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El futbolista brasileño Dani Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona.

En su decisión publicada dos semanas después del final del juicio, los magistrados consideraron “acreditado que la víctima no consintió y que existen elementos de prueba, además del testimonio de la denunciante, para entender probada la violación”.

El tribunal le impuso 5 años adicionales de libertad vigilada, una orden de alejamiento de la víctima por 9 años y medio y el pago de una indemnización de 150,000 euros. El exfutbolista del FC Barcelona y del PSG, de 40 años, aún puede apelar la sentencia.

La Fiscalía, que dio credibilidad al relato de la denunciante desde el inicio de las investigaciones, pedía para él una pena de nueve años. Su defensa, sin embargo, había solicitado su absolución y, en caso de condena, su abogada había evocado el consumo de alcohol como una de las posibles atenuantes. Alves lleva en prisión 13 meses.

Dani Alves estaba acusado de haber violado a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una zona reservada de ese local de moda en la que Alves habría coincidido con la mujer, quien iba acompañada de una prima y una amiga. La Fiscal, Elisabet Jiménez, consideró durante el juicio que la mujer presentó un “relato absolutamente creíble” desde que se iniciaron las investigaciones, y aseguró que Alves usó la “violencia” para forzar a la joven, que “hizo lo que pudo” para librarse.

El futbolista, que tomó la palabra el último día y sólo respondió a las preguntas de su abogada, negó sin embargo que hubiera ejercido cualquier tipo de violencia y reiteró que las relaciones habían sido consentidas.

“Podía salir en cualquier momento, no estaba obligada a estar allí”, aseguró Alves sobre la joven, durante una declaración en la que aseguró que no es “un hombre violento”. “Estábamos los dos disfrutando”, agregó el brasileño, que cambió durante su versión de los hechos en repetidas ocasiones.

Dani Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, jugó en clubes como el Sevilla y la Juventus de Turín, además de formar parte del exitoso Barça de Messi y Guardiola. Cuando ocurrieron los hechos se encontraba brevemente en Barcelona, tras regresar del Mundial de Qatar.

Después de su ingreso en prisión en enero de 2023, su equipo en aquel momento, los Pumas, rescindió su contrato.

Como expresidente de Estados Unidos, Donald Trump no es inmune a ser procesado y puede ser juzgado por conspiración para anular las elecciones de 2020, dictaminó este martes un tribunal federal de apelaciones.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia señaló que la afirmación de que Trump es inmune a la responsabilidad penal por las acciones que tomó mientras estaba en la Casa Blanca “no está respaldada por precedentes, historia o el texto y la estructura de la Constitución”.

El fallo es un importante revés legal para Trump, de 77 años, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024. Un portavoz del expresidente dijo que apelaría “para salvaguardar la Presidencia y la Constitución”.

“Si no se le garantiza la inmunidad a un presidente, todo futuro gobernante que deje el cargo será de inmediato acusado por el partido opositor”, dijo Steven Cheung tras conocerse la decisión del tribunal de apelaciones. “¡Sin inmunidad total, un presidente de Estados Unidos no podría funcionar correctamente!”, agregó.

El tribunal de apelaciones dejó el fallo de inmunidad en suspenso hasta el lunes para darle a Trump la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que puede decidir si acepta el caso o permite que se mantenga el fallo del tribunal de apelaciones.

Estaba previsto que Trump fuera a juicio el 4 de marzo acusado de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, pero el juez de distrito que supervisa el caso se vio obligado a posponer el inicio del proceso en espera de un fallo sobre la inmunidad, emitido por el tribunal de apelaciones.

La jueza de distrito Tanya Chutkan, que presidirá el proceso por interferencia electoral de Trump, rechazó el reclamo de inmunidad en diciembre y los tres jueces que escucharon su apelación el mes pasado tampoco quedaron convencidos por sus argumentos.

“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”, dijeron los jueces en un fallo unánime. “Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento”, agregaron.

El fiscal especial Jack Smith, que presentó el caso de conspiración electoral contra Trump, ha tratado de mantener la fecha de inicio del juicio en marzo, mientras que los abogados del expresidente han intentado repetidamente retrasarlo hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre.

Trump también enfrenta cargos de interferencia electoral en el estado de Georgia y ha sido acusado en Florida de llevarse ilegalmente una gran cantidad de documentos ultrasecretos al abandonar la Casa Blanca.

El Tribunal Constitucional de Perú ordenó la excarcelación, por razones humanitarias, del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años en una prisión por crímenes contra la humanidad.

De 85 años, Fujimori padece un cáncer lingual, fibrilación auricular, hipertensión, entre otros padecimientos. En un fallo inapelable, los magistrados restituyeron el indulto que se le había otorgado al expresidente en 2017.

Su excarcelación se hará efectiva muy probablemente este miércoles, según dijo su defensa y fuentes del Instituto Nacional Penitenciario.

Un aparente error en el registro de las firmas en la resolución del Tribunal Constitucional de Perú impidió que fuera liberado ayer, según afirmó su hija Keiko Fujimori.

En declaraciones a los medios, la excandidata presidencial explicó que “ha habido una pequeña traba administrativa que ha impedido” que la liberación se ejecute ayer.

El entonces gobierno de Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Fujimori por razones humanitarias, pero la justicia peruana lo revocó atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las víctimas del exmandatario que gobernó entre 1990 y 2000.

El Tribunal Constitucional justificó su decisión, alegando la salud “resquebrajada” de Fujimori. Al mismo tiempo recalcó que el exmandatario “ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena”, lo que lo hace beneficiario del indulto.

La semana pasada, la misma Corte ya había ordenado la liberación de Fujimori, pero el juez Vicente Fernández se declaró no competente para autorizar su salida de la cárcel, con lo que el caso volvió al Tribunal Constitucional, que finalmente falló emitiendo un dictamen definitivo.

Recordemos que Fujimori cumple desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad en el penal Barbadillo, una pequeña cárcel para expresidentes al este de Lima, en donde también están los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, este último encarcelado hace justamente un año por su intento fallido de disolver el Congreso.

Un grupo de simpatizantes de Fujimori llegó hasta el penal con camisetas blancas estampadas con la frase “Fujimori libertad”. Sin embargo, las víctimas de su gobierno rechazaron tajantemente la decisión de los jueces.

Así mismo, la Asociación Pro Derechos Humanos condenó enérgicamente la decisión por considerar que la misma supone un desacato a la Corte IDH. “La comunidad internacional observa atentamente este desafío a la legalidad internacional”, agregó en un comunicado.

Conocido como “El Chino”, Fujimori fue muy popular por su lucha contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, cuyos principales líderes fueron detenidos. Todavía siguen activos algunos remanentes dedicados exclusivamente al narcotráfico en la selva central del país.

En noviembre de 2000, en medio de una creciente oposición tras 10 años de gobierno, Fujimori huyó a Japón, la tierra de sus ancestros, y renunció por fax a la presidencia. Había detentado un poder casi absoluto tras dar un “autogolpe” el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial.

Fujimori enfrenta cuatro condenas judiciales por crímenes contra la humanidad y corrupción, la mayor de ellas a 25 años de cárcel.

Keiko Fujimori afirmó que su padre, de 85 años, está “tranquilo” y con “mucha ilusión”.

Este miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a las autoridades de Perú que se abstengan de ejecutar por ahora la sentencia del Tribunal Constitucional de excarcelar “inmediatamente” al expresidente hasta examinar en detalle dicho fallo, con el objetivo de estudiar básicamente si cumple con los criterios establecidos en 2022.

La Corte Interamericana considera que debe evitarse a toda costa que se produzca “un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia” de las víctimas, que sufrieron “crímenes contra la humanidad según el Derecho Internacional Penal”.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad, la designación del gobernador interino realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, José Antonio Salinas Garza, al considerarlo inelegible.

El pasado 25 de octubre el Congreso de Nuevo León le otorgó a Samuel García, gobernador de dicha entidad, una licencia temporal para separarse del cargo debido a sus aspiraciones políticas.

Sin embargo, como gobernador interino, el Congreso nombró a José Antonio Salinas Garza, magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Tan pronto hizo dicho nombramiento y el funcionario realizó la toma de protesta correspondiente, la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió una controversia constitucional local y en ella se ordenó la suspensión del acto impugnado dejando vigente el nombramiento del gobernador interino.

Eso no dejó conforme a Samuel García y su equipo jurídico, quien insiste en que Javier Navarro Velasco, su actual secretario general de Gobierno, debe ser el responsable de la oficina ante su ausencia. Por ello , el aún gobernador acudió a la Sala Superior del TEPJF.

A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, previo reconocimiento de la competencia del Congreso local de nombrar al gobernador interino, la Sala Superior revocó el nombramiento del magistrado con licencia como gobernador interino.

Los magistrados determinaron que existe una prohibición expresa, prevista en la Constitución local, consistente en que las magistraturas del Poder Judicial local y las personas servidoras públicas del estado están impedidas para ocupar cualquier cargo en el gobierno, lo cual es consistente con el artículo 116 de la Constitución federal, que prevé el sistema de separación de poderes a través del cual se garantizan los principios de independencia, autonomía, certeza e imparcialidad, que son necesarios para el desarrollo de las funciones de gobierno.

Sin embargo, se validó que el Congreso local tiene la facultad para hacer el nombramiento de la persona que ejercerá la gubernatura de forma interina, por lo que pese a lo que señala Samuel García, serán los legisladores del estado, que dominan el PAN y el PRI, quien nombren a quien lo reemplazará a partir del 2 de diciembre próximo, fecha en que surte efecto su licencia.

Todo este problema político en Nuevo León se da debido a la intención de Samuel García de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en el 2024.

No lleva ni diez años de haber ingresado a la política y García quiere ser ser Presidente.  Lo que llamada la atención es que realmente busca la silla presidencial o solo servirá de herramienta al presidente López Obrador como un factor de división en el voto opositor.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político, sobre las aspiraciones políticas de Samuel García.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió este lunes todo el proceso electoral primario de la oposición, incluido su resultado.

El Tribunal dictaminó que la contienda de la oposición del pasado 22 de octubre puede violar la ley, aunque no quedó claro en el fallo si la suspensión resultaría efectivamente en la anulación de la votación.

El gobierno de Nicolás Maduro ha ridiculizado y minimizado las primarias durante todo el año, pero intensificaron sus ataques después de que las elecciones excedieron las expectativas de participación.

Y es que más de 2.4 millones de venezolanos en el país y en el extranjero votaron, incluso en áreas que alguna vez fueron consideradas bastiones del partido gobernante.

El Tribunal ordenó a los organizadores entregar todas las papeletas, actas de escrutinio y otros documentos bajo el argumento de que la contienda independiente puede violar la ley.

También ratificó las prohibiciones impuestas por el gobierno de Maduro a tres candidatos, incluida la ganadora de las primarias, María Corina Machado, de postularse para cargos públicos.

La exlegisladora fue declarada oficialmente ganadora de las primarias la semana pasada tras obtener 92.35% de los votos, según el conteo definitivo de la comisión organizadora.

Este es considerado el último embate por parte del gobierno de Nicolás Maduro a sus adversarios, antes de las elecciones presidenciales de 2024.

El líder opositor, Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, instó al presidente Nicolás Maduro a presentarse “juntos” ante “cualquier fiscalía” Estados Unidos e incluso ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU en la Haya, para aclarar “el reciente saqueo” a la empresa estatal de la petrolera PDVSA.

Guaidó respondió de esta forma a la orden de arresto que ayer emitió el Ministerio Público de Venezuela en su contra, por varios delitos, entre ellos legitimación de capitales y traición a la patria.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Guaidó recordó que se trata de la “acusación número 28” contra él.

“La pregunta es por qué en este momento, por qué la cobardía de la dictadura no lo hizo antes”, agregó el opositor, quien además emplazó de forma directa al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Este mensaje va a ti: mañana presentémonos en cualquier Fiscalía de este país. Como ustedes saben, me encuentro en los Estados Unidos. O si prefieres otra jurisdicción: la Haya”, en referencia al Tribunal Internacional de la ONU con sede en los Países Bajos.

“Puedes traer a tu socio Tareck El Aissami, que hace tiempo está desaparecido, si está vivo, porque son ustedes los que saben dónde está tu socio por cierto, y sobre el reciente saqueo a (la empresa petrolera estatal) PDVSA”, añadió.

Ayer, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público ha emitido una orden de arresto contra el expresidente del Parlamento venezolano Juan Guaidó, en la que se menciona que utilizando la figura de un gobierno ficticio, Guaidó causó pérdidas al Estado venezolano.

El fiscal estimó en unos 19,000 millones de dólares el monto desfalcado por el líder opositor.

Guaidó, que presidió el llamado “Gobierno interino” de Venezuela, que fue reconocido por Estados Unidos y otros países entre enero de 2019 y finales de 2022, también es acusado de usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos y asociación.

Estados Unidos dijo este martes que está “profundamente preocupado” por las acciones de quienes siguen intentando “socavar” la democracia en Guatemala.

“Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las acciones de quienes intentan socavar la democracia en Guatemala. Estos esfuerzos socavan la clara voluntad del pueblo guatemalteco”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Y es que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió al partido del presidente electo, Bernardo Arévalo, Movimiento Semilla, quien calificó la medida de “ilegal” y denunció una “persecución política” en su contra de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero.

Se “resuelve suspender provisionalmente la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla”, señaló la resolución de la Corte electoral, que acató un polémico fallo solicitado por la fiscalía.

Tras la primera vuelta de las elecciones el pasado 25 de junio, el juez Fredy Orellana ordenó al tribunal electoral suspender a Movimiento Semilla debido al inicio de una investigación penal por supuestas anomalías en los afiliados del partido en el momento de su creación en 2017.

Sin embargo, el Tribunal no acató en ese momento la orden del juez porque no podía suspender un partido en medio de un proceso electoral.

En medio de presiones internacionales, la Corte de Constitucionalidad del país garantizó entonces que el balotaje (segunda vuelta) se realizaría en la fecha prevista y con los candidatos vencedores en la primera vuelta.

Arévalo calificó la orden del juez de “absolutamente ilegal” y aseguró que forma parte de un “proceso de persecución política”. “Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente”, añadió Arévalo.

Según analistas, la suspensión de Semilla no afecta la asunción de Arévalo, cuya seguridad fue reforzada ante informes de un posible atentado en su contra. Sus efectos podrían recaer sobre la bancada del partido en el Congreso, pues pueden perder facultades como la de presidir comisiones.

La suspensión de Semilla se da “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado”, denunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado. Es “una interpretación abusiva de la ley”, según la OEA.

Simultáneamente a la suspensión de Semilla, el Tribunal electoral oficializó los resultados del balotaje a favor de Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo que gobernó Guatemala de 1945 a 1951.

“Se acuerda (…) declarar legalmente electo como presidente de la República de Guatemala al ciudadano César Bernardo Arévalo de León, a quien se adjudica el cargo por el periodo improrrogable de cuatro años comprendido del 14 de enero de 2024 al 14 de enero de 2028”, dijo en conferencia de prensa el secretario general del tribunal, Mario Velásquez.

El partido de la ex candidata presidencial Sandra Torres, Unidad Nacional de la Esperanza, estimó en la red social X que la oficialización de resultados de los comicios fue “precipitada” y pidió resolver una presunta “lluvia de anomalías”.

Finalmente, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reiteró este martes que se realizará una transición de poder “ordenada” con las autoridades electas y bajo la supervisión de la OEA.

“Ahora se abren las puertas a una transición de Gobierno ordenada y transparente”, expresó Giammattei, al tiempo que anunció que el 4 de septiembre se reunirá con las autoridades electas, es decir con Arévalo.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump comparecerá este jueves ante un tribunal, acusado de liderar una amplia conspiración basada en mentiras para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que culminó con un violento ataque al Capitolio.

Trump, favorito para ganar la nominación presidencial republicana de 2024, tiene previsto comparecer en la una corte de Washington D.C., a 1 kilómetro del Capitolio, el edificio que sus partidarios asaltaron el 6 de enero de 2021 para tratar de impedir que el Congreso certificara su derrota.

Un portavoz dijo que Trump volaría a Washington desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, y aterrizaría cerca de una hora antes de su comparecencia ante el tribunal. La cita es a las 20 hora local (14 hora Ciudad de México).

En una presentación de 45 páginas, el fiscal especial Jack Smith acusó el martes a Trump y a sus aliados de promover falsas afirmaciones de que las elecciones estaban amañadas, presionar a funcionarios estatales y federales para alterar los resultados y montar listas falsas de electores para tratar de arrebatar votos electorales al demócrata Joe Biden.

Trump se enfrenta a cuatro cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. El cargo más grave conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Trump se refirió a la acusación como un intento para sacarlo de la contienda política, al tiempo que su campaña emitía un comunicado en el que comparaba al Gobierno de Biden con regímenes fascistas.

La acusación es la tercera en cuatro meses contra Trump. Se ha declarado inocente de las acusaciones federales de que retuvo documentos clasificados tras dejar el cargo y de las acusaciones del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos de dinero a una estrella del porno.

Trump podría enfrentarse pronto a más cargos en Georgia, donde una fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones. La fiscal del área de Atlanta, Fani Willis, ha dicho que presentará acusaciones este mismo mes.

A pesar de sus problemas legales, Trump lidera al contienda por la nominación republicana para 2024. Las encuestas muestran al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un distante segundo lugar entre los votantes republicanos, muchos de los cuales comparten la afirmación de Trump de que es víctima de una cacería de brujas.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresó esta tarde a Nueva Jersey luego de haberse presentado ante un tribunal federal de Miami por cargos relacionados con la retención de documentos clasificados en su mansión en Florida, una acusación sobre la que se declaró “no culpable”.

Trump subió a su avión que lo llevará a Bedminster, en Nueva Jersey, donde esta noche tiene previsto un acto de recaudación de fondos para su campaña con vistas a ser el candidato republicano en las elecciones a la Presidencia en 2024. En el vuelo lo acompañaron sus nietos, hijos de Eric y Lara Trump.

El expresidente arribó a Miami la tarde de ayer y de inmediato se dirigió a un hotel de su propiedad en la localidad de Doral, donde pasó la noche y desde donde esta mañana salió rumbo a los tribunales federales.

“Ciertamente nos declaramos no culpables”, señaló en la sala Todd Blanche, abogado de Trump, durante la primera audiencia, que duró menos de una hora, de este proceso judicial por el que enfrenta 37 cargos federales.

Trump, el primer presidente y expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía, y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman.

No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un Gran Jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, después de haber dejado la Casa Blanca, ya que sus abogados dijeron que no era necesario, dado que los conocían.

Waltine Nauta, un asistente de Trump, quien también está acusado en el mismo caso, no fue procesado este lunes porque no tenía abogado que podía representarlo en esta corte y se programó una nueva audiencia para el 27 de junio ante el juez Edwin Torres.

El exmandatario atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una “gran caza de brujas” lanzada por el presidente Joe Biden, y que responde a una campaña de “interferencia electoral”, como lo reiteró hoy en su red social Truth.

De los 37 cargos a los que debe responder Trump, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional, según el documento que contiene la acusación.

Un tribunal de apelaciones con sede en Jalisco, ordenó la liberación de Héctor ‘El Güero’ Palma Salazar, considerado junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

La liberación se ordenó tras ser absuelto del último delito por el que estaba cumpliendo una pena de prisión, el de crimen organizado.

La jueza María Dolores Olarte Ruvalcaba lo absolvió al considerar que la Fiscalía no ha aportado las pruebas suficientes para inculparle del delito de delincuencia organizada, dando por bueno así el amparo de la defensa, después de que la acusación no pudiera presentar ni localizar a dos testigo protegidos.

Recordemos que ‘El Güero’ Palma cumplía una pena de prisión desde julio de 2016 cuando fue extraditado de Estados Unidos tras cumplir otra de nueve años por narcotráfico.

En 2021 logró salir de prisión, aunque fue aprehendido de nuevo por la Fiscalía mientras se intentaba localizar a estos dos testigos.

Estas dos personas serían Javier Burgueño Urías y Marcelo Peña García, quienes ya habrían implicado a ‘El Güero’ en un traslado de más de tres toneladas de cocaína en 1999 y cuatro años antes en el asesinato del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, de y su escolta, José Cruz Guerrero.

Su detención se produjo en 1995 cuando el avioneta en la que viajaba para asistir a una boda se estrelló entre Jalisco y Nayarit.

Sería en las próximas horas cuando ‘El Güero’ Palma podría salir de prisión, luego de 28 años preso, aunque existe la posibilidad que pueda ser nuevamente detenido tan pronto quede libre.

La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó, por mayoría de votos, la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), por la que declaró la imposibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los estatutos del PRI, con lo que validó la extensión del periodo de Alejandro Moreno al frente del tricolor.

“Se declaró la procedencia de las reformas, relacionadas con el periodo que tiene el Consejo Político Nacional para ejercer su facultad de prorrogar el cargo de las dirigencias nacionales”, dijo el TEPJF.

La controversia se originó cuando el Consejo Político Nacional del PRI convocó a una sesión extraordinaria para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de su normativa interna. Como parte del procedimiento, el PRI le solicitó al INE que calificara la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones.

Al respecto, la autoridad electoral declaró la imposibilidad de pronunciarse, porque el órgano político no justificó debidamente el procedimiento de modificación como lo exigen sus estatutos, por lo que diversas personas militantes y la dirigencia misma del PRI acudieron ante el Tribunal a fin de controvertir la decisión.

A propuesta del magistrado José Luis Vargas, y con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis y del magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, revocó la determinación del INE al considerar indebida la exigencia al Consejo Político Nacional de llevar a cabo una motivación reforzada para acreditar plenamente el supuesto de excepción, para ejercer su facultad para modificar la normativa partidista, ya que ello se tradujo en una intromisión a la vida interna del partido y a su autodeterminación.

Relativo a la posibilidad de prorrogar la dirigencia nacional cuando la conclusión de su cargo se encuentre dentro del periodo de 90 días hábiles previos al inicio del proceso electoral se determinó que es una facultad que ya se encontraba prevista antes de la modificación y además la militancia ya tenía conocimiento de la posibilidad de que se prorrogaría la dirigencia con motivo de la proximidad de los procesos electivos.

“La modificación se hizo por el Consejo Político Nacional, órgano legitimado para asumir de forma extraordinaria la facultad de reformar los estatutos a través del procedimiento previsto. El plazo se trata de una medida que tiene un fin legítimo que garantiza el funcionamiento del partido frente a los procesos electorales, dentro de un periodo razonable y necesario”, señaló la Sala Superior.

Además, dijo que se trata de una medida idónea para que el partido pueda adecuar sus estrategias frente a los procesos electorales.

Recordemos que estaba previsto que el priista dejaría su cargo el 18 de agosto próximo; sin embargo, el Consejo Político Nacional del PRI realizó modificaciones a sus estatuto a finales del año pasado para, entre otras disposiciones, ampliar el periodo de Alito Moreno al frente del partido.

Así, Alejandro Moreno permanecerá al frente de la dirigencia nacional del PRI hasta 2024, con lo cual será el responsable de conducir al partido en la elección presidencial.

Un tribunal ruso rechazó la solicitud de liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, quien fue arrestado a finales del mes pasado acusado de espionaje, por lo que permanecerá en detención preventiva.

A diferencia de muchos otros periodistas estadounidenses que abandonaron Rusia tras iniciarse la ofensiva en Ucrania, Evan Gershkovich, hijo de emigrantes soviéticos, decidió seguir trabajando en territorio ruso.

“No pierdo la esperanza”, dijo en una carta dirigida a sus padres desde la cárcel de Lefortovo, y publicada por el Wall Street Journal (WSJ).

Pese a la decisión del tribunal ruso, una de sus abogadas, Maria Korchaguina, indicó que Evan sigue siendo “combativo”.

En el momento de su detención en Ekaterimburgo, en los Urales, parecía estar trabajando sobre la industria del armamento y el grupo paramilitar Wagner. El sumario está bajo secreto, por lo que es imposible saber en este momento de qué se le acusa exactamente.

El Kremlin se limitó a decir que fue sorprendido “en flagrante delito” de espionaje, pero sin dar más detalles.

Sus amigos y colegas sostienen que Evan Gershkovich estaba haciendo su trabajo, más allá de que supiera que el FSB, el servicio secreto ruso, lo tenía en el radar.

Para Evan Gershkovich, como para otros periodistas occidentales en Rusia, la acreditación entregada por la cancillería rusa parecía una protección suficiente.

El corresponsal del WSJ, perfectamente rusohablante, multiplicó los artículos en los que contaba cómo los rusos viven el conflicto, y se entrevistó con los familiares de soldados muertos y con detractores del presidente Vladimir Putin.

Al ser acusado de espionaje, un cargo que desmiente enérgicamente, el corresponsal del Wall Street Journal, se enfrenta a 20 años de prisión, en un caso de gravedad inédita contra un periodista extranjero.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con David Luhnow, Jefe de la oficina en Reino Unido de The Wall Street Journal, sobre el caso de Evan Gershkovich, y el precio que la prensa paga en Rusia por cubrir la verdad.

 

Foto: Twitter @PjotrSauer

El Congreso de la Ciudad de México determinó no imponer sanción alguna a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por haber violado la veda electoral durante el proceso de Revocación de Mandato (RM), como resolvió el Tribunal Electoral.

“Se acuerda la no imposición de sanción alguna a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por las consideraciones y motivos expresados en el considerando cuarto del presente acuerdo”, falló la Mesa Directiva, en voz de la diputada Polimnia Romana.

Y es que recordemos que el mes pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Sheinbaum Pardo difundió propaganda gubernamentalen periodo prohibido, previo a la consulta de Revocación de Mandato, con lo que violó los principios de imparcialidad y neutralidad.

Así, el Tribunal Electoral dio vista al Congreso local para aplicar la sanción correspondiente a la mandataria. Ahora, con el apoyo de los legisladores de Morena y aliados, la Mesa Directiva brindó protección a la Jefa de Gobierno, aunque los diputados de oposición expresaran su molestia.

Y mientras Sheinbaum libró la sanción, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó este miércoles que el canciller Marcelo Ebrard vulneró el principio de imparcialidad y neutralidad en la elección a gobernador de Hidalgo al asistir a un evento del morenista Julio Menchaca.

El haber asistido al evento, pese a ser sido en un día inhábil, su participación “activa” se tradujo en un llamado al voto a favor del entonces candidato de Morena, con lo cual vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda, determinó el Tribunal.

Luego de indicar que el Tribunal de Hidalgo carece de atribuciones legales para calificar como “grave ordinaria” la falta, lo que resultaba era que se diera visto al órgano interno de control de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para la posible sanción.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró existentes las infracciones consistentes en promoción personalizada y vulneración al principio de imparcialidad atribuidas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a otros gobernadores de Morena, durante el periodo de veda del proceso de Revocación de Mandato.

La Sala concluyó que las infracciones fueron cometidas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y los gobernadores de Chiapas: Rutilio Escandón; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Sinaloa, Rubén Rocha; Sonora, Alfonso Durazo; Tabasco, Carlos Manuel Merino y Puebla, Miguel Barbosa, derivado de diversas publicaciones en Twitter que tuvieron como elemento central el apoyo directo al Presidente de la República en el marco de la consulta.

Además, los mandatarios estatales difundieron logros y acciones de su gobierno para beneficiarlo, pues las publicaciones abordaron temáticas relacionadas con su trabajo gubernamental,

La Sala Especializada también declaró la existencia de la infracción consistente en difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato atribuida a las gobernadoras de Baja California, Campeche, Layda Sansores; Guerrero, Evelyn Salgado; Colima, Indira Vizcaíno y Tlaxcala, Lorena Cuellar; así como a los gobernadores de Chiapas; Nayarit; Sinaloa; Baja California Sur, Victor Manuel Castro; Michoacán, Alfredo Ramírez; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Sonora; Tabasco; Veracruz, Cuitláhuac García; Zacatecas, David Monreal, y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes usaron Twitter para difundir acciones o logros de gobierno, con la finalidad de buscar la simpatía o adhesión de la ciudadanía, y las cuales no estaban comprendidas dentro de las excepciones constitucionales para su difusión.

Sin embargo, se determinó la inexistencia del uso indebido de recursos públicos, ya que los magistrados consideraron que no hubo elementos que demuestren el empleo de este tipo de recursos, para llevar a cabo las publicaciones denunciadas.

También se acreditó el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por parte del gobernador de Zacatecas, quien continuó con la difusión de propaganda gubernamental en sus redes sociales, pese a que había sido notificado. En tanto, se determinó la inexistencia de esa infracción por lo que hace a las publicaciones atribuidas a la jefa de Gobierno y al gobernador de Chiapas.

También se determinó que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, vulneró las reglas de promoción y difusión de la Revocación de Mandato al difundir una publicación en redes sociales y conceder diversas entrevistas de las que se desprendió una invitación a la ciudadanía a participar en el ejercicio, y ofrecer transporte para trasladar a los centros de votación a quienes quisieran acudir.

Para el Pleno de la Sala Especializada la sola invitación a participar tuvo repercusiones en el proceso democrático, con independencia de que se indujera o no a votar a favor o en contra de que el presidente, y se declaró existente la omisión en el deber de cuidado por parte de Morena, porque fue su presidente nacional quien cometió la infracción.

Así, se le impuso a Mario Delgado una multa equivalentes a 28 mil 866 pesos, y a Morena una de 48 mil 110 pesos.

El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto circuito, con sede en Mérida, Yucatán, confirmaron este viernes la suspensión provisional que había sido otorgada por un juez contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Por unanimidad, los magistrados indicaron que su decisión de confirmar la medida se debía a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), instancia encargada de la obra, no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la ley exige.

Con ello, se declararon infundados los argumentos de Fonatur, quien buscaba se revirtiera la medida, que hace unas semanas, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán otorgó.

Así, la resolución del Tribunal fue que quedaba suspendido “cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo Cinco Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución”.

El tramo 5 Sur del Tren Maya es el que va de Playa del Carmen a Tulum, y que es el que mayor critica y resistencia ha generado al gobierno federal.

Recordemos que las obras del proyecto pudieron iniciarse gracias a una autorización provisional que se dio a partir del acuerdo que el gobierno federal publicó en noviembre pasado, por el cual catalogó a las obras de infraestructura como de interés público y seguridad nacional, lo que permitía que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal autorizar los proyectos y que así no se detuvieran las obras.

Foto: Twitter @gchristy65

Un juez ordenó este martes revisar la prisión preventiva impuesta al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido por ser el principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht, toda vez que indicara que el juez de control que impuso la medida cautelar no estuvo bien justificada.

En un comunicado que confirmó el hecho, el gobierno federal anunció un recurso legal para evitar que Lozoya salga del Reclusorio Norte, donde está detenido desde noviembre pasado.

“La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está presentando amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio ‘N’, dictada por el juez en el proceso de Odebrecht”, avisó esta dependencia.

El fallo actual no implica la salida inmediata de Lozoya; el asunto se decidirá en una audiencia prevista para la tarde de este miércoles.

“Dicha revocación del tribunal unitario es solo para el efecto de que el juez dicte nueva resolución; no obstante la UIF solicita la suspensión por la vía de amparo”, concluyó el breve comunicado.

La decisión llega después de que el sábado un juez mexicano ordenó liberar a Lozoya por un caso distinto, el de la compra de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados que adquirió como director de Pemex con un presunto sobreprecio de 500 millones de dólares a cambio de supuestos sobornos.

Las autoridades detuvieron a Lozoya a inicios de 2020 en España, y México lo extraditó como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos, pero el pasado noviembre ingresó en prisión preventiva tras protagonizar un escándalo por cenar en un restaurante de lujo.

Antes, el exdirector de Pemex llevó su proceso en libertad por el “criterio de oportunidad”, que lo trataba como testigo protegido para denunciar una red de corrupción que abarcaba a Peña Nieto y a políticos de la oposición.

Lozoya está acusado de recibir presuntamente 10,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht durante la campaña y la presidencia de Peña Nieto. Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió este mes una condena de hasta 39 años de prisión para Lozoya por asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.