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La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la negativa del expresidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York que estudia si infringió la ley con los pagos secretos de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels.

La Corte Suprema allanó así el camino para que el fiscal del distrito neoyorquino de Manhattan, Cyrus Vance, obtenga las declaraciones de impuestos de Trump, lo que supone un duro revés legal para el republicano, quien se ha opuesto fuertemente a entregar sus cuentas financieras al tribunal.

Sin embargo, los documentos no se darán a conocer públicamente, ya que, según el dictamen de la Corte Suprema, las declaraciones de impuestos estarán sujetas a las reglas de secreto del gran jurado, que impide su divulgación fuera del tribunal.

En una declaración, Trump enmarcó la decisión del Tribunal  a una «persecución política» y una «caza de brujas» que viene denunciando cuando se trata de decisiones legales en su contra o de los dos procesos de destitución («impeachment») que ha tenido que afrontar.

«Por más de dos años, la ciudad de Nueva York ha estado analizando casi todas las transacciones que he realizado, incluidas declaraciones de impuestos que fueron realizadas por las firmas de abogados y contables más grandes y prestigiosas de EE.UU. (…) La Corte Suprema nunca debería haber permitido que ocurriera esta ‘expedición de pesca’, pero lo hicieron», se quejó Trump.

Vance investiga si los pagos secretos de dinero de la campaña electoral de Trump a Daniels, para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual entre ambos, infringieron la legislación del estado de Nueva York.

Trump ha insistido en su negativa a aportar los documentos financieros por considerar que la orden es demasiado amplia, se emitió «de mala fe» y equivale a un «acoso» político por parte de Vance, quien es del Partido Demócrata.

«Estos son ataques de demócratas dispuestos a hacer cualquier cosa para detener a las casi 75 millones de personas (…) que votaron por mí en las elecciones, una elección en la que muchas personas y expertos sienten que gané. ¡Estoy de acuerdo!», agregó el exgobernante, que sigue sin reconocer su derrota electoral.

El fiscal del distrito de Manhattan reclama a Trump sus declaraciones fiscales de ocho años y otros documentos como parte de su investigación sobre los pagos secretos a la actriz porno.

Además, Vance estudia si el exgobernante cometió otros posibles delitos, incluidos el fraude bancario y de seguros, según sugirió hace meses en documentos judiciales.

En julio pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos ya había rechazado los intentos de Trump de que se le declarase inmune a estas citaciones dada su condición de presidente en aquel entonces, y estableció que, como gobernante, no tenía derecho a ningún tipo de trato diferente al común de los ciudadanos.

Además de ese proceso, Trump es objeto de otra investigación judicial en Nueva York por posible ocultación del valor de activos para obtener préstamos y exenciones fiscales.

Este otro proceso lo lleva la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que investiga si Trump infló el valor de algunas propiedades en el estado para obtener préstamos y también los falseó para reclamar exenciones fiscales.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, violó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda durante el proceso electoral 2019-2020.

La sanción a Blanco se debió a su asistencia a un evento proselitista de Daniel Andrade Zurutuza, entonces candidato a presidente municipal de Huejutla, Hidalgo, durante el proceso electoral local 2019-2020.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncias al respecto, por la participación del mandatario estatal en el evento de cierre de campaña del candidato, lo cual acusó pudo generar presión o influencia indebida entre el electorado, dado el contexto de la realización del evento y por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente al gobernador.

Por otra parte, se le atribuyó responsabilidad indirecta al entonces candidato Daniel Andrade (PES) por lo que se le impone una multa.

Derivado de la decisión de los magistrados, se dio vista al Congreso de Morelos, para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para que determine la sanción que resulte aplicable al gobernador.

Finalmente, también se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe en consecuencia.

Los magistrados también concluyeron que en dicho caso no se acreditó, como lo denunció en su momento el PAN, uso de recursos públicos.

El Tribunal Electoral no sirve. Es un tribunal compuesto por algunos magistrados presionados políticamente y que por ello cambian sus criterios sin el más mínimo rigor jurídico. Así demuestran que ni son objetivos ni dan certeza.

El ejemplo más reciente de ello ha sido con respecto al fallo de que el INE se extralimitó en sus facultades al determinar que los partidos políticos deben de cumplir con la paridad en las candidaturas como lo mandata la Constitución desde el 2019. Esta paridad exige, entre otras cosas, que cuando menos 7 de las 15 candidaturas de las gubernaturas que estarán en juego en el 2021 sean para mujeres.

La paridad de candidaturas está contenida en la Constitución y como tal es un mandato nacional que evidentemente por ello es competencia del INE. Pero el caso llegó al Tribunal Electoral vía una impugnación de los senadores Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez Aguilar, y ahí fue revocada la resolución del INE por cuatro de los siete magistrados: el presidente, José Luis Vargas; Felipe Fuentes; Indalfer Infante Gonzales; Felipe de la Mata.

Para las elecciones del 2018 el INE aprobó acciones afirmativas para el registro de candidaturas, entre ellas no solo las de género, también una cuota indígena, y lo hizo sin problema. Los magistrados Fuentes; Infante; de la Mata y el presidente, Vargas eran integrantes del Tribunal Electoral entonces y, sin embargo, algo que apoyaron antes ahora lo revocan.

Así, ante los mismos criterios de las elecciones del 2018, hoy los cuatro magistrados mencionados fallan de manera distinta. Esto es una señal clara de que algo está mal en el Tribunal Electoral. De que son magistrados que cambian criterios y con ello le quitan certeza; fortaleza y claridad al órgano electoral que es la última instancia en materia electoral.

Hay que aclarar que las presiones políticas a los magistrados siempre han existido pero lo que no habíamos visto antes son los bandazos de ahora. El cinismo llega a tal punto que la última versión de lo acordado en la sesión del lunes del Tribunal, lo que se conoce como el engrose, fue modificado por el magistrado Vargas para que el fallo se leyera como que los partidos políticos deben cumplir en la medida de lo posible y en atención a las disposiciones internas de los partidos con la paridad de candidaturas.

En esta versión de Vargas lo que se vio fue una modificación que no aprobaron los magistrados Janine Otálora; Mónica Soto y Reyes Rodríguez y cuya inconformidad se hizo muy pública ayer en redes sociales y medios de comunicación.

¿Cómo que cumplir en la medida de lo posible con un mandato constitucional? Una ley es vinculante. La Constitución no se cumple en la medida de lo posible. Por ello, hasta el envío de esta columna los magistrados que estuvieron en desacuerdo con la revocación a los lineamientos para el registro de candidaturas que dictaminó el INE no han firmado el engrose.

Lo que ocurre en el Tribunal es un cochinero. Es una guerra entre magistrados y entre instituciones electorales (INE vs Tribunal) y de los partidos en contra de éstas mismas instituciones. Da terror pensar que así llegaremos a las elecciones más complejas de México. Con un Tribunal que demuestra la debilidad de varios de sus integrantes que son sujetos fáciles de presiones políticas. Un Tribunal que no da certeza y por ello no da confianza.

Columna completa en El Universal

El gobierno interino de Bolivia, en sus últimos días al mando del país, envió este jueves una carta al órgano electoral pidiendo una auditoría a los comicios del pasado 18 de octubre, para darle «certidumbre» a la población que en varias ciudades realizan protestas en señal de rechazo a los resultados.

La carta está dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y la firma el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez.

La carta señala que ante las «expresiones públicas y espontáneas» de distintos sectores en el país denunciando un supuesto «fraude electoral» en las pasadas elecciones, solicita a ese órgano que considere una auditoría al proceso electoral con la finalidad de dar «certidumbre, tranquilidad y credibilidad» a la población.

Argumenta que dicha determinación es necesaria e imprescindible para otorgar mayor legitimidad a los resultados de las elecciones, por el bien de la democracia y la vigencia de la pacificación del país.

Y es que desde la semana pasada, distintas organizaciones ciudadanas y colectivos cívicos de ciudades como Santa Cruz, la mayor del país, La Paz, sede de Gobierno y el Parlamento, y Cochabamba realizan protestas, vigilias y paros cívicos.

Los manifestantes rechazan los resultados de los pasados comicios y exigen una auditoría e incluso la anulación del proceso electoral que dio la victoria por una amplia mayoría del 55.1% de los votos a Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez está en los últimos días al mando del país, ya que el domingo 8 de noviembre está prevista la transmisión de mando a Arce en La Paz.

Cabe destacar que la victoria del MAS es reconocida incluso por su rivales políticos, como la propia Áñez, y la comunidad internacional. El órgano electoral ha descartado una auditoria para un proceso avalado además por observadores internacionales.

El gobierno de Estados Unidos rechazará todas las nuevas solicitudes de amparo en el programa migratorio para jóvenes indocumentados DACA y dará una extensión de solo un año a los ahora incluidos, informó este martes un funcionario de La Casa Blanca.

«El gobierno tiene dudas significativas acerca de la legalidad de DACA y toma en cuenta las consecuencias negativas que ha tenido», añadió el funcionario, que pidió no ser identificado.

Recordemos que a mediados de junio el Tribunal Supremo calificó como «caprichoso y arbitrario» el decreto del presidente Donald Trump de diciembre de 2017 en el que canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por decreto de su predecesor, Barack Obama, en 2012 y que amparó a cerca de 650,000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en
argumentos, algo que aún no ha hecho.

«Es importante tener claro que el tribunal no dictaminó que el programa de Obama era legal», dijo el funcionario consultado. «El tribunal solo indicó que el gobierno no había justificado de manera suficiente la cancelación del DACA. El tribunal estuvo de acuerdo en que el gobierno puede cancelarlo», agregó.

E indicó que ahora el gobierno de Trump ha emprendido una revisión nueva y completa del DACA, misma que requerirá tiempo.

Mientras esta revisión completa su curso, adelantó la fuente, el gobierno de Trump «rechazará todas las solicitudes nuevas» de amparo bajo el DACA y «adjudicará todas las solicitudes de renovación (del permiso) pero solo por un año, en lugar de dos años, como ocurría antes».

«Todas las solicitudes de permiso con antelación se rechazarán a menos que haya circunstancias extraordinarias», añadió, refiriéndose a las autorizaciones que los beneficiarios de DACA podían gestionar para viajar al exterior del país en instancias de alguna emergencia.

Un juez federal había dado este lunes de plazo al gobierno hasta el 11 de agosto para que informara acerca de qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Supremo que mantuvo en vigencia el programa DACA.

La decisión del Tribunal Supremo obliga al gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres, conocidos como «dreamers».

Los trámites pendientes incluyen a unos 650,000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos y también a más de 300,000 nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55,000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para acogerse al programa.

El presidente de Donald Trump anunció este viernes que volverá a intentar cancelar el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), esto luego de que ayer el Tribunal Supremo rechazó su intención de revocarlo.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario indicó que «en breve» enviarán «documentos mejorados» en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 700 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo.

En su opinión, este jueves «no se perdió ni ganó nada», y solo fue un «punt», es decir, una jugada utilizada en fútbol americano para mandar la pelota a campo contrario y alejar el peligro.

«He querido cuidar a los beneficiarios de DACA mejor que los demócratas buenos para nada, pero durante dos años se negaron a negociar. Han abandonado DACA. Según la decisión (del Supremo), los demócratas no pueden hacer ciudadanos a los DACA. ¡No ganaron nada!», dijo Trump en su tuit.

El fallo del Supremo fue visto como una inesperada victoria por los cientos de miles de jóvenes inmigrantes amparados contra la deportación, aunque muchos alertaron que no podrían confiar en que Trump no volviera a intentar cancelar el programa aprobado en 2012 por su predecesor, Barack Obama, a pesar de la popularidad de DACA, incluso entre los republicanos.

Trump anunció en septiembre de 2017 que cancelaba DACA bajo el argumento de que así ponía presión al Congreso para que demócratas y republicanos alcanzaran un acuerdo sobre el amparo migratorio.

Sin embargo, las demandas contra su decisión fueron llegando y finalmente el caso arribó al Supremo, que este jueves no entró a considerar el programa en sí mismo sino el procedimiento seguido por el gobierno en su intento de anularlo.

En opinión del Alto Tribunal, la «rescisión total» de la Administración Trump de DACA fue «arbitraria y caprichosa», aunque dejó la puerta abierta para que el gobierno intentara de nuevo cerrar el amparo si daba una explicación más detallada.

La decisión no sentó nada bien a Trump, que sufrió otro revés el lunes después de que el Supremo negara la razón a La Casa Blanca en un fallo que protege de la discriminación laboral a las ciudadanos de la comunidad LGBT.

Un tribunal de apelaciones suspendió este viernes la ley del gobierno del presidente Donald Trump, ‘Remain in Mexico’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitan sus casos en los tribunales inmigratorios de Estados Unidos.

La misma corte decidió mantener en suspenso otro cambio importante, uno que niega asilo a todos lo que llegan a Estados Unidos sin autorización desde México.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos falló sobre las dos normas, que son fundamentales para las medidas de Trump contra el asilo. Diversos analistas han indicado que esto se trata de un gran revés para el gobierno, aunque sea temporal.

El gobierno de Trump convirtió el asilo en una posibilidad remota en un momento en que han aumentado las peticiones. Para 2017, Estados Unidos se había convertido en el principal destino del mundo para las personas en busca de asilo.

El programa «Permanecer en México» entró en vigor en enero de 2019 y casi 60,000 personas han sido regresadas en espera de su audiencia. La corte declaró que la política era inválida, pero reconoció que el fallo sólo aplicaba en California y Arizona, los únicos estados fronterizos en su jurisdicción.

Los abogados del Departamento de Justicia aseveraron que Trump estaba en su derecho de imponer las políticas sin aprobación del Congreso y que ayudarían a desalentar las peticiones de asilo sin mérito.

Los opositores, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, argumentó que el gobierno violó la ley estadounidense y obligaciones a tratados internacionales al regresar a las personas que probablemente sean perseguidas por su raza, religión, nacionalidad y creencias políticas.

Los que apoyan la política «Permanecer en México» señalan que ha evitado que personas en busca de asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, que consideran un gran incentivo para que personas lleguen.

El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó este viernes como “otro error jurídico y un atentado a la democracia» su inhabilitación como candidato a senador, decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de su país la noche de ayer.

El TSE argumentó que el exmandatario no acreditó debidamente su residencia permanente en el país para buscar el cargo de senador por Cochabamba, su bastión político.

“En octubre pasado, ganamos en primera vuelta las elecciones, el verdadero fraude fue el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA)… luego vino el golpe de estado y un Gobierno Interino», dijo Morales en conferencia de prensa desde Argentina.

En otra parte de su argumentación, afirmó que este impedimento es una instrucción estadounidense al gobierno de “facto» de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, para impedirle también acercarse a la frontera con Bolivia.

Agregó que tras ser impedido para ser candidato a la presidencia de su país, ahora fue inhabilitado por el TSE; acusó que el gobierno de Áñez sigue sin respetar “la ley electoral».

Previamente en su cuenta de Twitter afirmó que el objetivo final de esta decisión es la “proscripción de su partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS), que se presentará a las elecciones con Luis Arce, como candidato a la presidencia boliviana.

Los abogados argentinos que llevan su caso afirmaron que Morales no está fuera de su país por su voluntad, sino porque su vida estaba en riesgo, por lo que le aconsejaron acudir a todas las instancias internacionales para proteger sus derechos.

«Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no destruyan al pueblo, la democracia ni la economía boliviana», dijo Morales esta mañana.

Al respecto, el MAS, partido del expresidente anunció “el inicio de proceso penal ordinario contra los vocales del Tribunal, por la inhabilitación de Morales.

El grupo argumentó que dicha “acción política buscó “proscribir la participación“ de Evo Morales y Diego Pary, como candidatos del partido a para ser senadores de Cochabamba y Potosí, respectivamente.

La candidatura de Evo Morales a senador para las elecciones de mayo en Bolivia ha quedado pendiente de revisión por parte del órgano electoral, en espera de que esta entidad aclare si una de las causas por la que le observa es porque reside fuera del país.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tiene previsto entregar este lunes a los delegados de cada una de las ocho candidaturas que concurren a los comicios del 3 de mayo la lista de observaciones, con un plazo de tres días para subsanarlas.

Morales figura el frente de la lista al Senado boliviano por el Movimiento al Socialismo (MAS) en la región central de Cochabamba, en una candidatura sobre la que el órgano electoral observa que faltan certificados originales como los de nacimiento y del padrón electoral.

Además le señala que falta una declaración ante notario de que cumple requisitos como los de no estar inmerso en casos que le inhabiliten como candidato, de acreditar que conoce dos idiomas oficiales del país y de que reside de forma permanente en Bolivia.

El expresidente siembre votaba en la región de Cochabamba, aunque la residencia presidencial está en La Paz, pero el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, y al día siguiente salió hacia México, para luego trasladarse a Argentina en diciembre.

Este lunes partió de madrugada desde Buenos Aires a Cuba por motivos de salud y tiene previsto regresar el próximo fin de semana a Argentina, según su oficina de prensa.

En Bolivia se debate si al llevar este tiempo fuera del país cumple el requisito establecido en la Constitución de residir deforma permanente al menos desde dos años antes de presentarse como candidato, ya que existen interpretaciones de que esa residencia puede ser intermitente.

Evo Morales denunció que los abogados a los que apoderó en Buenos Aires para representarle en Bolivia son víctimas de una persecución política para obstaculizar su candidatura.

Su apoderada Patricia Hermosa, que tenía documentos para la candidatura, fue enviada a prisión preventiva y el también apoderado Wilfredo Chávez denunció obstáculos para presentarlos ante el tribunal electoral, como un supuesto intento de detenerlo también.

El candidato del MAS a presidente en las elecciones de mayo, el exministro Luis Arce, también tiene la misma observación sobre requisitos como el apartado relativo a la residencia, pues al igual que Morales estuvo primero en México y luego en Argentina.

Arce recibió una citación a declarar en un caso de supuesta corrupción cuando era ministro de Economía al poco de salir del avión cuando regresó el mes pasado a Bolivia.

El exministro de Exteriores Diego Pary es otro de los candidatos del MAS observados, en su caso en la lista como primer senador por la región andina de Potosí.

El presidente del tribunal electoral, Salvador Romero, tiene prevista esta tarde una comparecencia ante los medios en La Paz, aunque la práctica del órgano que preside es no pronunciase sobre candidaturas concretas sino sobre el proceso en general.

A las elecciones se presentan ocho candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, entre ellas las de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho y el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios interpuestos por senadoras y senadores de la bancada del PAN contra la elección por parte del pleno del Senado de la República, de la ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Las magistradas y los magistrados desecharon las quejas al indicar que dicha elección en el Senado de la República no es de naturaleza electoral, sino de carácter parlamentario.

Los recursos fueron interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por 24 senadoras y senadores del PAN, entre ellos su coordinador Mauricio Kuri.

A los recursos del PAN se acumularon quejas similares que fueron presentadas por la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota.

Recordemos que además de los recursos interpuestos por los senadores, el PAN entregó en Washington al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, una carta donde se denunció el fraude e irregularidades que se presentaron en la elección de la titular de la CNDH.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México revocó esta tarde la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Dicha instancia resolvió un recurso de revisión presentado por el gobierno federal en contra de la última suspensión definitiva concedida por el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la capital.

La resolución fue avalada por los dos magistrados y el secretario en funciones del magistrado que evaluaron el caso, con lo cual el gobierno federal estaría en condiciones de iniciar las obras de la nueva terminal aérea.

El viernes pasado, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó negar la suspensión definitiva contra diversos actos reclamados por los quejosos, como violaciones a derechos humanos y afectaciones de impacto ambiental.

El juez ordenó notificar la decisión de negar los recursos legales, pero no explicó el motivo de las resoluciones, y en uno de esos dos juicios todavía estaba pendiente una audiencia que se aplazó por petición del quejoso.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, aseguró que ha dado buenos resultados el modelo bajo el que trabaja ese órgano plenamente judicializado, sin que sus resoluciones estén condicionadas.

El magistrado señaló que en México se han construido instituciones grandes, sólidas y permanentes, con atribuciones para aplicar las normas jurídicas en el terreno político electoral, pero sin que sus resoluciones estén condicionadas por la política.

“En otras palabras, judicializamos la política, lo cual no es fácil. Y a la vez, evitamos que se politice la justicia, que tampoco es sencillo, pero así pretendemos hacerlo, y día con día trabajamos”, dijo al recordar la transición del modelo político a la incorporación en 1996 del TEPJF al Poder Judicial de la Federación para resolver conflictos.

Por su parte el magistrado José Luis Vargas Valdez destacó que con la apuesta e inversión en democracia que ha hecho México, es prácticamente imposible retroceder autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

“La razón es muy simple, porque no depende de los órganos, sino que depende de la ciudadanía que no está dispuesta a retroceder”, remató.

El equipo de abogados de Rosario Robles aseguró que, tras la resolución del juez de control del Reclusorio Preventivo Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, “no cabe duda de que nos enfrentamos a un tribunal de Estado”.

Señalaron que pese a desvirtuar todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente, el juzgador decidió no sólo vincular a proceso a la exfuncionaria a proceso penal, sino que determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aún y cuando el delito que se le atribuye es considerado como no grave.

El abogado Julio Hernández Barros dijo que dichas acciones hablaba de un proceso imparcial y por consigna contra Rosario Robles, que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros exfuncionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos.

“Lo que acabamos de ver es un tribunal de estado; un procedimiento inquisitivo como los que había en la edad media”, dijo Hernández Barros y agregó: “Rosario Robles es una víctima, una presa política”.

Explicó que las auditorias que dieron lugar a la imputación aun se encuentran todavía en proceso de solventación, en
proceso resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa.

Respecto a los contratos realizados al amparo del Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, que son la principal base de las acusaciones, Julio Hernández Barros expuso que cuando su defendida se dio cuenta de que se estaban realizando y que este tipo de contrataciones parecían no agradar al auditor Superior de la Federación, “inmediatamente tomó cartas en el asunto, emitiendo oficios para evitar que se siguieran realizando” aún y cuando son perfectamente legales y se vienen realizando, incluso hoy en día, por distintas dependencias del Gobierno Federal.

“Si la Auditoría Superior de la Federación considera que el Artículo Primero es nocivo, lo que deberá de hacer es promover ante el propio Congreso de la Unión para que por la vía legislativa sea derogado”, dijo.

En cuanto a diferentes versiones periodísticas que han publicado que Rosario Robles atribuyó presuntas responsabilidades de José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto, el abogado aclaró que son completamente falsas.

“Fue precisamente el Juez quien puso sus palabras en boca de mi defendida para ufanarse de que investigar a estos dos ex servidores públicos podría ser una ‘joyit'».

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI por la que expulsó a Lorena Piñón, quien buscaba contender como candidata a la dirigencia nacional del partido.

En sesión pública, la magistrada y los magistrados consideraron extemporáneas las denuncias presentadas el 26 de abril y el 3 de mayo de 2019 en contra de Lorena Piñón, por haber intentado ser candidata del PAN a diputada local en Veracruz, en el proceso electoral 2015-2016.

Recordemos que el 25 de junio, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI declaró procedente la solicitud de registro de la fórmula integrada por Lorena Piñón Rivera y Daniel Santos Flores, para contender por la presidencia y la secretaría del Comité Directivo Nacional.

Sin embargo, las denuncias contra Lorena Piñón fueron admitidas el 28 de junio por la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI y a partir de ellas se determinó expulsarla, por lo que en cumplimiento a la resolución, el PRI canceló la fórmula integrada por Lorena Piñón y Daniel Santos.

Al considerar el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI, que señala que en ningún caso se podrá solicitar la imposición de las sanciones, 365 días naturales luego de que ocurrió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma, los magistrados señalaron que el expediente señala que de marzo de 2016 a la fecha de presentación de las denuncias (23 de abril y 3 de mayo de 2019) transcurrieron tres años.

Tras darse  conocer la resolución del Tribunal, la priísta emitió un comunicado en el que celebró la reinstalación de su fórmula para contender a la dirigencia del partido, y dijo que quedó exhibida la «mala fe con la que fuimos juzgados»; adicional, exigió una disculpa pública de parte de Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria.

Acusó que era inaceptable la anulación de su candidatura, pues dijo que los argumentos que presentaron los «sicarios de la democracia» que están al servicio de Ivonne Ortega, estaban basados en difamaciones y mentiras.

Adicional, informó que interpuso una impugnación por los «gastos millonarios» en los que ha incurrido Ortega, en lo que consideró actos anticipados de campaña.

De acuerdo al último reporte del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la socialdemócrata y ex primera dama de Guatemala, Sandra Torres, sigue afianzando su ventaja con el avance del recuento de votos de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer en domingo.

Con 20,626 mesas escrutadas de 21,099, es decir el 98%, Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtiene el 25.72% de los votos, lo que equivale a 1,109,667 frente al 13.90% del ex director del Sistema Penitenciario y candidato del partido de centroderecha Vamos, Alejandro Giammattei, respaldado por 599,874 votos.

En tercer lugar se encuentra el abanderado del Partido Humanista de Guatemala (PHG), Edmond Mulet, quien estaría obteniendo el 11.17% de la votación, equivalente a 481,796 votos. Le sigue Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) con el 10.38% del apoyo ciudadano, 447,672 votos.

Con esta tendencia, Torres, que busca por tercera vez la primera presidencia de Guatemala, no alcanzaría la mayoría suficiente, la mitad más uno de los votos, para ganar la Presidencia en la primera vuelta, por lo que tendría que ir a una segunda el próximo 11 de agosto con el segundo candidato más votado.

Por su parte el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, confirmó que las elecciones generales de ayer se suspendieron en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, debido a que varios miembros de la junta electoral renunciaron.

«Dicho proceso electoral en ese municipio quedó suspendido», dijo el ministro en una conferencia de prensa, donde detalló que «una buena parte» de la junta electoral de este lugar renunció después de que el sábado un grupo de vecinos se opusiera a la instalación de las mesas.

Adicional, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, también se suspendieron las elecciones, derivado de hechos violentos que pusieron en riesgo la seguridad de las personas que integraron los órganos electorales.

Recordemos que 8.1 millones de guatemaltecos estuvieron llamados a las urnas para elegir a sus próximas autoridades, entre ellos al presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.

La participación ciudadana que se registró fue de 60.89%, es decir, se recibieron 4,962,789 votos.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que sí hubo responsabilidad por parte del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués y su vocero, por la difusión del video “Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024” en que aparecía el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Pleno confirmó la existencia de la violación al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución por parte del secretario de Turismo, pues los magistrados indicaron que debió tener conocimiento de dicha campaña, como titular de la dependencia.

El Tribunal ordenó hacer del conocimiento de la falta al presidente de la República, que, como su superior jerárquico, será quien debe proceder en los términos de las leyes aplicables y sancionar la falta.

La Sala Superior confirmó la resolución de la Sala Regional Especializada en lo relativo a la existencia de violación al artículo 134 párrafo 7 de la Constitución, por parte de Héctor Gustavo Armenta Sosa, como Director General de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, esto por incluir el emblema y/o siglas del partido Morena en dicha propaganda gubernamental, y ordenó hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de la dependencia”, se lee en la sentencia alcanzada.

Sin embargo, las magistradas y magistrados consideraron que no existió promoción personalizada a favor del presidente López Obrador, y tampoco hubo violación a la ley por el partido político Morena, en lo que respecta a un beneficio indebido y adquisición de tiempos en radio.

Al respecto, esta mañana el presidente fue consultado en su conferencia matutina.

AMLO dijo que desconocía el fallo del Tribunal, pero que revisaría el tema y, “si nos corresponde y si legalmente lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. No va a haber impunidad”, esto respecto a la sanción que tendría que imponer a su colaborador.

Finalizó indicando que, en caso de existir, dicha sanción se hará pública.