupe Ortega de la Cruz de MC, Olga Luz Espinosa Morales del PRD, así como el diputado Pedro Vázquez González del PT.

Después de asumir el cargo, la diputada Guerra Castillo declaró legalmente instalada la Cámara de Diputados para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.

La priista reconoció a las mujeres valientes, quienes desde distintas trincheras siguen luchando por la paridad. “Por ustedes la integración del Estado mexicano es distinta, por ser cada vez más paritaria”.

Y es que el Congreso de la Unión estará presidido, por segunda ocasión en los últimos 100 años, por dos mujeres en ambas Cámaras.

Marcela Guerra subrayó que la sociedad mexicana demanda y espera de sus representantes populares responsabilidad hacia la función encomendada, integridad política y pulcro comportamiento conforme a la ley, y dijo, “así me conduciré en consecuencia”.

Afirmó que invariablemente actuará con imparcialidad y respeto a la pluralidad que la ley manda. “Siempre haré prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo”, agregó.

Indicó que al dirigir las sesiones velará por el equilibrio de las libertades de las y los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

Agradeció la confianza de quienes la propusieron para ocupar la presidencia, el apoyo de los coordinadores de los grupos parlamentarios y del Pleno, en su conjunto.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, suscribió, junto con el senador Eduardo Ramírez, una iniciativa de reforma constitucional para evitar que entren en funciones de manera simultánea dos Legislaturas.

Los legisladores explicaron que la propuesta busca reformar el artículo 65 de la Constitución para establecer el 1 de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General.

Señalaron que, a través de la reforma electoral de 2014, se adelantó, sin argumentos suficientes, el inicio del periodo de sesiones por un mes en el año en que inicia su encargo el Presidente de la República, a pesar de las profundas implicaciones que esto tendría en la agenda legislativa.

“La duración de los periodos legislativos no debería estar vinculada a la sincronización de los ciclos electorales y presidenciales, sino más bien a una duración uniforme que permita una planificación efectiva, una toma de decisiones informada y una representación equitativa”, detallaron.

En el documento se advierte que, ante el riesgo de socavar la independencia y el papel del Congreso de la Unión como órgano de representación popular, se tiene la necesidad de restaurar el texto original de la Constitución y dar certeza al inicio del primer periodo de sesiones ordinaras el 1 de septiembre de 2024, y así sucesivamente.

Se hace referencia a que la reforma de 2014 introdujo una variación injustificada a la duración en el ejercicio del cargo de las y los diputados federales, en tanto que su responsabilidad duraría 37 meses en relación con el inicio del periodo del Ejecutivo federal.

“Si su elección coincide con el año en el que inicia el periodo constitucional del Presidente de la República, su encargo duraría 37 meses, pero en el año en el que no coincidieran, las y los diputados electos durarían 35 meses en el cargo, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional”, explica la iniciativa.

Y es que recordemos que la reforma de 2014 refiere que el nuevo Congres, que emane de los resultados de las elecciones federales de2024, deberá entrar en funciones el 1 de agosto; los actuales diputados y senadores rindieron protesta para un periodo constitucional que concluirá el 31 de agosto del 2024.

Considerando eso, sería un mes en que habría dos Congresos, lo que se busca eliminar con la iniciativa que se presentó.

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mier Velazco, había adelantado que la iniciativa contaría con el respaldo de la mayoría.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Eduardo Ramírez, afirmó que el Senado ha cumplido con su responsabilidad constitucional para desahogar los nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contrario a lo que señaló la Corte la tarde de ayer

El senador consideró que el resolutivo de la Suprema Corte, por el que determinó que existe una omisión de la Cámara de Senadores por no haber aprobado los nombramientos, está fuera de contexto.

Recordó que, a finales del mes de abril, se sometió a consideración del Pleno una propuesta para cubrir la vacante de un integrante del INAI, pero no se alcanzó la mayoría calificada que se requiere para ello, lo que provocó que senadores de oposición tomaran la tribuna.

Por eso, insistió en que el resolutivo de la Suprema Corte es erróneo, porque el Senado sí cumplió cabalmente con esa responsabilidad, “pero si no se tienen los consensos necesarios, nadie está obligado a lo imposible”.

“Espero que el próximo periodo nos pongamos de acuerdo, dejemos a un lado la parte política electoral, y que se asuma una parte de responsabilidad política con lo que el Senado debe cumplir. Y yo estoy cierto de que tenemos estos meses para poder conseguirlo”, añadió el senador.

En su calidad de presidente de la Jucopo, indicó que en su momento propondrá a los perfiles que puedan generar consenso. “Si hay condiciones, se van a sacar; si no hay condiciones, pues seguirá este tema discutiéndose en los próximos meses”.

Ramírez Aguilar asentó que se tiene que cumplir con la convocatoria, en la que ya hay perfiles que cumplen con los requisitos de idoneidad para el cargo.

“Lo lógico y lo procesalmente legislativo es que retomemos de la convocatoria los perfiles, volver a hacer otro nombramiento, y del tercer comisionado hacer la convocatoria nuevamente para sacar algún perfil o, en su defecto, retomar la última convocatoria de la discusión del mes de abril, en el que no logramos un consenso”.

Dijo que, en este momento, “no creo que existan condiciones” para llevar un Periodo Extraordinario, por lo que tendrán que esperar hasta los primeros días de septiembre para retomar el tema.

Finalizó asegurando que en el Senado estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el asunto.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nació (SCJN) rechazó el proyecto que presentó la ministra Loreta Ortiz, que pretendía dar por infundada la impugnación formulada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en relación al nombramiento de los comisionados que están pendientes por parte del Senado.

Ocho ministros se pronunciaron en el sentido de que la Cámara de Senadores incurrió en una omisión, por la falta de designación de quienes ocuparán tres vacantes de personas comisionadas del propio Instituto.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña votaron en contra del proyecto.

Solo los ministros Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar apoyaron la ponencia de su compañera.

Los ministros señalaron que la realización por parte del Senado de algunas actuaciones tendientes a realizar los nombramientos respectivos, que no culminaron con estos, no implica la inexistencia de la omisión determinada.

También señalaron que la previsión constitucional en el sentido de que el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales esté integrado por siete comisionados o comisionadas, implica un mandato para que los órganos responsables hagan los nombramientos correspondientes en un plazo razonable.

“La falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del organismo constitucional autónomo, que funge como garante de la protección de los derechos señalados”, destacó la Corte.

Al ser rechazado el proyecto, el asunto será returnado a un ministro de entre aquellos que conformaron la mayoría para realice y presente uno nuevo, que sea sometido a consideración del Pleno de la Corte.

Y a pesar de que fue desechado el proyecto, el INAI seguirá sin poder sesionar al menos hasta que la Corte vuelva a analizar el tema, lo cual se prevé pueda suceder en agosto próximo.

El Senado no ha logrado convocar a un periodo extraordinario para elegir y designar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que faltan.

Las acusaciones entre el grupo oficialista (Morena, PT, PVEM) y la oposición (PAN, PRI, PRD) no se han hecho esperar.

Los legisladores de Morena se han defendido al señalar que el Senado cumplió con su obligación de trabajar en el procedimiento para dichas designaciones; sin embargo, dijo que no se han logrado los consensos necesarios.

Aseguraron que la oposición está empeñada en criticar la decisión, pero “la realidad es que está enojada porque buscaba que personas afines a sus intereses fueran elegidas como comisionados”.

“No hay justificación para la prisa que se tiene para hacer los nombramientos. La urgencia obedece a necesidades de partidos, de contar con funcionarios fieles a sus intereses. En Morena estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”, indicó la diputada de Morena, Lidia García Anaya.

Su compañera de bancada, Cecilia Márquez Alkadef, acusó que el PAN y PRI se repartieron a los candidatos: “Quizá su enojo es porque no quedaron sus cuates. Es claro que procuran contar con sus perfiles ideales. No les gusta la transparencia, porque los gobiernos del PAN y del PRI nos dejaron una pesada deuda: una deuda de corrupción de casi 10 millones de pesos”.

En tanto, diputadas de la oposición acusaron al Gobierno Federal de evitar la transparencia, tras negar los nombramientos a los comisionados que faltan en el INAI.

Carolina Viggiano Austria, diputada del PRI, apuntó que se está violentado la ley para evitar la designación de los comisionados del Inai, con una doble visión de la mayoría legislativa. “Por un lado, hablan de combate a la corrupción, pero en contrasentido se alían con corruptos y permiten nuevos actos de corrupción”, manifestó.

Criticó que en la actual administración ha habido muchas irregularidades, que han afectado a miles de familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Sue Ellen Bernal Bolnik, también diputada del PRI, recordó que suman 90 días en los que el pleno del INAI no ha podido sesionar porque no tiene quórum, lo que ha propiciado que más de seis mil recursos sigan sin resolverse y pendientes, porque no se ha tenido la voluntad para nombrar a los comisionados faltantes.

“Son berrinches, son caprichos y no tiene nada que ver con un argumento jurídico”, acusó la legisladora.