Tag

Sener

Browsing

La empresa estatal para explotar las reservas del litio en el país, Litio para México (LitioMx) se constituyó formalmente y tiene 90 días naturales para emitir su estatuto legal que regule su estructura y funcionamiento.

Recordemos que el gobierno federal creó por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la empresa estatal, LitioMx, que será coordinada por la Secretaría de Energía (Sener).

La empresa estatal contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión, según el documento emitido el pasado 23 de agosto.

El gobierno destaca que LitioMx tiene como objetivo la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.

Tal como lo había adelantado el presidente, y ahora Nahle hizo la toma de protesta respectiva, Pablo Taddei, hijo de un funcionario de Morena, será el director general de LitioMx.

Taddei es ingeniero industrial y de sistemas por la Universidad de Sonora. Cuenta con maestría en Sistemas Sustentables y estudió un doctorado de Salud Medioambiental en la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos.

El presidente López Obrador adelantó semanas atrás que la nueva empresa estatal de litio se instalaría en Sonora, estado fronterizo con Estados Unidos, además de que LitioMx estará abierta a la iniciativa privada.

“Estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias y también de producción de baterías con litio para impulsar en Sonora la industria automotriz”, señaló AMLO.

Recientemente se dio a conocer que la administración Biden invitó a México para formar parte del paquete de inversiones relacionadas a potencializar la cadena de suministro regional y de producción de semiconductores.

Por su parte México está buscando la asociación con los gobiernos de Bolivia, Argentina y Chile para detonar su explotación y uso en la fabricación de baterías para sustentar el futuro tecnológico de la electromovilidad.

El gobierno federal hizo oficial la creación de la empresa estatal “Litio para México (LitioMx)”, con la que busca sacar beneficios del también denominado oro blanco, que se utiliza como base en la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía.

“Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Litio para México, con el acrónimo ‘LitioMx’ agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión”, se lee en un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF) se indicó que la nueva empresa estatal iniciará sus funciones a más tardar en 180 días naturales, contados a partir de este 24 de agosto de 2022.

El objetivo de LitioMx es “la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional”. Así como “la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.

La empresa estatal Litio para México es el resultado de las reformas aprobadas por el Congreso en abril pasado y por las cuales se “declara de utilidad pública al litio”.

Entre estas disposiciones también se establece que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y señala que serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”.

El decreto dispone que será la Secretaría de Energía la que se encargará de proveer al personal que trabajará en esta nueva estatal hasta 2023, así como el presupuesto requerido para su operación, sin que implique ampliaciones de facto.

También será responsable de ubicar y reconocer áreas geológicas potenciales de litio, de la mano del Servicio Geológico Mexicano, así como de investigar y desarrollar la tecnología requerida en la industria relacionada con la utilización del litio, entre otras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este viernes que Baker Hughes, empresa que mantiene contratos con Pemex y que ha sido acusada de presunto conflicto de interés con su hijo, José Ramón López, tiene contratos en la nueva refinería de Dos Bocas.

“Que la empresa, donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa, tiene contratos en Dos Bocas, donde se está haciendo la refinería. Pues puede ser porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex”, justificó el mandatario.

El presidente se refirió a la nota del diario Reforma que publicó que Baker Hughes tiene contratos en la refinería Dos Bocas, una de las obras prioritarias de López Obrador.

En un tuit posterior a las declaraciones del mandatario, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que la empresa “tiene presencia histórica en Pemex desde hace más de 40 años” con operación “en las instalaciones compresores, turbinas, generadores eléctricos y motores de lo mejor”, mientras que para Dos Bocas han aportado dos turbinas.

Baker Hughes ha estado en el centro de la polémica desde enero pasado, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Latinus revelaron que José Ramón, hijo de López Obrador, vivió en 2019 en una casa en Houston, Texas, de un exejecutivo de esa compañía, que ese mismo año amplió un contrato con Pemex.

Ahora López Obrador acusó al diario Reforma de ser un “pasquín del conservadurismo” y “panfleto” por publicar la información de los contratos de Dos Bocas, que se prevé que se inaugure este año.

“Suponen que yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito no me he aprendido el nombre de la empresa, no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa. (Suponen que) por esos contratos, le rentaron la casa a José Ramón, pero así de obvio y mal intencionado, de perverso”, manifestó.

Recordemos que Baker Hughes ha afirmado que condujo una investigación interna que concluyó que no existió conflicto de interés en la operación que tiene que ver con la casa en Houston.

AMLO reiteró que el escándalo es porque “se enojan mucho los adversarios, conservadores, corruptos y se lanzan con todo”, y e incluso señaló que uno de los periodistas que hizo la investigación ahora “reconoce que él no habló de conflictos de intereses” en su reportaje.

“Pero miren cuándo vino a declarar, después de un mes de golpeteo, con la máxima del hampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna”, expresó López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este martes que con la creación y entrada en operación de Gas Bienestar, se busca alcanzar el 51% del mercado de distribución en todo el país.

“El compromiso es que nosotros nos hagamos cargo del 51 % del mercado, porque no había contrapeso. No es como en el caso de la distribución de las gasolinas o de la energía eléctrica, ahí podemos garantizar nosotros que no hay aumento”, explicó el mandatario esta mañana en Palacio Nacional.

“Ya se tiene establecido el mecanismo de Gas Bienestar y lo podemos ampliar, y no hay riesgo de desabasto”, indicó López Obrador al reiterar su denuncia de que cinco “grandes empresas” controlaban el mercado de distribución de gas.

Indicó que ante dicha situación se decidió establecer precios máximos y crear Gas Bienestar, cuya cuota será “al 51% del mercado”.

Aseguró que en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, ya se está logrando que Gas Bienestar tenga este nivel de mercado.

Las declaraciones de AMLO llegan luego de que ayer el gremio gasero protestara con un paro de labores indefinido y bloqueo de calles, ante el aumento de precio del combustible definido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los gaseros se manifestaron frente a la Secretaría de Energía (Sener), al sur de la Ciudad de México, donde advirtieron de la huelga de 10,000 empleados, 6,500 unidades distribuidoras y más de 100 estaciones en el Valle de México, con la posibilidad de incorporar más regiones del país.

La protesta ocurre por el incremento por la tarifa de litro de gas licuado de petróleo (LP), lo que reduciría la comisión de los distribuidores, expuso Enrique Medrano, vocero del gremio.

Sin embargo, tras más de dos horas de reunión con autoridades, y al no tener una respuesta positiva ante sus exigencias de que las ganancias por repartir el gas sean de mínimo 30 pesos por pipa, los gaseros decidieron realizar diferentes bloqueos.

Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a los puntos cerrados por los manifestantes como parte de un operativo para liberar las arterias viales que derivó en conatos de enfrentamiento. 

Luego de esto, la Secretaría de Energía emitió un comunicado sobre la manifestación de gaseros y condenó la violencia y desorden causado en la capital del país por los integrantes de este gremio.

Cuestionado sobre el tema, López Obrador afirmó este martes que no cree que la problemática “pase a mayores” porque ya se está atendiendo las demandas de los gaseros.

A partir de ayer inició el esquema de regulación de precios máximos del gas licuado de petróleo (LP) en todo el país, adoptado por la Comisión Reguladora de Energía(CRE), con el que ninguna empresa distribuidora podrá vender por arriba de dichos precios.

La CRE estableció 145 precios diferentes, correspondientes a 145 regiones en que se dividió al país. Aquí se puede consultar el precio fijado para las 145 regiones, que incluyen diversos municipios en cada una de las 32 entidades del país.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que los distribuidores que no respeten lo publicado por la Comisión, perderán el permiso con el que operan actualmente.

“Estos precios máximos deben de respetarse porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindro que es donde se han presentado más abusos que afectan a la familia que menos tienen, va a perder el permiso”, señaló Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

Ricardo Sheffield señaló que desde la Procuraduría estarán monitoreando y sancionando a quienes vendan por encima del precio máximo; indicó que van a estar muy atentos a que “nadie se pase de rosca” y respeten el precio máximo en cada una de las 145 regiones.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó la nueva regulación que establece topes a los precios del gas licuado del petróleo (gas LP) y advirtió de “afectos irreversibles” para la economía.

En un comunicado, la Coparmex dijo que el nuevo mecanismo “pudiera provocar afectaciones irreversibles para la inversión y participación de nuevos actores, lo cual juega en contra de la urgente reactivación económica y la competitividad del país”.

Y es que el pasado jueves, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó un proyecto de regulación de los precios máximos de venta a los usuarios del gas LP cumpliendo con una directriz establecida por la Secretaría de Energía.

La Coparmex denunció que esta nueva regulación “podría generar afectaciones irreversibles para la competitividad en la nación”.

Criticó que fue aprobada mediante “un proceso express” y publicada el mismo día, con lo cual quedó cancelada toda posibilidad de hacer un análisis de impacto y su respectiva consulta pública.

“Como hemos advertido anteriormente, la aprobación ‘fast track’ es recurrente en proyectos vinculados al sector energético”, expresó la patronal.

La Coparmex consideró que la Secretaría de Energía obligó a la CRE a emitir una política de precios muy compleja en tan solo tres días, lo que pone en riesgo la calidad de la regulación y no permite enriquecer el contenido con la opinión de voces expertas.

“Para evitar que la población registre mayores afectaciones a la economía familiar debido a los incrementos en precios internacionales, se debieron aplicar alternativas más eficientes”, dijo la Coparmex, según la cual la nueva regulación “incumple” la Ley de Mejora Regulatoria.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció a principios del mes pasado la creación de Gas Bienestar, empresa pública que prevé suministrar este combustible a un “precio justo”.

AMLO aseguró que no hay competencia en el sector y calificó de “cero a la izquierda” a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano contra el que ya había tenido choques con anterioridad.

Petróleos Mexicanos (Pemex) será la encargada de operar el yacimiento marino Zama, ubicado en las costas del estado de Tabasco, en el Golfo de México, y que es el primero de producción conjunta con el sector privado, informó este lunes la Secretaría de Energía (Sener).

Pemex fue declarado el operador luego de un acuerdo de unificación con Talos Energy Offshore, empresa con la que la compañía disputó la zona.

El campo petrolero, situado frente a la costa de Tabasco, en el sureste del país, es el primer yacimiento en la historia del país que será desarrollado por Pemex y por una empresa privada.

“Ya se entregó (el dictamen), se les hizo del conocimiento a los dos, tanto a Talos como a Pemex, se cumplió todos los requisitos de ley, tardó más de un año la negociación y queda Pemex como operador”, explicó Nahle a medios tras una conferencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Se cumplió con los requisitos de ley, esto nos llevó casi un año y hablamos con los dos y será Pemex. Lo que sigue es de acuerdo al mecanismo de ley”, añadió.

Por su parte, Talos dijo en un comunicado que la compañía está muy “decepcionada” con la decisión de la Sener después de seis años de trabajos en el campo Zama.

Tras la decisión, ambas compañías tienen 30 días naturales para la presentación conjunta del Plan de Desarrollo para la operación del yacimiento que tiene una superficie aproximada de 26.7 kilómetros cuadrados y se localiza en aguas someras del Golfo de México, a 58 kilómetros frente a las cosas de Tabasco.

Hace casi un año, el 8 de julio de 2020, la Sener anunció la integración del primer yacimiento de producción conjunta con el sector privado al instruir a Pemex y a Talos Energy Offshore a la unificación del desarrollo del campo Zama.

La dependencia que encabeza Rocío Nahle señaló que la unificación de yacimientos tiene como principal finalidad la de maximizar el valor y la recuperación económica de los hidrocarburos.

Según la visión de la Secretaría, Zama representaba “uno de los descubrimientos más importantes realizado por empresas privadas en México” y tenía una expectativa de producción de aceite ligero a partir del primer semestre del año 2024.

En el video que subió el lunes a redes sociales el presidente López Obrador anunciando que Pemex había comprado a Shell el 50% de las acciones de la refinería de Deer Park, en Texas, fue un triunfo político del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sobre la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Al hacer el anuncio el presidente dijo con emoción que el 50% de la refinería se estará comprando por $600 millones de dólares y se podrán refinar 340 mil barriles al día. La construcción de la refinería de Dos Bocas, cuya principal promotora es Nahle, va a costar entre 9 y 12 mil millones de dólares y se refinará la misma cantidad de barriles si es que se logra terminar algún día. Con esto, Romero le demostró al presidente que por un costo mucho menor a la construcción de Dos Bocas se puede refinar la misma cantidad de barriles.

Ahora, aunque Romero le ganó a Nahle esta partida política, el anuncio demuestra una enorme ignorancia del gobierno de López Obrador en materia energética. ¿Por qué es para el presidente digno de presumir que se está tirando tanto dinero a la basura en Dos Bocas?

El anuncio es también una trampa con una enorme mentira. Según dice AMLO en su video, para el año 2023 vamos a lograr la autosuficiencia energética gracias a esta compra; la construcción de Dos Bocas y la modernización de las seis refinerías existentes. Pues ahí AMLO está asumiendo, primero, que las refinerías van a estar operando al 100 por ciento de su capacidad, cosa que no sucede. Segundo, que Dos Bocas va a estar lista en menos de dos años cuando actualmente lleva un avance del 15%. También está haciendo un cambio importante en la definición de soberanía energética. Si la gasolina que se compra a una refinería en Texas, aunque sea propiedad de México, se considera parte de la producción nacional de gasolinas ¿por qué no mejor opta Pemex por comprar otras refinerías en Estados Unidos en lugar de construir Dos Bocas? Sale más barato.

Todo esto es asumiendo que Pemex logrará la misma eficiencia en Deer Park que actualmente logra Shell. Al comprar Pemex el 100 por ciento de Deer Park, la operación de la refinería dejará de estar en manos de Shell y recaerá en Pemex. La regulación de las refinerías en Estados Unidos es muy diferente a la que existe en México. Allá Pemex tendrá que competir con las demás petroleras como un jugador más, no como el consentido que es en México.

Este anuncio muestra además que el presidente sigue empecinado en llegar a una fiesta que ya se está acabando. Basta ver la votación que se dará hoy en ExxonMobil. Esta es la más grande de las petroleras occidentales y también la más reacia a la transformación hacia energías renovables y limpias. El actual director de ExxonMobil, Darren Woods, se enfrentará hoy a una brutal junta de consejo en la cual fondos de inversión están exigiendo que el consejo se integre por cuatro personas que lleven a la empresa hacia la transición a energías renovables y limpias porque saben que ahí está el futuro.

Lo mismo saben en Shell. Este mes, los accionistas de la empresa aprobaron el plan para ser una empresa de cero emisiones, incluyendo a los usuarios finales de sus productos, para el año 2050. Recibir dinero y deshacerse de la refinería, que es de las áreas que menos ayudan a esta meta, es un doble hit para Shell.

Romero le ganó a Nahle pero México sale perdiendo porque esta realidad de transformación energética está lejos de permear en el ideario del presidente López Obrador.

 

Columna completa en El Universal

Que no se te pase, este domingo 4 de abril inicia el Horario de Verano en toda el país, a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte en los que entró en vigor el pasado 14 de marzo.

El inicio del Horario de Verano implica que se tendrá que adelantar una hora los relojes, con el fin de que el domingo se despierte con el nuevo horario.

“Este sábado 3 de abril, antes de irte a dormir, adelanta una hora tu reloj, para que el domingo inicies tu día con el nuevo horario”, indicó la Secretaría de Energía.

La modificación está establecido en el Decreto Legislativo que entró en vigor desde el 2002, que establece el horario estacional en todo el país.

El horario de verano es el segundo que se produce en el marco de la contingencia sanitaria que se vive en el país con motivo de la pandemia del Covid-19.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha referido al tema específicamente sobre su intención de echarlo para atrás ya que considera que la modificación es una política más de corte neoliberal y tecnocrático.

El mandatario ha indicado que no se procederá a modificar nada hasta que no se tenga un dictamen técnico que la Secretaría de Energía haría, con el fin de que verificar si el cambio de horario significa ahorros significativos.

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó este miércoles el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se promulgó la semana pasada.

La Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

“Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional”, indicó el juzgado según los expedientes 118/2021 y 119/2021.

Son las primeras impugnaciones que el gobierno presenta contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo.

Dichos amparos fueron los que llevaron al presidente a arremeter en contra del juez, a quien acusó de responder a intereses de privados; incluso pidió al ministro Arturo Zaldívar que se investigara su actuación.

Recordemos que la reforma de López Obrador cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Y aunque se impugnaron los dos amparos, al día de hoy hay cerca de 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

La información coincide con lo expuesto esta mañana por AMLO, quien dijo que pedirá reformar la Constitución en caso de que los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su reforma.

“No puedo ser cómplice del robo, del atraco”, argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar “al servicio” de particulares y extranjeros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles procedente la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política energética del gobierno federal.

“Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional”, expuso la secretaria de acuerdos, Jazmín Bonilla.

La Cofece presentó la controversia el año pasado, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que daba al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE, la que según la Comisión, afectaba la competencia en el sector.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto, que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, señala que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética.

Adicional, precisa que “otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción”.

Los ministros coincidieron en que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales” que se encomendaron a la Cofece.

La Suprema Corte SCJN invalidó la disposición 7.1 que establecía que “la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica”. También se invalidó el apartado 5.12 en el que la Sener otorgaba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la facultad para evaluar la viabilidad de las solicitudes de interconexión de las empresas privadas con base en diversos criterios.

Adicional, revocó la disposición 8.4 con la que el Cenace tenía control sobre la “asignación y despacho” de unidades de central eléctrica. Anuló también el apartado 10.2 que permitía al Cenace a rechazar solicitudes de interconexión de privados por “criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica”.

La medida 3.8.4. que le daba a la CFE la facultad de “elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN”, también fue eliminada.

Y aunque fueron varios puntos los que se invalidaron, la SCJN validó el punto que permite el “fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE” y criterios para nuevos servicios conexos. También le permitió a la Sener imponer a las empresas privadas de energías “intermitentes” cubrir el costo asociado de incrementar los servicios conexos y catalogar a centrales “con fuente de energía limpia intermitente” que “no proveen una cantidad firme de potencia”.

Un juez amparó a todas las compañías de electricidad contra la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) con la que el gobierno federal pretende limitar la generación privada de fuentes renovables, también conocido como el ‘Decreto Nahle’.

El fallo, con fecha del 30 de octubre, y difundido este miércoles, declara inconstitucional la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Sener publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aunque el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica resolvió a favor de la empresa EGP Magdalena Solar, extendió los efectos a todas las compañías que participan el mercado eléctrico mayorista.

“Este juez de Distrito no sólo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes del mercado, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector”, justificó el juez del caso, Juan Pablo Gómez Fierro.

El juez es quien amparó la semana pasada a todas las empresas contra el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril, que también prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras que el acuerdo del Cenace argumenta que, por la pandemia, debe bloquear las centrales renovables porque “son intermitentes”, la política de Sener elimina el concepto de “despacho económico” para priorizar la energía de las plantas de CFE, que tiene costos más altos que los privados.

Recordemos que el sector privado acumula más de 170 amparos contra estas medidas, al considerar que impactan en conjunto 14% del producto interno bruto (PIB), 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y asociaciones de compañías energéticas.

En esta primera sentencia de fondo sobre el tema, el juez Gómez Fierro consideró que la política de Sener es inconstitucional porque afecta la libre concurrencia y competencia, además de incumplir con los requisitos regulatorios.

“La omisión de substanciar el procedimiento de mejora regulatoria constituye un tema de constitucionalidad formal que trasciende necesariamente a todo el contenido de la norma general reclamada; por ende, los efectos del amparo deberán abarcar a todo el ordenamiento reclamado”, concluyó.

La Primera Sala de la Suprema Corte confirmó en octubre la suspensión definitiva de la política de la Sener, lo que significa que queda sin efecto solo mientras resuelve su constitucionalidad.

La política también ha despertado críticas de legisladores estadounidenses, que denuncian que “viola” el espíritu del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio. Aun así, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha expresado que, si la Suprema Corte falla en contra de su gobierno, hará una reforma constitucional para proteger a la CFE y a Pemex del “saqueo” de las empresas extranjeras.

Un juez federal suspendió indefinidamente y de manera parcial el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024 del gobierno federal, en respuesta a un amparo solicitado por el grupo ambientalista Greenpeace.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de México, tomó la medida cautelar, que prevalecerá hasta que resuelva de fondo el amparo.

Argumentó que algunos de los objetivos prioritarios del Prosener, se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético.

El juez sostuvo que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación, deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa.

Aclaró que esto no implica que quede insubsistente el programa. Únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, hasta resolver si se otorga o no el amparo solicitado por Greenpeace.

“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa; deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas en el párrafo que antecede.”

De esta manera, todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, entre las que se encuentran Sener y CFE, en el ámbito de sus competencias están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada.

Recordemos que Greenpeace promovió un amparo contra el Prosener 2020-2024, al considerar que no fomenta “el empleo de energías renovables, ni la disminución de contaminantes”, lo que atenta contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente.

De acuerdo a un análisis presentado por el IMCO, las energías renovables no sólo son más sustentables en términos ambientales, sino también más accesibles que otras tecnologías. Al tener menores costos,  la Secretaría de Hacienda deberá compensar menos pérdidas por subsidio a la CFE.

En agosto pasado, Greenpeace  y CEMDA ganaron una suspensión definitiva contra la Sener y el Cenace por obstaculizar la entrada de centrales renovables. Cenace afirmó que las intermitencias de las energías renovables son un riesgo para el sector.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Coefece) señaló que las nuevas políticas petroleras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están dirigidas a por favorecer a Pemex, lo que conduce a que en México no se observe competencia en el mercado mayorista.

La Cofece pidió al gobierno federal “incrementar la competencia en el mercado de gasolinas”.

El organismo envió una recomendación a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quien pidió que la normativa que regula la obtención de permisos para importación y venta de gasolina “se aplique de manera expedita y no  discriminatoria”.

Y es que se ha venido denunciando las trabas que el gobierno ha puesto, como parte de la nueva Política de Almacenamiento Mínimo.

De acuerdo con un trabajo de investigación que realizó la Cofece, Pemex domina el mercado petrolero en el país al suministrar el 87% de la gasolina que se consume en el país, debido en parte a la “insuficiente infraestructura de almacenamiento y transporte” en el país.

Resaltó que el otorgamiento de permisos de importación no debe limitarse u obstaculizarse innecesariamente. Recordó que desde noviembre de 2018, la SENER solo ha concedido permisos de un año y no ha otorgado nuevos permisos de importación de 20 años.

Añadió que los tiempos de resolución a las solicitudes de permisos para la venta al público se han duplicado, y existen más de 200 casos sin resolución. Precisó que anteriormente, el tiempo promedio de expedición de un permiso era prácticamente el mismo para todos los solicitantes, de 21 días hábiles. Sin embargo, dados los cambios implementados, el número de días que se toma la resolución de un permiso es en promedio de 75 días, y diferenciado entre las marcas de gasolina que se vendan. 

La Cofece acusó que hoy en día existen por lo menos 229 solicitudes de marcas distintas a PEMEX, admitidas entre marzo de 2019 y abril de 2020, que no han sido resueltas y se desconocen las causas de ello. Acusó también que las autorizaciones de cesión de permiso no se resuelven expeditamente, lo que dificulta la entrada de más marcas al mercado mexicano.

“Existen obstáculos regulatorios para la instalación y operación de gasolineras en la normativa estatal y municipal, lo que limita la competencia entre ellas para reducir sus márgenes”, precisó la Cofece.

Para propiciar precios más competitivo en la venta de combustibles, el organismo recomendó al gobierno eliminar el requisito de comprobación de medios de transporte y almacenamiento para los permisos de importación de un año, y asegurar que el otorgamiento de permisos de importación por 20 años se realice de manera expedita.

También recomendó asegurar que la normativa asociada con la tramitación y la resolución de solicitudes para nuevos permisos de expendio, cesiones o actualizaciones sea aplicada de manera neutral y expedita; y que en ningún momento la autoridad discrimine en función de marcas asociadas o fuentes de proveeduría.

Al respecto, recordemos que el American Petroleum Institute (API) denunció el mes pasado “crecientes dificultades” para obtener o renovar permisos de operación de gasolineras en México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra “los que resulten responsables” de dañar a la Hacienda Pública por contratos “fraudulentos” entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

“Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación”, dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

“Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas”, insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria”, dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España “por qué están actuando así”.  Aun así, adelantó que va “a defender el interés público” ante la Corte, aunque “lleve tiempo”, pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

“Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?”, remató.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.

En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional.

El efecto es “que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo”, indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.

En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido el acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con el argumento de garantizar la “confiabilidad” y “estabilidad” del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas “intermitentes” para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Cofece impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

En particular, la Cofece consideró que es “contraria” a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, explica la notificación.

Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el “Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético” en México.

“El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN”, publicó Nahle en sus redes sociales.

La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó este miércoles que el  proyecto para la construcción de una planta energética en el municipio de Tuxpan se mantendrá y será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien licitará su construcción.

El anuncio de García llega luego de que Iberdrola informara su decisión de cancelar la inversión de 1,200 millones de dólares en un proyecto de 1,204 megavatios y que habría supuesto la creación de 2,000 empleos.

“Desde acá por Tempoal me comuniqué con nuestra amiga Rocío Nahle,  secretaria de Energía, y me ha confirmado que el proyecto para Tuxpan  se mantiene, pero que es de la CFE y la empresa del Estado licitará  su construcción, donde empresas veracruzanas tendrán la oportunidad de  trabajar”, dijo el gobernador en sus redes sociales.

Hace una semana López Obrador calificó de “saqueo” la acción de las  compañías españolas del sector mexicano en los últimos años,  acusando que mantenían precios “elevadísimos” en la energía eléctrica. Específicamente se lanzó contra Iberdrola.

Criticó que la empresa haya decidido contratar a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel y al expresidente Felipe Calderón.

Recordemos que hace un año, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, reiteró ante el gobierno federal los planes de la compañía para invertir hasta 5,000 millones de dólares durante los próximo años.

La construcción de la planta debía comenzar este 1 de agosto, pero tras casi un año sin poder cerrar un acuerdo con la CFE para el suministro de gas, la empresa habría comunicado el alcalde de Tuxpan la suspensión de la obra.