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Una de las principales organizaciones médicas de Japón respaldó las peticiones para que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, afirmando que los hospitales ya están desbordados mientras el país lucha contra el aumento de las infecciones por coronavirus a menos de tres meses del comienzo de la cita deportiva.

La Asociación de Médicos de Tokio, que representa a unos 6,000 profesionales de atención primaria, afirmó que los hospitales de la ciudad “están desbordados y casi no tienen capacidad de reserva” en medio del aumento de las infecciones.

“Pedimos encarecidamente que las autoridades convenzan al COI (Comité Olímpico Internacional) de que la celebración de los Juegos es difícil y logren una decisión de cancelarlos”, afirmó la asociación en una carta abierta dirigida al primer Ministro, Yoshihide Suga.

El aumento de las infecciones ha avivado la alarma en medio de la escasez de personal médico y camas de hospital en algunas zonas de la capital japonesa, lo que ha promovido que el gobierno prorrogue el tercer estado de emergencia en Tokio y otras prefecturas hasta el 31 de mayo.

Otros expertos en salud y grupos médicos han expresado su preocupación por los Olímpicos, mientras que una petición en línea que pide la cancelación de los Juegos fue firmada por cientos de miles de personas.

Japón ha evitado la propagación explosiva del virus que han experimentado otras naciones, pero el gobierno ha sido objeto de duras críticas por su lenta campaña de vacunación. Sólo el 3.5% de su población, de unos 126 millones de habitantes, ha sido inmunizada.

Los preparativos para los Juegos, que tendrán lugar del 23 de julio al 8 de agosto y que fueron pospuestos el año pasado por la pandemia, avanzan bajo estrictos protocolos de COVID-19, como una prueba de atletismo con 420 atletas a principios de mayo.

Pero varios campos de entrenamiento preolímpicos se han cancelado, incluido el del equipo de atletismo de Estados Unidos, y muchos deportistas han expresado su preocupación por el hecho de que los Juegos se celebren en medio de una pandemia.

En virtud del estado de emergencia en algunas partes de Japón, los bares, restaurantes, karaokes y otros lugares que sirven alcohol permanecerán cerrados, aunque los grandes establecimientos comerciales podrán volver a abrir en un horario reducido. Tokio y Osaka, que han sido duramente golpeadas, seguirán manteniendo cerrados estos grandes establecimientos.

Un juez concedió una suspensión definitiva en contra de varios artículos de la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos (LH), con la que el gobierno federal quiere aumentar la presencia del Estado en el sector.

La suspensión “debe tener efectos generales”, de acuerdo a la resolución, lo que significa que favorecerá a todas las empresas sujetas a la ley.

La medida fue otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Ampara a las compañías en contra de lo dispuesto en el artículo 57 de la polémica ley, que establece que la autoridad puede realizar una ocupación temporal de instalaciones de permisionarios, intervenir los permisos o suspenderlos.

Además dispone que empresas productivas del Estado, en este caso Pemex, podrán asumir las operaciones de los permisos suspendidos o intervenidos.

La medida del juez también revierte dos transitorios de la ley e impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía o que infrinjan cualquier disposición de la norma.

De acuerdo al documento, el juez ordena a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que publique en un lapso de tres días su decisión, de lo contrario estaría sujeta a una multa, así como todos los funcionarios que no la acaten, los cuales podrían incluso recibir penas de prisión.

Un juez frenó parte de la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a los usuarios de telefonía móvil a entregar a los proveedores del servicio datos personales para un registro biométrico.

La medida provisional bloquea la reforma que indica que a los clientes que no entreguen dichos datos podrían cancelárseles sus líneas.

Los legisladores de Morena y aliados, que apoyan la creación del padrón de usuarios, y que fue aprobado en el Senado la semana pasada, argumentan que es necesario dicho padrón para reducir el crimen, incluida la extorsión y el secuestro, al dificultar que los delincuentes permanezcan en el anonimato al adquirir nuevas líneas de teléfonos móviles.

El Padrón es la nueva versión del extinto programa “Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT)”, creado en 2008 durante el gobierno de Felipe Calderón.

El registro no “influye positivamente” en las actividades de seguridad pública del Estado, según Juan Pablo Gómez, Juez Segundo Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien concedió la primera suspensión provisional.

El padrón requeriría que empresas como América Móvil y AT&T recopilen huellas dactilares o datos biométricos oculares de los clientes y los envíen para su inclusión en una base de datos que estaría administrada por el el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El IFT ha indicado que implementar el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación y para los siguientes años necesitará 88 millones de pesos más.

La suspensión provisional es el primer obstáculo legal que ha enfrentado el registro después de que los legisladores de la Cámara baja y el Senado lo aprobaran, a pesar de la oposición de grupos de la industria de las telecomunicaciones y de derechos civiles.

La suspensión definitiva podría producirse en las próximas semanas. Sin embargo, se espera que en estos días la lluvia de amparos aumente considerablemente.

Grupos de derechos civiles han argumentado que el registro es una invasión de la privacidad y podría llevar a las personas a ser extorsionadas por los delincuentes y potencialmente condenadas erróneamente por un delito.

Al recordar que el juez que concedió la suspensión provisional es el mismo que otorgó los amparos contra la ley eléctrica, AMLO señaló la urgencia de implementar la reforma al Poder Judicial.

“Juan Pablo Gómez es el mismo juez que ampara a las empresas eléctricas (…) sí hace falta una reforma al Poder Judicial”, dijo el mandatario.

AMLO criticó la actuación del juez, pues dijo, hay una campaña de desinformación sobre el Padrón que se realizará.

Indicó que es mentira todo lo que se dice sobre las medidas que incluirá el Padrón, pues solo se pedirán las huellas dactilares, medida que recordó ya se usa en diversos servicios públicos y privados.

El subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, también habló sobre el tema; dijo que nueve de cada 10 llamadas de extorsión se realizan desde equipos de prepago, por lo que consideraba necesario implementar el Padrón de usuarios de telefonía móvil.

“Los datos personales y biométricos lo va a definir el Instituto de Telecomunicaciones, nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente. Hay quienes defienden un modelo de ventas, nosotros defendemos un modelo de seguridad”, enfatizó.

La suspensión en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson continuará al menos una semana más después de que los miembros de un panel de expertos convocado por el gobierno dijeran este miércoles que necesitaban más tiempo para evaluar su posible relación con un trastorno de la coagulación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) convocaron una reunión un día después de que las autoridades informaran de seis casos, uno de ellos mortal, de mujeres que desarrollaron coágulos cerebrales junto con un bajo recuento de plaquetas en la sangre, en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna de una sola dosis.

La vacuna se ha administrado a unos 7.2 millones de estadounidenses, y el miércoles se informó a los participantes en la reunión de que se ha identificado un séptimo caso de una mujer de 28 años.

En la reunión de hoy se podría haber decidido si se limitaba la vacuna a algunos subconjuntos de la población, pero la mayoría de los miembros dijeron que aún no se sentían cómodos para tomar esa decisión sin más datos.

“No quiero enviar el mensaje de que hay algo fundamentalmente erróneo en esta vacuna”, dijo Beth Bell, presidenta del grupo de trabajo. “Pero quiero ser capaz de entender y defender la decisión que he tomado basándome en una cantidad razonable de datos”, añadió.

La próxima reunión aún no se ha fijado, pero se espera que sea dentro de una semana o diez días.

La mayoría consideró que, dada la gravedad de los coágulos, que pueden tener consecuencias neurológicas devastadoras incluso sin ser mortales, y dada la abundancia en Estados Unidos de otras vacunas que no tienen el mismo riesgo de seguridad, era necesario realizar más estudios.

Previo a la reunión, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo a la prensa que los síntomas son consistentes con los efectos secundarios raros derivados de la vacuna AstraZeneca que se registraron en Europa.

“Quiero compartir con ustedes mi confianza en el sistema que tenemos”, expresó. “Conjuntamente, los CDC y la FDA pudieron identificar estos eventos raros y actuar rápidamente para alertar a los proveedores de atención médica, así como al público”, subrayó.

Se pidió a las personas que recibieron la vacuna J&J a que informen si experimentan síntomas que incluyen dolor de cabeza intenso, dolor abdominal, dolor en las piernas o dificultad para respirar. Mientras tanto, se les ha dicho a los médicos que no traten esos coágulos con la heparina común porque esto podría empeorar la afección.

La Secretaría de Energía (Sener) impugnó este miércoles el fallo de un juez federal que suspendió la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que se promulgó la semana pasada.

La Sener impugnó los acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica otorgados la semana pasada a favor de Eoliatec del Pacífico y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

“Se glosa el oficio de cuenta firmado por la autoridad antes referida, que actúa en representación del Presidente de la República, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de 10 de marzo del presente año que proveyó sobre la suspensión provisional”, indicó el juzgado según los expedientes 118/2021 y 119/2021.

Son las primeras impugnaciones que el gobierno presenta contra los recursos legales que el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó después de publicarse la nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo.

Dichos amparos fueron los que llevaron al presidente a arremeter en contra del juez, a quien acusó de responder a intereses de privados; incluso pidió al ministro Arturo Zaldívar que se investigara su actuación.

Recordemos que la reforma de López Obrador cambia el despacho eléctrico para siempre suministrar primero la energía de las plantas viejas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Las quejas de la Sener se turnarán a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, que en teoría tendrá 48 horas para resolver.

Y aunque se impugnaron los dos amparos, al día de hoy hay cerca de 30 suspensiones provisionales que han otorgado el juez Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.

La información coincide con lo expuesto esta mañana por AMLO, quien dijo que pedirá reformar la Constitución en caso de que los jueces o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucional su reforma.

“No puedo ser cómplice del robo, del atraco”, argumentó el mandatario, quien ha pedido investigar a los jueces al acusarlos de estar “al servicio” de particulares y extranjeros.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha sido señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de responder a intereses particulares respecto a la Ley de la Industria Eléctrica, concedió tres suspensiones más contra la reforma que impulsó el mandatario.

En el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones se concedieron las suspensiones a empresas Eólica de Oaxaca y Tamaulipas.

En el caso del amparo concedido a Eólica de Oaxaca, el juzgador instruyó a la Comisión Reguladora de Energía(CRE) levantar la suspensión que decretó el pasado 18 de enero derivado de la contingencia sanitaria por la COVID-19, al señalar que la industria eléctrica está considerada como actividad esencial.

“La Comisión Reguladora de Energía no podrá negarse a atender los trámites que guarden relación con alguna de las actividades reguladas en materia de energía eléctrica, que han sido consideradas como esenciales durante la contingencia sanitaria que se vive en el país”, señaló el juez.

Adicional se informó sobre otra suspensión a la reforma eléctrica, que será notificada en los estrados judiciales mañana miércoles, con lo que habrían sido tres suspensiones más las que habría otorgado el juez.

De igual forma, se informó que el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, titular del juzgado Primero en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó otras suspensiones provisionales en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.

Así, suman dos jueces que coinciden en que la reforma podría dañar la competencia y la libre concurrencia. Las suspensiones que concedió, también tienen efectos generales por lo que protegen a toda la industria de dicho sector y no solo a las compañías que promovieron el amparo.

Según una revisión que ha realizado El Universal, suman 16 suspensiones contra la reforma eléctrica.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) sigue “firmemente convencida” de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 superan a los riesgos de efectos secundarios y por el momento no ha encontrado “indicios” que demuestren que los casos de trombosis registrados en personas que han recibido esta vacuna estén relacionados con su administración.

Así lo ha asegurado la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el organismo está evaluando “en profundidad” los casos de coágulos que han sido detectados por los Estados miembros para determinar si efectivamente están relacionados con la vacuna de AstraZeneca o se trata de una “coincidencia”.

La EMA llegará a una conclusión al respecto este jueves, pero Cooke ha repetido el mensaje que la institución ha trasladado ya en varias ocasiones desde que la semana pasada varios países informaran sobre casos de trombosis en personas vacunadas previamente con esta vacuna y una docena de ellos, entre otros España, Alemania, Francia o
Italia, decidieran detener temporalmente las inyecciones.

“Todavía estamos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca para prevenir la COVID-19 con sus riesgos asociados de hospitalización supera los riesgos de los efectos secundarios”, ha expresado.

Cooke, aseguró que los científicos europeos se toman “muy en serio la seguridad” de la vacuna, y recordó que, durante los ensayos clínicos llevados a cabo por la farmacéutica, no fueron detectados casos de tromboembolismo posteriores a la vacunación

La EMA no quiso “especular sobre lo que podrían ser las conclusiones de la investigación” de los casos reportados tras la vacunación con AstraZeneca contra la COVID-19 y defendió que, a la espera de “una evaluación científica” completa, “no se ven vínculos” causales de momento.

En todo caso, Cooke aseguró que, si los expertos creen “que hay un problema que no pueda resolverse”, no dudarán en “tomar los pasos necesarios”.

El Consejo Supervisor de Facebook decidirá si se debe levantar la prohibición indefinida a Donald Trump para usar la plataforma social, además de que emitirá recomendaciones sobre cómo proceder en caso de suspensión de cuentas de líderes políticos.

Este comité consultivo es financiado por Facebook pero hace dictámenes sobre ética y libertad de expresión de manera independiente en temas de alta repercusión.

La prohibición permanente de Trump en Facebook e Instagram, resultado de incitar a la violencia que se desató el 6 de enero en el asalto al Capitolio, la plataforma decidió referir el caso al Consejo Supervisor para que decida si deben levantar la restricción al ahora expresidente de Estado Unidos.

“Dada lo significativo del caso, creemos que es importante que el consejo revise y alcance un juicio independiente sobre si debe ser reafirmada (la suspensión). Hasta que no tengamos una decisión, el acceso de Trump continuará suspendido indefinidamente”, indicó en un comunicado Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook y ex viceprimer ministro de Reino Unido.

El comunicado asegura que el Consejo Supervisor ha seguido de cerca los eventos en Estados Unidos y la respuesta de Facebook frente a ellos, por lo que dijo que están preparados para proveer una evaluación “rigurosa e independiente” sobre la decisión de la compañía.

La suspensión de Trump será examinada por cinco miembros del órgano consultivo y la decisión alcanzada será debatida por los 40 miembros del consejo, que deberán alcanzar un consenso por mayoría. Trump podrá presentar alegaciones al consejo, que también dará la oportunidad a otros portavoces de organizaciones o individuos de enviar comentarios. La decisión debería alcanzarse en menos de 90 días.

Además, Facebook ha solicitado “recomendaciones sobre política al consejo en caso de suspensiones cuando el usuario es un líder político”, indica el comunicado.

Las cuentas de Trump en Facebook e Instagram fueron suspendidas indefinidamente después de que justificara el asalto violento al Capitolio el día en que las dos cámaras legislativas debían ratificar la victoria electoral del actual presidente Joe Biden. Twitter prohibió la cuenta de Trump de forma permanente.

Este mismo martes se informó que el juicio político contra el exmandatario podría activarse en el Senado en “uno o dos días”, ya que la bancada demócrata considera este tema una prioridad a pesar del traspaso de poder al presidente Joe Biden.

“El presidente debe rendir cuentas”, dijo en referencia a Trump el “número dos” de la nueva mayoría demócrata en el Senado, Dick Durbin, quien declaró a los periodistas que espera que el envío por la Cámara de Representantes de los artículos que activarían el juicio político en el Senado se produzca en “uno o dos días”.

Durbin dijo que cree que la Cámara Baja “hizo lo correcto al acusar al presidente por segunda vez”, esta vez bajo el cargo de “incitación a la insurrección”, por su papel en el asalto de sus seguidores al Capitolio del pasado 6 de enero.

El juicio político es “una prioridad”, insistió Durbin, quien agregó que “la realidad” es que el exgobernante tiene que responder por sus acciones en lo referente al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores, una acción que dejó cinco muertos, incluido un policía.

 

Twitter informó está tarde que, luego de una exhaustiva revisión de los últimos tweets del presidente Donald Trump, y dado el contexto de los últimos días, se decidió suspender su cuenta permanentemente.

La red social indicó que la decisión fue tomada debido al riesgo que representaba hacía una mayor incitación a la violencia.

La red social reiteró que tal como lo expresó el miércoles pasado en el marco de los hechos de violencia en el Capitolio,  “violaciones adicionales a las Reglas de Twitter podrían resultar en este curso de acción”.

“Dejamos claro hace años que estas cuentas (líderes y gobernantes) no están completamente por encima de nuestras reglas y no pueden usar Twitter para incitar a la violencia, entre otras cosas. Seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas y su aplicación”, se señala en el comunicado que la red social emitió explicando la suspensión.

La plataforma compartió el análisis que realizó y que derivó en la suspensión de la cuenta del presidente estadounidense.

El 8 de enero de 2021, el Presidente Donald J. Trump twitteó (traducción): “Los 75,000,000 grandes Patriotas Estadounidenses que votaron por mí, AMERICA FIRST y MAKE AMERICA GREAT AGAIN, tendrán una GRAN VOZ en el futuro. A ellos no se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente de ninguna manera o forma!!!”

Poco después, el presidente twitteó (traducción): “Para todos los que han preguntado, no asistiré a la Inauguración el 20 de enero”.

Twitter precisó que ambos tweets debían leerse en el contexto de eventos mayores en el país y en las formas en que las declaraciones del presidente pueden ser movilizadas por diferentes audiencias, incluso para incitar a la violencia, así como en el contexto del patrón de comportamiento de esta cuenta en las últimas semanas.

Se determinó que las publicaciones infringían la política de ‘Glorificación de la Violencia’, por lo que la cuenta del presidente procedió a ser suspendida de manera inmediata y de forma permanente del servicio.

Añadieron que en la evaluación realizada a las publicaciones, se concluyó que era muy probable que alentaran e inspiraran a las personas a replicar los actos delictivos que se vivieron este miércoles en Washington.

La declaración del presidente Trump de que no asistirá a la toma de posesión, está siendo recibida por varios de sus partidarios como una confirmación más de que la elección no fue legítima y se considera que él desconoce su afirmación anterior hecha a través de dos Tweets por el Jefe de Gabinete, Dan Scavino, quien dijo que habría una “transición ordenada” el 20 de enero.

El segundo tweet también podía incentivar a  aquellos que potencialmente estén considerando actos violentos y que la toma de posesión sería un objetivo “seguro”, ya que él no asistirá.

El uso de las palabras “patriotas estadounidenses” para describir a algunos de sus partidarios, según el análisis de la plataforma, se interpreta como apoyo a quienes cometen actos violentos en el Capitolio de Estados Unidos.

La mención de que sus seguidores tienen una “VOZ GIGANTE en el futuro” y que “¡¡¡No se les faltará el respeto  ni serán tratados injustamente de ninguna forma o manera!!!”, se interpreta como una indicación más de que el presidente Trump no planea facilitar una “transición ordenada” y en cambio, planea continuar apoyando, empoderando y protegiendo a quienes creen que él ganó las elecciones.

Twitter indicó que los planes para futuras protestas armadas ya han comenzado a proliferar dentro y fuera de Twitter, incluido un ataque secundario propuesto contra el Capitolio de Estados Unidos y los edificios del capitolio estatal el 17 de enero de 2021.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que esta tarde, a las 13:10, la tormenta tropical ‘Zeta’ se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Indicó que su centro se ubicó aproximadamente a 170 kilómetros al sureste de Cozumel, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h), rachas de 155 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

El Coordinador General del SMN que depende de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que durante las próximas horas, las bandas nubosas de ‘Zeta’ mantendrán el pronóstico de lluvias torrenciales en Quintana Roo y Yucatán, intensas en Chiapas, muy fuertes en Campeche y fuertes en Tabasco.

Detalló que de acuerdo con los pronósticos, en las próximas horas el huracán categoría 1 impactará las costas de Quintana Roo y, a partir de las 6:00 horas de mañana, martes, comenzará a ingresar al Golfo de México, alejándose gradualmente del territorio mexicano.

El gobierno de Quintana Roo declaró alerta naranja y ordenó la suspensión de las actividades laborales. Además, pidió que habitantes y turistas se refugien en casa o en sus hoteles. En Cancún, algunos turistas disfrutaban de las últimas horas de playa antes de la llegada de la tormenta.

Adicional se suspendió la venta de alcohol a partir de hoy, y el gobernador Carlos Joaquín González exhortó a la población a evitar salir a las calles esta noche. Autoridades del estado reportaron la presencia de casi 60,000 turistas en la entidad a media semana. El gobierno estatal indicó que se alistan 71 albergues para turistas o residentes que pudieran necesitarlos.

El pronóstico actual señala que ‘Zeta’ pasará por Cozumel y al sur de Playa del Carmen.

 

Por su parte el gobernador Mauricio Vila de Yucatán, dio a conocer que ‘Zeta’ estará afectado principalmente la zona oriente del estado, por lo que anunció la suspensión de clases en todos los niveles educativos, así como la suspensión de labores a las 14:00 hrs. para dicha zona, mientras que para Mérida y resto del estado será a partir de las 18:00 hrs.

Con el fin de deslindar responsabilidades, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó esta tarde que se tomó la decisión de suspender a un Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, presuntamente involucrado en la liberación de José Ángel Covarrubias, alias “El Mochomo”.

El organismo indicó que derivado de la denuncia interna presentada el pasado 2 de julio, así como de la denuncia presentada este lunes por la Fiscalía General de la República (FGR), se resolvió suspender por un periodo de seis meses al funcionario del Juzgado.

“La medida cautelar se dictó para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posibles violaciones, tales como cohecho, utilización indebida de información, tráfico de influencia, encubrimiento, entre otras”, precisó el Consejo.

Aclaró que la suspensión del servidor público no “prejuzga su culpabilidad” y de ninguna manera limita la investigación exhaustiva que se está llevando a cabo en la totalidad del Juzgado Segundo de Distrito.

Reafirmó que en el Poder Judicial de la Federación son muchas y muchos más los juzgadores y servidores públicos honorables, por lo que no se tolerará ningún acto de corrupción o injusticia que vulnere la autonomía e independencia de la justicia federal.

Y aunque en un principio se hablaba que la responsabilidad sería de la jueza María del Rosario Castillo Sánchez, titular del Juzgado en cuestión, tras las investigaciones, la presunta responsabilidad apuntaría al Secretario.

A inicios de mes, el CJF señaló que recibieron información que ameritaba una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que fue incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien acusó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención, “El Mochomo” logró quedar en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió de forma provisional la política de la Secretaría de Energía (Sener) que limita la producción eléctrica renovable de los privados.

En lo que resuelve la constitucionalidad del acuerdo, la SCJN concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que la semana pasada presentó una controversia constitucional.

El efecto es “que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo”, indica este lunes la lista de notificaciones de la SCJN.

Esta es la primera vez que la Suprema Corte reacciona a la política de la Sener.

En el último mes, jueces federales suspendieron de modo indefinido el acuerdo y el del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Con el argumento de garantizar la “confiabilidad” y “estabilidad” del sistema eléctrico, ambos acuerdos restringen las energías renovables por considerarlas “intermitentes” para priorizar a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Cofece impugnó la política de la Sener ante la SCJN porque “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución”.

En particular, la Cofece consideró que es “contraria” a los artículos 16, 28 y 133 de la Constitución, así como a las leyes del sector eléctrico.

La SCJN admitió a trámite el recurso de la Cofece el jueves pasado, aunque lo notificó de manera pública este lunes.
“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, explica la notificación.

Tras conocer la decisión, la titular de la Sener, Rocío Nahle, respondió que el “Ejecutivo tiene obligación de otorgar seguridad y custodia del sistema energético” en México.

“El Gobierno de México es respetuoso de las decisiones del poder judicial, cualquier controversia vamos a combatirla en los tribunales con argumentos sólidos para mantener la confiabilidad del SEN”, publicó Nahle en sus redes sociales.

La SCJN otorgó un plazo de 30 días hábiles para la respuesta de la Sener.

La Secretaría de Energía (Sener), que encabeza Rocío Nahle, aseguró que “combatirá” de decisión de un juez de suspender el acuerdo sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que días atrás había publicado.

Y aunque dijo que el gobierno federal respeta el Estado de Derecho y promueve el interés general de todos los mexicanos, adelantó que presentará ante el Poder Judicial la motivación y fundamentos de dicho acuerdo.
“La Constitución estableció como responsabilidad y atribución exclusiva de la nación, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la dependencia. “La transmisión y distribución eléctrica son consideradas, por mandato constitucional, áreas estratégicas y de interés público, a cargo del Estado”.
Afirmó que la Política de Confiabilidad establece criterios técnicos para la incorporación confiable, progresiva y acelerada de la energía de cualquier técnica de generación incluyendo las renovables, destacando también la generación distribuida, la electromovilidad, redes inteligentes y reservas de capacidad operativa.
Señaló que la realidad en el desbalance energético se observa, como se otorgó de manera irresponsable y sin planeación un sinfín de permisos de generación eléctrica, que duplican la demanda máxima instalada instantánea del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que dijo que la Política de Confiabilidad dará certeza a los proyectos que cumplan con los requisitos que se establece.
“Ningún derecho económico prevalecerá sobre el interés general y de la Nación, cuando éste afecte el suministro confiable de electricidad, porque es un servicio necesario, estratégico y de seguridad nacional, que debe garantizar el Estado para todos los mexicanos”, dijo la Sener.

Recordemos que las nuevas disposiciones llevaron a Canadá y la Unión Europea a plantear formalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su preocupación a través de cartas diplomáticas. Además, los principales grupos empresariales argumentan que las normas golpearán la confianza de los inversores y frenarán el crecimiento de la energía renovable.

El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, suspendió de manera indefinida, el acuerdo por el que Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), busca controlar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y frena las inversiones de energía limpia y renovable.

Con la resolución del juez, quedan anuladas las medidas contenidas en la política de confiabilidad publicada en mayo pasado por la Sener y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La suspensión se debe a que fue concedió un amparo a favor de Defensa Colectiva, A. C, asociación que interpuso el recurso en contra el acuerdo publicado.

“Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad”, señaló el juez Rodrigo de la Peza.

Con esto, el acuerdo no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.

Recordemos que el acuerdo del Cenace fue publicado en abril pasado, y suspendía de manera indefinida las pruebas necesarias para que las plantas de generación eólicas y solares entraran en operación, argumentando de que ponen en peligro la estabilidad del sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

Según especialistas en la materia y asociaciones de compañías energéticas, los acuerdos de Sener y Cenace ponían en peligro 44,000 millones de dólares de inversión y 81,500 empleos en el país.

La nueva política ha desatado una batalla legal entre empresarios y el gobierno, quien primero justificó los lineamientos para garantizar el suministro ante la crisis de COVID-19, pero después admitió buscar “un trato justo” para CFE frente a los privados.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció este jueves un aumento “ilegal” e “inadmisible” de entre 500% y 900% de las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables.

El CCE acusó al gobierno de ignorar la ley en lo que llamó el “electrolinazo”, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “de acuerdo con las exigencias” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Las autoridades nuevamente han ignorado la evidencia sobre los impactos y repercusiones que se manifestarán sobre la economía nacional en general y los consumidores en particular. También han atropellado la Ley de la Industria Eléctrica y tratados internacionales”, sostuvo el Consejo en un comunicado.

El CCE se refirió al aumento, que antes de la inflación es de 775% en las tarifas de porteo de baja tensión, en 407% las de media tensión y en 446% las de alta tensión, y que deberán pagar las centrales renovables instaladas previo a la reforma energética de 2013.

Un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar a Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, concedió una suspensión provisional para que las autoridades mexicanas no puedan ejecutar ninguna orden de extradición en su contra derivada de la causa penal 150/2018.

Karime Macias se encuentra actualmente en Londres, Inglaterra, sujeta a un proceso de extradición con base en una orden de aprehensión que existe en su contra por un supuesto desvío de 112 millones de pesos en perjuicio del DIF de Veracruz.

En octubre del año pasado, Macías fue detenida en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición, pero consiguió que se le concediera el beneficio de continuar su proceso en libertad.

La Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un recurso de queja contra la resolución, para que sea un tribunal Colegiado el que decida si Macías puede conservar o no la medida.

Se prevé que el 16 de noviembre de 2020 la Corte de Magistrados de Westminster de Londres inicie el juicio de extradición en su contra.

La relación entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y el de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado perplejos a muchos desde el arranque del sexenio.

Cuando candidato, López Obrador no solo habló sobre la relación que llevaría con Trump, también escribió un libro que se llama Oye Trump en el que destacaba que, él, a diferencia de su antecesor, Enrique Peña Nieto, asumiría una defensa implacable de los mexicanos en general, de los migrantes en particular y respondería a todas y cada una de las bravuconerías del presidente de Estados Unidos. Así lo escribió en varios tuits y lo repitió a lo largo de su campaña.

Una vez asumido el poder, Andrés Manuel López Obrador ha sido extremadamente dócil con Donald Trump, a quien se refiere como su amigo.

Lo anterior vuelve a ser relevante ya que el lunes por la noche el presidente Trump informó a través de sus redes sociales que, debido a la pandemia por el COVID19, suspenderá temporalmente la migración a Estados Unidos con el fin de proteger los trabajos de los estadounidenses. La orden ejecutiva la firmará el día de hoy y arranca con una vigencia de 60 días. Así Trump vuelve a recurrir a la migración como el villano que acecha al pueblo estadounidense. La pandemia es una nueva excusa para sus instintos nativistas.

El anuncio se da cuando apenas la semana pasada el presidente López Obrador presumió que tuvo una llamada con el presidente de Estados Unidos quien le prometió dar mil ventiladores a México y programar una reunión para junio o julio en la que quiere agradecerle la entrada en vigor del TMEC.

Trump sigue siendo Trump. Cuando Peña Nieto era presidente, el mismo día en el que vino a México como candidato y se le dio trato de Jefe de Estado, en la noche fue a Arizona a atacar a los mexicanos en un rally. Ahora, habla con AMLO un día y a los tres saca un decreto anti migrante.

Lo peor es que tanto en el tema TMEC como en la entrega de ventiladores, Trump no va a cumplirle a López Obrador.

El agradecimiento sobre la entrada en vigor del TMEC sería prematuro porque el acuerdo comercial renegociado está atorado. Su fecha de entrada en vigor estaba prevista para el 1º de junio, algo que ya no ocurrirá porque quedan por definir reglas en el sector automotriz. Por el momento la fecha está retrasada hasta el 1º de julio. Pero existe un grupo de asesores del sector privado estadounidense que se reunieron con el encargado comercial de Trump, Robert Lighthizer, el pasado 15 de abril en donde le pidieron a La Casa Blanca posponer la entrada en vigor del TMEC hasta enero del 2021 argumentando que la pandemia ha complicado las condiciones para que el acuerdo entre en vigor antes.

En cuanto a los ventiladores, parece poco probable que Trump le envíe a México mil cuando el 1º de abril FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, declaró que Estados Unidos enfrentaría un déficit de 13 mil ventiladores. Por ello el gobierno federal y los estados han estado peleando por el abastecimiento de éstos.

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