La manera en la que las agencias federales estadounidenses ejecutan las leyes migratorias está por cambiar de manera significativa, pues están siendo empoderadas para deportar a muchos más migrantes indocumentados como parte de propuestas de mano dura que desarrolla el gobierno de Donald Trump.
Dos borradores de memorandos firmados el viernes por John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, presentan una misión agresiva para las autoridades migratorias que retiraría políticas, establecidas por Barack Obama, para centrar la deportación únicamente en criminales.
Los memorandos no han sido finalizados, pero reflejan la promesa de campaña de Trump de deportar a prácticamente todas las personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.
Entre los cambios más significativos en los borradores está la expansión de los procesos de deportaciones expeditas, bajo los cuales los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) pueden expulsar a los individuos de manera inmediata. Bajo las normas del gobierno de Obama, el proceso solo era usado en una zona de 160 kilómetros a la redonda de la frontera con México y para personas que llevaban menos de 14 días en Estados Unidos.
Los memorandos de Kelly prevén que el proceso sea ejecutada en todo el país y contra cualquier persona indocumentada que lleve hasta dos años ahí.
Las propuestas también buscan la posible persecución de los padres de niños que llegaron como menores no acompañados y después pudieron reunirse con sus familiares. Bajo las normas de Kelly, los padres serían acusados de tráfico o contrabando de menores.
Pero los memorandos parecen dejar fuera a los dreamers, migrantes jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Aunque algunos de sus padres podrían enfrentar una persecución bajo las nuevas pautas.
Para poder aplicar las nuevas propuestas, Kelly prevé contratar hasta 10.000 nuevos agentes migratorios y de aduanas, así como establecer más centros de detención y crear una oficina para ayudar a los familiares de personas asesinadas por migrantes indocumentados.
Las directrices también tienen la instrucción para ICE y la Oficína de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) de revivir un programa que recluta a policías locales y a alguaciles para ayudar con las deportaciones. Esa política, llamada 287g, vuelve a los oficiales locales en agentes migratorios de facto y fue reducida durante el gobierno de Barack Obama.
Texto completo en The New York Times
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