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Un juez federal suspendió este viernes provisionalmente las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo.

La decisión se enmarca en una demanda interpuesta por la asociación civil Justicia Justa contra los reglamentos locales que permiten la tauromaquia en la Ciudad de México.

«Deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos», señala el fallo judicial.

La medida regirá en principio hasta el próximo jueves, cuando el juez escuchará los argumentos y analizará las pruebas de las partes involucradas para tomar una resolución de fondo, detalla la medida.

La próxima actividad a cargo de la Plaza México, uno de los sitios emblemáticos de la capital, está programada para el próximo 2 de julio. Ese día se llevará a cabo en los alrededores del inmueble la primera «pamplonada» de la capital, tradición española en la que se cierran calles y sueltan astados para lidiarlos.

La plaza de toros puede apelar la suspensión y decisiones futuras en el mismo sentido.

Recordemos que distintas organizaciones civiles han promovido a lo largo de los años acciones legales para que se prohíban las corridas, una tradición de 500 años en México, pero esta es la primera vez que se ordena que sean suspendidas.

En diciembre pasado, el Congreso capitalino se pronunció a favor de prohibir la fiesta brava, pero falta una votación en el pleno para que la medida quede en firme. En tanto, el Legislativo abrió un diálogo con los implicados.

La Plaza México es la más grande del mundo, con capacidad para 50,000 espectadores, y tradicionalmente ha sido espacio de reunión de figuras públicas.

Los impulsores de la prohibición reclaman que la ley trata a los toros como «cosas» e ignora el sufrimiento animal. En tanto, los taurinos reivindican la tradición y el valor económico de la industria, que en 2018 movió 343 millones de dólares, creando unos 80,000 empleos directos y 146,000 indirectos, según los más recientes datos oficiales disponibles.

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto circuito, con sede en Mérida, Yucatán, confirmaron este viernes la suspensión provisional que había sido otorgada por un juez contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Por unanimidad, los magistrados indicaron que su decisión de confirmar la medida se debía a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), instancia encargada de la obra, no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la ley exige.

Con ello, se declararon infundados los argumentos de Fonatur, quien buscaba se revirtiera la medida, que hace unas semanas, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó.

Así, la resolución del Tribunal fue que quedaba suspendido «cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución”.

El tramo 5 Sur del Tren Maya es el que va de Playa del Carmen a Tulum, y que es el que mayor critica y resistencia ha generado al gobierno federal.

Recordemos que las obras del proyecto pudieron iniciarse gracias a una autorización provisional que se dio a partir del acuerdo que el gobierno federal publicó en noviembre pasado, por el cual catalogó a las obras de infraestructura como de interés público y seguridad nacional, lo que permitía que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar los proyectos y que así no se detuvieran las obras.

Foto: Twitter @gchristy65

Elon Musk anunció este viernes que el proceso para adquirir Twitter por 44,000 millones de dólares están en «suspensión temporal», pues está a la espera de la cifra exacta de cuentas de spam y falsas que existen en la plataforma de redes sociales.

Musk, que ha insistido abiertamente sobre su deseo de acabar con el problema de Twitter con los «bots de spam» que imitan a personas de carne y hueso, pareció cuestionar si la compañía estaba subreportando dichos números.

En un tuit, el multimillonario propietario de Tesla, publicó el enlace a un artículo publicado el 2 de mayo por Reuters que citaba un reporte financiero de Twitter que estimaba que las cuentas falsas o de spam representaron menos del 5% de los «usuarios activos diarios monetizables» en el primer trimestre del año.

«El acuerdo por Twitter está en suspensión temporal, a la espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas de spam/falsas representan efectivamente menos del 5% de los usuarios», afirmó Musk, indicando su escepticismo de que el número de cuentas no auténticas sea realmente tan bajo.

Cerró su mensaje con un: todavía comprometido con la adquisición, aunque diversos analistas han apuntado que esto podría no ser así.

Luego del anuncio de Musk, las acciones de Twitter y de Tesla se dispararon en direcciones opuestas: las de la red social perdieron un 14%, mientras que las de la automotriz, que Musk propuso utilizar para ayudar a financiar la compra, ganaron un 7%.

Los inversionistas están analizando los problemas legales de Musk, además de la posibilidad de que la adquisición de Twitter pueda suponerle una distracción a la hora de dirigir la automotriz más valiosa del mundo.

La propuesta de acuerdo siguió ejerciendo presión sobre las acciones de Tesla, que ya habían caído un 16% esta semana.

El fuerte salto en el precio de las acciones de Tesla antes de la campana de apertura del viernes en Wall Street señaló las crecientes dudas de que se realice la adquisición de Twitter. Musk ya vendió acciones de Tesla por más de 8.000 millones de dólares para financiar la compra.

Originalmente, Musk se había comprometido a pedir prestados 12,500 millones de dólares para comprar Twitter, con acciones de Tesla como garantía. También dijo que pediría prestados 13,000 millones de dólares a los bancos y que aportaría 21,000 millones de dólares en acciones de Tesla.

La semana pasada, Musk reforzó la participación accionaria en su oferta por Twitter, mediante compromisos de más de 7,000 millones de dólares de un grupo diverso de inversionistas, entre ellos varios grandes de Silicon Valley, como Larry Ellison, cofundador de Oracle.

El dinero de los nuevos inversionistas estaba reduciendo la cantidad prestada sobre el valor de las acciones de Tesla a 6,250 millones de dólares, según un documento oficial. La participación accionaria de Tesla podría pasar de 21,000 millones de dólares a 27,250 millones de dólares.

El tuit de Musk se produjo un día después de que la plataforma despidió a dos de sus principales directivos.

Twitter informó que ha paralizado la mayoría de las contrataciones, excepto para puestos críticos, y está «reduciendo los costos no laborables para asegurar que estamos siendo responsables y eficientes».

En una nota a los empleados, confirmada por Twitter, el director ejecutivo, Parag Agrawal, afirmó que la compañía no ha alcanzado sus objetivos de crecimiento y beneficios tras una inversión «enérgica» para expandir su base de usuarios e ingresos.

Un juez de Yucatán concedió la suspensión provisional de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, que correrá entre Playa del Carmen y Tulum, al considerar que dicho proyecto no cuenta con la autorización de impacto ambiental.

«Si bien la sociedad tiene interés en que se construyan vías de comunicación para el servicio público, lo cierto es que también está interesada en que eso se haga conforme a las disposiciones legales que en materia ambiental prevé el derecho mexicano”, indicó el juez en respuesta a un amparo que un grupo de buzos de la zona presentaron el mes pasado.

Es la primera vez que un juez se pronuncia sobre el tramo 5 del Tren Maya, que ha generado gran polémica debido a los cambios que se han hecho en su trazo y que el actual afectaría la zona selvática ya que pasa por áreas de vegetación y por encima de ríos subterráneos, incluidos cenotes.

Los cambios en este tramo ha originado las denuncias de diversos grupos ambientalistas, especialmente la campaña #SelvameDelTren, en la que diversas figuras públicas, como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade o Kate del Castillo denuncian el ecocidio que generaría el Tren.

Hace unos días, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que todo el Tren Maya incluido el tramo 5, contaba con todas las autorizaciones necesarias para poder avanzar en su construcción. Además, recordó el decreto emitido a finales del año pasado, por el que las obras de infraestructura estrella de su administración se catalogan como de seguridad nacional, lo que les permite trabajar en ellas pese a no contar con todos los requisitos que la ley marca.

En su conferencia matutina de hoy, el mandatario fue consultado sobre la suspensión concedida y dijo que el gobierno no ha sido notificado de dicha suspensión, aunque lanzó sus ya conocidas críticas de que detrás de este tipo de decisiones hay política y no justicia.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios», manifestó.

Añadió que si bien cada quien puede pensar con absoluta libertad, será el Poder Judicial quien resuelva sobre el tema, y enfatizó que «el tren va”.

Insistió en que el tramo 5 del Tren Maya no afecta ningún cenote, ni ríos subterráneo, y argumentó que los jueces que antes callaron, ahora «solo ve escritos» y no lo que sucede en el terreno.

Foto: Twitter @gchristy65

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) suspendió este jueves a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo a raíz de la invasión de Ucrania.

De los 193 miembros de la asamblea, 93 votaron a favor, 24 en contra y 58 se abstuvieron, lo que puso en evidencia un debilitamiento de la unidad internacional contra Rusia.

Se trata de la segunda suspensión de un país del consejo, después de Libia en 2011.

Las abstenciones, condenadas por Kiev, no se tomaron en cuenta porque para una suspensión basta con el voto favorable de dos tercios de los países que se pronuncian a favor o en contra.

Entre los países que votaron en contra figura China, que lo considera una «iniciativa precipitada» que «añade leña al fuego» y un sienta un «precedente peligroso». También se opusieron Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra pero ha perdido su derecho a voto debido a la acumulación de pagos pendientes. Como era de esperar, Rusia, Bielorrusia y Siria se opusieron a la resolución.

Pese a las presiones en los últimos días de Rusia para que los países votaran en contra, varios estados africanos, como Sudáfrica y Senegal, han optado por abstenerse al considerar que la resolución que suspende a Moscú «prejuzga los resultados de la comisión de investigación» creada en marzo por el Consejo de Derechos Humanos.

Brasil, México e India, actualmente los tres miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también se abstuvieron.

Por la mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya había adelantado que México se abstendría en la votación.

«Lo que hemos nosotros planteado es que no debemos votar por la expulsión de Rusia ni estar en contra, nos vamos a abstener”, precisó. Detalló que la abstención, que él llamó «expulsión», también es una postura y que la ONU debe insistir en que se consiga la paz y el fin de la guerra en Rusia, la cual, dijo es un claro “fracaso de la política”.

Y acusó que la ONU no hizo nada por frenar el conflicto bélico “¿Qué no pudieron antes de que se desatara la guerra convocar a las partes? ¿Qué hicieron? ¡Nada!”, reclamó.

Aunque la posibilidad de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos se comentaba desde hace semanas, Washington decidió dar el paso tras conocerse la matanza llevada a cabo en la localidad de Bucha, cerca de Kiev, donde las autoridades ucranianas acusan a tropas rusas de matar a cientos de civiles.

Creado en 2006 para sustituir a la fracasada Comisión de Derechos Humanos, el Consejo es el máximo órgano de Naciones Unidas en este ámbito y está compuesto por 47 países, elegidos para mandatos de tres años.

Su composición, que se decide en elecciones celebradas anualmente, ha sido criticada regularmente por incluir a Estados con historiales muy dudosos en materia de derechos humanos. Actualmente se sientan en el Consejo, entre otros, China, Cuba, Libia, Estados Unidos, Ucrania o Venezuela. Rusia, por su parte, ha sido un miembro habitual y ahora estaba en el segundo año de un mandato de tres.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dio a conocer que el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura del gobierno de su país decidió reanudar su programa de inspección sanitaria de aguacate en Michoacán, con lo que reiniciará también la exportación.

“Esto es posible gracias a la rápida respuesta y cooperación del gobernador de Michoacán, el gobierno federal de México y la Asociación de Empacadores y Exportadores de Aguacate de México (APEAM). Les agradezco por trabajar con mis colegas de seguridad de la embajada de los Estados Unidos, para establecer las medidas que garanticen la seguridad de nuestros inspectores de APHIS en el campo”, dijo Salazar.

El APHIS anunció que se han promulgado medidas adicionales que mejoran la seguridad de los inspectores que trabajan en el campo, luego de una amenaza hecha a un empleado el 11 de febrero.

AL respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que hoy se podría resolver favorablemente la suspensión de la exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos.

«Tengo información de que hoy posiblemente se resuelva lo del aguacate», apuntó el presidente en su conferencia de desde celebrada desde Ciudad Juárez, Chihuahua.

El mandatario pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicar los avances que se tienen. El funcionario indicó que en los últimos días se estuvo revisando con el área comercial y de seguridad de Estados Unidos la reactivación de la exportación del aguacate de Michoacán, la única región en el país que cuenta actualmente con autorización para vender al país vecino.

«Hay una propuesta ya para que se pueda regularizar, normalizar, la exportación de aguacate y hoy debe de emitirse una resolución. Nosotros esperamos que sea positiva y que a partir de la semana próxima ya se pueda reanudar cotidianamente el proceso de exportación», dijo el titular de SEGOB.

Adán Augusto López agregó que se trata de «revisar la regulación» y las «medidas de seguridad» existentes, con tal de reforzar los mecanismos.

Recordemos que el pasado sábado 12 de febrero, el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (Aphis) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos notificó a México «la suspensión temporal de la exportación de aguacate de Michoacán» tras las amenazas que recibió uno de sus inspectores por presuntos integrantes del crimen organizado.

México es el principal productor de aguacate en el mundo. En 2020 se destinó a este cultivo una superficie que abarcó un total de 241,000 hectáreas de las cuales alrededor del 93% se encuentra en producción. En 2021 se produjeron 2.45 millones de toneladas de aguacate en México, lo que representa cerca de un tercio de la producción mundial.

Durante 2020 las exportaciones fueron de 1.4 millones de toneladas, con un valor comercial de 2,958 millones de dólares y con 51 países de destino. En 2020 Estados Unidos fue el principal consumidor de aguacate mexicano con casi 1.05 millones de toneladas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo el lunes que la suspensión de Estados Unidos de las importaciones de aguacate y las quejas ambientales recientes forman parte de una conspiración contra México por intereses políticos y económicos.

López Obrador dijo esto después que las autoridades de Estados Unidos suspendieron las importaciones de aguacate mexicano en la víspera del Super Bowl, luego de una amenaza contra un inspector estadounidense de sanidad en una planta de nuestro país.

De hecho, la decisión de Estados Unidos se debió a años de preocupaciones de que la violencia de los cárteles del narcotráfico en el estado de Michoacán, donde el crimen organizado exige dinero a los productores de aguacate por medio de amenazas de secuestro y asesinato, ha llegado a amenazar a los inspectores estadounidenses.

Por un lado, López Obrador minimizó la medida, afirmando que para el día del Super Bowl los aguacates ya habían sido enviados y consumidos. «Lo cierto es que ya se exportó el aguacate mexicano (…) Ya se saborearon el aguacate».

Por el otro, dijo que los productores que deseaban competir con los productos mexicanos, o por factores políticos, jugaron un papel en la decisión.

«En todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia, no quisieran que el aguacate mexicano entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad en Estados Unidos», sostuvo el mandatario.

AMLO no explicó cuáles son tales intereses, pero señaló que hay otros países interesados en vender el aguacate, como es el caso con otras hortalizas. «Entonces hacen lobby, es decir, buscan a senadores, buscan a profesionales públicos, a las agencias para saltar obstáculos».

De hecho, Estados Unidos produce aproximadamente la mitad de los aguacates que consume y trabaja para proteger los cultivos en su territorio de enfermedades, e inspecciona los aguacates importados, cerca de 90% de los cuales provienen de México en años recientes.

Recordemos que fue hasta 1997, que Estados Unidos levantó una veda a los aguacates mexicanos vigente desde 1914 para evitar que una variedad de gorgojos, costras y plagas ingresaran a los huertos estadounidenses.

Los inspectores trabajan para el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El sábado, el gobierno estadounidense suspendió todas las importaciones de aguacates mexicanos «hasta nuevo aviso» después de que uno de esos inspectores en México recibió una amenaza, dijeron las autoridades.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura de nuestro país señaló que «la autoridad sanitaria estadounidense… tomó la determinación luego de que uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Uruapan, Michoacán, recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial».

Y es que los productores de aguacate en México han sido víctimas de las batallas territoriales y extorsiones de los cárteles de la droga en Michoacán, el único estado en México con autorización plena para exportar al mercado estadounidense. Después de un incidente similar en 2019, la USDA advirtió a México que suspendería el programa si no se garantizaba la seguridad de los inspectores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Suprema Corte resolvió que es válido el acuerdo que publicó su gobierno en noviembre pasado, con el que pretendía blindar los diferentes proyectos de infraestructura al clasificarlos como de seguridad nacional.

Y aunque la Corte no resolvió la validez de dicho acuerdo, el mandatario abordó por ese lado el fallo emitido ayer.

“La otra buena noticia es que la Corte también resuelve que es válido el acuerdo que emití, que di a conocer, y que solamente tengo que y tenemos como gobierno que presentar los informes para que haya transparencia», sostuvo en su rueda de prensa diaria.

Y es que ayer, uno de los ministros de la Corte, cuya identidad no fue revelada, prohibió reservar la información relacionada con las obras prioritarias impulsadas por el gobierno federal, tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.

La Corte dijo que era procedente la suspensión de los efectos y las consecuencias del acuerdo que deriven en catalogar la información detallada en éste como de interés público y/o seguridad nacional.

La decisión llega luego de que se admitiera a trámite una controversia constitucional promovida por el INAI, quien señaló que tras un análisis al acuerdo se advirtió que transgredía los principios de supremacía constitucional y legalidad, toda vez que realizaba una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a los proyectos u obras, vulnerando el derecho a saber de la sociedad.

Pese al falló, el ministro se negó a suspender el resto de los puntos del acuerdo, por lo que seguirán surtiendo efecto, salvo aquellos que tengan que ver con el acceso a la información.

Recordemos que el presidente López Obrador ha defendió el acuerdo al señalar que lo que busca es agilizar los proyectos y evitar que amparos los puedan detener; y ha negado que detrás de la medida esté la intención de ocultar información.

El acuerdo clasifica como de seguridad nacional las obras del gobierno en diversos sectores, lo que implica que, si las instancias correspondientes no autorizan los proyectos en un máximo de 5 días hábiles, se entenderá que el permiso es concedido, mediante la figura de la afirmativa ficta.

El presidente aseguró este miércoles que su gobierno cumplirá con publicar los informes de transparencia. «Siempre dijimos que iba a ser así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites, entonces fueron muy buenas decisiones de la Corte”, manifestó.

Enfatizó que el acuerdo queda vigente para no detenerse por trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias de gobierno. Dijo que el acuerdo lo firmó para que «camine el elefante y que no nos detengamos».

El mandatario criticó sus «adversarios» por acusarlo de ocultar información e incluso de preparar un golpe de Estado. «No hay ningún problema, es que últimamente están magnificando las cosas en la desesperación, todos los que se dedicaban a aplaudirle al régimen”, afirmó.

Un tribunal federal ordenó este jueves revocar la suspensión definitiva que pesaba sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que busca «rescatar» a la CFE del «saqueo» de privadas y extranjeras.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica declaró este jueves improcedente la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el pasado 9 de marzo, de acuerdo con el expediente 144/2021.

Con dos votos a favor y uno en contra, los magistrados revocaron la suspensión que otorgó el 19 de marzo Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Competencia Económica, con base en un amparo del Parque Solar Orejana de Zuma Energía con el expediente 199/2021.

El tribunal argumentó que la nueva legislación no afecta por ahora a los productores privados, como sostuvo Gómez Fierro, porque estableció un transitorio de 180 días para ajustar todas las normas del sector, lo que aún no ocurre.

Este fallo se suma al del 1 de julio, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, que también revocó otra suspensión definitiva similar con el argumento que las disposiciones «no causan ningún daño a particulares».

Sin embargo, la reforma eléctrica permanecerá suspendida hasta que los tribunales resuelvan todas las suspensiones otorgadas por los dos juzgados de competencia económica.

Aun así, esta decisión es un respiro para la reforma que impulsó López Obrador para suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

La Ley también ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Recordemos que la polémica reforma también afronta controversias constitucionales, por presuntamente violar la libertad de competencia, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver.

Ante las controversias legales, el presidente López Obrador anunció este miércoles una reforma constitucional para establecer que la CFE controle el 54% del mercado eléctrico nacional. «No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», justificó.

Facebook anunció este viernes que mantendrá el veto por dos años al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, después de que su consejo asesor pidiera el mes pasado a la empresa que revisara la prohibición indefinida contra el exmandatario.

La compañía anunció en un comunicado que suspenderá las cuentas del exmandatario por dos años contando desde el 7 de enero pasado.

Recordemos que las cuentas de Trump en Facebook e Instagram, también propiedad de la compañía, permanecen cerradas desde el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de miles de simpatizantes del expresidente, algunos de ellos armados, que dejó un saldo de cinco personas muertas.

La suspensión de la cuenta del exmandatario es el máximo castigo impuesto hasta ahora, y se debe a que se violó las reglas de la red social.

«Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión del señor Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible bajo los nuevos protocolos», dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg.

Facebook también dijo que los políticos serán tratados como otros usuarios cuando violen las reglas de la red social, en particular en caso de desinformación.

Después de que venza el plazo del veto ahora impuesto, la red social decidirá sobre el posible reingreso de Trump a la plataforma, una vez que determine «si continúa siendo un peligro serio para la seguridad pública».

«Esta penalización solo se aplica a nuestros servicios. Trump es y seguirá siendo libre de expresarse públicamente por otros medios. Nuestro enfoque refleja la forma en que intentamos equilibrar los valores de la libertad de expresión y la seguridad en nuestros servicios, para todos los usuarios», añadió Facebook en su comunicado.

El de Facebook no fue el único veto sufrido por Trump; también se quedó fuera de Twitter, una red social que utilizó antes y después de llegar a La Casa Blanca para ampliar el alcance de sus mensajes e incluso realizar anuncios públicos de índole política.

Tras conocerse la decisión de la red, Trump dijo que la suspensión de Facebook es un «insulto» a sus 75 millones de votantes en las pasadas «amañadas elecciones» presidenciales. Calificó la acción como un acto de censura.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana que el gobierno federal tomó la decisión de que el próximo domingo 6 de junio, día de la jornada electoral, se suspenderá la jornada nacional de vacunación contra el COVID-19.

«Se decidió no vacunar el domingo, entonces el sábado terminamos de 50 en adelante y pasamos a 40-49, mujeres embarazadas, y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años aún con una dosis”, dijo el mandatario.

López Obrador confirmó la noticia al destacar que ayer se rompió récord en vacunación, al aplicar 816 mil 380 dosis.

Ayer en la conferencia vespertina, la Secretaría de Salud adelantó que la jornada de vacunación se suspendería el próximo domingo para dar oportunidad a mayor participación ciudadana en la jornada electoral, incluyendo a las personas que integran las brigadas de inmunización.

El director general de Epidemiologia, José Luis Alomía Zegarra, recordó que la autoridad electoral desarrolló acciones y protocolos para reducir los riesgos de contagio, a los cuales las autoridades sanitarias federales dieron su opinión favorable, por lo que exhortó a ejercer el derecho al voto aplicando las medidas sanitarias.

Apuntó que en esta ocasión las casillas no tendrán las tradicionales mamparas, con el fin de evitar que estén cerradas y poco ventiladas, al tiempo que garanticen el voto secreto.

La Alianza Movilidad Inclusiva, una iniciativa impulsada por Amnistía Internacional (AI), pidió este miércoles a México suspender las deportaciones de migrantes centroamericanos mientras dure la pandemia de la COVID-19.

«La Alianza solicita al gobierno mexicano, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que suspenda temporalmente, en lo que dura la pandemia de COVID-19, las deportaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras, donde sus vidas y su salud corren riesgo», expresó la alianza en un comunicado.

AI expresó su preocupación por los graves riesgos a la salud y otros derechos de los migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos como resultado de la política migratoria de México de continuar las detenciones y deportaciones.

La organización opinó que las autoridades migratorias de México violan «reiteradamente el principio de no devolución», el cual prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corre riesgo real de sufrir daños irreparables.

Señalan que México siguió deteniendo a miles de personas en condiciones inaceptables, a pesar de que la detención migratoria en tiempos de pandemia representa en sí mismo riesgos graves para la salud y la vida de las personas detenidas.

Y es que la alianza constató casos de hacinamiento en cuartos sin ventilación con otras 50 personas, ausencia de saneamiento de estaciones migratorias y falta de atención médica.

En su comunicado, AI citó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que el pasado agosto «reconoció la violación al derecho a la protección de la salud» de una persona migrante salvadoreña que falleció por la covid-19 tras permanecer en la estación migratoria de Ciudad de México.

Además, denunció que las autoridades mexicanas no realizan pruebas PCR antes de deportar y consideró que los centroamericanos «son susceptibles de agravar aún más la situación de sus derechos a la vida y a la salud» al ser retornados a sus países.

Por ello, insistió en suspender temporalmente durante toda la pandemia las deportaciones, adoptar medidas para que los migrantes detenidos sean informados sobre su derecho a solicitar asilo e implementar medidas sanitarias para quienes voluntariamente opten por su regreso.

Una de las principales organizaciones médicas de Japón respaldó las peticiones para que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, afirmando que los hospitales ya están desbordados mientras el país lucha contra el aumento de las infecciones por coronavirus a menos de tres meses del comienzo de la cita deportiva.

La Asociación de Médicos de Tokio, que representa a unos 6,000 profesionales de atención primaria, afirmó que los hospitales de la ciudad «están desbordados y casi no tienen capacidad de reserva» en medio del aumento de las infecciones.

«Pedimos encarecidamente que las autoridades convenzan al COI (Comité Olímpico Internacional) de que la celebración de los Juegos es difícil y logren una decisión de cancelarlos», afirmó la asociación en una carta abierta dirigida al primer Ministro, Yoshihide Suga.

El aumento de las infecciones ha avivado la alarma en medio de la escasez de personal médico y camas de hospital en algunas zonas de la capital japonesa, lo que ha promovido que el gobierno prorrogue el tercer estado de emergencia en Tokio y otras prefecturas hasta el 31 de mayo.

Otros expertos en salud y grupos médicos han expresado su preocupación por los Olímpicos, mientras que una petición en línea que pide la cancelación de los Juegos fue firmada por cientos de miles de personas.

Japón ha evitado la propagación explosiva del virus que han experimentado otras naciones, pero el gobierno ha sido objeto de duras críticas por su lenta campaña de vacunación. Sólo el 3.5% de su población, de unos 126 millones de habitantes, ha sido inmunizada.

Los preparativos para los Juegos, que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto y que fueron pospuestos el año pasado por la pandemia, avanzan bajo estrictos protocolos de COVID-19, como una prueba de atletismo con 420 atletas a principios de mayo.

Pero varios campos de entrenamiento preolímpicos se han cancelado, incluido el del equipo de atletismo de Estados Unidos, y muchos deportistas han expresado su preocupación por el hecho de que los Juegos se celebren en medio de una pandemia.

En virtud del estado de emergencia en algunas partes de Japón, los bares, restaurantes, karaokes y otros lugares que sirven alcohol permanecerán cerrados, aunque los grandes establecimientos comerciales podrán volver a abrir en un horario reducido. Tokio y Osaka, que han sido duramente golpeadas, seguirán manteniendo cerrados estos grandes establecimientos.

Un juez concedió una suspensión definitiva en contra de varios artículos de la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos (LH), con la que el gobierno federal quiere aumentar la presencia del Estado en el sector.

La suspensión «debe tener efectos generales», de acuerdo a la resolución, lo que significa que favorecerá a todas las empresas sujetas a la ley.

La medida fue otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Ampara a las compañías en contra de lo dispuesto en el artículo 57 de la polémica ley, que establece que la autoridad puede realizar una ocupación temporal de instalaciones de permisionarios, intervenir los permisos o suspenderlos.

Además dispone que empresas productivas del Estado, en este caso Pemex, podrán asumir las operaciones de los permisos suspendidos o intervenidos.

La medida del juez también revierte dos transitorios de la ley e impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

De acuerdo al documento, el juez ordena a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que publique en un lapso de tres días su decisión, de lo contrario estaría sujeta a una multa, así como todos los funcionarios que no la acaten, los cuales podrían incluso recibir penas de prisión.

Un juez frenó parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

La medida provisional bloquea la reforma que indica que a los clientes que no entreguen dichos datos podrían cancelárseles sus líneas.

Los legisladores de Morena y aliados, que apoyan la creación del padrón de usuarios, y que fue aprobado en el Senado la semana pasada, argumentan que es necesario dicho padrón para reducir el crimen, incluida la extorsión y el secuestro, al dificultar que los delincuentes permanezcan en el anonimato al adquirir nuevas líneas de teléfonos móviles.

El Padrón es la nueva versión del extinto programa «Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT)», creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón.

El registro no «influye positivamente» en las actividades de seguridad pública del Estado, según Juan Pablo Gómez, Juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien concedió la primera suspensión provisional.

El padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos que estaría administrada por el el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT ha indicado que implementar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación y para los siguientes años necesitará 88 millones de pesos más.

La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la Cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.

La suspensión definitiva podría producirse en las próximas semanas. Sin embargo, se espera que en estos días la lluvia de amparos aumente considerablemente.

Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser extorsionadas por los delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito.

Al recordar que el juez que concedió la suspensión provisional es el mismo que otorgó los amparos contra la ley eléctrica, AMLO señaló la urgencia de implementar la reforma al Poder Judicial.

«Juan Pablo Gómez es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas (…) sí hace falta una reforma al Poder Judicial», dijo el mandatario.

AMLO criticó la actuación del juez, pues dijo, hay una campaña de desinformación sobre el Padrón que se realizará.

Indicó que es mentira todo lo que se dice sobre las medidas que incluirá el Padrón, pues solo se pedirán las huellas dactilares, medida que recordó ya se usa en diversos servicios públicos y privados.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, también habló sobre el tema; dijo que nueve de cada 10 llamadas de extorsión se realizan desde equipos de prepago, por lo que consideraba necesario implementar el Padrón de usuarios de telefonía móvil.

«Los datos personales y biométricos lo va a definir el Instituto de Telecomunicaciones, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente. Hay quienes defienden un modelo de ventas, nosotros defendemos un modelo de seguridad», enfatizó.

La suspensión en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson continuará al menos una semana más después de que los miembros de un panel de expertos convocado por el gobierno dijeran este miércoles que necesitaban más tiempo para evaluar su posible relación con un trastorno de la coagulación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) convocaron una reunión un día después de que las autoridades informaran de seis casos, uno de ellos mortal, de mujeres que desarrollaron coágulos cerebrales junto con un bajo recuento de plaquetas en la sangre, en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna de una sola dosis.

La vacuna se ha administrado a unos 7.2 millones de estadounidenses, y el miércoles se informó a los participantes en la reunión de que se ha identificado un séptimo caso de una mujer de 28 años.

En la reunión de hoy se podría haber decidido si se limitaba la vacuna a algunos subconjuntos de la población, pero la mayoría de los miembros dijeron que aún no se sentían cómodos para tomar esa decisión sin más datos.

«No quiero enviar el mensaje de que hay algo fundamentalmente erróneo en esta vacuna», dijo Beth Bell, presidenta del grupo de trabajo. «Pero quiero ser capaz de entender y defender la decisión que he tomado basándome en una cantidad razonable de datos», añadió.

La próxima reunión aún no se ha fijado, pero se espera que sea dentro de una semana o diez días.

La mayoría consideró que, dada la gravedad de los coágulos, que pueden tener consecuencias neurológicas devastadoras incluso sin ser mortales, y dada la abundancia en Estados Unidos de otras vacunas que no tienen el mismo riesgo de seguridad, era necesario realizar más estudios.

Previo a la reunión, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo a la prensa que los síntomas son consistentes con los efectos secundarios raros derivados de la vacuna AstraZeneca que se registraron en Europa.

«Quiero compartir con ustedes mi confianza en el sistema que tenemos», expresó. «Conjuntamente, los CDC y la FDA pudieron identificar estos eventos raros y actuar rápidamente para alertar a los proveedores de atención médica, así como al público», subrayó.

Se pidió a las personas que recibieron la vacuna J&J a que informen si experimentan síntomas que incluyen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar. Mientras tanto, se les ha dicho a los médicos que no traten esos coágulos con la heparina común porque esto podría empeorar la afección.