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En el video que subió el lunes a redes sociales el presidente López Obrador anunciando que Pemex había comprado a Shell el 50% de las acciones de la refinería de Deer Park, en Texas, fue un triunfo político del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sobre la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Al hacer el anuncio el presidente dijo con emoción que el 50% de la refinería se estará comprando por $600 millones de dólares y se podrán refinar 340 mil barriles al día. La construcción de la refinería de Dos Bocas, cuya principal promotora es Nahle, va a costar entre 9 y 12 mil millones de dólares y se refinará la misma cantidad de barriles si es que se logra terminar algún día. Con esto, Romero le demostró al presidente que por un costo mucho menor a la construcción de Dos Bocas se puede refinar la misma cantidad de barriles.

Ahora, aunque Romero le ganó a Nahle esta partida política, el anuncio demuestra una enorme ignorancia del gobierno de López Obrador en materia energética. ¿Por qué es para el presidente digno de presumir que se está tirando tanto dinero a la basura en Dos Bocas?

El anuncio es también una trampa con una enorme mentira. Según dice AMLO en su video, para el año 2023 vamos a lograr la autosuficiencia energética gracias a esta compra; la construcción de Dos Bocas y la modernización de las seis refinerías existentes. Pues ahí AMLO está asumiendo, primero, que las refinerías van a estar operando al 100 por ciento de su capacidad, cosa que no sucede. Segundo, que Dos Bocas va a estar lista en menos de dos años cuando actualmente lleva un avance del 15%. También está haciendo un cambio importante en la definición de soberanía energética. Si la gasolina que se compra a una refinería en Texas, aunque sea propiedad de México, se considera parte de la producción nacional de gasolinas ¿por qué no mejor opta Pemex por comprar otras refinerías en Estados Unidos en lugar de construir Dos Bocas? Sale más barato.

Todo esto es asumiendo que Pemex logrará la misma eficiencia en Deer Park que actualmente logra Shell. Al comprar Pemex el 100 por ciento de Deer Park, la operación de la refinería dejará de estar en manos de Shell y recaerá en Pemex. La regulación de las refinerías en Estados Unidos es muy diferente a la que existe en México. Allá Pemex tendrá que competir con las demás petroleras como un jugador más, no como el consentido que es en México.

Este anuncio muestra además que el presidente sigue empecinado en llegar a una fiesta que ya se está acabando. Basta ver la votación que se dará hoy en ExxonMobil. Esta es la más grande de las petroleras occidentales y también la más reacia a la transformación hacia energías renovables y limpias. El actual director de ExxonMobil, Darren Woods, se enfrentará hoy a una brutal junta de consejo en la cual fondos de inversión están exigiendo que el consejo se integre por cuatro personas que lleven a la empresa hacia la transición a energías renovables y limpias porque saben que ahí está el futuro.

Lo mismo saben en Shell. Este mes, los accionistas de la empresa aprobaron el plan para ser una empresa de cero emisiones, incluyendo a los usuarios finales de sus productos, para el año 2050. Recibir dinero y deshacerse de la refinería, que es de las áreas que menos ayudan a esta meta, es un doble hit para Shell.

Romero le ganó a Nahle pero México sale perdiendo porque esta realidad de transformación energética está lejos de permear en el ideario del presidente López Obrador.

 

Columna completa en El Universal

Que no se te pase, este domingo 4 de abril inicia el Horario de Verano en toda el país, a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte en los que entró en vigor el pasado 14 de marzo.

El inicio del Horario de Verano implica que se tendrá que adelantar una hora los relojes, con el fin de que el domingo se despierte con el nuevo horario.

«Este sábado 3 de abril, antes de irte a dormir, adelanta una hora tu reloj, para que el domingo inicies tu día con el nuevo horario», indicó la Secretaría de Energía.

La modificación está establecido en el Decreto Legislativo que entró en vigor desde el 2002, que establece el horario estacional en todo el país.

El horario de verano es el segundo que se produce en el marco de la contingencia sanitaria que se vive en el país con motivo de la pandemia del Covid-19.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha referido al tema específicamente sobre su intención de echarlo para atrás ya que considera que la modificación es una política más de corte neoliberal y tecnocrático.

El mandatario ha indicado que no se procederá a modificar nada hasta que no se tenga un dictamen técnico que la Secretaría de Energía haría, con el fin de que verificar si el cambio de horario significa ahorros significativos.

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó este miércoles el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se promulgó la semana pasada.

La Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

«Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional», indicó el juzgado según los expedientes 118/2021 y 119/2021.

Son las primeras impugnaciones que el gobierno presenta contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo.

Dichos amparos fueron los que llevaron al presidente a arremeter en contra del juez, a quien acusó de responder a intereses de privados; incluso pidió al ministro Arturo Zaldívar que se investigara su actuación.

Recordemos que la reforma de López Obrador cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Y aunque se impugnaron los dos amparos, al día de hoy hay cerca de 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

La información coincide con lo expuesto esta mañana por AMLO, quien dijo que pedirá reformar la Constitución en caso de que los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su reforma.

«No puedo ser cómplice del robo, del atraco», argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar «al servicio» de particulares y extranjeros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles procedente la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política energética del gobierno federal.

“Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional”, expuso la secretaria de acuerdos, Jazmín Bonilla.

La Cofece presentó la controversia el año pasado, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que daba al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE, la que según la Comisión, afectaba la competencia en el sector.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto, que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, señala que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética.

Adicional, precisa que «otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción».

Los ministros coincidieron en que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales» que se encomendaron a la Cofece.

La Suprema Corte SCJN invalidó la disposición 7.1 que establecía que «la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica». También se invalidó el apartado 5.12 en el que la Sener otorgaba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la facultad para evaluar la viabilidad de las solicitudes de interconexión de las empresas privadas con base en diversos criterios.

Adicional, revocó la disposición 8.4 con la que el Cenace tenía control sobre la «asignación y despacho» de unidades de central eléctrica. Anuló también el apartado 10.2 que permitía al Cenace a rechazar solicitudes de interconexión de privados por «criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica».

La medida 3.8.4. que le daba a la CFE la facultad de «elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN», también fue eliminada.

Y aunque fueron varios puntos los que se invalidaron, la SCJN validó el punto que permite el «fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE» y criterios para nuevos servicios conexos. También le permitió a la Sener imponer a las empresas privadas de energías «intermitentes» cubrir el costo asociado de incrementar los servicios conexos y catalogar a centrales «con fuente de energía limpia intermitente» que «no proveen una cantidad firme de potencia».

Un juez amparó a todas las compañías de electricidad contra la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) con la que el gobierno federal pretende limitar la generación privada de fuentes renovables, también conocido como el ‘Decreto Nahle’.

El fallo, con fecha del 30 de octubre, y difundido este miércoles, declara inconstitucional la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Sener publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aunque el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica resolvió a favor de la empresa EGP Magdalena Solar, extendió los efectos a todas las compañías que participan el mercado eléctrico mayorista.

«Este juez de Distrito no sólo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector», justificó el juez del caso, Juan Pablo Gómez Fierro.

El juez es quien amparó la semana pasada a todas las empresas contra el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril, que también prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras que el acuerdo del Cenace argumenta que, por la pandemia, debe bloquear las centrales renovables porque «son intermitentes», la política de Sener elimina el concepto de «despacho económico» para priorizar la energía de las plantas de CFE, que tiene costos más altos que los privados.

Recordemos que el sector privado acumula más de 170 amparos contra estas medidas, al considerar que impactan en conjunto 14% del producto interno bruto (PIB), 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y asociaciones de compañías energéticas.

En esta primera sentencia de fondo sobre el tema, el juez Gómez Fierro consideró que la política de Sener es inconstitucional porque afecta la libre concurrencia y competencia, además de incumplir con los requisitos regulatorios.

«La omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de constitucionalidad formal que trasciende necesariamente a todo el contenido de la norma general reclamada; por ende, los efectos del amparo deberán abarcar a todo el ordenamiento reclamado», concluyó.

La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó en octubre la suspensión definitiva de la política de la Sener, lo que significa que queda sin efecto solo mientras resuelve su constitucionalidad.

La política también ha despertado críticas de legisladores estadounidenses, que denuncian que «viola» el espíritu del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio. Aun así, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado que, si la Suprema Corte falla en contra de su gobierno, hará una reforma constitucional para proteger a la CFE y a Pemex del «saqueo» de las empresas extranjeras.

Un juez federal suspendió indefinidamente y de manera parcial el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024 del gobierno federal, en respuesta a un amparo solicitado por el grupo ambientalista Greenpeace.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de México, tomó la medida cautelar, que prevalecerá hasta que resuelva de fondo el amparo.

Argumentó que algunos de los objetivos prioritarios del Prosener, se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético.

El juez sostuvo que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación, deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa.

Aclaró que esto no implica que quede insubsistente el programa. Únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, hasta resolver si se otorga o no el amparo solicitado por Greenpeace.

“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa; deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas en el párrafo que antecede.”

De esta manera, todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, entre las que se encuentran Sener y CFE, en el ámbito de sus competencias están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada.

Recordemos que Greenpeace promovió un amparo contra el Prosener 2020-2024, al considerar que no fomenta “el empleo de energías renovables, ni la disminución de contaminantes”, lo que atenta contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente.

De acuerdo a un análisis presentado por el IMCO, las energías renovables no sólo son más sustentables en términos ambientales, sino también más accesibles que otras tecnologías. Al tener menores costos,  la Secretaría de Hacienda deberá compensar menos pérdidas por subsidio a la CFE.

En agosto pasado, Greenpeace  y CEMDA ganaron una suspensión definitiva contra la Sener y el Cenace por obstaculizar la entrada de centrales renovables. Cenace afirmó que las intermitencias de las energías renovables son un riesgo para el sector.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Coefece) señaló que las nuevas políticas petroleras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están dirigidas a por favorecer a Pemex, lo que conduce a que en México no se observe competencia en el mercado mayorista.

La Cofece pidió al gobierno federal «incrementar la competencia en el mercado de gasolinas».

El organismo envió una recomendación a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quien pidió que la normativa que regula la obtención de permisos para importación y venta de gasolina «se aplique de manera expedita y no  discriminatoria».

Y es que se ha venido denunciando las trabas que el gobierno ha puesto, como parte de la nueva Política de Almacenamiento Mínimo.

De acuerdo con un trabajo de investigación que realizó la Cofece, Pemex domina el mercado petrolero en el país al suministrar el 87% de la gasolina que se consume en el país, debido en parte a la «insuficiente infraestructura de almacenamiento y transporte» en el país.

Resaltó que el otorgamiento de permisos de importación no debe limitarse u obstaculizarse innecesariamente. Recordó que desde noviembre de 2018, la SENER solo ha concedido permisos de un año y no ha otorgado nuevos permisos de importación de 20 años.

Añadió que los tiempos de resolución a las solicitudes de permisos para la venta al público se han duplicado, y existen más de 200 casos sin resolución. Precisó que anteriormente, el tiempo promedio de expedición de un permiso era prácticamente el mismo para todos los solicitantes, de 21 días hábiles. Sin embargo, dados los cambios implementados, el número de días que se toma la resolución de un permiso es en promedio de 75 días, y diferenciado entre las marcas de gasolina que se vendan. 

La Cofece acusó que hoy en día existen por lo menos 229 solicitudes de marcas distintas a PEMEX, admitidas entre marzo de 2019 y abril de 2020, que no han sido resueltas y se desconocen las causas de ello. Acusó también que las autorizaciones de cesión de permiso no se resuelven expeditamente, lo que dificulta la entrada de más marcas al mercado mexicano.

«Existen obstáculos regulatorios para la instalación y operación de gasolineras en la normativa estatal y municipal, lo que limita la competencia entre ellas para reducir sus márgenes», precisó la Cofece.

Para propiciar precios más competitivo en la venta de combustibles, el organismo recomendó al gobierno eliminar el requisito de comprobación de medios de transporte y almacenamiento para los permisos de importación de un año, y asegurar que el otorgamiento de permisos de importación por 20 años se realice de manera expedita.

También recomendó asegurar que la normativa asociada con la tramitación y la resolución de solicitudes para nuevos permisos de expendio, cesiones o actualizaciones sea aplicada de manera neutral y expedita; y que en ningún momento la autoridad discrimine en función de marcas asociadas o fuentes de proveeduría.

Al respecto, recordemos que el American Petroleum Institute (API) denunció el mes pasado «crecientes dificultades» para obtener o renovar permisos de operación de gasolineras en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.

En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional.

El efecto es «que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo», indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.

En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido el acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con el argumento de garantizar la «confiabilidad» y «estabilidad» del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas «intermitentes» para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Cofece impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

En particular, la Cofece consideró que es «contraria» a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
«La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente», explica la notificación.

Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el «Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético» en México.

«El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN», publicó Nahle en sus redes sociales.

La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó este miércoles que el  proyecto para la construcción de una planta energética en el municipio de Tuxpan se mantendrá y será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien licitará su construcción.

El anuncio de García llega luego de que Iberdrola informara su decisión de cancelar la inversión de 1,200 millones de dólares en un proyecto de 1,204 megavatios y que habría supuesto la creación de 2,000 empleos.

«Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle,  secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan  se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del Estado licitará  su construcción, donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de  trabajar», dijo el gobernador en sus redes sociales.

Hace una semana López Obrador calificó de «saqueo» la acción de las  compañías españolas del sector mexicano en los últimos años,  acusando que mantenían precios «elevadísimos» en la energía eléctrica. Específicamente se lanzó contra Iberdrola.

Criticó que la empresa haya decidido contratar a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y al expresidente Felipe Calderón.

Recordemos que hace un año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reiteró ante el gobierno federal los planes de la compañía para invertir hasta 5,000 millones de dólares durante los próximo años.

La construcción de la planta debía comenzar este 1 de agosto, pero tras casi un año sin poder cerrar un acuerdo con la CFE para el suministro de gas, la empresa habría comunicado el alcalde de Tuxpan la suspensión de la obra.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este lunes que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) contra la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (Política), emitida por la Secretaría de Energía, al considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución.

La COFECE consideró que la Política es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

«El instrumento afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia (…) la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica», dijo la COFECE este lunes a través de un comunicado.

La Comisión dijo que se incide de manera grave y trascendente su esfera de actuación, al impedirle promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

Precisó que solicita a la Suprema Corte pronunciarse sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia cuando emite una disposición que afecta tan gravemente la dinámica competitiva de un mercado.

Finalmente indicó que si bien reconoce que incrementar la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico nacional es un propósito legítimo y deseable, cuando otros objetivos, como el de la competencia económica también son parte del mandato constitucional, es necesario identificar la mejor alternativa disponible a fin de hacer cumplir todos estos objetivos, lo que no sucede con la Política impugnada.

La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Rocío Nahle, aseguró que “combatirá” de decisión de un juez de suspender el acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que días atrás había publicado.

Y aunque dijo que el gobierno federal respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, adelantó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de dicho acuerdo.
“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la dependencia. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.
Afirmó que la Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
Señaló que la realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dijo que la Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
«Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos», dijo la Sener.

Recordemos que las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación a través de cartas diplomáticas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar «un trato justo» para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento «ilegal» e «inadmisible» de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el «electrolinazo», aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) «de acuerdo con las exigencias» de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

«Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales», sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

Un juez federal otorgó este lunes siete suspensiones definitivas a igual número de empresas que pidieron frenar el acuerdo del gobierno federal, publicado por la Secretaría de Energía (Sener) que impide la entrada en operación de nuevas plantas de energías renovables.

El juez Rodrigo de la Peza, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, aprobó dichas suspensiones.

Las resoluciones frenan por «tiempo indefinido» la entrada en vigor del acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el pasado 29 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con la decisión del juez, el gobierno puede impugnar las suspensiones definitivas, pero el fallo puede tardar meses, mientras que la medida estará vigente hasta que se resuelva el juicio de amparo que promovieron las empresas y por lo tanto el acuerdo no se podrá aplicar.

El pasado martes, las empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante este juzgado contra el polémico acuerdo del Cenace, gestor público del sistema eléctrico, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas.

Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.

El juez tiene en trámite más de 20 amparos y se prevé que mantenga el mismo criterio.

Se apuntó que las resoluciones solo aplican a las empresas a las que se le concedió la suspensión definitiva y no sirven para anular el polémico acuerdo que a finales de abril obligó a frenar «las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial».

Hace una semana, cuando otorgó las suspensiones provisionales, el juez señaló que el acuerdo de Cenace «representa un retroceso en la transición energética del país», además de que vulneraba los derechos a la libre competencia económica, acceso a la salud y medio ambiente sano.

Tras publicarse el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia del COVID-19, Canadá y la Unión Europea enviaron sendas cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, expresando sus reservas.

Dicha medida afectará proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión total de más de 30,000 millones de dólares, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de 6,400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).

Además de dicho acuerdo, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la cual estableció una limitación sin fecha a las energías renovables, ya que por su intermitencia «exponen a daños financieros al SEN, así como a los usuarios finales».

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió estos acuerdos para favorecer a las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a «la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales» y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas «en tanto no afecten a la confiabilidad» del sistema energético. La notificación también establece que «deberá otorgarse la licencia correspondiente» a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para «un futuro inmediato».

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

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Al presidente no le gustan ni las energías limpias ni las inversiones privadas. Las primeras quizás porque no las entiende, las segundas porque ve cualquier inversión privada como la mano del cerdo capitalista que abusa del pueblo y se enriquece a su costado.

Por ello hemos visto como su gobierno ha cometido tres atropellos concretos, tres strikes, en contra de las energías limpias y la inversión privada en el sector que, por el momento, las tiene ponchadas.

STRIKE 1: Resolución que modificó los términos para la estricta separación legal de la CFE que se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016. Con esta separación legal se lograba dividir subsidiarias y filiales de la CFE para que financieramente se supiera en donde tenía pérdidas, en donde utilidades y pudiera participar en el mercado en igualdad de circunstancias. En marzo del 2019 se modifican estos términos y así la CFE, bajo la batuta de Manuel Bartlett, puede auto regularse, ósea, hace opaco en donde hay pérdidas; en donde ganancias y permite manipular los precios del recientemente creado mercado eléctrico mayorista.

STRIKE 2: Facilitar a la CFE que su generación hidroeléctrica y nuclear obtuvieran CELs (Certificados de Energía Limpia) a pesar de no ser inversiones nuevas. En octubre del 2019, la SENER publicó reglas para que las hidroeléctricas y centrales nucleares de la CFE obtuvieran CELs aun sin ser inversiones nuevas. Los CELs fueron hechos para impulsar inversión en nuevas centrales limpias y así asegurar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en cuanto a reducción de emisiones, bajando y estabilizando el precio de la energía eléctrica en el largo plazo. La necesidad de generar certificados les dio un valor de mercado. Al hacer el cambio la SENER, desvirtuó el propósito de estos certificados y los devaluó en beneficio de la CFE y en perjuicio de los inversionistas.

STRIKE 3: Cambios regulatorios al uso de energías.

Éste último strike que ocurrió el viernes pasado ponchó la posibilidad de que en México se utilicen las energías más limpias y de mejor precio en el mercado de un plumazo. Es un cambio que primero es ilegal, porque no cuenta con la revisión y visto bueno de la COFECE ni de la COFEMER.

En segundo lugar, es un documento que se soporta en una enorme mentira. SENER y CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) argumentan que las empresas de energía solar y eólica generan energía de manera intermitente y por ello hay alteraciones en la red de suministro, lo que genera inestabilidad. Esto es una enorme mentira porque las empresas que obtienen su contrato de interconexión para proveer energía al Sistema Eléctrico Nacional lo reciben una vez que el CENACE se los otorga habiendo cumplido con tres estudios que demuestran que han invertido en equipo de protección a la red que hacen que la corriente sea asíncrona, lo que elimina estas oscilaciones.

Es además una manipulación del mercado que, en lugar de favorecer primero a las energías más baratas y limpias como suministro para el sistema eléctrico nacional en beneficio de los usuarios finales, como son la eólica y la solar, da prioridad a la más cara y sucia, que es el combustóleo que le suministra Pemex a la CFE para que sean sus centrales las primeras en ser despachadas, no importando si utilizan insumos caros y sucios.

Por último, es la forma más clara en que México como país está decidiendo incumplir con sus compromisos ambientales pactados y firmados, como el Acuerdo Climático de Paris. En las refinerías en donde se produce combustóleo, un residuo de la refinación de petróleo que contiene más de 4% de azufre, que cuando es quemado para generar energía se ha documentado un impacto en la salud de los habitantes que viven en sus alrededores.

Y por si fuera poco, en este tercer strike el gobierno quizás no se ha dado cuenta (o si sí, no le importa) que se está dando un balazo en el pie porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca de Desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras; Nafin, etc.

 

Columna completa en EL UNIVERSAL