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La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) estimó este lunes la llegada de entre 3,000 y 6,000 migrantes diarios a la frontera sur de nuestro país, desde el comienzo de la actual ola migratoria en agosto pasado.

El organismo advirtió que México y la región enfrentan un incremento significativo en el número de personas en situación de movilidad, por lo que pidió fortalecer mecanismos que garanticen la no devolución de personas con necesidades de protección internacional.

“En 2023, más de 400,000 personas han atravesado la selva del Darién en Panamá. Se estima que, desde el mes de agosto, entre 3,000 y 6,000 personas llegan todos los días al sur de México, y en varias ciudades del país los albergues y otros espacios de recepción están saturados”, expuso la agencia.

Los cálculos de Acnur coinciden con los del Gobierno federal, pues recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha estimado el arribo de hasta 6,000 migrantes al día a la frontera sur y 10,000 a la frontera con Estados Unidos.

La agencia de la ONU afirmó que sus monitoreos evidencian que una alta proporción de las personas en movilidad en la región huyen de sus países por motivos de violencia, inseguridad y persecución, por lo que pueden necesitar protección internacional como refugiados.

Y es que México ha prometido colaborar con la deportación de migrantes rechazados por Estados Unidos tras una reunión en septiembre entre funcionarios mexicanos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP), aunque el Gobierno insiste en que son “retornos asistidos”.

Acnur reconoció “los grandes desafíos” que el flujo migratorio representa para las fronteras de nuestro país, pero pidió asegurar que estos procesos se implementen en pleno respeto al Derecho Internacional de los Refugiados y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“Ante la reanudación de las deportaciones de México a varios países, y para prevenir el riesgo de casos de devolución de personas con necesidades de protección internacional, Acnur recomienda que, previo a proceder con la deportación, se asegure que la persona no requiere protección internacional”, llamó.

Pese a lo informado por Acnur,  el presidente López Obrador negó esta mañana que haya un “desbordamiento” del flujo migratorio en el país, pese a admitir que ha crecido el número de extranjeros que atraviesan por territorio nacional para llegar a Estados Unidos.

“Nosotros lo que procuramos es ayudar a los migrantes y no hay desbordamiento a pesar de que ha crecido el flujo migratorio, ahí vamos ordenando las cosas porque trabajamos todos los días”, refirió el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

Al señalar que ha habido un incremento migratorio, “primero bajó y ahora está subiendo”, recordó que el próximo domingo tendrá un encuentro con mandatarios de 11 países de la región en Palenque, Chiapas, sureste de México, para hablar de la problemática.

“Estoy invitando a presidentes de países vecinos para analizar el problema y presentar un plan conjunto, con el propósito de bajar el flujo migratorio y ayudar nosotros, ayudarnos mutuamente para que no tengamos desgracias, para que no pierdan la vida los migrantes, para que no sufran”, afirmó.

López Obrador enfatizó en la importancia de abordar el problema migratorio de manera humanitaria y evitar la politización como, según dijo, sucede en Estados Unidos.

Dijo que aún no tiene la lista de los mandatarios que han confirmado su asistencia a la reunión para elaborar una propuesta migratoria conjunta que López Obrador presentará a Biden en una reunión en noviembre.

El gobierno estadounidense publicó este jueves una normativa para agilizar el proceso de asilo en los casos “creíbles” de miedo a persecución o tortura y expulsar “rápidamente” a quienes incumplan los requisitos, informó el Departamento de Justicia.

La nueva tramitación de asilo y deportaciones en la frontera entre Estados Unidos y México,  llega cuando un número récord de migrantes está intentando entrar en su territorio.

La mayoría de los migrantes varados en la frontera sur de Estados Unidos proceden de México y Centroamérica, pero cada vez son más los que llegan de lugares más lejanos buscando refugio, incluidos en las últimas semanas los ucranianos que huyen de la invasión rusa de su país, una acción que Moscú califica de “operación militar especial”.

Con esta nueva medida, los funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrán tratar las solicitudes de las personas que alegan que no pueden regresar a sus países por temor de ser víctimas de persecución o tortura.

Actualmente el proceso de asilo es competencia de los jueces de inmigración y suele tardar de varios años debido a la cantidad de solicitudes que reciben.

Esta normativa, con la que el gobierno del presidente Joe Biden espera reducir la demora a varios meses, está destinada a “garantizar que las solicitudes de asilo se procesen de manera justa, diligentemente y de acuerdo con el debido proceso”, afirmó el secretario de Justicia Merrick Garland.

“Ayudará a reducir la carga de nuestros tribunales de inmigración, protegerá los derechos de quienes huyen de la persecución y la violencia y permitirá que los jueces de inmigración emitan órdenes de expulsión cuando corresponda”, añadió.

Para el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, se trata de construir un sistema de asilo más funcional y sensato para garantizar que las personas elegibles reciban protección más rápidamente, mientras que las que no son elegibles sean expulsadas rápidamente.

En los casos en los que el temor de persecución o tortura es “creíble”, el solicitante pasará a una entrevista con un funcionario de asilo que recabará información y a continuación el USCIS decidirá si le otorga asilo. Si no se lo concede, el solicitante entra en un proceso de deportación ante un juez de inmigración.

Aunque la normativa simplifica las expulsiones, no se aplicará a los niños no acompañados.

Su puesta en marcha se hará de forma gradual, por fases, comenzando con un número limitado de personas que se irá ampliando a medida que la División de Asilo de USCIS se desarrolle y reciba más recursos, informa el comunicado.

Según el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales (TRAC), los tribunales de inmigración, dependientes del Departamento de Justicia, acumulan atrasos, con montañas de casos pendientes en los despachos de los jueces.

Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes se oponen al cambio de norma, cuyo objetivo es tramitar los casos en 90 días, por temor a que provoque más deportaciones.

Recordemos que el presidente Biden ha mantenido un polémico decreto conocido como Título 42, puesto en marcha en marzo de 2020 por su predecesor, Donald Trump, y que permite expulsar rápidamente hacia México u otros países a la mayoría de los migrantes sorprendidos cruzando la frontera para limitar la propagación del COVID-19.

El enviado especial del gobierno de Joe Biden para Haití renunció en protesta por las expulsiones “inhumanas” de migrantes haitianos a su país, dijeron funcionarios estadounidenses este jueves.

Daniel Foote fue designado al puesto en julio luego del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Desde antes de las expulsiones de los migrantes haitianos de Del Río, Texas, se sabía que el diplomático de carrera sentía profunda insatisfacción con lo que consideraba la falta de urgencia en Washington y la lentitud de los esfuerzos para mejorar las condiciones en el país caribeño.

Foote escribió al secretario de Estado, Antony Blinken, que renunciaba inmediatamente “con profunda desilusión y disculpas a los que buscan cambios cruciales”.

“No permitiré que me asocien con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país donde funcionarios estadounidenses están encerrados en cuarteles seguros debido al peligro que significan las pandillas armadas en la vida cotidiana”, escribió. “El enfoque de nuestra política para Haití sigue siendo profundamente defectuoso, y mis recomendaciones han sido ignoradas y descartadas, cuando no modificadas para proyectar una narrativa distinta de la mía”.

Dos funcionarios con conocimiento directo del asunto confirmaron la renuncia bajo la condición de anonimato por no estar autorizados a hablar públicamente sobre ello.

Uno de los funcionario dijo que Foote solicitó con insistencia una mayor supervisión de los planes para Haití y que el gobierno no consideraba que sus pedidos fueran apropiados.

La renuncia repentina de Foote deja un vacío en los planes de Estados Unidos para Haití y suma una nueva voz prominente y crítica a la respuesta del gobierno a los haitianos acampados en la frontera de Texas con México.

Se prevé que la embajadora de Estados Unidos en Haití, Michele Sison, otra diplomática de carrera, deje el puesto próximamente tras su designación como secretaria adjunta de asuntos internacionales de organización del Departamento de Estado.

Y es que el campamento se ha reducido considerablemente desde que superó las 13,000 personas el sábado, muchas de ellas expulsadas y muchas liberadas en Estados Unidos con órdenes de presentarse ante las autoridades de migración.

La Casa Blanca enfrenta fuertes críticas de ambos partidos. Los demócratas y muchos grupos defensores de los inmigrantes dicen que la expulsión de miles de haitianos sin darles la oportunidad de pedir asilo viola los principios estadounidenses. Además los han enfurecido las imágenes ampliamente difundidas de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo empleando tácticas agresivas contra los migrantes.

La Alianza Movilidad Inclusiva, una iniciativa impulsada por Amnistía Internacional (AI), pidió este miércoles a México suspender las deportaciones de migrantes centroamericanos mientras dure la pandemia de la COVID-19.

“La Alianza solicita al gobierno mexicano, en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que suspenda temporalmente, en lo que dura la pandemia de COVID-19, las deportaciones a El Salvador, Guatemala y Honduras, donde sus vidas y su salud corren riesgo”, expresó la alianza en un comunicado.

AI expresó su preocupación por los graves riesgos a la salud y otros derechos de los migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos como resultado de la política migratoria de México de continuar las detenciones y deportaciones.

La organización opinó que las autoridades migratorias de México violan “reiteradamente el principio de no devolución”, el cual prohíbe devolver a una persona a situaciones donde corre riesgo real de sufrir daños irreparables.

Señalan que México siguió deteniendo a miles de personas en condiciones inaceptables, a pesar de que la detención migratoria en tiempos de pandemia representa en sí mismo riesgos graves para la salud y la vida de las personas detenidas.

Y es que la alianza constató casos de hacinamiento en cuartos sin ventilación con otras 50 personas, ausencia de saneamiento de estaciones migratorias y falta de atención médica.

En su comunicado, AI citó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que el pasado agosto “reconoció la violación al derecho a la protección de la salud” de una persona migrante salvadoreña que falleció por la covid-19 tras permanecer en la estación migratoria de Ciudad de México.

Además, denunció que las autoridades mexicanas no realizan pruebas PCR antes de deportar y consideró que los centroamericanos “son susceptibles de agravar aún más la situación de sus derechos a la vida y a la salud” al ser retornados a sus países.

Por ello, insistió en suspender temporalmente durante toda la pandemia las deportaciones, adoptar medidas para que los migrantes detenidos sean informados sobre su derecho a solicitar asilo e implementar medidas sanitarias para quienes voluntariamente opten por su regreso.

La Corte Suprema de Estados Unidos votó este jueves a favor de ampliar los criterios de deportación de residentes legales permanentes que hayan cometido crímenes, lo que de acuerdo a diversos analistas sería una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump.

El máximo tribunal votó por 5 contra 4 a favor de mantener el criterio fijado por una corte inferior en un caso que involucra a Andre Martello Barton, un residente legal originario de Jamaica.

Esta decisión puede afectar a miles de personas con condenas, incluso por delitos menores, que viven legalmente en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hay más de 13 millones de residentes permanentes legales.

Estos delitos incluyen faltas relativamente menores que no implican tiempo de cárcel como delitos por abuso de sustancias o una acumulación de más de un cargo por hurto en tiendas.

La lucha contra la inmigración tanto legal como irregular fue un tema recurrente en la campaña de Trump en 2016 y un eje de su gobierno. La decisión de la corte llega luego de que se anunciara la suspensión por 60 días de la entrega de la “green card”, que otorga residencia legal.

El magistrado Brett Kavanaugh, que redactó la posición que prevaleció en el alto tribunal, indicó que los contraargumentos presentados por Barton son “poco convincentes”.

El juez señaló que durante el tiempo que Barton vivió en Estados Unidos fue condenado por crímenes en tres ocasiones diferentes en un periodo de 12 años incluyendo delitos por armas de fuego, portación de drogas y un cargo de agresiones con agravantes.

Kavanaugh admitió que deportar a un residente permanente es un proceso “desgarrador”, especialmente por las consecuencias para su familia y que es especialmente difícil cuando involucra a alguien como Barton “que vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos”.

Sin embargo, se alineó con la posición del gobierno a favor de la deportación.

Recordemos que en Estados Unidos, los residentes permanentes pueden apelar una orden de deportación, si han estado viviendo de forma continua en Estados Unidos.

La jueza progresista Sonia Sotomayor, que redactó la argumentación minoritaria en contra, dijo que Barton tuvo problemas de adicción y por eso fue condenado dos veces por posesión de drogas, pero que tras rehabilitarse no volvió a ser arrestado, fue a la universidad y tuvo cuatro hijos.

Con la opinión expresada hoy por la Corte, aquellos residentes legales que no tienen ciudadanía pueden ser tratados, a efectos de la regla, como quienes no gozan de la residencia legal, concluyó la jueza.

Los dreamers que eran protegidos por programa aprobado durante el gobierno del presidente Barack Obama, que el mandatario Donald Trump ordenó se terminará el 5 de marzo próximo, no son el blanco de deportaciones siempre y cuando no tengan antecedentes penales, dijo este martes el jefe del despacho de la Casa Blanca.

 

John Kelly también desestimó la idea de una corta extensión del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que terminará el 5 de marzo, para dar al gobierno y el Congreso más tiempo para que lleguen a un acuerdo legislativo. “La presión los hace trabajar”, dijo sobre el Congreso.

 

Un juez federal ha bloqueado de manera indefinida al gobierno de Trump para que no pueda terminar las protecciones de DACA para los dreamers, que fueron traídos a Estados Unidos de niños y viven en este país de manera ilegal. El plan los protege de la deportación y les da permiso de trabajo.

 

Las declaraciones de Kelly parecían tener la intención de aliviar las preocupaciones de personas que creen que podría haber deportaciones de dreamers después de que termine el programa. Kelly describió el largo proceso legal que enfrentan los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos, y que generalmente toma años, antes de ser deportados. Dijo que un inmigrante sin autorización que no comete delitos graves “nunca va a dar en la mira de nadie. Ellos no son una prioridad para la deportación”, afirmó.

 

Con información de AP / Foto: Archivo APO

En el marco de su visita a Italia, el canciller de México, Luis Videgaray, dijo que el número de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos se ha visto reducido este año en comparación con el anterior, bajo la  administración del republicano Donald Trump.

 

“Si comparamos las deportaciones que han ocurrido entre enero y septiembre de este año 2017 contra el mismo periodo del año anterior (…) vemos que hay una reducción del 31 %”, indicó el canciller.

 

Videgaray señaló que  “el fenómeno migratorio ha cambiado de manera profunda en los últimos años”, al pasar su país de lugar de origen a zona de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos.  “Son más los mexicanos que regresan a México que los que van a Estados Unidos. Desde hace diez años el flujo migratorio tiene un saldo neto migratorio negativo”, indicó.

 

“Es un hecho que la administración de Trump tiene una narrativa distinta respecto al fenómeno migratorio respecto a administraciones anteriores, pero es un hecho también que los datos no apuntan a un aumento por ejemplo de las deportaciones”, subrayó.

 

 

Con información de EFE / Foto: Twitter

Durante una entrevista que brindó a la agencia Associated Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no serán deportados los más de 750 mil jóvenes que se encuentran actualmente protegidos por el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

 

Luego de saberse el caso de Juan Manuel Montes, joven mexicano que aparentemente contaba con la protección de DACA y que fuera expulsado de los Estados Unidos, el republicano reiteró su compromiso de no tocar a los dreamers,  “no voy a por los dreamers, vamos a por los criminales (…) Esa es nuestra política”.

 

Recordemos que al llegar a la Casa Blanca, Trump aseguró que el caso de los jóvenes indocumentados protegidos de la deportación lo iba a tratar “con corazón”, a pesar de que esta semana la administración del magnate defendiera la expulsión de Montes, quien denunció al gobierno de Trump para exigir información para justifique su deposrtación, pues de acuerdo a los abogados de Montes, sería el primer dreamer deportado.

 

Por su parte el secretario de Seguridad Nacional del país vecino, John Kelly, sostuvo que Montes perdió su protección, misma que en un principio se le había concedido hasta 2018, y que de acuerdo a Kelly perdió por culpa de su “mal comportamiento”.

 

 

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Este viernes se informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra analizando la posibilidad de reasignar jueces de inmigración de forma temporaria a 12 ciudades, con el objetivo de avanzar con los procesos de deportación de los inmigrantes ilegales que hayan sido acusados de cometer delitos.

 

Debido a la cantidad de casos que se tienen, las autoridades han solicitado voluntarios para las reasignaciones sin especificar el número de jueces que serán reubicados, ni los lugares a los que serán enviados. Entre las ciudades apuntadas destacan Nueva York, Los Angeles, Miami, Nueva Orleáns, San Francisco, Baltimore, El Paso, Nebraska y Phoenix.

 

De acuerdo a un portavoz de la oficina del Departamento de Justicia que administra las cortes de inmigración,  confirmó que las ciudades fueron elegidas que apesar de tener una lista de probables ciudades, aun no se elabora el plan definitivo.

 

Se ha reportado que la intensificación de las deportaciones y la necesidad de agilizar los casos, está en línea con las medidas que ha puesto en marcha el presidente Donald Trump, ya que a pesar de ser algo inusual, esta acción se toma como parte del decreto firmado por Trump en enero, en el que se especifica que los inmigrantes con casos criminales pendientes son prioridad para deportación.

 

 

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

Como parte de su participación en el foro de discusión sobre Mujeres y Migración, como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el embajador de México de Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez señaló que una parte de la defensa consular que se comenzará a implementar se enfocará en la protección de mujeres y niñas.

 

Se refirió a que el gobierno de México buscará evitar que las madres indocumentadas y sus hijos sean separados durante lostrámites de deportación migratoria,  tal como lo aseguraran las autoridades del país vecino. “La red consular reaccionará rápida y efectivamente para asegurar que madres e hijos no sean separados durante el proceso de deportación”, afirmó Gutiérrez.

 

Luego de que el secretario John Kelly, confirmara que se considera separar a padres de sus hijos cuando busquen ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México, autoridades mexicanas, encabezadas por el canciller Luis Videgaray, se han expresado en contra de la propuesta e incluso, Videgaray indicó haber expresado a Kelly , el rechazo total y la “grave preocupación” del gobierno de México ante dicha situación.

 

 

 

 

Con información de UnoTV / Foto: Archivo APO

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray señaló que el gobierno mexicano se encuentra preocupado por el anuncio de la separación de familias al momento de sus deportaciones.

 

En conferencia de prensa, explicó que se trata de un daño irreversible a muchas familias mexicanas indocumentadas en el país vecino.

 

Añadió que el anuncio no es definitivo, pero se ha dado a conocer como una posibilidad, por ello, entregó una propuesta para que en todos los viajes que realicen los senadores y senadoras para entrevistarse con legisladores, políticos, organizaciones civiles y para visitar consulados y embajadas en Estados Unidos, estén acompañados por personal de la cancillería.

 

Por la mañana, Luis Videgaray sostuvo una reunión privada con el Senado, para definir un acuerdo legislativo para regular las negociaciones entre México y Estados Unidos en el que se busca dar respuesta a las políticas públicas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como oponerse firmemente a la construcción de un muro en la frontera común, por representar un acto contrario a la buena vecindad.

 

 

Con información de Agencias

En la conferencia de prensa que se ofreció este medio día, el secretario de Seguridad Nacional Estados Unidos,  John Kelly, indicó que  “no habrá deportaciones masivas” y que las fuerzas armadas no participarán en los operativos migratorios.

 

Acompañado de Videgaray y Osorio Chong, en estadounidense aprovecho para reiterar que  “quiero dejar muy claro que no habrá deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional de EU actuará conforme a derecho, respetando los derechos humanos… no se hará uso de la fuerza militar en ellos operativos de deportaciones y en la frontera. Será un operativo sistemático organizado enfocado a la entrega de resultados, defendiendo la dignidad humana. No se hará uso de la fuerza armada en las deportaciones”.

 

Resaltó que de acuerdo a lo que la administración del presidente Donald Ttrump tiene contemplado, las deportaciones serán sobre “gente con antecedentes criminales, conforme a nuestro marco legal, y todo esto se hará como siempre con estrecha colaboración con el gobierno de México”.

 

Añadió que su gobierno está comprometido “con el éxito y la prosperidad del comercio en ambos lados de la frontera y para benecio de nuestras dos naciones. Lo que ocurre en México afecta la seguridad de EU y viceversa… la migración debe ser segura, legal y ordenada. Tenemos que reconocer la peligrosa travesía que emprenden muchos centro y sudamericanos para llegar a Estados Unidos y el tráfico de personas que buscan mejores oportunidades en nuestra nación. También es cierto que se tiene que reconocer el flujo de armas y capitales de EU a México ”.

Este martes se dieron a conocer las nuevas directrices que la administración del presidente Donald Trump ha decidido implementar. Los textos fueron divulgados y firmados por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. En ellos se marcan una serie de directrices que parten de que “el auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de EU”.

 

Las directrices son:

 

  • Ordena la contratación de 10 mil empleados para la agencia de control de inmigración (ICE).
  • También 5 mil nuevos empleados para la guardia fronteriza (CBP).
  • Otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales.
  • Permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.

 

Respecto al muro fronterizo, indica:

 

  • El Departamento de Seguridad Nacional detalló tres lugares prioritarios para comenzar la construcción del muro con México.
  • Son las cercanías de El Paso (Texas); Tucson (Arizona) y El Centro (California) donde la valla y la división es inservible o las instalaciones presentan muchos defectos.
  • A partir de ahí ordena “identificar y asignar de inmediato todos los recursos disponibles para planear, diseñar, construir y mantener un muro.
  • Esto incluye la iluminación, la tecnología (sensores)”, y “preparar las peticiones de presupuesto del Congreso para este año fiscal y para los siguientes”.

 

Se detalla que la construcción del muro fronterizo se dará inicio con recursos propios (de Estados Unidos).

 

Los puntos cruciales tienen que ver con los sustentos legales para detener a migrantes:

  • No solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos.
  • A todos aquellos que “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”.
  • A cualquier inmigrante indocumentado acusado de cualquier delito que no haya sido resuelto.
  • Aquellos que haya cometido actos que constituyen un delito que puede ser encauzado penalmente.
  • Quienes hayan cometido fraude contra el gobierno federal.
  • En el memorándum se indica que “ya no eximirá clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”.

 

Cabe destacar que los jóvenes conocidos como “Dreamers” quedarán exentos de estas nuevas regulaciones, lo que implicaría que el republicano no cumpliría (por ahora), una de sus principales promesas de campaña.

 

 

 

 

Con información de Político.mx / Foto: Archivo APO

La manera en la que las agencias federales estadounidenses ejecutan las leyes migratorias está por cambiar de manera significativa, pues están siendo empoderadas para deportar a muchos más migrantes indocumentados como parte de propuestas de mano dura que desarrolla el gobierno de Donald Trump.

 

Dos borradores de memorandos firmados el viernes por John Kelly, el secretario de Seguridad Nacional, presentan una misión agresiva para las autoridades migratorias que retiraría políticas, establecidas por Barack Obama, para centrar la deportación únicamente en criminales.

 

Los memorandos no han sido finalizados, pero reflejan la promesa de campaña de Trump de deportar a prácticamente todas las personas que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.

 

Entre los cambios más significativos en los borradores está la expansión de los procesos de deportaciones expeditas, bajo los cuales los agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) pueden expulsar a los individuos de manera inmediata. Bajo las normas del gobierno de Obama, el proceso solo era usado en una zona de 160 kilómetros a la redonda de la frontera con México y para personas que llevaban menos de 14 días en Estados Unidos.

 

Los memorandos de Kelly prevén que el proceso sea ejecutada en todo el país y contra cualquier persona indocumentada que lleve hasta dos años ahí.

 

Las propuestas también buscan la posible persecución de los padres de niños que llegaron como menores no acompañados y después pudieron reunirse con sus familiares. Bajo las normas de Kelly, los padres serían acusados de tráfico o contrabando de menores.

 

Pero los memorandos parecen dejar fuera a los dreamers, migrantes jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños. Aunque algunos de sus padres podrían enfrentar una persecución bajo las nuevas pautas.

 

Para poder aplicar las nuevas propuestas, Kelly prevé contratar hasta 10.000 nuevos agentes migratorios y de aduanas, así como establecer más centros de detención y crear una oficina para ayudar a los familiares de personas asesinadas por migrantes indocumentados.

 

Las directrices también tienen la instrucción para ICE y la Oficína de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por su sigla en inglés) de revivir un programa que recluta a policías locales y a alguaciles para ayudar con las deportaciones. Esa política, llamada 287g, vuelve a los oficiales locales en agentes migratorios de facto y fue reducida durante el gobierno de Barack Obama.

 

 

 

 

Texto completo en The New York Times

Foto: 

Durante su participación en el foro de diálogo “Escenarios y prospectivas de la relación México-Estados Unidos”, organizado por la cámara de diputados, Patricia Olamendi, consultora de ONU Mujeres, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para revisar las nacionalidades de los deportados provenientes de Estados Unidos, para evitar recibir ciudadanos estadounidenses integrantes del crimen organizado y con antecedentes penales.

 

Olamendi destacó que la crisis delincuencial que se vive en el centro del continente es a causa un esquema de supuesta repatriación de delincuentes que ha impulsado Estados Unidos sin considerar los alcances que podría tener. “Estados Unidos convirtió a Centroamérica en una cárcel a cielo abierto; les mando a toda la ‘Mara Salvatrucha’ a la ‘M 19’, originaria de los Ángeles, que no había nacido en territorio centroamericano sino que había nacido en Estados Unidos y se las mandó; esa zona es ahora la más peligrosa del mundo”, explicó.

 

Advirtió a las autoridades sobre otro punto a considerar, que los connacionales que regresen a México, tengan garantizado el traslado desde la frontera norte del país hasta su destino, sin que les sean despojados sus bienes o violentados sus derechos.

 

 

 

Con información de Excelsior / Foto: Archivo APO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a jefes policíacos unirse a los esfuerzos de su gobierno para deportar indocumentados.

“Ustedes tienen ese poder. Ustedes conocen a los ilegales; ustedes los conocer por sus nombres, ustedes los conocen por sus apodos, ustedes tienen ese poder”, dijo ante la Asociación Nacional de Sheriffs.

El presidente además ofreció dar a las policías las armas que requieren para enfrentar la violencia que viven algunas zonas, de la cual culpó a pandillas, narcotraficantes e indocumentados.

“Es hora de evitar que las drogas inunden nuestro país, y por cierto, lo haremos. Y diré esto: (el) general, ahora secretario (de Seguridad Interna, DHS, John) Kelly será el hombre que lo hará, y le daremos un muro, y será un muro real” agregó.

 

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO