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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos nuevas medidas de racionalidad y disciplina presupuestarias e instruyó a Juntas Locales y Distritales a implementar procesos innovadores que ayuden a afrontar las condiciones de austeridad.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que con dicho proyecto, no sólo se da cumplimiento a lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino que reafirma el compromiso del Instituto con la austeridad y eficacia en el uso de recursos públicos.

“Ningún órgano del Estado ha tomado decisiones de esta naturaleza, atendiendo justamente a la responsabilidad de esta institución y a la coincidencia de la misma, respecto de los momentos de precariedad o de dificultad económica que ha enfrentado la sociedad mexicana”, sostuvo.

Lorenzo Córdova dijo que, pese al difícil contexto en que se colocó al INE con el recorte de 950 millones de pesos a su presupuesto para el 2019, para no poner en riesgo ninguno de los derechos de las y los ciudadanos, ni las condiciones de equidad en la competencia, se está en negociaciones con la Secretaria de Hacienda para solicitar una ampliación presupuestal.

Pese al cabildeo que se hace con Hacienda, el consejero presidente enfatizó que el INE no dejará de lado el compromiso con las medidas de austeridad, “que siempre han sido acompañadas por este Instituto”.

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió con la tradición de la fotografía presidencial en las oficinas del Gobierno Federal que fue costumbre en administraciones pasadas, con la imagen del mandatario en turno vigilante sobre las instituciones y servidores públicos.

De acuerdo con Milenio, López Obrador optó por no tener la fotografía oficial, por lo que desde el pasado 1 de diciembre retiraron las imágenes de ese tipo en las oficinas de gobierno.

“Es el respeto a la investidura, pero no la promoción de la persona”, señaló al respecto el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Esta determinación del Presidente no es nueva. Durante su gestión en el entonces Distrito Federal (2000-2005), el tabasqueño tampoco tuvo una fotografía oficial como jefe de Gobierno. En ese tiempo, López Obrador decidió usar, en cambio, una imagen de Benito Juárez y parte de la frase del Benemérito de las Américas: “Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía”.

Distintos integrantes de su primer círculo aseguran que, incluso, le han propuesto pagar por la fotografía oficial para continuar con la simbología republicana, pero el tabasqueño lo ha rechazado.

El propio López Obrador recurre al tema de la austeridad para romper con la tradicional foto presidencial.

Tan solo en la pasada administración se gastaron más de 2 millones de pesos en la sesión, impresión, montaje y reproducciones de la imagen de Enrique Peña Nieto.

SALVADOR CAMARENA

EL FINANCIERO

En estos días han arreciado las polémicas por las declaraciones patrimoniales de los funcionarios de un gobierno federal que se ha autoimpuesto la obligación de no ser “como los de antes”, de no sólo declarar sus bienes y conflictos de interés, sino transparentarlos al máximo.

Secretarios que a regañadientes han soltado prenda, funcionarios que culpan al sistema Declaranet de la Función Pública de no ayudar mucho que digamos a la hora de detallar sus bienes y conflictos, etcétera.

La polémica más reciente envuelve a la secretaria de Gobernación, a quien le apareció un departamento en Texas que no estaba en la declaración que cualquier hijo de vecina puede consultar en Internet.

Pero podría haber otros casos de igual o mayor suspicacia que el de los enredos patrimoniales de la exministra de la Corte. Por ejemplo, el de Alfonso Romo, mejor conocido como Poncho Romo, empresario norteño de fama internacional.

Tratar de resumir en un par de líneas las ramas de la economía en las que ha incursionado Romo, sería injusto con este hombre inquieto, que lo mismo es un criador de caballos de renombre mundial que un empresario non de la innovación. Y que hoy es, luego de haber ayudado a llegar a Palacio Nacional a Andrés Manuel López Obrador, su jefe de oficina en la Presidencia.

Romo ha presentado una declaración patrimonial y de intereses de lo más peculiar. Declara un solo automóvil (Land Rover de 3 millones 972 mil de pesos), dos terrenos (ni una casa habitación, ni casa chica ni grande, pues), y cero muebles (nada, ni un escritorio donde redactar sus memorias, ni un sillón para leer ni una obra de arte, vaya, así fuera una de esas de papel de china de Chucho Reyes que ya son plaga). Válgame, ni un caballo de los que tanto gusta (fue jinete olímpico) se ha quedado luego de entrar a la política.

Poncho el austero le van a empezar a decir sus amigos. Todo eso de acuerdo con su declaración, en la que da cuenta de deudas por unos 550 mil pesos, y unos ingresos mensuales por 1 millón 543 mil pesos.

¿Cómo pudo pasar Poncho Romo, de ser un empresario de la lista de millonarios de la revista Forbes, a un cuasifranciscano con un ingreso de sólo millón y medio de pesos al mes? Ese es el reportaje que la prensa no hemos publicado. A quién encargó sus empresas, a quién dejó el manejo de su capital.

En su declaración patrimonial, Romo expone que en noviembre abandonó su puesto en Vector Empresas, en esa fecha dejó de ser presidente honorario, y dejó de ser consultor estratégico de Vector Casa de Bolsa, una firma que es considerada una de las mejores del país. Dejó asimismo el consejo de administración de Synthetic Genomics Inc., cargo que tuvo 13 años, e igual pasó con el J. Craig Venter Institute.

Y declaró que no tiene conflicto de interés alguno. En ese renglón declara que no tiene puesto, cargo, comisión, actividades, poderes (ni él ni su cónyuge o concubina, o sus dependientes económicos) en asociaciones, sociedades, consejos, filantropía y/o consultoría. Nada. Y declaró que no tiene participaciones económicas o financieras (ni él, su cónyuge o dependientes económicos).

En su declaración reconoce inversiones por menos de 6 mdp, pero hay una cuenta que no tiene monto. Se asume que ésa es una que tiene con alguien más, pues “sólo se incorpora la información reportada de cuentas e inversiones a nombre del declarante y del declarante y su cónyuge, en este último caso se omite el monto”.

Aquí llegamos al nudo del asunto: ¿Romo metió todo su dinero ahí, en esa cuenta de la que no tenemos detalles? ¿Por qué no la transparentó? Y si sí, en qué banco está, en qué instrumentos, con qué instrucciones a sus manejadores… ¿Lo metió en un fideicomiso? ¿O donó todo?

Estas preguntas no son sobre el patrimonio de Romo, público en muchos sentidos por sus múltiples y exitosas actividades empresariales. Son en torno al probable conflicto de interés en que pudiera caer el exempresario que ahora despacha como funcionario.

Porque a Romo, como se sabe, el presidente López Obrador le ha confiado algunos encargos específicos, como los bancos de desarrollo Nacional Financiera y del Comercio Exterior.

¿Se imaginan que se llegue a dar el caso que en esos bancos, a cuyo frente hizo nombrar a uno de sus añejos colaboradores, lleguen proyectos que afecten a las empresas que él creó, o que beneficien a esos negocios que él durante buena parte de su vida, y hasta hace muy poco, promovió? ¿O que afecten el destino de su dinero… invertido o donado?

Vaya que la prensa tiene una chamba pendiente en torno a qué hizo Romo para blindarse de caer en la tentación del conflicto de interés. Y vaya que Romo tendría que ser el primer interesado en que esa historia se conociera bien, y pronto.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Gobierno está dispuesto a pasar de la austeridad republicana a ‘una pobreza franciscana’ para destinar más fondos al bienestar y desarrollo de México.

“El gasto (del Gobierno) es mínimo, estamos en la austeridad republicana y si se necesita para transferir todos los fondos al pueblo para que haya desarrollo, trabajo y bienestar, el Gobierno va a entrar a una fase superior, vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, nada de derroche”, afirmó el tabasqueño.

La expresión hace referencia a la orden de los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís. Una de las características de los monjes de esta orden es el voto de pobreza por el que llevan una vida austera.

Entre las medidas de la política de austeridad republicana está el hecho de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, cuestión establecida en la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, el salario mensual de López Obrador es de 108 mil 376 pesos al mes.

La declaración del mandatario se dio después de que el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, fuera cuestionado sobre el salario mensual de 149 mil pesos que incluyó en su declaración de bienes.

El vocero señaló que dicha cifra corresponde al sueldo del puesto establecido por el Presupuesto de Egresos de 2018, mientras que a partir del 1 de enero su salario ya se encuentra por debajo del que percibe López Obrador.

“En mi caso, la declaración tiene fecha de 1 de diciembre Cuando entramos el 1 de diciembre entramos con el salario de los funcionarios anteriores”, indicó Ramírez.

El funcionario agregó que los trabajadores de la administración federal que están recibiendo un sueldo mayor a los 108 mil pesos están devolviendo el dinero excedente.

Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , anunció las primeras acciones de reestructuración en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Indicó que con el fin de adelgazar y hacer más eficiente al Consejo, se decidió desaparecer la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Recursos Personales y dos de sus direcciones generales.

Zaldívar sostuvo que dicha acción responde a la política de austeridad que es impulsada desde la Presidencia de la Suprema Corte y que va en línea con las medidas que se están tomando desde el gobierno federal.

Señaló que las responsabilidades que se ejercían desde la Secretaría Ejecutiva que desaparece, quedarán a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Administración.

“De esta forma, el Poder Judicial de la Federación cumple su compromiso de hacer más, con menos”, remató.

 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) planea limitar la creación de plazas académico-administrativas y de confianza, así como otros gastos por plan de austeridad.

Este lunes, en su gaceta, la máxima casa de estudios publicó 27 medidas que se implementarán en este 2019 como parte de su Programa de Racionalidad Presupuestal.

En las negociaciones presupuestales en la Cámara de Diputados en 2018, la UNAM se comprometió a aplicar una política de austeridad que presentaría en enero. Su rector, Enrique Graue Wiechers, dijo que devolvería a la tesorería universitaria una parte de su salario y lo hizo la semana pasada, al reembolsar 22 mil 350 pesos de su primera quincena del año.

La institución “se identifica plenamente con los principios de racionalidad, austeridad, disciplina, transparencia, eficacia y eficiencia en el uso y aplicación de los recursos que la sociedad le ha confiado”, e indica que la casa de estudios es auditada de manera interna y externa, y su cuenta pública es entregada a la Cámara de Diputados.

Asimismo, destaca que sin afectar sus funciones sustantivas, “no puede ser ajena a los esfuerzos para mejorar la calidad de la inversión pública” impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El plan de austeridad será de carácter obligatorio y aplicable a todas las entidades académicas y dependencias universitarias que integran la casa de estudios y el propósito es generar ahorros en el presupuesto 2019, que se aplicarán para reforzar las funciones sustantivas de la Universidad.

Graue y el presidente del Patronato de la UNAM, Alonso Gómez Robledo, firmaron el documento que contiene una serie de medidas como que en 2019 no habrá creación de plazas académico-administrativas, de confianza, ni administrativas de base, con excepción de las que habrán de destinarse a la atención de nueva infraestructura y para las dependencias destinadas a vigilancia, seguridad y protección civil, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

En tanto para la creación de nuevas plazas académicas sostendrán la política de contar con el dictamen aprobatorio de la Secretaría General de la Universidad y su creación dependerá de la disponibilidad presupuestal con que cuente la Institución.

Asimismo, se señala que no se otorgará incremento salarial al personal con nombramiento de funcionario, que se reducirán los gastos en los Centros de Estudios Mexicanos en el extranjero hasta en un 20%.

También se aplicará una reducción del 10% en la partida correspondiente a viáticos para el personal y en la de pasajes aéreos.

Se plantea, además, que la asignación al Programa de Extensión y Colaboración Académica se reduzca en un 10%. Los recursos asignados para reuniones de trabajo se reducirán en un 50% y se mantendrá una política de no realizar erogaciones para cubrir eventos de fin de año ni obsequiar regalos con este motivo.

El presidente del Senado, Martí Batres, hizo un llamado a los Congresos locales que no disminuyeron su presupuesto para que establezcan las medidas de austeridad republicana, esto luego de que indicara que en algunos casos en lugar de disminuir aumentaron su presupuesto.

“Lo que está esperando la nación es que haya reducción. Si hay una exigencia de este tipo al Poder Judicial Federal, a órganos autónomos nacionales y si las dos Cámaras del Congreso de la Unión han hecho lo correspondiente, los congresos locales de todos los estados de la República también deben disminuir su presupuesto y tomar medidas de acuerdo con un plan de austeridad republicana”, expresó el legislador.

Al respecto, Batres informó que el Senado transferirá 281 millones 537 mil 756 pesos a la Tesorería de la Federación, recursos que corresponden a los ahorros que instauraron en los primeros cuatro meses de la actual Legislatura.

Precisó que las medidas de austeridad en dicho lapso permitieron a la Cámara de Senadores ahorrar 599 millones 600 mil pesos. De esa cifra, agregó, 380 millones 102 mil 438 pesos se destinaron a pagar las liquidaciones del personal de estructura y de honorarios que dejó de laborar en este órgano legislativo.

El morenista recordó que el gobierno de la República está destinando los excedentes, producto de políticas de austeridad en diversos órganos del Estado, a proyectos de infraestructura como los caminos en los pueblos, el Tren Maya, la construcción de nuevas refinerías, así como a programas sociales como la construcción de cien universidades, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la pensión universal para adultos mayores y el programa de apoyo a personas con discapacidad.

 

Luego de que en diciembre pasado el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunciara que devolvería una parte de su sueldo como parte de las medidas que en la Máxima Casa de Estudios se implementan en línea con la política de austeridad del gobierno federal, este viernes se informó que se realizó la primera devolución del sueldo.

“Coincidiendo con la visión de austeridad marcada por el presidente de la República, el Rector Graue regresará parte de su salario a la Tesorería a partir de la primera quincena de enero”, dijo la UNAM en un comunicado en diciembre pasado.

Al respecto, este viernes la UNAM informó que en cumplimiento con el compromiso adquirido de “reducir su salario en un monto similar al del presidente de la República”, el Rector reembolsó a la Tesorería de la UNAM la cantidad de 22 mil 350 pesos, correspondiente a la primera quincena de enero.

Adelantó que en los próximos días se dará a conocer una serie de medidas que reforzarán el programa de “racionalidad presupuestal”.

Si bien la UNAM informó sobre la cantidad que se devolvió, no se ha especificado el porcentaje del suelo al que corresponde. Según algunos medios, hasta el año pasado el Rector Graue recibía un sueldo mensual de 177,868 pesos, que supera el nuevo monto que se impuso el Presidente de la República y que asciende a 108,248 pesos.

 

Al ser cuestionado sobre los recortes que se incluyeron en el Presupuesto 2019 a los órganos autónomos, en particular el Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que fue una decisión de los Diputados y no de él.

“Es una decisión de la Cámara de Diputados. Yo recuerdo cuál es el procedimiento: El Ejecutivo envía el presupuesto y la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva, es una facultad constitucional de aprobar el presupuesto”, sostuvo el mandatario.

Señaló que si en la Cámara de Diputados se hicieron ajustes al presupuesto del INE, es un asunto que compete exclusivamente a ellos, aunque dijo que comulga con la idea de que todos deben hacer un esfuerzo de austeridad. Subrayó que aún con los ahorros, se pueden cumplir con todas las funciones que se tienen.

Enfatizó que ninguna institución debe excederse en gastos, pues dijo que la austeridad debe ser completa, que cueste menos el gobierno, ya que en los últimos años le costaba mucho al pueblo mantenerlo.

Fue ahí donde dijo que como parte de las medidas de austeridad, sería muy importante que los partidos políticos, de manera voluntaria, devolvieran cuando menos la  mitad de sus prerrogativas.

El comentario del Presidente llegó luego de un fuerte cuestionamiento, ya que los legisladores decidieron dejar en la “congeladora” la iniciativa que recortaría el presupuesto de los partidos, por lo que para el próximo año tendrán intactos sus recursos.

 

Durante su conferencia matutina, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a revisar los despidos masivos que se han producido en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que han sido ventilados desde la tarde-noche de ayer en redes sociales.

El mandatario se limitó a decir que “lo voy a revisar, se están respetando los derechos de los trabajadores de base, sindicalizados”, sin embargo no especificó qué sucede en el caso de los trabajadores de confianza.

Insistió que tal como lo prometió en campaña, el “ajuste es arriba”, esto en referencia a que se terminaría con los puestos de alto nivel para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores que menos ganan.

Y es que a través de las redes sociales, se han difundido diversos videos en los que se muestra como empleados de confianza del SAT son informados que a partir de este viernes 21 de diciembre, ya no podrán ingresar a las instalaciones a laborar, pues tienen indicaciones de reducir la plantilla de trabajadores como parte de las medidas de austeridad implementadas por el nuevo gobierno.

El periódico El Universal reporta que los despidos se han presentado en oficinas de Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y la Ciudad de México.

En el caso de Guanajuato, uno de los que más se viralizaron en redes, se reporta que al menos 200 trabajadores han sido despedidos en la de oficina de Irapuato. Incluso se les pidió firmar su renuncia ya que de no hacer, de cualquier forma serían cesados.

Otro de los casos que más atención recibió debido al número de afectados, fue Michoacán, donde los despidos se efectuaron en plazas como Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Morelia, afectado a un total de 204 trabajadores.

 

Tras la polémica que se ha generado en torno al Presupuesto 2019 que presentó el gobierno federal, la Secretaría de Cultura dijo que las prioridades expresadas en el presupuesto para el sector cultural son las mismas que se plantearon durante la campaña electoral y periodo de transición.

Señaló que los principios de distribución del gasto público en la dependencia serán: austeridad, legalidad, racionalidad, transparencia, eficiencia, honestidad y combate a la corrupción, por lo que defendió que “la orientación del paquete económico 2019” va en ese sentido.

Aseguró que en el presupuesto presentado hay recursos suficientes para las actividades sustantivas del sector cultural, pues los recortes aparecieron en las partidas administrativas que corresponden al plan de austeridad y que se implementaron en todas las dependencias.

“Se garantiza el apoyo a los creadores, cineastas, artesanos y artistas; así como a bibliotecas, museos y promoción cultural nacional e internacional. Los programas inerciales se revisaron a través de la evaluación de su diseño, la implementación, los resultados y el contexto en el que se desarrollan”.

Explicó que las reducciones corresponden a los rubros de: duplicidad de funciones, -2.1%; materiales y suministros, -9.3%; servicios generales, -5.8%, este último rubro incluye rentas onerosas, contratos de vehículos, gastos superfluos y privilegios de altos funcionarios.

Por el contrario, explicó que el presupuesto para las actividades culturales creció en un 52% y enfatizó que el ejercicio de dichos recursos será en beneficio directo de los artistas, creadores y colectivos culturales de las comunidades.

Finalizó asegurando que se presentó un presupuesto “transparente y responsable”.

 

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, negó que exista una “disputa” entre legisladores de su grupo parlamentario y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esto debido a las diferencias que ha ocasionado la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El legislador dijo que las políticas de austeridad se realizarán respetando la ley, y reconoció que la Corte solo “está cumpliendo su función constitucional”.

Sin embargo, Delgado Carrillo aceptó que si existe una disputa, pero dijo, “se encuentra en otro lado”. Explicó que las diferencias están con los partidos que defienden un régimen de “excesos y privilegios”. Señaló a los legisladores de oposición quienes fueron los que presentaron la acción  de inconstitucionalidad que frenó la aplicación de la Ley.

Las declaraciones del legislador se dieron luego de una reunión que sostuvo junto a Pablo Gómez, con algunos ministros de la Corte,  entre los que destacó el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar. Delgado confirmó que les fue informado que en la Corte “están apegados a la política de austeridad impulsada por el Presidente de la República”, y como muestra de ello dijo que el Poder Judicial va a presentar ahorros por más de 5 mil millones de pesos.

“Tuvimos el compromiso de mantener el diálogo, dejar muy en claro que no hay una disputa, no estamos en contra de los ministros, estamos en favor de una austeridad republicana”, remató el morenista.

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, indicó que como parte de las medidas de austeridad que se han adoptado en el organismo, en su propuesta de presupuesto para 2019 se plantea reducir en 20% el sueldo anual de los altos funcionarios.

Córdova Vianello dijo que dicho porcentaje representa una reducción de 500 mil pesos a la remuneración anual de cada uno de los 12 integrantes del Consejo General del INE, respecto a lo que percibieron este año.

Apuntó que el presupuesto solicitado plasmado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es de 11 mil 300 millones de pesos, cifra 38% menor al aprobado para 2018, pese a que este año se realizaron elecciones federales.

El consejero presidente de INE precisó que de los 11 mil 300 millones de pesos, que eventualmente aprobaría la Cámara de Diputados, el 32% será para cubrir el costo de la expedición de alrededor de 15 millones de credenciales para votar y el 34% para los gastos de organización de comicios en los estados.

“El presupuesto que presentamos es el más bajo de la historia del INE (…) es totalmente austero, no estamos pidiendo ni un peso, ni un centavo que no necesitemos para cumplir con nuestras funciones constitucionales y para garantizar los derechos que nos corresponde garantizar a los mexicanos”, enfatizó Lorenzo Córdova.

Sobre la polémica que hay respecto a bajar los sueldos de los altos funcionarios, dijo que el INE está “en una lógica completamente comprometida” con adoptar políticas de austeridad, y recordó que en el sexenio pasado se propuso la reducción de su presupuesto en dos ocasiones, pero en una no se logró porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no lo permitió.