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Luego de que la semana pasada las agencias Fitch Ratings y Moody’s, degradaron las calificaciones de Pemex y CFE, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que el gobierno federal no ha hecho lo necesario para garantizar estabilidad y confianza en materia económica.

«Las decisiones equivocadas del gobierno son las claras responsables de estos hechos. Ambas agencias justificaron sus decisiones de degradación en la desconfianza que les generan las estrategias del gobierno federal», subrayó la Confederación.

Hicieron un llamado a que se replantee de forma estratégica y responsable el manejo de las finanzas públicas de nuestro país, así como los grandes proyectos de inversión del sexenio.

Señaló que el gobierno debe actuar con inteligencia y responsabilidad, pues se debe procurar la sostenibilidad financiera del país gastando de forma eficiente, buscando en cada inversión los más altos retornos económicos y sociales.

Apuntó que los grandes proyectos de inversión necesitan estar apegados a los más altos estándares técnicos, ambientales y legales, así como contar con claridad en su ejecución y viabilidad financiera.

En ese sentido acusó que ni el Aeropuerto de Santa Lucía, ni la refinería de Dos Bocas, proyectos estrella de esta administración, están cumpliendo a cabalidad estos requisitos.

Recordó que en Santa Lucía se suspendieron as obras de su construcción hasta que no se cuenten con los estudios ambientales y arqueológicos pertinentes, mientras que en la refinería de Dos Bocas aún no se cuenta con la autorización de impacto ambiental correspondiente.

«En Coparmex, hacemos un llamado a la responsabilidad financiera en el gobierno. A conducirse con una visión de largo plazo que garantice la viabilidad económica, ambiental y social de nuestro país. Los anuncios de las agencias calificadoras son sólo uno de los primeros efectos de una economía que se desacelerará de seguir el rumbo actual», indicó.

Finalizó su llamado afirmando que México requiere proyectos de inversión estratégicos que cumplan con la ley y no sean producto de caprichos políticos.

Al más estilo Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilizó su cuenta de Twitter para celebrar el acuerdo alcanzado con el gobierno de los Estados Unidos.

«Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU», dijo López Obrador.

Aprovechó su tuit para indicar que pese al acuerdo alcanzado, el evento que convocó para mañana en Tijuana, Baja California, se mantendrá y ahora «nos congregaremos para celebrarlo (el acuerdo)».

Por su parte el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, extendió su reconocimiento a la delegación mexicana que negoció en Washington, pues dijo, las negociaciones fueron exitosas y evitaron la imposición de aranceles a México.

«Buena noticia para México y para la competitividad e integración comercial de Norteamérica», remató.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció que si bien la austeridad es una de las principales banderas del Gobierno Federal, hasta ahora la estrategia de implementación ha consistido únicamente en ejecutar recortes indiscriminados al gasto público, afectando tareas fundamentales que el gobierno debe cumplir.

«Si bien, reconocemos que es importante cumplir con la meta del equilibrio presupuestal, la manera en que se está procurando ese objetivo puede resultar contraproducente. Es preocupante que existan rubros de gasto destinados a la atención de la población y a la inversión pública que registran una disminución de entre 70 y 100%, respecto al año anterior», indicó la Confederación.

Enfatizó que la estrategia del gobierno no debe ser recortar por recortar, pues las medidas de austeridad implementadas han dejado ver una falta de visión, de prioridades y de sensibilidad social.

Expuso que por un lado, el gobierno promueve ahorros en rubros que impactan directamente en el bienestar de la población, y por el otro, no escatima recursos para proyectos cuya viabilidad social, económica y ambiental son altamente cuestionables, como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

Adicional dijo que, tomando en cuenta que enormes recursos se han reorientado hacia programas sociales de corte asistencialista y clientelar, lo que en verdad se tiene es un uso irracional y poco efectivo de los recursos públicos.

Subrayó que los recortes han afectado a sectores como el de la Ciencia y Tecnología, o como se ha visto en los últimos días, el de salud. Adicional señaló las repercusiones en temas medioambientales.

«En Coparmex respaldamos la eliminación de dispendios, gastos suntuarios y privilegios que no benefician en nada a los ciudadanos y tampoco aportan al crecimiento del país, y, por el contrario, crean espacios de opacidad, corrupción y desconfianza. Enfocarse en disminuir los costos operativos, mientras no se afecte el gasto social y la inversión productiva, es posible», señaló.

Finalizaron llamando al gobierno a elegir una austeridad racional. A que se invierta de forma estratégica y transparente en los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de la gente, generen empleos, inversiones y garanticen el desarrollo sustentable de nuestro país.

Luego de que el pasado 25 de abril, el Secretario Federal de Seguridad Publica y Paz Social, Alfonso Durazo, presentara ante el Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad Publica, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un posicionamiento.

A través de un comunicado, la Confederación señaló que el documento que se presentó tienen como objetivo atacar el origen de la delincuencia buscando devolver la paz social a los mexicanos, a través de dos vertientes: el fortalecimiento del tejido social en ocho ejes fundamentales, que van desde la erradicación de la corrupción como causa principal de la inseguridad, la garantía de empleo educación, salud y bienestar para los mexicanos, hasta la regeneración de la ética social y la reinserción social en los centros penitenciarios.

La segunda vertiente se enfoca en la estrategia policial, incluyendo un modelo incluyente a las policías municipales y estatales con la Guardia Nacional, así como en la prevención del delito incluyendo el combate a las adicciones.

También contempla la correcta distribución de los recursos federales a los estados en materia de capacitación y adiestramiento policial, estrategias de combate al robo de hidrocarburos, lavado de dinero, robo de transporte, tráfico de armas y la aplicación efectiva de la extinción de dominio.

La Coparmex destaca que el documento menciona la importancia de la participación de la sociedad civil en el combate a la inseguridad a través de redes vecinales, incluyendo estrategias focalizadas de acuerdo a las particularidades de cada región.

Sin embargo, dentro de las cosas que se podrían mejorar, la Confederación indica que el documento menciona muy pocas estrategias en materia de procuración de justicia, aun cuando acepta que anualmente se cometen en el país más de 31 millones de delitos y 99% quedan impunes.

También menciona que el documento no contiene tiempos de implementación de las estrategias propuestas ni los responsables de ejecutarlas, también adolece de la asignación de partidas presupuestales para su ejecución.

“La Estrategia Nacional de Seguridad Publica es ciertamente un documento perfectible pero un buen arranque para este enorme problema que sufrimos actualmente los mexicanos”, concluyó la Coparmex.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciara que Pemex construirá la refinería de Dos Bocas, Tabasco bajo la coordinación de la Secretaria de Energía, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al presidente a reconsiderar los riesgos que conlleva dicho plan.

Recordó que tal como lo indicó el presidente, el proyecto tendrá un costo de 160 mil millones de pesos e iniciará su construcción el próximo 2 de junio.

Señaló que hubo razones para que las propuestas presentadas por las empresas convocadas y previamente anunciadas por el propio gobierno como las más importantes del mundo no cumplieran con las bases establecidas.

Entre los riesgos que consideró la Coparmex está que Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, decida emprender por su cuenta un proyecto de tal magnitud en una línea de negocio en la que ha sido históricamente poco rentable.

Añadió que hay razones por las que las empresas internacionales especializadas en la materia deciden no participar bajo las condiciones propuestas, pues advirtieron costos mucho mayores y tiempos de ejecución más prolongados para concluir la obra.

Alertó que el gobierno tiene poca o nula experiencia en proyectos como la construcción de la nueva refinería.

«Las cosas pueden salir mal y por ello en Coparmex exhortamos al Gobierno Federal a hacer un alto en el camino y reconsiderar los riesgos que esta decisión implica para Pemex, para las finanzas públicas y para México», remató la Confederación.

Luego de que la Reforma Educativa no lograra ser ratificada en el Senado de la República, y regresara a la Cámara de Diputados para un nuevo análisis, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó sobre lo que consideró «retrocesos» que se deben cuidar.

«Observamos con profunda consternación retrocesos en temas críticos como son la supuesta gratuidad de la educación, la eliminación de la evaluación docente y la ausencia de un plan estratégico en materia educativa», dijo la Confederación.

Indicó que la Reforma Educativa decreta la gratuidad de la educación superior, incluyendo la obligación de garantizar que las universidades públicas cuenten con el presupuesto necesario, tal y como lo ha prometido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, aclaró que el presupuesto público no está posibilitado para cumplir dicha propuesta. «De 2017 a 2019, la participación de los recursos federales destinados a la educación superior respecto a la inversión total en educación pasó de 72 a 66%. Además, en el PEF 2019, los recursos para educación superior disminuyeron 0.5% respecto a 2018. Actualmente, 56% de su presupuesto proviene de la federación, 29% de subsidios estatales y el restante 15% de recursos propios», explicó.

Como ejemplo recordó los graves problemas financieros que enfrentan diversas universidades públicas, y que se están multiplicando en todo el país.

Indicó que para alcanzar la gratuidad se debe comenzar por el establecimiento de reglas claras en la asignación de sus recursos, acompañadas de fórmulas, con base en indicadores de desempeño, transparencia y eficacia en el uso de los recursos.

Sobre el tema de la eliminación de la evaluación docente, lamentó que la Reforma que se pretendía aprobar dejaba un mensaje «claro y alarmante»: no habrá consecuencias para un mal desempeño de los docentes, pues no vincula la permanencia de los maestros al resultado de sus evaluaciones. Señaló que con ello, abre la puerta al regreso de prácticas perjudiciales para la enseñanza como la venta de plazas.

Además, subrayó que el sindicato de maestros podría tener el control de la mitad de las plazas de nueva creación, una medida contraria a la transparencia, y a la recompensa basada en el mérito. Llamó a consolidar la rectoría del Estado en materia educativa, es decir, mantener el control de las plazas, así como la capacitación y evaluación continua a docentes. Insistió en que se deben tener consecuencias a los bajos desempeños de los maestros.

Finalmente, enfatizó que es urgente que el gobierno presente una estrategia clara y coherente a nivel nacional. Dijo que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se presentó hace unos días se hace un simple recuento de culpas sobre la situación educativa, pero no expone una estrategia puntual para superar los problemas. No se plantean objetivos ni estrategias claras que den certidumbre al rumbo que tomaremos en estos años.

«El regreso de la reforma educativa a la Cámara de Diputados debe abrir un espacio para la reflexión de estos temas y muchos más que expertos y organismos de la sociedad civil han expuesto. No permitamos que la calidad educativa, y los avances que hemos dado en la materia, sean secuestrados por quienes se empeñan en hacernos retroceder como país», remató la Coparmex.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que la noticia de la renuncia que Alfonso Romo presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya sido falsa.

El dirigente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, utilizó sus redes sociales para fijar posición. “Buena noticia para el @GobiernoMX que Alfonso Romo permanezca como Jefe de la Oficina de la Presidencia”, dijo.

Sostuvo que en caso de que efectivamente hubiera existido dicha renuncia, AMLO habría perdido a un colaborador “leal, factor de equilibrio frente a radicalismos e interlocutor confiable para amplios sectores sociales”.

Y es que este martes, el periodista Raymundo Riva Palacio afirmó en su columna de El Financiero, que Romo había presentado su renuncia al mandatario. Horas más tarde, el colaborador de AMLO salió a desmentir dicha información.

No es el primer rumor sobre posibles renuncias en el equipo de López Obrador. Anteriormente se habló de que le habrían presentado su renuncia figuras como Marcelo Ebrard, e incluso de ha hablado de Olga Sánchez Cordero y Carlos Urzúa.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo que se celebra este miércoles, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que la discusión deje de ser únicamente sobre el aumento al nivel del salario mínimo e ir más allá, buscando aumentar los niveles de remuneración y las prestaciones para todos los trabajadores.

Reconoció los dos incrementos más recientes, los cuales dijo fueron “significativos”. En 2017, el Salario Mínimo General (SMG) pasó de $73.04 a $80.04, lo que representó un incremento de 4.2%, y un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 4 pesos. En 2018 y 2019, el aumento en el SMG fue de 3.9% anual, más un MIR de 5 pesos y 10 pesos, respectivamente, para terminar en el nivel actual que es de $102.68.

La Confederación dijo que dichos aumentos, contrario a los que algunos pronosticaban, no tuvieron efectos perjudiciales para la economía, pues no se tuvo registro de un aumento en la inflación, «efecto faro», y tampoco hubo disminución en el ritmo de generación de empleos, ni mayores niveles de informalidad.

Al hablar sobre los pasos que se deben de seguir, la Coparmex indicó que México debe enfrentar el reto de crear salarios mínimos diferenciados por sector que puedan premiar la productividad de ciertas industrias, al mismo tiempo en que brinden protección a los trabajadores vulnerables.

También señaló la creación de salarios diferenciados para los jóvenes que se integran por vez primera a la economía formal, para que los niveles salariales de la generalidad de la fuerza laboral, de ser crecientes en los próximos años, no limiten las oportunidades de primer empleo.

Por ello, dijo que nuestro país debe lograr a más tardar en 2024, que el Salario Mínimo General alcance la línea de bienestar familiar, evolucionando a lo largo de los próximos cinco años hasta un monto de $293 pesos diarios, que sería suficiente para cubrir en su valor actual, la línea de bienestar familiar urbano que hoy es de $6 mil pesos mensuales.

Aclaró que la evolución debe ser gradual y siguiendo un plan de incrementos con un monitoreo estricto de las principales variables económicas de relevancia.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó el anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la desaparición de las llamadas Zonas Económicas Especiales, programa que la pasada administración implemento con el fin de ayudar al sureste mexicano.

AMLO dijo que dicho programa supuestamente iba a ayudar a la región, aunque realmente nunca hicieron nada. “Hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos. No se benefició en nada”, indicó AMLO.

Al respecto, la Coparmex dijo que era prioritario preservar el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, con el fin de inducir un crecimiento homogéneo en distintas regiones del país para generar nuevas oportunidades de empleo en las regiones con menos niveles de desarrollo.

Recordó que actualmente existen Decretos de Declaratoria para las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas–La Unión, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Progreso, Tabasco y Campeche.

“México no debe perder inversiones comprometidas por seis empresas que ya solicitaron un permiso para establecer secciones privadas dentro de las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, Campeche, Lázaro Cárdenas-La Unión y Progreso, comprometiendo una inversión de 2,700 millones de dólares con una generación de 8,406 empleos directos durante los primeros cinco años a partir del otorgamiento del permiso”, sostuvo la Coparmex.

Defendió el programa al asegurar que existe la expectativa de que en el mediano plazo existirán condiciones extraordinarias para la atracción de casi 8,600 millones de dólares en inversiones derivadas de las cartas de intención de cerca de 100 empresas con las que cuenta la Autoridad Federal de las Zonas Económicas Especiales.

La Confederación aseguró que las Zonas Económicas Especiales permitirían aprovechar mejor las oportunidades de conectar el desarrollo de las vocaciones y ventajas productivas en el Sur y Sureste con sectores de alto dinamismo en otras regiones del país, como el energético en el golfo, la industria manufacturera de mayor valor agregado en el centro, occidente y el norte, o el turismo en la península de Yucatán y la costa del Pacífico.

“La Coparmex exhorta al gobierno federal a preservar este esfuerzo transexenal y seguir adelante con los proyectos de inversión en las Zonas Económicas Especiales”, remató.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues dijo, tiene mejoras sustanciales en lo correspondiente a la inclusión y a la incorporación de la educación sexual en todos los niveles educativos, la Educación Superior y la autonomía universitaria.

Sin embargo dijo que hay aspectos que les preocupan, ya que en el dictamen se desaparecieron las disposiciones que ligaban la permanencia de los profesores al resultado de sus evaluaciones, lo cual lo calificaron como un «claro retroceso que pone en riesgo la calidad de la educación que estarán recibiendo las futuras generaciones».

Indicó que también es alarmante que se haya abierto la puerta a que regresen viejas prácticas como la venta de plazas del magisterio.

Enfatizaron que si bien se establece la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Evaluación, se señala que en ningún caso se afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio docente, lo que en términos prácticos significa que no habrá consecuencias para un bajo desempeño.

Por otra parte, alertaron sobre el apartado B del artículo 123 deja entrever que el Sindicato puede tener el control del 50% de las plazas de nueva creación lo que abre un margen enorme de discrecionalidad, conflicto de interés y corrupción.

«Exhortamos a la Cámara de Senadores a revisar y corregir lo que toca al servicio docente para asegurar que quienes están a cargo de la educación de los mexicanos reciban una adecuada capacitación y demuestren tener los conocimientos necesarios para realizar una de las tareas más relevantes que existen en la sociedad», remató la Coparmex.

Con motivo de la próxima presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el cual consideraron será un punto de quiebre para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) emitió un posicionamiento.

Explicó que dicho documento es de vital importancia ya que regirá las políticas públicas del sexenio, pues es el principal documento de planeación del gobierno federal.

Alertó que, en el PND, la nueva administración tiene la oportunidad de incluir una visión que detone efectivamente la inversión y el crecimiento en nuestro país, o bien, una que lo estanque y lo sumerja en la polarización improductiva de señalar y culpar a otros de los logros no alcanzados.

Reconoció que, tanto en el sexenio de Peña Nieto como en periodos previos, el PND no dio resultados porque sus propuestas no fueron adecuadas, y en casi la mitad de los casos, no tenían esquemas de medición progresiva de los resultados.

La Confederación subrayó que México tiene grandes oportunidades y enormes desafíos que superar, pero ellos requieren líderes íntegros, competentes y con visión, que asuman el compromiso de construir un México justo, próspero, incluyente y democrático.

Entre los retos que enlistó la Coparmex, están: los niveles de violencia; la corrupción; la generación de empleo; la competitividad, y sobre todo, las medidas del Gobierno Federal que han debilitando la democracia, generando aún más incertidumbre. En este punto mencionó las acciones emprendidas por el gobierno de AMLO para vulnerar la independencia de los órganos autónomos como la CRE, la cancelación de obras de infraestructura de gran relevancia como el NAICM, la designación de un Fiscal General no independiente y cercano al Ejecutivo, así como la vulnerabilidad a la división de poderes y el federalismo, entre otras.

Recordó que la meta de crecimiento para este sexenio, en palabras de López Obrador es del 4% anual en promedio, que para cumplirlo dijo, se necesita un pleno Estado de Derecho, se garantice la paz y la seguridad en todo el país, se combata frontalmente la corrupción, y que la Ley sea aplicada de forma irrestricta. Además, señaló que las políticas públicas del gobierno federal deben estar abocadas a la generación de más y mejores empleos.

Subrayó que es vital que se mantengan finanzas públicas sanas y no se comprometa la viabilidad financiera del país.

“Hacemos un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que apueste por la construcción de una nación próspera, equitativa, sustentable y democrática. Un llamado a tomar el liderazgo para que México pueda construir un mejor mañana”, remató la Coparmex.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó el anuncio realizado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el que informó sobre la firma de un memorándum mediante el cual deja sin efectos la reforma educativa del sexenio anterior.

“Es lamentable que por presiones de un sector del sindicato de maestros se haya dejado a un lado el interés de la sociedad en su conjunto para mejorar su sistema educativo y con ello, brindar mayores oportunidades de movilidad social y desarrollo a la población”, dijo la confederación.

Recordó que, en los últimos meses, tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como los diputados y diferentes actores sociales sostuvieron una amplia discusión en torno a la reforma aprobada por el anterior gobierno, y se habían logrado mejoras sustanciales, incluso dijo, se había logrado un dictamen equilibrado que armonizaba la iniciativa presentada por el Presidente con las recomendaciones puntuales realizadas por expertos y representantes de la sociedad, incluidos los grupos sindicales.

La Coparmex señaló que todos los avances se están dejando a un lado para ceder a las presiones de un grupo. Enfatizó que serán los niños quienes pagarán las consecuencias de ceder a los chantajes del magisterio.

Al igual que algunas voces de la oposición que han descalificado el memorándum del presidente, la Confederación indicó que dicho documento carece de sustento legal y por lo tanto, es cuestionable su efecto.

“La Coparmex hace un llamado para que se actúe con apego a la ley y a los procesos establecidos para dar certidumbre a la sociedad, particularmente en un tema tan relevante como lo es la educación”, remató.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que es necesario rectificar algunos puntos de la reforma a las leyes en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva aprobadas por la Cámara de Diputados.

“El sector patronal reitera su respaldo a la reforma laboral y al cumplimiento de acuerdos internacionales como el T-MEC y el Convenio 98 de la OIT. Sin embargo, estos compromisos no deben menoscabar la competitividad y estabilidad de las empresas”, señaló el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther.

El dirigente del sector patronal reconoció a los diputados que tomaron en cuenta algunas de las observaciones de los empleadores en materia de derechos individuales y colectivos de los trabajadores, que dijo, ayudarán a garantizar la libertad de asociación y de negociación colectiva.

Sin embargo, lamentó que hubo planteamientos que no fueron atendidos y que ponen en riesgo la estabilidad de las empresas, como el hecho de dejar sin tutela el derecho de no pertenecer a ningún sindicato, así como la posibilidad de celebrar múltiples contratos colectivos de trabajo en una empresa.

Específicamente en materia de justicia laboral, consideraron preocupante que no se garantice el carácter tripartita, que permita el diálogo entre sectores productivos, en la conformación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 

«El sindicato patronal advirtió la urgencia de rectificar algunos puntos del nuevo marco normativo, debido a que las cargas legales para el gobierno, los sindicatos y las empresas podrían tener un fuerte impacto, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan nueve de cada 10 puestos de trabajo formales en el país», remató.