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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) publicó este miércoles los criterios que prohíben al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a otros funcionarios hacer propaganda política o difundir acciones de gobierno en las conferencias de prensa de Palacio Nacional, en las llamadas mañaneras.

Los magistrados del TEPJF consideraron que las conferencias matutinas se tratan de un «nuevo modelo de comunicación gubernamental que comprende información de interés público, ésta no puede sustraerse del marco constitucional y legal vigente, en particular, de las restricciones en materia de propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así como de la observancia a los principios de promoción personalizada de las y los servidores públicos y neutralidad en el uso de los recursos de la misma naturaleza».

Señalaron que lo relevante en materia electoral no es el tipo de formato comunicativo en que se producen las conferencias mañaneras, sino el contenido y las manifestaciones específicas de las y los funcionarios que participen en estas.

Esto «es lo que finalmente determina si se trata o no de propaganda gubernamental prohibida durante el periodo de campañas electorales».

Enfatizó que se debe entender como propaganda gubernamental, al ejercicio de información cuya naturaleza deriva de la intención de informar logros de gobierno, temas coyunturales de ejercicio gubernamental, datos o estadísticas de actividades o programas gubernamentales y, en general, información relevante del actuar de un gobierno en activo con el fin de generar una imagen positiva de este ante la ciudadanía y el electorado.

Por ello, los magistrados consideraron que los servidores públicos tienen el deber de cuidar que sus mensajes no contengan elementos dirigidos a influir en las preferencias electorales o en la opinión pública durante los procesos electorales, ya sea federal o locales.

Además de que deben ser «particularmente escrupulosos, en la etapa de campañas electorales, al dirigir mensajes que pueden ser retomados por los medios de comunicación para su posterior difusión».

Añadió que los medios de comunicación no asumen responsabilidad directa o indirecta por difundir una cobertura noticiosa en ejercicio de la libertad de expresión, aunque advirtió a los concesionarios de radio y televisión que transmitan de manera completa o parcial las conferencias, en entidades donde se llevan a cabo campañas electorales, que «incurren en un alto riesgo de transgredir la restricción constitucional» y podrían resultar sancionados.

Los criterios que emitieron los magistrados respecto de las responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos por la difusión de propaganda gubernamental en las conferencias de prensa difundidas durante las campañas fueron:

  • Cuando un funcionario público convoca, organiza o participa, en una conferencia para difundir logros de Gobierno, incurre en la difusión de propaganda gubernamental en medios, prohibida durante la etapa de campañas y hasta la jornada electoral.
  • En caso de que no se pueda garantizar la no difusión de las conferencias, la información que se difunda deberá tener carácter institucional y abstenerse de elementos que constituyan propaganda política, personalizada, o electoral, logros de gobierno, o emitir información dirigida a incidir en las preferencias electorales.
  • La información generada durante las conferencias de prensa, en todo momento deberá tener fines informativos.

Recordemos que a mediados de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a López Obrador evitar manifestarse respecto a temas electorales y a emitir opiniones a favor o en contra de aspirantes ni coaliciones durante sus conferencias matutinas y otros eventos gubernamentales.

Mientras a inicios de mes, la titular De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, recibió al empresario en las instalaciones de la dependencia, este martes se informó que el Tribunal de Bucarest aprobó la petición de la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) para emitir una orden de arresto preventivo contra Florian Tudor, alias “El Tiburón”.

El empresario es acusado por autoridades estadounidenses y la FGR de encabezar una mafia que clona tarjetas bancarias que opera principalmente en nuestro país en la zona de la Riviera Maya.

El viernes pasado, seis de sus colaboradores fueron condenados a prisión por intento de asesinato, chantaje y constitución de un grupo criminal. El Tribunal ordenó penas de prisión de entre tres y diez años, por establecer una operación de clonación de tarjetas bancarias a gran escala en México.

Bajo el supuesto liderazgo de Tudor, el grupo criminal modificó hasta 100 cajeros automáticos a lo largo de la Riviera Maya, específicamente en Cancún, además de Sayulita , Puerto Vallarta y Tijuana, para robar los datos de tarjetas bancarias de turistas y retirar así dinero de sus cuentas.

Los seis criminales fueron declarados culpables de intento de asesinato, extorsión, creación de un grupo delictivo organizado, posesión ilegal de un arma y conducir sin licencia.

Y aunque Tudor también fue acusado, él permanece en nuestro país con amparos que lo protegen de ir a prisión, por lo que los fiscales de su país deben presentar una orden judicial en ausencia. Por ello, el Tribunal de Bucarest, a través de un secretario, confió lo siguiente: «con respecto al señor Tudor Florian, se ordenó la prisión preventiva por un período de 30 días a partir de la fecha de ejecución de la orden», según informó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

Lo anterior significa que contarán los 30 días a partir del día en que esté bajo la custodia de la policía rumana.

Recordemos que el año pasado, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Quinto Elemento Lab, MCCI y Rise Project publicaron una investigación que reveló detalles de las acusaciones de la fiscalía contra Tudor y su grupo.

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) inició una investigación financiera, rastreando las propiedades y transacciones de la pandilla. La UIF, en colaboración con la Fiscalía General de México, descubrió transacciones entre al menos ocho empresas con sede en México y una en Rumania.

A principios de febrero de este año la UIF congeló las cuentas de 79 personas y empresas que se cree están vinculadas al grupo. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentara un informe completo sobre la Banda de la Riviera, luego de que se congelaran las cuentas.

Y aunque la UIF le dio fecha de audiencia, el empresario no se presentó a la cita.

Semanas después, la titular de la SSPC recibió en sus oficinas a Tudor, y a través de un tarjeta informativa dijo que en el encuentro privado, la funcionaria «atendió la solicitud del ciudadano de origen rumano, de ser escuchado por las autoridades del gobierno» federal.

La Secretaría indicó que en la reunión se le dio fecha de la garantía de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público”, añadió.

Foto: Twitter

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este miércoles el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que avaló dictar medidas cautelares contra Morena por vincularse con el registro de beneficiarios de programas del gobierno federal.

Específicamente por el supuesto uso para su beneficio del programa de vacunación contra el COVID-19.

El Tribunal aclaró que la resolución solamente tiene que ver con la solicitud de medidas cautelares, y no con el fondo del asunto, que será abordado en otra sesión, de ser el caso.

Las y los magistrados consideraron que el acuerdo del INE no contraviene las disposiciones legales ya que, desde una perspectiva preliminar, los hechos denunciados sí pueden ser contrarios a las disposiciones constitucionales y legales, en virtud de que aparentemente se está en presencia de una indebida apropiación de programas sociales, como es la campaña de vacunación contra el COVID-19, para posicionar a Morena como partido político nacional, en el marco del proceso electoral federal en curso.

Y es que el pasado 12 de febrero, el PAN denunció a Morena por la supuesta realización de padrones o registros de beneficiarios para acceder a programas de gobierno, así como por el presunto uso y aprovechamiento de ese tipo de programas durante el actual proceso electoral.

En la denuncia se solicitó el dictado de medidas cautelares a fin de que se ordenara la inmediata suspensión de la elaboración o actualización de los padrones de beneficiarios para el acceso a los programas sociales. De igual manera, solicitó se exhortara a Morena a abstenerse de seguir realizando actos político-electorales a partir del uso de programas sociales.

Derivado de ello, el INE ordenó a Morena abstenerse de realizar, ordenar o participar en ese tipo de actos, y no relacionarse con los programas sociales o gubernamentales; además le instruyó llevar a cabo gestiones para informar e instruir a sus militantes, personal que labora en el partido, simpatizantes y voluntarios que realicen labores de campo, a que no se ostenten, funjan o señalen que actúan, directa o indirectamente, en nombre de cualquier ente público o gubernamental, ni soliciten información de la credencial para votar.

Morena decidió impugnar la resolución del INE, por lo que al analizar el expediente, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideraron infundados los argumentos que la dirigencia del partido alegó, y coincidió con la determinación del Instituto Electoral.

Un juez de la Suprema Corte de Brasil anuló este lunes las condenas del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por considerar incompetente al Tribunal que las dictó, con lo que se le abre el camino al líder de izquierda para las presidenciales de 2022.

Lula suma dos condenas emitidas por un Tribunal de Curitiba por casos vinculados a la operación anticorrupción Lava Jato, que descubrió un esquema de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal Petrobras.

El juez Edson Fachin respondió a un pedido de ‘habeas corpus’ presentado por la defensa de Lula en noviembre pasado y decidió que el exmandatario sea juzgado nuevamente por la justicia federal de Brasilia, alegando que los casos concernidos no se limitaban a Petrobras.

El expresidente fue condenado en 2018 por corrupción y lavado como beneficiario de un tríplex en Guarujá (litoral de Sao Paulo) y estuvo detenido desde abril de ese año hasta noviembre de 2019 en una celda especial en la sede de la Policía Federal de Curitiba.

La sentencia fue validada en tercera instancia y totalizaba 8 años, 20 meses y 20 días de cárcel, aunque una decisión de la Suprema Corte le permitió agotar todas los recursos judiciales en libertad.

En 2020 fue condenado a 17 años en segunda instancia, acusado de recibir sobornos de constructoras, relacionados con un sitio en Atibaia a cambio de influir en la obtención de contratos en Petrobras.

Lula siempre negó las acusaciones y se considera blanco de una operación política en su contra orquestada por Sergio Moro, el juez que lideró la Lava Jato, y que en 2019 asumió el Ministerio de Justica del presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Moro permaneció en el cargo hasta abril de 2020, cuando se distanció del mandatario.

De acuerdo con el fallo de Fachin, otros dos casos que involucran a Lula en el marco de la Lava Jato deben pasar también a la esfera de Brasilia. La noticia repercutió con fuerza en Brasil. La Bolsa de Sao Paulo retrocedía más de 3% después del anuncio, en tanto que el dólar se aproximaba a 5.8 reales.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la negativa del expresidente Donald Trump a entregar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York que estudia si infringió la ley con los pagos secretos de su campaña electoral a la actriz porno Stormy Daniels.

La Corte Suprema allanó así el camino para que el fiscal del distrito neoyorquino de Manhattan, Cyrus Vance, obtenga las declaraciones de impuestos de Trump, lo que supone un duro revés legal para el republicano, quien se ha opuesto fuertemente a entregar sus cuentas financieras al tribunal.

Sin embargo, los documentos no se darán a conocer públicamente, ya que, según el dictamen de la Corte Suprema, las declaraciones de impuestos estarán sujetas a las reglas de secreto del gran jurado, que impide su divulgación fuera del tribunal.

En una declaración, Trump enmarcó la decisión del Tribunal  a una «persecución política» y una «caza de brujas» que viene denunciando cuando se trata de decisiones legales en su contra o de los dos procesos de destitución («impeachment») que ha tenido que afrontar.

«Por más de dos años, la ciudad de Nueva York ha estado analizando casi todas las transacciones que he realizado, incluidas declaraciones de impuestos que fueron realizadas por las firmas de abogados y contables más grandes y prestigiosas de EE.UU. (…) La Corte Suprema nunca debería haber permitido que ocurriera esta ‘expedición de pesca’, pero lo hicieron», se quejó Trump.

Vance investiga si los pagos secretos de dinero de la campaña electoral de Trump a Daniels, para evitar que hiciera pública una supuesta relación sexual entre ambos, infringieron la legislación del estado de Nueva York.

Trump ha insistido en su negativa a aportar los documentos financieros por considerar que la orden es demasiado amplia, se emitió «de mala fe» y equivale a un «acoso» político por parte de Vance, quien es del Partido Demócrata.

«Estos son ataques de demócratas dispuestos a hacer cualquier cosa para detener a las casi 75 millones de personas (…) que votaron por mí en las elecciones, una elección en la que muchas personas y expertos sienten que gané. ¡Estoy de acuerdo!», agregó el exgobernante, que sigue sin reconocer su derrota electoral.

El fiscal del distrito de Manhattan reclama a Trump sus declaraciones fiscales de ocho años y otros documentos como parte de su investigación sobre los pagos secretos a la actriz porno.

Además, Vance estudia si el exgobernante cometió otros posibles delitos, incluidos el fraude bancario y de seguros, según sugirió hace meses en documentos judiciales.

En julio pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos ya había rechazado los intentos de Trump de que se le declarase inmune a estas citaciones dada su condición de presidente en aquel entonces, y estableció que, como gobernante, no tenía derecho a ningún tipo de trato diferente al común de los ciudadanos.

Además de ese proceso, Trump es objeto de otra investigación judicial en Nueva York por posible ocultación del valor de activos para obtener préstamos y exenciones fiscales.

Este otro proceso lo lleva la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que investiga si Trump infló el valor de algunas propiedades en el estado para obtener préstamos y también los falseó para reclamar exenciones fiscales.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, violó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda durante el proceso electoral 2019-2020.

La sanción a Blanco se debió a su asistencia a un evento proselitista de Daniel Andrade Zurutuza, entonces candidato a presidente municipal de Huejutla, Hidalgo, durante el proceso electoral local 2019-2020.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncias al respecto, por la participación del mandatario estatal en el evento de cierre de campaña del candidato, lo cual acusó pudo generar presión o influencia indebida entre el electorado, dado el contexto de la realización del evento y por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente al gobernador.

Por otra parte, se le atribuyó responsabilidad indirecta al entonces candidato Daniel Andrade (PES) por lo que se le impone una multa.

Derivado de la decisión de los magistrados, se dio vista al Congreso de Morelos, para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para que determine la sanción que resulte aplicable al gobernador.

Finalmente, también se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe en consecuencia.

Los magistrados también concluyeron que en dicho caso no se acreditó, como lo denunció en su momento el PAN, uso de recursos públicos.

El Tribunal Electoral no sirve. Es un tribunal compuesto por algunos magistrados presionados políticamente y que por ello cambian sus criterios sin el más mínimo rigor jurídico. Así demuestran que ni son objetivos ni dan certeza.

El ejemplo más reciente de ello ha sido con respecto al fallo de que el INE se extralimitó en sus facultades al determinar que los partidos políticos deben de cumplir con la paridad en las candidaturas como lo mandata la Constitución desde el 2019. Esta paridad exige, entre otras cosas, que cuando menos 7 de las 15 candidaturas de las gubernaturas que estarán en juego en el 2021 sean para mujeres.

La paridad de candidaturas está contenida en la Constitución y como tal es un mandato nacional que evidentemente por ello es competencia del INE. Pero el caso llegó al Tribunal Electoral vía una impugnación de los senadores Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez Aguilar, y ahí fue revocada la resolución del INE por cuatro de los siete magistrados: el presidente, José Luis Vargas; Felipe Fuentes; Indalfer Infante Gonzales; Felipe de la Mata.

Para las elecciones del 2018 el INE aprobó acciones afirmativas para el registro de candidaturas, entre ellas no solo las de género, también una cuota indígena, y lo hizo sin problema. Los magistrados Fuentes; Infante; de la Mata y el presidente, Vargas eran integrantes del Tribunal Electoral entonces y, sin embargo, algo que apoyaron antes ahora lo revocan.

Así, ante los mismos criterios de las elecciones del 2018, hoy los cuatro magistrados mencionados fallan de manera distinta. Esto es una señal clara de que algo está mal en el Tribunal Electoral. De que son magistrados que cambian criterios y con ello le quitan certeza; fortaleza y claridad al órgano electoral que es la última instancia en materia electoral.

Hay que aclarar que las presiones políticas a los magistrados siempre han existido pero lo que no habíamos visto antes son los bandazos de ahora. El cinismo llega a tal punto que la última versión de lo acordado en la sesión del lunes del Tribunal, lo que se conoce como el engrose, fue modificado por el magistrado Vargas para que el fallo se leyera como que los partidos políticos deben cumplir en la medida de lo posible y en atención a las disposiciones internas de los partidos con la paridad de candidaturas.

En esta versión de Vargas lo que se vio fue una modificación que no aprobaron los magistrados Janine Otálora; Mónica Soto y Reyes Rodríguez y cuya inconformidad se hizo muy pública ayer en redes sociales y medios de comunicación.

¿Cómo que cumplir en la medida de lo posible con un mandato constitucional? Una ley es vinculante. La Constitución no se cumple en la medida de lo posible. Por ello, hasta el envío de esta columna los magistrados que estuvieron en desacuerdo con la revocación a los lineamientos para el registro de candidaturas que dictaminó el INE no han firmado el engrose.

Lo que ocurre en el Tribunal es un cochinero. Es una guerra entre magistrados y entre instituciones electorales (INE vs Tribunal) y de los partidos en contra de éstas mismas instituciones. Da terror pensar que así llegaremos a las elecciones más complejas de México. Con un Tribunal que demuestra la debilidad de varios de sus integrantes que son sujetos fáciles de presiones políticas. Un Tribunal que no da certeza y por ello no da confianza.

Columna completa en El Universal

El gobierno interino de Bolivia, en sus últimos días al mando del país, envió este jueves una carta al órgano electoral pidiendo una auditoría a los comicios del pasado 18 de octubre, para darle «certidumbre» a la población que en varias ciudades realizan protestas en señal de rechazo a los resultados.

La carta está dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y la firma el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez.

La carta señala que ante las «expresiones públicas y espontáneas» de distintos sectores en el país denunciando un supuesto «fraude electoral» en las pasadas elecciones, solicita a ese órgano que considere una auditoría al proceso electoral con la finalidad de dar «certidumbre, tranquilidad y credibilidad» a la población.

Argumenta que dicha determinación es necesaria e imprescindible para otorgar mayor legitimidad a los resultados de las elecciones, por el bien de la democracia y la vigencia de la pacificación del país.

Y es que desde la semana pasada, distintas organizaciones ciudadanas y colectivos cívicos de ciudades como Santa Cruz, la mayor del país, La Paz, sede de Gobierno y el Parlamento, y Cochabamba realizan protestas, vigilias y paros cívicos.

Los manifestantes rechazan los resultados de los pasados comicios y exigen una auditoría e incluso la anulación del proceso electoral que dio la victoria por una amplia mayoría del 55.1% de los votos a Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez está en los últimos días al mando del país, ya que el domingo 8 de noviembre está prevista la transmisión de mando a Arce en La Paz.

Cabe destacar que la victoria del MAS es reconocida incluso por su rivales políticos, como la propia Áñez, y la comunidad internacional. El órgano electoral ha descartado una auditoria para un proceso avalado además por observadores internacionales.

El gobierno de Estados Unidos rechazará todas las nuevas solicitudes de amparo en el programa migratorio para jóvenes indocumentados DACA y dará una extensión de solo un año a los ahora incluidos, informó este martes un funcionario de La Casa Blanca.

«El gobierno tiene dudas significativas acerca de la legalidad de DACA y toma en cuenta las consecuencias negativas que ha tenido», añadió el funcionario, que pidió no ser identificado.

Recordemos que a mediados de junio el Tribunal Supremo calificó como «caprichoso y arbitrario» el decreto del presidente Donald Trump de diciembre de 2017 en el que canceló el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por decreto de su predecesor, Barack Obama, en 2012 y que amparó a cerca de 650,000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.

El fallo del Supremo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno presentara de nuevo su posición sustentándola en
argumentos, algo que aún no ha hecho.

«Es importante tener claro que el tribunal no dictaminó que el programa de Obama era legal», dijo el funcionario consultado. «El tribunal solo indicó que el gobierno no había justificado de manera suficiente la cancelación del DACA. El tribunal estuvo de acuerdo en que el gobierno puede cancelarlo», agregó.

E indicó que ahora el gobierno de Trump ha emprendido una revisión nueva y completa del DACA, misma que requerirá tiempo.

Mientras esta revisión completa su curso, adelantó la fuente, el gobierno de Trump «rechazará todas las solicitudes nuevas» de amparo bajo el DACA y «adjudicará todas las solicitudes de renovación (del permiso) pero solo por un año, en lugar de dos años, como ocurría antes».

«Todas las solicitudes de permiso con antelación se rechazarán a menos que haya circunstancias extraordinarias», añadió, refiriéndose a las autorizaciones que los beneficiarios de DACA podían gestionar para viajar al exterior del país en instancias de alguna emergencia.

Un juez federal había dado este lunes de plazo al gobierno hasta el 11 de agosto para que informara acerca de qué medidas ha tomado para cumplir con el fallo del Supremo que mantuvo en vigencia el programa DACA.

La decisión del Tribunal Supremo obliga al gobierno a seguir tramitando las extensiones de los permisos y a aceptar las solicitudes de nuevos candidatos del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres, conocidos como «dreamers».

Los trámites pendientes incluyen a unos 650,000 beneficiarios del DACA que han de renovar los permisos y también a más de 300,000 nuevos solicitantes, entre los que se cuentan alrededor de 55,000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para acogerse al programa.

El presidente de Donald Trump anunció este viernes que volverá a intentar cancelar el programa migratorio de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), esto luego de que ayer el Tribunal Supremo rechazó su intención de revocarlo.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario indicó que «en breve» enviarán «documentos mejorados» en los que atenderán los requerimientos del Alto Tribunal, que dio la razón a los abogados que defienden los derechos de cerca de 700 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país ilegalmente de la mano de sus padres y que están protegidos actualmente por este amparo.

En su opinión, este jueves «no se perdió ni ganó nada», y solo fue un «punt», es decir, una jugada utilizada en fútbol americano para mandar la pelota a campo contrario y alejar el peligro.

«He querido cuidar a los beneficiarios de DACA mejor que los demócratas buenos para nada, pero durante dos años se negaron a negociar. Han abandonado DACA. Según la decisión (del Supremo), los demócratas no pueden hacer ciudadanos a los DACA. ¡No ganaron nada!», dijo Trump en su tuit.

El fallo del Supremo fue visto como una inesperada victoria por los cientos de miles de jóvenes inmigrantes amparados contra la deportación, aunque muchos alertaron que no podrían confiar en que Trump no volviera a intentar cancelar el programa aprobado en 2012 por su predecesor, Barack Obama, a pesar de la popularidad de DACA, incluso entre los republicanos.

Trump anunció en septiembre de 2017 que cancelaba DACA bajo el argumento de que así ponía presión al Congreso para que demócratas y republicanos alcanzaran un acuerdo sobre el amparo migratorio.

Sin embargo, las demandas contra su decisión fueron llegando y finalmente el caso arribó al Supremo, que este jueves no entró a considerar el programa en sí mismo sino el procedimiento seguido por el gobierno en su intento de anularlo.

En opinión del Alto Tribunal, la «rescisión total» de la Administración Trump de DACA fue «arbitraria y caprichosa», aunque dejó la puerta abierta para que el gobierno intentara de nuevo cerrar el amparo si daba una explicación más detallada.

La decisión no sentó nada bien a Trump, que sufrió otro revés el lunes después de que el Supremo negara la razón a La Casa Blanca en un fallo que protege de la discriminación laboral a las ciudadanos de la comunidad LGBT.

Un tribunal de apelaciones suspendió este viernes la ley del gobierno del presidente Donald Trump, ‘Remain in Mexico’, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se tramitan sus casos en los tribunales inmigratorios de Estados Unidos.

La misma corte decidió mantener en suspenso otro cambio importante, uno que niega asilo a todos lo que llegan a Estados Unidos sin autorización desde México.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del noveno circuito de Estados Unidos falló sobre las dos normas, que son fundamentales para las medidas de Trump contra el asilo. Diversos analistas han indicado que esto se trata de un gran revés para el gobierno, aunque sea temporal.

El gobierno de Trump convirtió el asilo en una posibilidad remota en un momento en que han aumentado las peticiones. Para 2017, Estados Unidos se había convertido en el principal destino del mundo para las personas en busca de asilo.

El programa «Permanecer en México» entró en vigor en enero de 2019 y casi 60,000 personas han sido regresadas en espera de su audiencia. La corte declaró que la política era inválida, pero reconoció que el fallo sólo aplicaba en California y Arizona, los únicos estados fronterizos en su jurisdicción.

Los abogados del Departamento de Justicia aseveraron que Trump estaba en su derecho de imponer las políticas sin aprobación del Congreso y que ayudarían a desalentar las peticiones de asilo sin mérito.

Los opositores, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles, argumentó que el gobierno violó la ley estadounidense y obligaciones a tratados internacionales al regresar a las personas que probablemente sean perseguidas por su raza, religión, nacionalidad y creencias políticas.

Los que apoyan la política «Permanecer en México» señalan que ha evitado que personas en busca de asilo sean liberadas en Estados Unidos con citatorios para comparecer ante la corte, que consideran un gran incentivo para que personas lleguen.

El expresidente de Bolivia Evo Morales calificó este viernes como “otro error jurídico y un atentado a la democracia» su inhabilitación como candidato a senador, decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de su país la noche de ayer.

El TSE argumentó que el exmandatario no acreditó debidamente su residencia permanente en el país para buscar el cargo de senador por Cochabamba, su bastión político.

“En octubre pasado, ganamos en primera vuelta las elecciones, el verdadero fraude fue el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA)… luego vino el golpe de estado y un Gobierno Interino», dijo Morales en conferencia de prensa desde Argentina.

En otra parte de su argumentación, afirmó que este impedimento es una instrucción estadounidense al gobierno de “facto» de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, para impedirle también acercarse a la frontera con Bolivia.

Agregó que tras ser impedido para ser candidato a la presidencia de su país, ahora fue inhabilitado por el TSE; acusó que el gobierno de Áñez sigue sin respetar “la ley electoral».

Previamente en su cuenta de Twitter afirmó que el objetivo final de esta decisión es la “proscripción de su partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS), que se presentará a las elecciones con Luis Arce, como candidato a la presidencia boliviana.

Los abogados argentinos que llevan su caso afirmaron que Morales no está fuera de su país por su voluntad, sino porque su vida estaba en riesgo, por lo que le aconsejaron acudir a todas las instancias internacionales para proteger sus derechos.

«Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no destruyan al pueblo, la democracia ni la economía boliviana», dijo Morales esta mañana.

Al respecto, el MAS, partido del expresidente anunció “el inicio de proceso penal ordinario contra los vocales del Tribunal, por la inhabilitación de Morales.

El grupo argumentó que dicha “acción política buscó “proscribir la participación“ de Evo Morales y Diego Pary, como candidatos del partido a para ser senadores de Cochabamba y Potosí, respectivamente.

La candidatura de Evo Morales a senador para las elecciones de mayo en Bolivia ha quedado pendiente de revisión por parte del órgano electoral, en espera de que esta entidad aclare si una de las causas por la que le observa es porque reside fuera del país.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia tiene previsto entregar este lunes a los delegados de cada una de las ocho candidaturas que concurren a los comicios del 3 de mayo la lista de observaciones, con un plazo de tres días para subsanarlas.

Morales figura el frente de la lista al Senado boliviano por el Movimiento al Socialismo (MAS) en la región central de Cochabamba, en una candidatura sobre la que el órgano electoral observa que faltan certificados originales como los de nacimiento y del padrón electoral.

Además le señala que falta una declaración ante notario de que cumple requisitos como los de no estar inmerso en casos que le inhabiliten como candidato, de acreditar que conoce dos idiomas oficiales del país y de que reside de forma permanente en Bolivia.

El expresidente siembre votaba en la región de Cochabamba, aunque la residencia presidencial está en La Paz, pero el pasado 10 de noviembre anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, y al día siguiente salió hacia México, para luego trasladarse a Argentina en diciembre.

Este lunes partió de madrugada desde Buenos Aires a Cuba por motivos de salud y tiene previsto regresar el próximo fin de semana a Argentina, según su oficina de prensa.

En Bolivia se debate si al llevar este tiempo fuera del país cumple el requisito establecido en la Constitución de residir deforma permanente al menos desde dos años antes de presentarse como candidato, ya que existen interpretaciones de que esa residencia puede ser intermitente.

Evo Morales denunció que los abogados a los que apoderó en Buenos Aires para representarle en Bolivia son víctimas de una persecución política para obstaculizar su candidatura.

Su apoderada Patricia Hermosa, que tenía documentos para la candidatura, fue enviada a prisión preventiva y el también apoderado Wilfredo Chávez denunció obstáculos para presentarlos ante el tribunal electoral, como un supuesto intento de detenerlo también.

El candidato del MAS a presidente en las elecciones de mayo, el exministro Luis Arce, también tiene la misma observación sobre requisitos como el apartado relativo a la residencia, pues al igual que Morales estuvo primero en México y luego en Argentina.

Arce recibió una citación a declarar en un caso de supuesta corrupción cuando era ministro de Economía al poco de salir del avión cuando regresó el mes pasado a Bolivia.

El exministro de Exteriores Diego Pary es otro de los candidatos del MAS observados, en su caso en la lista como primer senador por la región andina de Potosí.

El presidente del tribunal electoral, Salvador Romero, tiene prevista esta tarde una comparecencia ante los medios en La Paz, aunque la práctica del órgano que preside es no pronunciase sobre candidaturas concretas sino sobre el proceso en general.

A las elecciones se presentan ocho candidaturas a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, entre ellas las de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez, los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho y el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó los juicios interpuestos por senadoras y senadores de la bancada del PAN contra la elección por parte del pleno del Senado de la República, de la ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Las magistradas y los magistrados desecharon las quejas al indicar que dicha elección en el Senado de la República no es de naturaleza electoral, sino de carácter parlamentario.

Los recursos fueron interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por 24 senadoras y senadores del PAN, entre ellos su coordinador Mauricio Kuri.

A los recursos del PAN se acumularon quejas similares que fueron presentadas por la senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota.

Recordemos que además de los recursos interpuestos por los senadores, el PAN entregó en Washington al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, una carta donde se denunció el fraude e irregularidades que se presentaron en la elección de la titular de la CNDH.

El Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México revocó esta tarde la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

Dicha instancia resolvió un recurso de revisión presentado por el gobierno federal en contra de la última suspensión definitiva concedida por el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa en la capital.

La resolución fue avalada por los dos magistrados y el secretario en funciones del magistrado que evaluaron el caso, con lo cual el gobierno federal estaría en condiciones de iniciar las obras de la nueva terminal aérea.

El viernes pasado, el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó negar la suspensión definitiva contra diversos actos reclamados por los quejosos, como violaciones a derechos humanos y afectaciones de impacto ambiental.

El juez ordenó notificar la decisión de negar los recursos legales, pero no explicó el motivo de las resoluciones, y en uno de esos dos juicios todavía estaba pendiente una audiencia que se aplazó por petición del quejoso.

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, aseguró que ha dado buenos resultados el modelo bajo el que trabaja ese órgano plenamente judicializado, sin que sus resoluciones estén condicionadas.

El magistrado señaló que en México se han construido instituciones grandes, sólidas y permanentes, con atribuciones para aplicar las normas jurídicas en el terreno político electoral, pero sin que sus resoluciones estén condicionadas por la política.

“En otras palabras, judicializamos la política, lo cual no es fácil. Y a la vez, evitamos que se politice la justicia, que tampoco es sencillo, pero así pretendemos hacerlo, y día con día trabajamos”, dijo al recordar la transición del modelo político a la incorporación en 1996 del TEPJF al Poder Judicial de la Federación para resolver conflictos.

Por su parte el magistrado José Luis Vargas Valdez destacó que con la apuesta e inversión en democracia que ha hecho México, es prácticamente imposible retroceder autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

“La razón es muy simple, porque no depende de los órganos, sino que depende de la ciudadanía que no está dispuesta a retroceder”, remató.