Los principales actores de la industria automotriz en el país, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), alertaron esta tarde de la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de legalizar vehículos de contrabando apoyado por legisladores locales.

Las asociaciones automotrices recordaron que conforme a la Constitución Política, es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten, por lo que en agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones: verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos y negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Además, señalaron que cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.

Al respecto, indicaron que Jaime Bonilla  remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”.

“Mañana el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1,000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques”, señalaron en el comunciado conjunto que emitieron.

Dicha iniciativa pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, lo que dijeron, contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.

“En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad”, añadieron.

Solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para hacer respetar el Estado de Derecho.

Rematon asegurando que la iniciativa de Bonilla viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.