Tag

Tribunal

Browsing

El equipo de abogados de Rosario Robles aseguró que, tras la resolución del juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “no cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado”.

Señalaron que pese a desvirtuar todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente, el juzgador decidió no sólo vincular a proceso a la exfuncionaria a proceso penal, sino que determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aún y cuando el delito que se le atribuye es considerado como no grave.

El abogado Julio Hernández Barros dijo que dichas acciones hablaba de un proceso imparcial y por consigna contra Rosario Robles, que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros exfuncionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos.

“Lo que acabamos de ver es un tribunal de estado; un procedimiento inquisitivo como los que había en la edad media”, dijo Hernández Barros y agregó: “Rosario Robles es una víctima, una presa política”.

Explicó que las auditorias que dieron lugar a la imputación aun se encuentran todavía en proceso de solventación, en
proceso resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa.

Respecto a los contratos realizados al amparo del Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, que son la principal base de las acusaciones, Julio Hernández Barros expuso que cuando su defendida se dio cuenta de que se estaban realizando y que este tipo de contrataciones parecían no agradar al auditor Superior de la Federación, “inmediatamente tomó cartas en el asunto, emitiendo oficios para evitar que se siguieran realizando” aún y cuando son perfectamente legales y se vienen realizando, incluso hoy en día, por distintas dependencias del Gobierno Federal.

“Si la Auditoría Superior de la Federación considera que el Artículo Primero es nocivo, lo que deberá de hacer es promover ante el propio Congreso de la Unión para que por la vía legislativa sea derogado”, dijo.

En cuanto a diferentes versiones periodísticas que han publicado que Rosario Robles atribuyó presuntas responsabilidades de José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto, el abogado aclaró que son completamente falsas.

“Fue precisamente el Juez quien puso sus palabras en boca de mi defendida para ufanarse de que investigar a estos dos ex servidores públicos podría ser una ‘joyit'».

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI por la que expulsó a Lorena Piñón, quien buscaba contender como candidata a la dirigencia nacional del partido.

En sesión pública, la magistrada y los magistrados consideraron extemporáneas las denuncias presentadas el 26 de abril y el 3 de mayo de 2019 en contra de Lorena Piñón, por haber intentado ser candidata del PAN a diputada local en Veracruz, en el proceso electoral 2015-2016.

Recordemos que el 25 de junio, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI declaró procedente la solicitud de registro de la fórmula integrada por Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, para contender por la presidencia y la secretaría del Comité Directivo Nacional.

Sin embargo, las denuncias contra Lorena Piñón fueron admitidas el 28 de junio por la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y a partir de ellas se determinó expulsarla, por lo que en cumplimiento a la resolución, el PRI canceló la fórmula integrada por Lorena Piñón y Daniel Santos.

Al considerar el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI, que señala que en ningún caso se podrá solicitar la imposición de las sanciones, 365 días naturales luego de que ocurrió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma, los magistrados señalaron que el expediente señala que de marzo de 2016 a la fecha de presentación de las denuncias (23 de abril y 3 de mayo de 2019) transcurrieron tres años.

Tras darse  conocer la resolución del Tribunal, la priísta emitió un comunicado en el que celebró la reinstalación de su fórmula para contender a la dirigencia del partido, y dijo que quedó exhibida la «mala fe con la que fuimos juzgados»; adicional, exigió una disculpa pública de parte de Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria.

Acusó que era inaceptable la anulación de su candidatura, pues dijo que los argumentos que presentaron los «sicarios de la democracia» que están al servicio de Ivonne Ortega, estaban basados en difamaciones y mentiras.

Adicional, informó que interpuso una impugnación por los «gastos millonarios» en los que ha incurrido Ortega, en lo que consideró actos anticipados de campaña.

De acuerdo al último reporte del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la socialdemócrata y ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, sigue afianzando su ventaja con el avance del recuento de votos de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer en domingo.

Con 20,626 mesas escrutadas de 21,099, es decir el 98%, Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtiene el 25.72% de los votos, lo que equivale a 1,109,667 frente al 13.90% del ex director del Sistema Penitenciario y candidato del partido de centroderecha Vamos, Alejandro Giammattei, respaldado por 599,874 votos.

En tercer lugar se encuentra el abanderado del Partido Humanista de Guatemala (PHG), Edmond Mulet, quien estaría obteniendo el 11.17% de la votación, equivalente a 481,796 votos. Le sigue Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) con el 10.38% del apoyo ciudadano, 447,672 votos.

Con esta tendencia, Torres, que busca por tercera vez la primera presidencia de Guatemala, no alcanzaría la mayoría suficiente, la mitad más uno de los votos, para ganar la Presidencia en la primera vuelta, por lo que tendría que ir a una segunda el próximo 11 de agosto con el segundo candidato más votado.

Por su parte el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, confirmó que las elecciones generales de ayer se suspendieron en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, debido a que varios miembros de la junta electoral renunciaron.

«Dicho proceso electoral en ese municipio quedó suspendido», dijo el ministro en una conferencia de prensa, donde detalló que «una buena parte» de la junta electoral de este lugar renunció después de que el sábado un grupo de vecinos se opusiera a la instalación de las mesas.

Adicional, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, también se suspendieron las elecciones, derivado de hechos violentos que pusieron en riesgo la seguridad de las personas que integraron los órganos electorales.

Recordemos que 8.1 millones de guatemaltecos estuvieron llamados a las urnas para elegir a sus próximas autoridades, entre ellos al presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.

La participación ciudadana que se registró fue de 60.89%, es decir, se recibieron 4,962,789 votos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí hubo responsabilidad por parte del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués y su vocero, por la difusión del video “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” en que aparecía el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Pleno confirmó la existencia de la violación al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución por parte del secretario de Turismo, pues los magistrados indicaron que debió tener conocimiento de dicha campaña, como titular de la dependencia.

El Tribunal ordenó hacer del conocimiento de la falta al presidente de la República, que, como su superior jerárquico, será quien debe proceder en los términos de las leyes aplicables y sancionar la falta.

La Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada en lo relativo a la existencia de violación al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución, por parte de Héctor Gustavo Armenta Sosa, como Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, esto por incluir el emblema y/o siglas del partido Morena en dicha propaganda gubernamental, y ordenó hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de la dependencia”, se lee en la sentencia alcanzada.

Sin embargo, las magistradas y magistrados consideraron que no existió promoción personalizada a favor del presidente López Obrador, y tampoco hubo violación a la ley por el partido político Morena, en lo que respecta a un beneficio indebido y adquisición de tiempos en radio.

Al respecto, esta mañana el presidente fue consultado en su conferencia matutina.

AMLO dijo que desconocía el fallo del Tribunal, pero que revisaría el tema y, “si nos corresponde y si legalmente lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. No va a haber impunidad”, esto respecto a la sanción que tendría que imponer a su colaborador.

Finalizó indicando que, en caso de existir, dicha sanción se hará pública.

El Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya no fue la primera ni la única víctima de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), pues indicó que la ex candidata al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota y su familia sufrieron el acoso y desprestigio por parte de la dependencia en 2017.

El blanquiazul recordó que, ante las acusaciones que se le imputaron durante la contienda electoral, de acuerdo con la respuesta del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal, los padres y hermanos de Vázquez Mota fueron exculpados a unas horas de llevarse a cabo la elección en el estado, donde la panista quedó en tercera posición.

Precisó que la ahora senadora no fue acusada de delito alguno, por lo que no era necesaria su exculpación.

“Acción Nacional hace notar que, en aquel caso, la facciosa y burda actuación de la PGR no solo afectó severamente a la campaña de Josefina Vázquez Mota, sino que ensució y desacreditó públicamente su imagen y la de su familia”, denunció el partido.

Aprovechando la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acerca de que, en la elección presidencial de 2018, la PGR actuó de manera dolosa en contra de Ricardo Anaya, Acción Nacional exigió que se castiguen los actos indebidos de dicha institución contra su militante.

El partido hizo un llamado al gobierno federal para que nunca más se permita en México el uso de las instituciones del Estado para fines políticos y electorales.

Durante un evento en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en Saltillo, Coahuila, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, habló sobre las anomalías que imperaron en Pemex, y en especial de las acciones de uno de sus ex directores, Emilio Lozoya.

“Hay un caso de un director de esta empresa, cuyo nombre no quiero acordarme, se apellida Lozoya, que cobraba por cada cita que, se llegara o no a un arreglo con la empresa, con Pemex”, declaró Nieto.

El funcionario federal señaló que Lozoya cobraba, tanto a empresarios como a políticos que buscaban una reunión con él, entre 50 mil y un millón de pesos “por cita”.

Santiago Nieto dijo que dichas prácticas no son compatibles con ningún sistema de «corte democrático”, y dijo que dichas prácticas serían entendibles en países como Uganda, pero no en México donde hoy se vive la consolidación de la democracia.

Recordemos que Nieto fue destituido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), por declarar que Lozoya habría ejercido presión para que se le declarara inocente en torno a la investigación que se sigue en nuestro país sobre el caso Odebrecht.

Las declaraciones de Nieto surgen a la par de que un Tribunal Federal resolviera negarle un amparo a Emilio Lozoya, con el cual buscara impedir la elaboración de versiones públicas de las averiguaciones previas en torno al caso de los sobornos de la empresa brasileña.

Y es que el amparo buscaba que se clasificara todo lo relacionado a las investigaciones como reservado, y no solo los datos personas de Lozoya como había sido informado.

El Tribunal resolvió que, al ser un asunto de corrupción a gran escala, por encima de cualquier interés particular se debía privilegiar el interés público y general, por lo que la ahora Fiscalía General de la República (FGR) deberá elaborar dichas versiones públicas.

La sanción aplicada a Margarita Zavala, excandidata independiente a la Presidencia de la República, por irregularidades detectadas en la obtención de apoyos para alcanzar el registro en los comicios del año pasado, deberá ser recalculada.

Así lo ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que los magistrados consideraron que en la formulación de la multa, se usaron criterios diferenciados.

De acuerdo con los integrantes de la Sala Superior del TEPJF, quienes votaron de forma unánime a favor del recálculo, los parámetros por medio de los cuales se impuso la sanción a Zavala Gómez del Campo fueron distintos a los utilizados para multar a los también exaspirantes independientes, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón.

En su fallo inicial, la Sala Regional Especializada determinó que la multa a la exprimera dama sería de 3 mil 240 pesos, sin embargo tras una impugnación a dicha resolución, el tribunal dictaminó que se trató de un asunto grave, por lo cual ordenó una nueva contabilización que arrojó una multa por 201 mil 500 pesos.

Ante ello, Zavala volvió a impugnar ante la Sala Superior y ésta ordenó a la Sala Regional Especializada calcular de nuevo la sanción, con lo que la multa quedó en 80 mil 600 pesos, sin embargo Zavala presentó un nuevo recurso contra dicha sanción.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la expulsión de Ernesto Cordero Arroyo de las filas del Partido Acción Nacional.

Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Sala Superior confirmó que el ex senador “fue desleal” al partido luego del quiebre del militante en el periodo de las elecciones de 2018.

El pasado 30 de junio, el PAN expulsó por unanimidad a Cordero Arroyo por declinar a favor del entonces candidato por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

Y es que previamente, Cordero Arroyo había denunciado ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero.

Ante ello, el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera argumentó con los estatutos del PAN que se puede confirmar que hubo “deslealtad de Ernesto Cordero a su partido”.

Por otro lado, los magistrados resolvieron la improcedencia de sanción para el gobernador Silvano Aureoles Conejo del Partido de la Revolución Democracita (PRD) por también haber externado su apoyo a Meade Curibreña.

El Tribunal Electoral determinó que los mensajes emitidos por el gobernador, a través de Twitter, en favor del candidato priista José Antonio Meade fueron haciendo uso de su libertad de expresión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó esta tarde el retiro del registro al Partido Encuentro Social (PES), al no haber tenido al menos 3% de votos en la última elección federal.

El pleno de la Sala Superior aprobó el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Mata, al considerar que el partido no cumplió con lo que marca un apartado del artículo 41, que señala que el partido político nacional que no obtenga, al menos, el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

El Tribunal detalló que el PES presentó más de 200 medios de impugnación, la mayoría de forma extemporánea, argumentando que sí debía conservar el registro con una interpretación más amplia del artículo 41 constitucional, y que se debía considerar su representatividad política con base en el porcentaje de los representantes populares de su partido en la Cámara de Diputados y el Senado.

Al respecto, la Sala Superior consideró que dicha interpretación no era aplicable, pues insistió en que la Constitución señala umbrales mínimos de manera explicita.

Por su parte, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera subrayó que el Tribunal Electoral no actúa ni actuará bajo presiones políticas ni tampoco a partir de especulaciones en los medios de comunicación.

“El Tribunal Electoral reafirma su autonomía al resolver estrictamente conforme a derecho, sin que presiones políticas ni especulaciones en los medios de comunicación, influyan de modo alguno en nuestras determinaciones (…) analistas y comunicadores ya hablaban sobre una supuesta sumisión de este Tribunal a diversos sectores del poder público, la cual queda en una mera suposición ante la decisión que hoy habremos de tomar”, señaló Fuentes Barrera.

Y es que al sustentar su proyecto, el magistrado Felipe de la Mata comentó que la verdad numérica es también la verdad legal, por lo que si un partido, como el PES, no obtiene al menos el 3% de la votación válida emitida en las elecciones federales, tendría que perder el registro.

 

Debido al proyecto de sentencia que se discutirá en estos días en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que conserve su registro como partido político nacional, Encuentro Social (PES) anunció que caso de no favorecerle la votación crearán un nuevo partido.

«Ante la proximidad de la resolución para mantener el registro como instituto político nacional, externamos que, en caso de que sentencia final no nos favorezca, tenemos la intención la de  registrar otro partido, lo que sería el Partido Encuentro Solidario», indicó al dirigencia nacional a través de un posicionamiento.

El partido, que participó en la pasada contienda electoral de la mano de Morena y PT, argumentó que cuenta con una gran representatividad en todo el país, pues recordó que tiene un «sólido» grupo parlamentario en San Lázaro, en el Senado, en los congresos locales, así como diversos presidentes municipales y un gobernador.

Confiaron en que el Tribunal Electoral vote a favor de que mantengan su registro como instituto político, adelantando que sería un «acto de justicia» para el partido y para los militantes que confiaron en el proyecto que representan.

Insistió en que el reparto de votos no fue equitativo para los integrantes de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, que llevó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia.

Finalizó acusando al INE de negarse a abrir todos los paquetes electorales, pese a que en un recuento parcial «se comprobó que teníamos más votos de los que se había registrado inicialmente».

 

El Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata ha presentado y compartido con sus colegas de la Sala Superior del Tribunal, un proyecto de sentencia mediante el cual busca darle una segunda oportunidad al Partido Encuentro Social (PES) para conservar su registro como partido político nacional.

En el proyecto del cual reporta el diario Reforma, el Magistrados propone que el PES mantenga su registro como partido político nacional, ya que si bien no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en las elecciones de julio pasado, sí habría alcanzado dicho porcentaje en su representación en las Cámaras de Diputados y de Senadores.

“Aun cuando el PES no alcanzó el porcentaje de votación, obtuvo por la vía de mayoría relativa 56 diputados federales y 8 senadores, lo que en el primer caso representa 11.2 por ciento del total de diputados, y en el segundo el 6.25 por ciento del total de senadores”, explica De la Mata en su texto.

Argumenta que, considerando dicha información, es “lógico” que si los partidos con menor representación conservaron su registro en la Cámara de Diputados, el PES conserve también su registro como partido.

La propuesta incluye la revocación del acuerdo del Consejo General del INE, mediante el cual se declaró la pérdida de registro del PES el 12 de septiembre.

“El PES, al pasar el tamiz constitucional y al mantener su registro como partido político nacional, tiene derecho a la asignación de todas las prerrogativas constitucionales y legales que le corresponden, así como las de administración directa de sus bienes”, añade el proyecto filtrado por el diario.

 

Luego de la renuncia de la magistrada Janine M. Otálora Malassis a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en sesión privada los magistrados que integran la Sala Superior eligieron por unanimidad al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera como presidente de dicho órgano.

Al asumir el cargo, el magistrado presidente Fuentes Barrera señaló que la justicia electoral resuelve todos los días asuntos importantes para la democracia; y para la protección de sus derechos político-electorales. Por ello, dijo “el Tribunal debe seguir dando certeza y consolidar la confianza ciudadana en sus instituciones y así fortalecer el Estado de Derecho”.

Fuentes Barrera señaló que su gestión se regirá por ejes fundamentales tales como: hacer valer los principios constitucionales como órgano jurisdiccional de última instancia para que sigan existiendo elecciones libres, auténticas y confiables, que doten de certeza al pueblo de México; construir una doctrina judicial que dote de previsibilidad y estabilidad de criterios para dotar de certeza a todas y todos los justiciables que acuden al Tribunal Electoral; anteponer los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía; y finalmente conseguir eficiencia y racionalización en el uso de recursos públicos.

El nuevo magistrado presidente reconoció el trabajo de Otálora Malassis, y agradeció la confianza depositada en él para coordinar los esfuerzos del Tribunal; se comprometió a velar en todo momento por la unidad institucional. Pidió a magistrados y funcionarios del TEPJF su compromiso de trabajar con autonomía e independencia.

 

La magistrada presidenta del Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis rechazó que esté entre sus planes el renunciar a su cargo, tal y como lo han sugerido algunos miembros del Tribunal.

Y es que en durante una entrevista con la revista Proceso, el magistrado José Luis Vargas Valdez indicó que luego de la división de votos que hubo al resolver el proyecto que presentó para anular la elección de gobernador en Puebla, el TEPJF quedó fracturado, razón por la que dijo, Otálora Malassis debía abandonar el Tribunal.

De acuerdo al semanario, la magistrada presidenta debía presentar su renuncia pues dijo el magistrado que era la única alternativa para que el Tribunal recupere la unidad y el liderazgo que se han perdido en los últimos años y que quedó de manifiesto al resolver las impugnaciones sobre la elección en Puebla.

Acusó que el Tribunal requiere de un liderazgo, de unidad y de una interlocución con múltiples actores políticos, que dijo, ahora no se tienen. Vargas Valdez dijo que dentro de la Institución hay otros magistrados que comparten su opinión, aunque ha sido él quien lo ha manifestado públicamente.

Al respecto, Otálora Malassis utilizó sus redes sociales para responder; dijo que la integración actual de Sala Superior la eligió por unanimidad como presidenta del TEPJF, para un mandato de cuatro años. “Tengo el respaldo de mis colegas para cumplir ese periodo”, añadió.

Indicó que quien esté inconforme con su desempeño debe exigir, más allá de opiniones expuestas en medios, el esclarecimiento “formal de los motivos de su inquietud”.

Recordó que la confianza es uno de los activos más importantes por los que debe velar un juez, por lo que si hay dudas de que existan “presiones y cabildeos de distintos actores”, se debe presentar la denuncia correspondiente, acompañada de las pruebas que se tengan.

 

El Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, difundió un posicionamiento respecto al video que circuló en redes sociales sobre la agresión que una persona de la tercera edad recibiera por órdenes de un juez.

La dependencia indicó que se procederá a hacer un análisis e investigación respecto a los hechos, con el fin de conocer el fondo del asunto.

«Nuestra institución y su Presidente, rechazan categóricamente la violencia en cualquiera de sus formas, máxime en las que se vea involucrado alguno de nuestros funcionarios».

Y es que recordemos que en el video que circuló en redes sociales, se aprecia cómo una persona de la tercera edad es amenazada por personal del juez de lo familiar del estado, Edgar Tello Arcos, quien argumentó que ese lugar estaba «asignado» a él.

El juez instruyó a uno de sus colaboradores quitar al hombre rompiendo los cristales de su auto con un martillo si era necesario.

 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió imponer una multa de 16 mil 120 pesos al ex candidato presidencial de la coalición «Por México al Frente», Ricardo Anaya, al considerar que calumnió al empresario José María Riobóo.

Según lo denunciado y ahora resulto por la Sala Especializada, Anaya calumnió a Riobóo durante el tercer debate presidencial luego de que afirmara que el empresario había sido el contratista preferido del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los señalamientos de Anaya se repitieron en diversos actos de campaña.

El 26 de junio, el ciudadano José María Riobóo Martín denunció a Anaya por las declaraciones realizadas durante el Tercer Debate Presidencial y en actos posteriores que, a su juicio constituían propaganda calumniosa al vincularle con actos de corrupción.

Los magistrados concluyeron que era existente la infracción atribuida a Ricardo Anaya, al considerar que se trató de «propaganda calumniosa que lesiona el derecho fundamental al honor y a la reputación» de Riobóo,  pues añadieron que los «valores construidos con base en la percepción y buena fama de las personas, y que al verse afectados por la imputación maliciosa de actos vinculados con una trama de corrupción, sin un sustento fáctico o contextual, es que se actualiza la calumnia».

El Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exonerar a Morena por el manejo del Fideicomiso «Por los demás», y por el cual el INE les había impuesto una multa de 197 millones de pesos.

«No pudo la calumnia afectar, salimos ilesos», dijo López Obrador, y aseguró que los Consejeros del INE «actuaron de muy mala fe», al haber acusado a Morena de malos manejos, de haber utilizado el Fideicomiso con fines político-electorales y de que no se conocía el origen de los recursos. Una «acusación infame».

Dijo que tras la investigación que el INE realizó, se congeló la cuenta que se aperturó para recibir los donativos, misma que adelantó, tan pronto se libere se van a entregar los apoyos pendientes.

Explicó que el compromiso original era entregar la mitad de gasto de campaña de la candidatura presidencial, lo que equivalía a 103 millones de pesos, por lo que dijo, al Fideicomiso le falta reunir cerca de 18 millones para cumplir con el compromiso hecho.

Pidió a todos los militantes y simpatizantes de Morena que la próxima semana se comience a donar de nueva cuenta para que el monto prometido se obtenga, y a su vez se entregue antes de que se cumpla un año de los sismos de septiembre pasado que dejó miles de damnificados.

Dijo que se debe estar tranquilos de conciencia de saber que se ayuda a quien lo necesita.