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Los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a acumular desvíos por 26,738 millones de pesos.

Así lo reveló este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.

En lo expuesto por MCC, se refiere que apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.

El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, Pemex y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.

En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de seis años y cuatro meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los tres años sin avances significativos en las investigaciones.

“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.

Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.

Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.

Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del Metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.

Una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) vinculó a Manuel Velasco, actual coordinador del Partido Verde en el Senado y aliado de la 4T, al caso de la Estafa Maestra que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

MCCI reveló que Velasco, como gobernador de Chiapas pagó 60 millones de pesos en 2014 a Factibilidad Empresarial de México, que ese año recibió 146 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles, quien se encuentra en prisión por este hecho.

“La ‘estafa verde’, del Gobierno de Manuel Velasco Coello, y la Estafa Maestra del sexenio de Enrique Peña Nieto están vinculadas”, indicó la organización, quien ha sido blanco de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Recordemos que este esquema permitió el desvío de 5,000 millones de pesos a través de universidades públicas y empresas fantasma cuando Robles estuvo al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Peña Nieto.

El vínculo de Velasco con la Estafa Maestra se da a conocer luego de que se revelara que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) indaga el origen de más de 500 millones de pesos al exgobernador de Chiapas.

Las revelaciones han sacudido la política tras las elecciones del 6 de junio, ya que Morena  perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, por lo que necesitará los votos del Partido Verde. Velasco declaró a los medios de comunicación que su partido “buscaría acuerdos con todos” y que se planteaba “valorar” la alianza con Morena.

Al respecto, el grupo parlamentario del Partido Verde se pronunció “por evitar que las instituciones de Gobierno se utilicen como brazos políticos”; denunció que el SAT está siendo utilizado como herramienta de presión política.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) identificó operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte del gobierno de Chiapas, cuando estuvo al frente del gobierno estatal Manuel Velasco, actual senador del Partido Verde.

Llama la atención que el exgobernador ha declarado abiertamente su respaldo al proyecto político del presidente López Obrador

Las operaciones irregulares del gobierno de Velasco fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en auditorías realizadas entre 2019 y 2020 a seis empresas “fantasma” o “factureras”, según reveló la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Pese a que el SAT descubrió desde 2019 los desvíos en la gestión de Velasco, las autoridades federales no han promovido acciones legales, y por el contrario, Morena formalizó una alianza electoral con el Partido Verde, del que es miembro prominente Velasco; esta alianza fue benéfica para el PVEM, pues multiplicó tres veces número de posiciones que ocupaba en la Cámara de Diputados.

Estos desvíos podrían estar relacionados con los videos que salieron a la luz, donde David León Romero, quien ha trabajado con el Partido Verde y con Velasco, parecía entregando bolsas con dinero en efectivo a Pío López Obrador, hermano del presidente, para supuestamente financiar la campaña a la presidencia. La fecha de la entrega del dinero en bolsas se dio meses después de que iniciaron los desvíos en el gobierno de Velasco a empresas fantasma.

Las empresas fantasmas que la actual administración federal descubrió que emitieron facturas falsas al gobierno de Velasco por más de 500 millones de pesos son: Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar.

Cabe destacar que este presunto desvío descubierto por el SAT es distinto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2019, por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas por parte del gobierno de Chiapas, presuntamente fantasma, para el programa de ayuda a madres solteras.

En conjunto los pagos irregulares a empresas fantasma reportados antes por la ASF y ahora por el SAT suman alrededor de 1,185 millones de pesos durante el gobierno de Velasco.

Consultado por MCCI, el abogado de Velasco, José Luis Nassar,  dijo que el ex gobernador no podía saber todas las operaciones realizadas en su gobierno, porque él “delegaba decisiones a integrantes de su gabinete”. Informó que están a favor de que se investigue y se clarifique si los servicios contratados a estas empresas fueron ejecutados y, de no ser así, que se deslinden las responsabilidades de los funcionarios responsables.

“Cuando una persona gana por elección popular la titularidad ejecutiva de un estado, pues es su obligación armar su gabinete. Cada dependencia cuenta con la propia autonomía presupuestaria (…) Entonces, es importante dividir las funciones y saber qué dependencias utilizaron los servicios y qué servicios, a efecto de poder llegar a la viabilidad de un verdadero servicio prestado, un verdadero servicio cobrado, independientemente del estatus fiscal que hoy en día guardan estas empresas”, indicó el abogado.

Investigación completa en MCCI

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para “fines políticos y de presión” a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Acción Nacional denunció el intento del Gobierno Federal de desviar el uso de los 80 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que atiende a niñas, niños y adultos con enfermedades graves y costosas.

El Presidente del PAN, Marko Cortés, dijo que esto se deriva en principio del recorte al sector salud en el presupuesto 2019 y del reciente acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 12 de septiembre, donde se autoriza al Director General de Administración y Finanzas del Seguro Popular a tomar los recursos destinados a las enfermedades como leucemia, linfoma, hepatitis, cáncer de mamá y cáncer cervicouterino, para la supuesta adquisición, distribución y entrega de medicamentos básicos.

“Denunciamos que el Gobierno Morenista al privilegiar en el gasto público los programas clientelares, está dejando literalmente en el desamparo a miles de niños y adultos de escasos recursos con enfermedades graves y costosas”, dijo el PAN.

Señaló que la intención del Gobierno se refuerza con el hecho de que ahora en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se eliminaron las reglas para la administración y distribución de los recursos del Seguro Popular y del mismo Fondo.

“De esta forma se abre la puerta para que el Gobierno Federal pueda usar de manera discrecional los recursos acumulados en el Fondo que asciende a los 80 mil millones de pesos, un verdadero botín para gastarlo a su antojo”, enfatizó.

Destacó que para evitar que se concrete lo que llamó un “atraco contra la salud de los mexicanos” más pobres, presentarán los recursos legales necesarios para impedir que el Ejecutivo Federal utilice los recursos del Fondo para fines distintos a la prestación de servicios médicos de alta especialidad y tratamiento de enfermedades graves.

Recordó que de 2012 a junio de 2019 se han atendido 988 mil 954 casos de las enfermedades consideradas como catastróficas por su alto costo y complejidad, por un monto de 53 mil 352 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa ‘fantasma’ que presuntamente operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), esta empresa fue utilizada por Odebrecht para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de Antigua, Estados Unidos y México.

MCCI adelantó este martes que el rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), esta última que también investiga a una red de 11 empresas ‘fantasma’ ligadas con Blunderbuss, con la que presuntamente compartían socios, representantes y apoderados legales.

Los más de 6 millones de dólares se habrían transferido a México entre 2009 y 2011 y ese monto, según MCCI es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.

Documentos consultados por esa organización no gubernamental exponen que cuatro de las 11 empresas investigadas participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos.

En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.

También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en ningún caso fueron localizadas en los domicilios en que supuestamente operan.

El pasado 30 de marzo de 2019, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de empresas ‘fantasma’.

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), confirmó este jueves que Miguel Ángel Lozada Aguilar, Héctor Salvador Salgado Castro y Luis Galván Arcos, son los tres funcionarios de Pemex que participaron como firmantes responsables de 25 convenios de prestación de servicios con instituciones de educación superior.

“En cumplimiento a las instrucciones Presidenciales, se confirma que los 3 servidores públicos; Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativo y Comercial de Pemex Producción y Exploración, así como Luis Galván Arcos, actual gerente de Operaciones de Control Financiero de Procesos Industriales, que fueron señalados en la investigación conocida como ‘Estafa Maestra’, participaron como firmantes responsables no solo de 6 si no de 25 convenios de Pemex con instituciones publicas de educación superior durante el periodo de 2012 a 2018”, informó Sandoval.

Según la secretaria, el análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o a personas cercanas a ellos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos.

Derivado de lo anterior, la SFP inició tres investigaciones para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres servidores públicos referidos, que pudieran resultar de conductas irregulares.

Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero de Veracruz, afirmó que debido a los desvíos de Javier Duarte durante su gestión como gobernador de Veracruz, de los cuales supuestamente se beneficiaron algunos exsecretarios de finanzas, no había dinero para pagar a empleados gubernamentales, jubilados y maestros.

Abdalá Saad reveló a la Procuraduría General de la República (PGR) la forma en que Duarte buscó supuestamente protegerse para no ser auditado y cómo operaban los funcionarios estatales cada quincena.

“Por ejemplo, en las quincenas, que era cuando más presiones existían de liquidez, había una junta a la cual asistíamos el secretario de Finanzas, el subsecretario y yo, donde establecíamos cuánto dinero hacía falta para poder cumplir con el pago de sueldos de empleados del gobierno del estado, maestros y pensiones”, detalló el exfuncionario.

“En estas juntas establecíamos un balance general de lo que había en caja. Jamás se tocaba el tema de un fondo específico ni para qué iba destinado. Lo que en efecto sucedía era con la utilización de la frase ‘barriendo todas las cuentas, ¿cuánto nos falta?’, definíamos el número concreto que hacía falta para pagar los salarios” explicó.

“Entonces tanto el secretario como el subsecretario me instruían a pagarlo directamente de las cuentas concentradoras, esto sucedió en todas y cada una de las gestiones de los diferentes funcionarios… era una práctica común”, agregó.

Asimismo, indicó que su cargo era operativo, y que no tomaba decisiones, pues dependía inmediatamente del subsecretario de Administración y Finanzas e indirectamente del secretario de la dependencia y del gobernador.

Francisco Valencia, ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CEAV) acusado de desviar 435 millones de pesos, abandonó el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

En la audiencia realizada este martes, la juez del caso cambió la medida cautelar impuesta a Francisco Valencia de prisión preventiva, por lo que ahora seguirá su proceso en libertad y tendrá que acudir a firmar a los juzgados cada 15 días.

Apenas el lunes, Mauricio Audirac, ex secretario de Finanzas y Planeación, abandonó el mismo reclusorio.

El secretario de Gobierno estatal, Erick Patrocinio Cisneros, advirtió que podrían salir más ex funcionarios del ex gobernador Javier Duarte porque las carpetas de investigación en su contra estuvieron mal integradas.

“Quienes integraban las investigaciones las hicieron mal porque o había desconocimiento o había chanchullo. Las detenciones fueron un rollo mediático y luego los responsables se dedicaron a negociar con quienes saquearon el erario público”, explicó el funcionario.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno veracruzano, se hizo justicia “selectiva”, por lo que el fiscal Jorge Winckler debe ser destituido.

“Hubo justicia selectiva y debe haber justicia para todo y para ello debe ser relevado el fiscal Jorge Winckler, quien tiene al menos cinco denuncias en su contra y tres solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado”, puntualizó.

Con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Salud, José Narro, compareció ante diputados de la actual legislatura, ante quienes respondió a los señalamientos que han hecho a la dependencia por supuestos desvíos de recursos, deficiencias en la calidad de servicios médicos, Seguro Popular y desabasto de medicamentos.

Narro reconoció la importancia del uso eficiente y transparente del presupuesto del ramo, pues dijo “no se vale desviar dinero público; pero hacerlo en el caso de la salud, es un doble crimen, un doble delito”.

Al respecto subrayó que la dependencia ha presentado 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el desvío de mil 150 millones de pesos. “Hemos estado insistiendo frente a la Procuraduría para que nos informen del avance de estas situaciones”.

Informó que el presupuesto para las instituciones de salud y seguridad social aumentó de 2013 a 2018, en términos reales, 4.7%; es decir, 3.3 billones de pesos, de los cuales 68% se va a las entidades, explicó.

Finalizó indicando que para el gobierno actual, la salud ha sido prioridad. “Claro que tenemos problemas y claro que hay situaciones que urge remediar en el país”.

 

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una red de 11 empresas fantasma utilizada para desviar 164 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en tiempos de Rosario Robles, guardan relación con el ex gobernador de Veracuz, Javier Duarte.

Se señala que en las actas de 5 empresas por las que circuló el dinero saqueado de la Sedatu entre 2016 y 2017 aparece como socio mayoritario o apoderado Alfonso Gómez Méndez, quien a su vez funge como dueño de un despacho de servicios contables involucrado en el desvío de fondos del gobierno de Duarte en Veracruz.

Esas 5 empresas, a su vez, están ligadas con otras 6 que también fueron utilizadas para el saqueo de recursos públicos federales que MCCI documento en una investigación independiente a lo que reveló días atrás el periódico Reforma. Se enfatiza que toda la red tiene su base de operaciones en Chiapas, en donde radica Gómez Méndez.

Recordemos que el diario nacional publicó que entre diciembre de 2014 y diciembre de 2017 fueron retirados más de 700 millones de pesos de cuentas bancarias de 15 empresas beneficiarias de contratos en Sedatu y Sedesol y llevados en efectivo a 10 domicilios en la Ciudad de México, Tabasco, Quintana Roo y Sinaloa.

Tanto en el caso revelado por Reforma, así como en la red chiapaneca de empresas fantasma que documentó MCCI aparece que se triangularon los recursos federales mediante convenios suscritos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y con Televisora de Hermosillo SA de CV (Telemax).

A inicios de 2016, la Sedatu firmó dos acuerdos con el SQCS y con Telemax para desarrollar productos de difusión en audio y video que servirían para promover programas de Gobierno; el primer convenio fue por 450 millones de pesos y el segundo por 320 millones.

Tanto el SQCS como Telemax subcontrataron los servicios a una red de empresas que simularon operaciones. Entre esas empresas estaba Agatha Líderes Especializados SA de CV, que recibió entre 2016 y 2017 pagos por 164.7 millones de pesos.

 

Investigación completa AQUÍ

Foto: Investigación MCCI tomada de Proceso

El PRI y el PAN presentaron sus nuevos spots ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en el que refuerzan los ataques a sus respectivos candidatos presidenciales, solo que ambos partidos decidieron utilizar la misma fórmula de spots.

 

 

El PRI relata en su nuevo spot, las irregularidades que se le han señalado a Ricardo Anaya sobre su patrimonio, su nivel de vida respecto a sus ingresos, y la compra-venta de una nave industrial en Querétaro. El spot lanza acusaciones de que el panista lava dinero, miente en sus declaraciones patrimoniales y de haber creado empresas fantasmas.

 

 

Por su parte el PAN comienza su spot llamando a José Antonio Meade el ‘padre del gasolinazo’, y también denuncia las irregularidades del ex titular de Hacienda cuando estuvo al frente de Sedesol, las cuales afirma el spot, fueron documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

Ambos spot finalizan con la frase: “¿y esta persona está en la cárcel? No, porque es el candidato del (caso 1) PRI, Partido Verde y Nueva Alianza; (caso 2) del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano”.

 

Al respexto Meade declaró que los del PAN eran unos ‘genios’ al copiar el spot que asegura ellos presentaron primero.

 

Esta tarde en conferencia de prensa, el Secretario de Comunicación del PAN, Fernando Rodríguez Doval, insistió en que es falso que se hayan sancionado a 468 servidores públicos por los desvíos de más de 500 millones de pesos cuando Meade fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); y denunció que el ahora candidato presidencial incurrió en acciones y omisiones establecidas en la ley.

 

 

Acompañado de figuras del Frente, el panista afirmó que ni Meade ni ninguno de sus voceros han negado los desvíos millonarios en Sedesol, y dio a conocer que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, Meade incurrió en diversas violaciones, pues tal como lo establece el artículo 19, el titular o Contralor Interno tenían que denunciar ante el Ministerio Público cualquier hecho del que tuvieran conocimiento que implicara una responsabilidad penal.

 

Acusaron que si Meade tuvo conocimiento de estas irregularidades, tal como lo han reconocido él y sus voceros, no bastaba con que los remitieran al órgano interno de control, sino que debía denunciarlo ante el Ministerio Público, pues fueron casos que involucraron delitos.

 

Los Frentistas pidieron a José Antonio Meade dar la cara y asumir las consecuencias, y retaron a los voceros del candidato del PRI a dar a conocer la lista de los 468 funcionarios que supuestamente se sancionaron y que tanto han presumido.

 

 

Sobre la actuación de la PGR, aseveraron que aunque la ASF presentó cuatro denuncias penales, ésta no ha actuado con celeridad para investigar los hechos, lo cual confirma que está al servicio del PRI en esta campaña electoral, persiguiendo a sus opositores y protegiendo a sus aliados, entre ellos, a su propio candidato presidencial.

Un grupo de Frentistas, comandados por el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, encabezaron una conferencia de prensa en la que denunciaron presuntos desvíos de recursos públicos por complicidad o por actuación directa del hoy candidato del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, cuando este fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 

 

Zepeda indicó que los voceros de la campaña del priísta, han hecho todo lo que está a su alcance para impedir que se conozca cierto contenido del informe a la cuenta pública que recientemente presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF); e indicó que no es casualidad que el mismo día que se dio a conocer la primera información sobre la auditoria, se emprendieran los ataques contra Ricardo Anaya.

 

“Les repito, el candidato del PRI entonces como Secretario, no sólo fue complice sino que participó de manea directa en el desvío de recursos”, dijo Zepeda.

 

Relató que una de las irregularidades involucraron a la Universidad Politécnica de Chiapas en 2015, justo cuando Meade fungió como titular de la Sedesol. Detalló que en octubre de dicho año, meses después de que asumiera la titularidad de la dependencia, (agosto 2015), la Sedesol emitió un pago de 400 millones de pesos (mdp) a la Universidad, para brindar servicios varios que el informe de la ASF de la cuenta pública 2015, detectó nunca se presentaron evidencias de que los trabajos hayan sido brindados.

 

En un segundo caso, denunció la falsificación y sustracción de documentos públicos en convenios con tres Universidades del Estado de México que alcanzaron los 611 mdp y que se firmaron durante la gestión del ahora candidato presidencial del PRI.

 

Acusaron que se sustituyeron ilegalmente páginas de los tres convenios firmados con la Universidades, con el objetivo de modificar la fecha de finalización de los mismos. Zepeda indicó que se cambió la fecha de término para que cuadraran las tiempos con fechas anteriores a la llegada de Meade y así pretender dejarlo fuera de las triangulaciones.

 

 

Advirtió que dichos esquemas utilizados en la Sedesol bajo la administración de Meade, fue el que se ocupó en el caso revelado la semana pasada en la misma dependencia, pero bajo la administración de Rosario Robles.

 

Enfatizó que por más que el PRI ha querido inventar acusaciones, el motivo real por el que se ha atacado a su candidato, es el querer cubrir la participación del extitular de Hacienda en movimientos de desvíos de recursos. Pidieron a las autoridades informar qué ha sucedido con las denuncias que tuvieron que haberse abierto por los informes del 2015; además de que se informe a qué empresas o entidades se subcontrató para ver si son empresas existentes o empresas fantasmas.

 

“Al PRI, al Gobierno y a Meade le decimos expliquen este desvío de recursos públicos en lugar de estar inventando cajas chinas y de atacar a opositores”, concluyó el mensaje ofrecido desde un hotel de la Ciudad de México.

 

Un nuevo episodio en el caso de los presuntos desvíos de recursos en Sedesol bajo la administración de Rosario Robles sale a la luz, y es que el diario reforma difundió fragmentos de los relato de las auditorías forenses D17012 y D17002, practicadas a los ejercicios presupuestales 2014 y 2015, de la dependencia deferal, en donde empleados de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) confesaron haber sido obligados a participar en el presunto desvío de recursos.

 

Los funcionarios relataron a la ASF que el esquema de simulación en el que se les ordenó firmar contratos y dispersar el dinero con empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato, involucró en un caso a 34 proveedores y en el otro a 27 y el cual se habría hecho en las oficinas de la Secretaría en la Ciudad de México.

 

En el primer caso, describen que los funcionarios  que participaron fueron el subdirector jurídico y apoderado legal, el ex director jurídico y el subdirector de Contenidos.

 

Elrelato en poder de la ASF indica que en dicha reunión el entonces subdirector Jurídico firmó en calidad de apoderado legal de RTH 20 contratos y el entonces director Jurídico como representante del organismo estatal suscribió 28, mismos que a su vez fueron proporcionados por la entonces directora de Área de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Sedesol, quien además ordenó que se recibieran las cajas que contenían los entregables ya elaborados.

 

A través de este esquema de simulación, la Sedesol desvió 955 millones bajo la titularidad de Rosario Robles, y el cual se replicó en Sedatu en 2016 involucrando 2 mil 130 millones de pesos más.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Tras los señalamientos que se han hecho en los últimos días sobre los presuntos desvíos de recursos en el Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, reconoció que cuando él asumió en la Secretaría, detectó irregularidades en el manejo de los recursos, mismos que denunció.

 

Meade indicó que cuando tomó las riendas de Sedesol, tras la salida de Robles Berlanga, sí encontró irregularidades correspondientes al programa de adultos mayores, por lo que procedió a hacer las denuncias correspondientes, que derivaron en la sanción de 460 funcionarios involucrados en el caso.

 

“A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos”, dijo esta tarde el ex titular de Hacienda luego de ser cuestionado sobre si se deslindaba de las acciones de su excompañera de Gabinete.

 

Indicó que lo que a él lo corresponde es el deslinde de responsabilidades, más que de funcionarios, “el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella. La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR”.

 

El equipo de campaña de Meade, reiteró en conferencia de prensa que durante su gestión como Secretario de Hacienda, el ahora candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que involucran a Rosario Robles, por lo que rechazaron los señalamientos que se le han hecho.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APAO