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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que esta tarde revisaría junto al equipo de la Secretaría de Hacienda las estructuras administrativas del gobierno federal, a partir de la política de austeridad republicana que se ha instaurado.

«Hoy tenemos ya esa reunión y a fin de mes ya se define cómo queda la nueva estructura de gobierno, que va a ajustarse como lo planteamos, va a ser un gobierno austero», reiteró el mandatario.

En relación al tema, dijo que no va a haber asesores; enfatizó que al desaparecer dicho cargo se lograrán grandes ahorros, porque los asesores cobraban mucho; acusó que eran personas bien atendidas que en muchos casos eran plazas que se entregaban a los amigos de los altos funcionarios públicos.

Acusó que esas personas no asesoraban nada, sino que dichas plazas se abrieron para mantener un trabajo a alguien cercano.

Aclaró que sólo permanecerá un equipo de asesores de cinco personas en todo el gobierno federal, aunque no ofreció mayores detalles.

Adicional enfatizó que se tendrán más ahorros pues ya no va a haber secretarios particulares en todo el gobierno, así como secretarios auxiliares o secretarios privados.

Lamentó que haya sido durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón que se crearan «al por mayor» las llamadas direcciones generales adjuntas. Señaló que fue en ese periodo cuando el aparato burocrático creció, aunque dicho crecimiento solo se dio «arriba».

«Ahora la política es distinta. Ahora se procura no tocar a los trabajadores de base, sindicalizados y hacer el ajuste arriba», expuso AMLO.

Sobre los despidos que se han presentado recientemente en el gobierno, López Obrador insistió en que ha habido casos en donde todavía con esa inercia, cuando se solicitó no permitir duplicidad en las estructuras administrativas, «algunos» de manera abusiva despidieron a los de abajo, por lo que su gobierno intervino y lo seguirá haciendo para que en caso de que se cometa alguna injusticia, se corrija.

El presidente del Senado de la República, Martí Batres, indicó que los legisladores están abiertos a discutir una nueva Reforma del Estado y electoral profunda, que en esencia garantice una mayor intervención de la sociedad en los asuntos públicos.

Dijo que uno de los planteamientos es la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos en 50%, lo cual amerita una enmienda constitucional.

El senador también refirió que uno de los temas relacionado con la austeridad y que se incluiría en la reforma, es que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice todas las elecciones y prescindir de los Órganos Electorales Locales (OPLEs) de las entidades federativas.

Indicó que el balance general sobre estos órganos (OPLEs) «es negativo», pues hay una tendencia de dificultades y conflictos para solicitar la organización de los procesos electorales locales directamente al INE.

También se refirió a temas complicados que requerirán un amplio debate, como es el de la representación proporcional, que consideró, «no debe desaparecer».

«Debe mantenerse la representación proporcional y analizarse, en todo caso, las fórmulas para reducir el tamaño del Congreso, si es eso lo que se pretende, pero combinando adecuadamente la representación proporcional y la mayoría relativa», sostuvo el morenista.

Batres Guadarrama insistió en que el mensaje que se recibió en las urnas el 1 de julio de 2018 fue transformar todo, por lo que es necesario discutir una reforma en este sentido.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que una reforma electoral requiere, además de una profunda deliberación, un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas.

“La reforma electoral no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse; estamos hablando de las reglas para el juego democrático y la disputa civilizada del poder político. No entenderlo puede significar abrir la puerta a la descalificación futura de las elecciones precisamente por las reglas, algo, por cierto, que ya vivimos en el pasado”, advirtió.

Córdova Vianello reconoció que el sistema electoral es un sistema perfectible, “pero cambios mal planeados, mal procesados o claramente mal intencionados, pueden implicar una regresión antidemocrática”.

Señaló que en la reforma no se puede dar marcha atrás en la certeza que se ha logrado en la construcción democrática de México. Al respecto recordó que las elecciones de 2018 convirtieron a México en un referente internacional por la capacidad de organizar elecciones en contextos de complejidad.

Argumentó que el centro de una posible reforma electoral no está en el funcionamiento del modelo, sino en el costo de las elecciones.

El consejero presidente del INE dijo que si lo que se quiere es reducir los costos, no se necesita revisar el modelo electoral, sino repensar algunos aspectos del mismo, como las fórmulas para determinar el financiamiento público que se otorga a los partidos a nivel nacional y local; la duración de las campañas electorales y avanzar hacia el voto electrónico, entre otros.

Córdova Vianello enfatizó que reducir los costos de las elecciones minando las reglas, los procedimientos y las instituciones construidas para inyectar certeza por un tema de costos, “es no tener claras las prioridades y abrir la puerta a un pasado superado, cuando, apenas hace treinta años las elecciones eran el principal de los problemas nacionales. Nadie está contra la austeridad, pero lo primero en lo electoral, no nos equivoquemos, es cuidar la certeza”.

Sergio Negrete Cárdenas

 

“Por el bien de todos, primero los pobres”. Ese fue lema de campaña. Dado el brutal golpeteo al que muchos están siendo sometidos, hoy parece una burla. Están siendo los primeros, pero en ser lastimados por la llamada austeridad.

Porque son los usuarios del Seguro Popular, IMSS o ISSSTE. Son aquellos cuya salud o vida depende de una medicina, atención médica o tratamiento que hoy ha sido restringido, y que carecen de recursos para ir a un doctor, farmacia o clínica privadas. Lo que para una familia clasemediera representa un costo inesperado, pero que puede afrontar, para un pobre es una sentencia a una peor calidad de vida o vida más corta.

El sistema público de salud es un formidable redistribuidor de la riqueza: aquellos con elevados salarios son formales, contribuyen mucho al IMSS, pero no lo usan; los pobres formales aportan menos, pero lo utilizan. El Seguro Popular es subsidiado considerablemente con los impuestos de todos. El saqueo al Estado encabezado por el propio gobierno en busca de recursos para sus prioridades, entre ellas una refinería y un tren que costarán millones y perderán todavía más dinero cuando operen, está rompiendo esa redistribución.

No habrá cifras de muertos y dañados, en parte por la atroz invisibilidad que caracteriza a los pobres. No habrá una estadística de niños o adultos que fallecieron por falta de quimioterapias, retrovirales o de una operación postergada, como tampoco por una atención médica que dejó de otorgarse. Tampoco de las personas que habrían recuperado su salud en lugar de seguir enfermos, menos de los sacrificios en los que una familia tuvo que incurrir para pagar una medicina o consulta. El recorte indiscriminado, como los pagos a pasantes y el despido de trabajadores sin base sindical (esenciales para la operación del sistema) resquebraja lo que de por sí era un equilibrio precario.

El daño a los que menos tienen será una de las paradojas más crueles del obradorismo. Regresar a un sistema educativo complaciente con un sindicalismo voraz e inepto llevará a que millones de niños sigan hundidos en la pobreza cuando sean adultos. El golpe al turismo por los recortes en el sector afectará a muchas familias de escasos recursos en puntos como Oaxaca o San Cristóbal de las Casas. Pero ello se sentirá en un período largo de tiempo, incluso décadas, con la responsabilidad de este gobierno diluida en el tiempo. Lo de la salud es inmediato.

La respuesta presidencial es similar a la que aplica en otros campos: hay mucha corrupción y por ello la estrategia tan radical. Como en la efímera y desastrosa guerra contra el huachicoleo: cierro los ductos para que no roben, sin pensar que provocaré desabasto. Si no compro medicinas, pues no habrá corrupción en el proceso. Las consecuencias son un poco más graves que las colas gigantescas en una gasolinera.

Para una administración que pretende pasar a la historia, este capítulo será deprimente. Los que menos tienen son las víctimas inmediatas de una transformación mal entendida y peor ejecutada, en aras de una estrategia de gasto disfrazada de austeridad. Es la peor de las traiciones por parte de aquellos que se jactaban de no mentir, no robar y no traicionar, puesto que mintieron con sus promesas, saquean al erario para financiar sus prioridades, finalmente con ello traicionando la fe de aquellos que les entregaron su voto esperando ser, por fin, los primeros en ser beneficiados por el gobierno.

La Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Tania de la Paz Pérez Farca, dio a conocer que las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acabaron con los «lujos» de 113 mil empleados de gobierno.

La funcionaria dijo que la «Austeridad Republicana» es una nueva visión con la que el Gobierno de México utiliza el erario, y que busca erradicar los derroches y redirigir los recursos públicos a las personas más necesitadas.

Ante señalamientos e información incorrecta que ha circulado en medios, Pérez Farca subrayó que ninguna de las medidas de austeridad han afectado la operación sustantiva de las instituciones del Estado, ni la provisión de servicios públicos como educación y salud, ni los programas integrales de bienestar que el Gobierno de México está impulsando.

Se trata dijo, de “medidas focalizadas para atacar dispendios, promover el ahorro en las oficinas gubernamentales, poner fin a estructuras duplicadas, así como a gastos ineficientes y onerosos, derroches, privilegios, remuneraciones y prestaciones excesivas que hacían de muchas instituciones públicas, organismos costosos y poco efectivos”.

Señaló que la intención no es cerrar instituciones académicas y centros de investigación, ni de eliminar programas integrales de bienestar, ni de despedir injustificadamente servidores públicos, sino evitar la duplicidad de funciones, y ahorrar en prestaciones que no corresponden con la nueva ética del servicio público.

Detalló que la Administración Pública Federal (APF) se encuentra integrada por un millón 320 mil 175 puestos, de los que el 92.4% no son sujetos a ninguna medida de austeridad por ser personal de base y operativo. Recordó que cerca del 8% de los servidores públicos de la APF, que corresponden al personal de confianza de mando y enlace , es decir 113 mil, fueron sujetos a la aplicación de un nuevo tabulador y esquema de prestaciones que eliminó los seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado y prestaciones para la compra de automóvil, en el caso de los altos mandos.

Se indicó que al 15 de mayo de 2019, se había reducido en 34% el número de personas contratadas en plazas eventuales, pasando de 14 mil 807 el 31 de agosto de 2018, a 9 mil 726 en el corte más reciente.

La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, Beatriz Paredes, se solidarizó con la comunidad académica, esto ante una posible afectación en los ingresos de los investigadores a consecuencia de la Ley de Austeridad que promovió el gobierno federal.

La senadora se expresó así durante la comparecencia de la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, a quien le dijo que darán la batalla, “no en contra del Conacyt, sino a favor de la ciencia y la tecnología, precisó”.

Álvarez-Buylla Roces rechazó que la actual administración desestime la inversión de recursos en ciencia tecnología, pues dijo tiene claro que es un rubro que se requiere fortalecer en el país.

Aclaró que la información respecto de los recursos que se destinan a becas, investigación y al comedor de la institución es una distorsión que se ha manejado y no corresponden a las acciones que llevan a cabo en el Consejo.

La funcionaria reconoció que si bien hay una reestructuración en la dependencia, el Conacyt ha transferido recursos para olimpiadas, incluida la Sociedad Mexicana de Matemáticas, caso que tomó relevancia en recientes días por la intervención del cineasta Guillermo del Toro.

La colaboradora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que sociedades y academias tienen dinero “más que suficiente” para apoyar los niños para que asistan a las olimpiadas y sobre todo para hacer un impacto más profundo en las vocaciones tempranas.

Respecto al escándalo que se suscitó por el llamado “comedor fifí” del Conacyt, dijo que aunque el sindicato y el Consejo mantenían un acuerdo para el servicio de comedor, los trabajadores no recibían alimentos de calidad. “Los cambios en la alimentación de los trabajadores como el comedor forman parte de las mejoras en las condiciones de trabajo del personal”.

Finalizó indicando que se seguirán las políticas de austeridad del gobierno federal, pero “estaremos haciendo los análisis y recomendaciones para que las condiciones de todos los investigadores del país sean equivalentes y dignas”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que si bien la austeridad es una de las principales banderas del Gobierno Federal, hasta ahora la estrategia de implementación ha consistido únicamente en ejecutar recortes indiscriminados al gasto público, afectando tareas fundamentales que el gobierno debe cumplir.

«Si bien, reconocemos que es importante cumplir con la meta del equilibrio presupuestal, la manera en que se está procurando ese objetivo puede resultar contraproducente. Es preocupante que existan rubros de gasto destinados a la atención de la población y a la inversión pública que registran una disminución de entre 70 y 100%, respecto al año anterior», indicó la Confederación.

Enfatizó que la estrategia del gobierno no debe ser recortar por recortar, pues las medidas de austeridad implementadas han dejado ver una falta de visión, de prioridades y de sensibilidad social.

Expuso que por un lado, el gobierno promueve ahorros en rubros que impactan directamente en el bienestar de la población, y por el otro, no escatima recursos para proyectos cuya viabilidad social, económica y ambiental son altamente cuestionables, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

Adicional dijo que, tomando en cuenta que enormes recursos se han reorientado hacia programas sociales de corte asistencialista y clientelar, lo que en verdad se tiene es un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos.

Subrayó que los recortes han afectado a sectores como el de la Ciencia y Tecnología, o como se ha visto en los últimos días, el de salud. Adicional señaló las repercusiones en temas medioambientales.

«En Coparmex respaldamos la eliminación de dispendios, gastos suntuarios y privilegios que no benefician en nada a los ciudadanos y tampoco aportan al crecimiento del país, y, por el contrario, crean espacios de opacidad, corrupción y desconfianza. Enfocarse en disminuir los costos operativos, mientras no se afecte el gasto social y la inversión productiva, es posible», señaló.

Finalizaron llamando al gobierno a elegir una austeridad racional. A que se invierta de forma estratégica y transparente en los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de la gente, generen empleos, inversiones y garanticen el desarrollo sustentable de nuestro país.

Pese al discurso y acciones que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para lograr un gobierno austero y acabar con los lujos que se tenían, todo parece indicar que para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no aplica la regla.

Una investigación del diario El Universal reveló que el Conacyt, que dirige María Elena Álvarez-Buylla, destino 15 millones 78 mil 457 pesos a servicios de alimentación; pero no cualquiera, uno gourmet.

El dinero fue destinado para pagar un chef privado, saloneros, un nutriologo, entre otros servicios, a la empresa Pigudi Gastronómico S.A de C.V., quien será el encargado, hasta el 31 de diciembre próximo, de cocinar desayunos y comidas orgánicas y bajas en rasas, para al menos 120 trabajadores.

Y es de acuerdo a los documentos exhibidos por el diario, el contrato que se firmó con la empresa (que dicho sea de paso, fue una de las consentidas del gobierno de Enrique Peña Nieto) señala que los platillos que se sirvan deben realizarse exclusivamente con «productos orgánicos y/o campesinos agroecológicos sin tóxicos, de alta calidad y ser adquiridos por productores agrícolas de la región.

Además, se le advierte a la empresa que «por ningún motivo se permitirá que los alimentos procesados sobrantes se sirvan en otra comida o se utilicen como insumos para elaborar otros platillos o bebidas; también se le pide no repetir los menús.

Entre los ingredientes que el Conacyt pide para la elaboración de sus alimentos se encuentra: cárnicos de primera calidad; salmón; huachinango; robalo; pollo orgánico; arroz silvestre; entre otros. Permite, algunas «gustitos» como pozole, lomo de cerdo; pollo tipo Kentucky, tacos de barbacoa, cochinita pibil y romeritos.

La información sale a la luz en medio de diversas críticas que se le han hecho al Conacyt por recortar apoyos a la investigación: becas, centros de investigación, entre otros recortes presupuestales.

Hasta ahora, el Consejo se ha limitado a publicar en su red social un mensaje en referencia a lo expuesto por El Universal. Indicó que el comedor para trabajadores del Conacyt es un derecho laboral, más no un lujo como se pretendió hacer parecer.

«Es una conquista del contrato colectivo de trabajo que el Conacyt ha respetado y fortalecido mejorando la calidad de los alimentos», justificó.

El nuevo director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó que es necesario generar las condiciones para redirigir al IMSS a sus orígenes, como una entidad que esté presente entre la población.

Robledo indicó que se llevará a cabo un diálogo permanente y de respeto con todos los actores involucrados, incluido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social (SNTSS), con el objetivo fundamental de mejorar la calidad y solventar las deficiencias que existen en la institución.

“Trabajadores, empresas, derechohabientes, sindicalizados y directores del país deben saber que estamos aquí en este organismo tripartita con las puertas abiertas para escucharlos y construir juntos un IMSS fuerte y solidario para todos”, indicó.

Reconoció que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene enormes desafíos; sin embargo dijo, está de pie, funcionando, con gente que trabaja todos los días.

El exsubsecretario de Gobierno rechazó que exista una crisis severa en la institución. “Si estuviera detenido o paralizado, el país lo estaría también; si el IMSS no estuviera ejerciendo los recursos que tiene para el pago de las pensiones y jubilaciones, eso se vería en cada rincón del país”.

Mencionó que los desafíos del IMSS se derivan de una concepción política de los últimos sexenios respecto a la seguridad social, que fue proveída de manera diferente, “con una visión que no comparto, una visión mucho más privatizadora”.

Reiteró que la política volverá a reconstruir los acuerdos y la confianza, “esa parte es clave para un cargo de trascendencia como el IMSS”; finalizó indicando que en el IMSS se seguirán aplicando los principios de austeridad del Gobierno Federal, es decir, no al gasto superfluo y reducir al personal que no contribuya a los objetivos planteados.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país, derivado del recorte presupuestal y de la no transferencia de recursos a ese sector dadas las medidas de austeridad implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mediante un documento dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; al Secretario de Salud, Jorge Alcocer; al Director General del IMSS, Zoé Robledo, y al Director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, les pidió atender al mandato del artículo 1 constitucional.

La Comisión le pidió a las funcionarios adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos  y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.

Además, les solicitó implementar las acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, y pese a las medidas de austeridad implementadas por la administración, asignar los recursos económicos suficientes.

Ante los señalamientos de posibles actos de corrupción, irregularidades, inconsistencias o uso indebido del gasto público, la CNDH reconoció que es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.

El expresidente Vicente Fox criticó la política de austeridad del actual Gobierno Federal pues considera que impacta de manera negativa y condena la salud de los mexicanos por lo que hay que aplicar «matemáticas».

El reclamo de Fox se da, luego de leer los argumentos que expuso Germán Martínez Cázares en su carta de renuncia como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al respecto, el expresidente retomó los señalamientos del expanista cuando advierte que durante su paso por la institución se percató que “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres”.

Martínez Cázares acusó en su carta de renuncia que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) «tienen una injerencia perniciosa» en el instituto, y se pone en riesgo la prestación de servicios de salud que tiene el IMSS.

A partir de ello, Fox Quesada subrayó que ese tipo de estrategias “no es austeridad ni ahorro, es una condena a la salud de los mexicanos. #AsiNoAMLO”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que el combate a la corrupción y de la austeridad republicana son dos elementos que permitirán liberar fondos para el desarrollo, para no aumentar impuestos o crear nuevos y para no endeudar al país.

Reiteró que, si no hay corrupción y no hay lujos en el gobierno, el presupuesto será suficiente para beneficiar al pueblo de México.

Al respecto recordó que el memorándum que emitió para poner orden en los viajes al extranjero que realizaban sus colaboradores. Indicó que ahora los viajes necesitan la autorización del presidente para llevarse a cabo.

Pese a que dijo que el nuevo gobierno está integrado por mujeres y hombres honestos y conscientes, ventiló que recibió 100 solicitudes para viajar al extranjero.

“¿Cuántas autoricé? Creo que 20, a todo el mundo, desde París hasta Japón. Yo entiendo, es importante viajar y tener comunicación, pero ¿y el Internet?, y el trabajo aquí, cómo vamos a ser candil de la calle y oscuridad en la casa”, sostuvo el mandatario.

Reconoció que esos hábitos son inercias y procesos que tienen que ir cambiando.

Señaló que lo peor de la corrupción, es que el corrupto no perdía ni siquiera su respetabilidad. “Era aplaudido, reconocido, se le ponía de ejemplo, no, en general, porque siempre abajo, aunque no les guste a mis adversarios, en el pueblo bueno hay valores y honestidad”.

La presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, lamentó la renuncia de Germán Martínez a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La morenista le pidió al senador con licencia que reconsidere su decisión, ya que es una persona “valiosa para la salud en México”.

Adelantó que la Comisión que preside buscará concretar una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para revisar el manejo de los recursos al sector salud.

En rueda de prensa, Sánchez Galván manifestó que “Germán Martínez es una persona valiosa, alguien que hay que tratar de mantener dentro del gabinete, por el bien de la salud en el país”.

La legisladora sostuvo que en caso de que la SHCP esté “haciendo una injerencia que perjudique a la salud, estaríamos haciendo la puntualización correspondientes”.

Hizo un llamado a la SHCP a que se libere el recurso congelado que fue asignado a diversas instituciones, entre hospitales y centros de alta especialidad, pues señaló que son más de 700 millones de pesos del presupuesto asignado, que se encuentran congelados.

Consideró que se debe de tener acceso a ese recurso para que no repercuta en la salud de los derechohabientes. “Puede haber austeridad republicana, pero lo que sí necesitamos es asegurar la calidad en atención de los derechohabientes”, apuntó.