El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió este miércoles retirar la inmunidad a la fiscal general y a un juez, tras su decisión de allanar un centro electoral y abrir cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio.
A raíz del allanamiento, Arévalo anunció también que suspendía el proceso de transición hacia su investidura, prevista en enero de 2024 para reemplazar al presidente Alejandro Giammattei.
Indicó que suspendía temporalmente su participación en el proceso de transición, “en tanto se restablecen las condiciones políticas necesarias“.
Los golpistas deben renunciar pic.twitter.com/wkutxohSDj
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023
Las solicitudes para levantar los fueros a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital guatemalteca.
La denuncia pide retirar la inmunidad a la fiscal general y al juez para que sean investigados por seis presuntos delitos, entre ellos violación de la Constitución, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con propósito electoral y prevaricato.
Arévalo presentó además una denuncia penal contra los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad que emprendió una cruzada contra los resultados de las elecciones generales.
Exige la renuncia de los cuatro funcionarios, a los que acusa de orquestar un plan de golpe de Estado para bloquear su llegada al poder.
Curruchiche sostiene que el allanamiento es legal pues solo buscan verificar la denuncia de un ciudadano, y rechazó que cause desestabilización en el país.
Recordemos que Arévalo resultó ganador en la segunda vuelta el pasado 20 de agosto, tras dar la sorpresa en la primera vuelta pues no figuraba como favorito entre la veintena de candidatos que participaron en la contienda.
El Tribunal Electoral presentó ayer una acción de amparo ante la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto los allanamientos de la fiscalía. El amparo rechaza “las acciones realizadas por el Ministerio Público y el juez Orellana, especialmente haber vulnerado el sufragio de los guatemaltecos”.
El allanamiento generó una oleada de críticas y rechazo por parte de actores nacionales e internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Consejo Nacional Empresarial, organizaciones indígenas, de derechos humanos y otros.
