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El Gobierno federal ordenó la expropiación y la ocupación definitiva de una planta de hidrógeno de la empresa francesa Air Liquide en una refinería de Pemex, según un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En diciembre, el Gobierno anunció la ocupación temporal, por causa de utilidad pública, de la Planta Productora de Hidrógeno denominada U-3400, ubicada en la refinería de Tula, Hidalgo, a favor de Pemex Transformación Industrial (PMI).

“Se ordena la ejecución inmediata del presente decreto expropiatorio y, en consecuencia, la ocupación definitiva de la planta productora de hidrógeno U-3400”, dice el nuevo decreto.

Tras anunciar la ocupación temporal a finales del año pasado, el Gobierno emitió en febrero una declaratoria de utilidad en la que ordenaba a PMI, el brazo comercial de Pemex, solicitar a la Secretaría de Energía (SENER) el inicio del procedimiento de expropiación de la planta.

El nuevo decreto señala que la interposición de cualquier medio de defensa por parte de la compañía “no suspende la ejecución inmediata” de las medidas y que PMI debe cubrir un monto de indemnización en términos de la Ley de Expropiación, pero no detalla la cuantía de la compensación.

“Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados pueden acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”, agrega.

Todo esto sucede cuando el gobierno del presidente López Obrador ha buscado la autosuficiencia del país en combustibles con millonarias obras en el sector de la refinación.

Para justificar las medidas sobre la planta U-3400, la SENER ha dicho que la dependencia que tenía la refinería de Tula del hidrógeno provisto por un tercero ponía “en riesgo” la producción de gasolinas y diésel en la instalación.

Foto: X @Airliquide_Mx

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó la tarde de ayer un nuevo decreto por el que expropia terrenos “por causa de utilidad pública” en varios municipios del Estado de México, que servirán para construir la conexión del tren suburbano con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) propuso la expropiación de una superficie de 113,838 metros cuadrados ubicados en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, todos en el Estado de México, para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea uno del tren.

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La SICT cubrirá el monto de la indemnización en términos de la ley a quienes acrediten su legítimo derecho, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.

Y es que recordemos que la SICT tiene a su cargo la elaboración del proyecto para la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano de la estación Lechería, actualmente en operación a Santa Lucía, “lo que permitirá contar con un servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros, eléctrico, competitivo, eficiente y seguro”.

Se argumenta que reducirá los costos y tiempo de recorrido de personas que viajen de la zona metropolitana del Valle de México al AIFA, y viceversa; disminuirá los accidentes y contaminación ambiental en la zona, por tratarse de un medio de transporte eléctrico, e impulsará el desarrollo urbano, lo que significa un mayor bienestar social a los habitantes de la región.

Los terrenos expropiados son para la construcción de 6 estaciones intermedias para el ascenso y descenso de pasajeros, cuyos andenes se ubicarán entre las dos vías de ferrocarril para pasajeros; cada estación contará con una pasarela elevada que conecte con los Centros de Transferencia Modal 1, 2, 3, 4, 5 y 6, previstos para cada estación, los cuales tienen la función de ser espacios donde coincidan varios medios de transporte público y concesionado para dar el servicio adecuado a las personas que harán uso del sistema del Tren Suburbano.

Se detalla que si los bienes a que se refiere el decreto no son destinados a la realización de las acciones que dieron causa a la expropiación, el afectado podrá solicitar la insubsistencia de la expropiación en términos de la normativa aplicable.

Esta expropiación llega luego de lo ocurrido con Ferrosur y tres tramos ferroviarios que tenía la subsidiaria de Grupo México.

Desde el 19 de mayo elementos de la Secretaría de la Marina ocuparon los tres tramos ferroviarios tras la publicación de un decreto que declaró de “utilidad pública” las instalaciones que pasaron a la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec para integrarse al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) que busca conectar el Golfo de México con el Pacífico.

Se trató de las líneas Z, ZA y FA que corren entre Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, que tenía en concesión Ferrosur desde 1998.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que las diferencias entre su gobierno y el grupo que dirige el empresario Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico de México, no han logrado superarse.

Dijo que las conversaciones con el Grupo México se interrumpieron luego que la empresa exigió una indemnización de 9,500 millones de pesos; sin embargo, se mostró dispuesto a alcanzar un acuerdo.

López Obrador afirmó que la ocupación se ejecutó apegada a la constitución y las leyes, y descartó que la medida pueda asumirse como una expropiación.

“Esta concesión o este tramo de concesión, sí, tiene que restituirse, es lo único, y nosotros, buscando un acuerdo, les damos el derecho de paso, pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público”, afirmó al rechazar los cuestionamientos que realizaron empresarios y analistas contra la medida.

López Obrador negó que la decisión responda a una confrontación con Larrea, quien se perfila para adquirir Banamex, la filial mexicana de la corporación estadounidense Citigroup.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con José Yuste, periodista de finanzas, sobre las acciones del gobierno federal en relación a Ferrosur.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que está dispuesto a pagar una indemnización a Grupo México si fuera el caso, luego de que su gobierno decretara la ocupación temporal de un tramo ferroviario operado por una de sus subsidiarias.

La gigante minera indicó el fin de semana que continúa analizando el alcance y los efectos de la medida, por la que la Marina ocupa instalaciones de su unidad Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas, en Veracruz.

López Obrador aseguró que las acciones tomadas por el gobierno son una “recuperación de una concesión”, y no una ‘expropiación’ como han acusado sus opositores, medios y la cúpula de la iniciativa privada..

Explicó que se trató de una recuperación de una concesión, que aseguró, es completamente constitucional y legal.

“¿Qué es expropiar? Lo que es de propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión, que es de la Nación”, justificó AMLO.

Cuestionado sobre cuánto tiempo durará la toma de las vías, el presidente afirmó que todo depende de “la actitud de la empresa”. Reveló que meses atrás, un acuerdo con Grupo México avanzaba y estaba a punto de firmarse.

Sin embargo, indicó que un día le dejaron de contestar el teléfono al secretario de Gobernación, a quien encomendó cerrar dicho acuerdo. Incluso dijo que después de que se había mostrado disposición a alcanzar el acuerdo, abogados de Grupo México pidieron un pago 9,500 millones de pesos a cambio del tramo que formarán parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“De repente nos cancelan un acuerdo y ya querían empezar a interponer amparos y detenernos. Querían que las pagáramos 9 mil 500 millones de pesos, pues así ya no se puede”, sostuvo el mandatario.

Ante esta situación, se dijo a favor de “que se haga después del procedimiento legal” y que sea la autoridad competente quien mande a hacer un avalúo y en caso de que corresponda, se pague una indemnización”.

Finalmente, López Obrador aclaró que lo sucedido con Ferrosur es una situación independiente de la operación que venta-compra que Grupo México tiene con Citigroup por Banamex.

“Esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comparar Banamex”, dijo López Obrador recordando que está de acuerdo con que Larrea sea quien compre el banco, siempre y cuando cumpla con los peticiones que hiciera en torno al proceso de compra-venta.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expropió este viernes tres tramos de ferrocarril en el sur del país que pertenecían a Grupo México, uno de los mayores conglomerados del país.

La decisión afecta las líneas Z, ZA y FA que corren entre las localidades de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán y de El Chapo a Coatzacoalcos, que fueron entregadas en concesión desde 1998 a la empresa Ferrosur, que pertenece al Grupo México Transportes.

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Los tramos pasaron a formar parte de la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y se integrarán al proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), según señala el decreto que fue publicado el viernes en el Diario Oficial de la Federación.

La medida se da un día después que López Obrador declaró, por segunda ocasión, obre de “interés público y seguridad nacional” el Tren Maya, además de otras obras como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y cuatro aeropuertos del sur del país, en abierto desafío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer determinó que era inconstitucional el acuerdo que decretó que los trenes turísticos y otros proyectos de infraestructura eran obras de “seguridad nacional”.

La ocupación de las líneas de ferrocarril quedó en manos de la Secretaría de Marina (Semar) a la que López Obrador entregó en el 2021 la propiedad parcial del proyecto del Tren Interoceánico que correrá a través del Istmo de Tehuantepec como parte de una serie de tareas y proyectos emblemáticos que el mandatario ha entregado los militares.

El gobierno dijo que con la expropiación de los tramos ferroviarios se asegura el “funcionamiento eficaz de la plataforma logística, es imperativo tener el control y administración de todas las líneas ferroviarias que comprenden el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, ubicado entre los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Las vías férreas expropiadas interconectan el puerto de Coatzacoalcos y son consideradas por las autoridades de “vital importancia” para la conexión portuaria con las instalaciones de Salina Cruz y Dos Bocas, donde el gobierno está construyendo una refinería.

El CIIT asumirá el pago de la indemnización por la expropiación de los tramos ferroviarios.

Recordemos que en 2018, poco antes de asumir la Presidencia, López Obrador había asegurado que “no se iba “a expropiar ningún terreno” para construir el Tren Maya.

“No se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido” para la obra del Tren Maya, había dicho.

En respuesta Grupo México emitió un comunicado en el que expresó la “sor´resiva e inusitada toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas”.

Indicó las acciones son analizadas por Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores, y adelantó que se continuará brindado servicio a sus usuarios sin ninguna afectaciones por el momento, solo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, y señaló que en breve informará sobre las acciones a seguir con base en sus obligaciones como empresa pública.

Las acciones de Grupo México Transportes cayeron después de que el gobierno publicó en el DOF la expropiación de un tramo ferroviario.

Los títulos de Grupo México Transportes descendían un 4.14% a 39.58 pesos, encabezando las pérdidas en el mercado local de valores.

Los papeles de su matriz, el gigante minero Grupo México, también bajaban con fuerza y restaban un 2.94% a 81.31 pesos.

Grupo México, con negocios también en el sector de infraestructura, es encabezado por Germán Larrea, la segunda persona más rica del país.

A inicios de la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su espaldarazo a la compañía para una posible compra de Citibanamex, la unidad minorista local del estadounidense Citigroup, y añadió que las negociaciones para que se concrete la operación.

Luego de que declarara el proyecto del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional, para así poder superar la suspensión que un juez concedió a uno de sus tramos, el gobierno federal anunció este lunes la expropiación de un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados a favor de la Federación para la ejecución del polémico Tramo 5.

De acuerdo a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la superficie de 1,093,118.93 m2, se emplearán en los subtramos norte y sur del tramo 5 del Tren Maya, y corresponden a 36 inmuebles de propiedad privada en cuatro municipios de Quintana Roo.

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En Benito Juárez, se expropiaron un total de 68 mil 894 metros cuadrados. En Puerto Morelos fueron 18 mil 312 metros cuadrados, mientras que en Tulum la superficie afectada fue de 155 mil 529 metros cuadrados. El resto, y convirtiéndose en el municipio donde se expropio más, fue en Solidaridad.

En total, el acuerdo señala que los inmuebles expropiados suman 109.3 hectáreas.

Recordemos que en junio pasado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) había publicado una declaratoria de utilidad pública sobre 138 hectáreas, que hoy culmino con el decreto firmado hoy por el presidente López Obrador.

El decreto señala que la expropiación incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos.
También se detalla que será Sedatu quien cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, que hasta ahora se desconocen, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Esta medida se repite un año después, pues en junio de 2021, el presidente  también decretó la expropiación de 109 hectáreas de terrenos privados para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que sirvieron para que el proyecto se completara y fuera inaugurado en marzo pasado.

El tema del Tren Maya, en específico el Tramo 5, que va de Cancún a Tulum, no ha dejado de ir de polémica en polémica.

Primero, fue el cambio de trazo, que conllevó a acusaciones de parte de ONG’s y activistas sobre el impacto ambiental que tendría. En mayo pasado, el juez federal Adrián Novelo otorgó una suspensión definitiva contra el proyecto al coincidir que la construcción no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), necesaria para iniciar la obra, además de que señaló que fue ignorada por las autoridades al declarar el proyecto de seguridad nacional.

Además, mientras el gobierno emitía el decreto de expropiación, Adrián Novelo, juez del Primer Distrito de Yucatán concedió una segunda suspensión definitiva a la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, al otorgar un amparo a la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publicó la tarde de ayer el decreto por el que se expropian 109 hectáreas para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, ubicadas en tres municipios del Estado de México.

Se trata de una superficie total de 109-66-87.671 hectáreas de terrenos de propiedad privada ((ciento nueve hectáreas, sesenta y seis áreas, ochenta y siete centiáreas, seiscientos setenta y uno miliáreas)), a favor de la Federación.

En los considerados, se menciona el artículo 1o. fracciones I y VI de la Ley de Expropiación, donde se prevén como causas de utilidad pública, para la expropiación de terrenos, el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público y los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública; que en la especie comprende la construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles”, en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Municipio de Zumpango, Estado de México.

Se precisa que la Sedena llevó a cabo los trabajos técnicos e informativos y proyectos conforme a los cuales se determinó que los bienes inmuebles que fueron objeto del Decreto, tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada, resultando ser los adecuados e idóneos para las obras e instalaciones necesarias para la construcción del Aeropuerto Internacional, ya que por su ubicación estratégica reúnen las características específicas que se requieren para este tipo de infraestructura.

Las expropiaciones ocurrirán en el Ejido de Santiago Atocan, ubicado en el municipio de Nextlalpan; en el Ejido de San Lucas Xoloc, ubicado en el municipio de Zumpango y en el Ejido de Xaltocan, ubicado en los municipios de Nextlalpan y Tecámac.

Se detalla que la Secretaría de la Defensa Nacional procederá de inmediato a tomar posesión definitiva de los bienes materia de la expropiación, además de que con cargo a su presupuesto, cubrirá el monto de la indemnización que en los términos de Ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

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Al agradecer a los senadores que aprobaron esta madrigada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el mes pasado al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que tomó la decisión de proponer la iniciativa ante la negativa de empresas extranjeras de renegociar los contratos que se tienen, a los cuales se refirió como “leoninos”.

“No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y tengamos mejores condiciones y defender el interés público”, sostuvo.

El presidente mencionó que tras la aprobación de la reforma eléctrica tiene pensado hablar con la empresa española Iberdrola y otras 10 compañías.

“Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico, entonces vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política”, indicó.

El presidente aseguró que “no quiere expropiar por expropiar” ni generar miedo a los inversionistas. Recordó que desde que asumió la presidencia, no se ha hecho ninguna expropiación, lo cual aseguró, garantiza los negocios de los inversionistas.

Incluso pidió a sus adversarios que no infundan miedo a los inversionistas, pues alertó que sus detractores han estado usando el tema de la reforma eléctrica para atemorizar a empresarios.

Y es que el principal cambio de la reforma será eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La reforma también cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE, algo que impedirá a México cumplir con su compromiso ante el Acuerdo de París para generar 35% de la energía con fuentes limpias en 2024.

AMLO aprovechó esta mañana para adelantar que en los próximos días dará a conocer un plan de modernización de las hidroeléctricas; indicó que se van a cambiar turbinas para producir “más energía limpia, con menos costo”. Se comenzará con 14 hidroeléctricas del país.

Al encabezar la ceremonia de conmemoración del 82 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que por primera vez en los últimos 14 años no hubo reducción en la producción petrolera y, por el contrario, actualmente se producen 88 mil barriles diarios más que en diciembre de 2018.

Además, el mandatario celebró que el impulso a las refinerías permitirá la autosuficiencia en la producción de combustibles.

“Hemos aumentado la capacidad de refinación de 32 a 42 por ciento y después de más de 40 años ya está en construcción la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso Tabasco para conseguir la autosuficiencia en energéticos, para no depender del extranjero, para hacer realidad nuestra soberanía nacional”,enfatizó.

López Obrador reafirmó que no modificará los contratos entregados en el periodo de la reforma energética porque aún es preponderante el dominio de la nación sobre el petróleo.

“Nos dejaron el 80 por ciento del potencial. No cambiaremos el marco legal porque queremos respetar los acuerdos que se tomaron, aunque pensamos de manera distinta. Consideramos importante mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para sumar voluntades, esfuerzos y recursos en beneficio del pueblo y de la nación mexicana. Ya se terminó el periodo privatizador”, subrayó.

AMLO no dejó pasar la oportunidad de acusar que aunque con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón el precio del barril de petróleo fue el más alto de toda la historia, todos los excedentes se usaron para engrandecer el aparato burocrático y transferir recursos de la Hacienda pública a particulares, incluyendo el subsidio que significó no cobrar impuestos a las grandes corporaciones económicas y financieras.

Por su parte el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que la estrategia petrolera de la actual administración está dando importantes resultados, ya que la producción de crudo fue de más de un millón 790 mil barriles. Es decir, 175 mil barriles más de lo que se produjo en el mes de enero de 2019, cuando la producción registró su nivel mínimo en más de 15 años.

Ante la reciente volatilidad de los mercados financieros y petroleros, e incertidumbre económica, Romero Oropeza dijo que Petróleos Mexicanos ha iniciado la ejecución de su protocolo para mitigar los riesgos sobre sus finanzas. Por ello, la empresa redujo su exposición de riesgo de liquidez.
Señaló que dicho elemento es sumamente importante en las circunstancias actuales, porque la empresa cuenta con una disponibilidad inmediata en líneas de crédito revolvente por 6 mil 800 millones de dólares y una disponibilidad de 6 mil millones en moneda nacional. El acceso a este financiamiento es inmediato y no está sujeto de ninguna garantía ni procedimiento adicional. Con dicha disponibilidad de liquidez, aseguró que Pemex está preparado para garantizar su posición financiera y enfrentar los escenarios actuales de estrés en los mercados.
Y aunque diversos analistas señalan lo contrario, el director afirmó que Pemex es una de las empresas más rentables de la industria petrolera internacional, que, contra toda propaganda negativa o mal intencionada, la empresa opera con niveles de eficiencia y rentabilidad por arriba del promedio de la industria petrolera.
“Es falsa la idea que la empresa genera pérdidas, para 2019 el margen EBITDA de PEMEX fue de 29 por ciento, este indicador internacional nos muestra que PEMEX está por arriba del promedio de la industria petrolera en términos de rentabilidad. Es decir, está generando valor”, señaló el colaborador de AMLO.
Romero Oropeza informó que se han aplicado medidas de austeridad, de combate a la corrupción y de disciplina económica para lograr estabilizar las finanzas de la empresa y avanzar hacia el rumbo claro para convertir a Pemex en palanca del desarrollo nacional.
Llamó la atención que durante el evento de hoy, y pese a asegurar que acata los protocolos dictados por las autoridades sanitarias del país en el marco de la lucha contra el nuevo coronavirus, el presidente López Obrador estrechó mano con el director de Pemex.
El no saludar de mano es una de las principales recomendaciones que han  hecho las autoridades para evitar la propagación del Covid-19.

Durante el evento de conmemoración por el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera, en el gobierno de la Ciudad de México, la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, comparó al expresidente Lázaro Cárdenas con el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

“La Expropiación Petrolera decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 marcó el destino de nuestro país, desde Cárdenas no se había presentado una defensa tan férrea de las riquezas del subsuelo nacional, de nuestra soberanía, hasta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, son dos hechos que pueden ser comparados, el rescate de hoy de Pemex con la Expropiación Petrolera de 1938”, señaló Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno.

Más tarde, en conferencia de prensa, la jefa de Gobierno avaló el discurso de la secretaria de Gobierno.

“Por ejemplo, este año, lo que es increíble, por primera vez Pemex no contrata deuda, es increíble lo que va a lograr el presidente López Obrador, este año con cero deuda en Pemex, se va a hacer una inversión histórica tanto en producción como en refinación, entonces el rescate de soberanía energética, desde mi perspectiva es comparable con la Expropiación Petrolera”, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina ofreció una conferencia tras el anuncio del arranque del segundo laboratorio de la ciudad.

Se trata del Laboratorio Anticorrupción, el primero en el mundo de su tipo.

Dentro de los proyectos del Laboratorio Anticorrupción están una Evaluación en el desvío de pago de tenencia al sacar placas de otros estados y el impacto de la ventanilla única de construcción, para evitar la corrupción en el sector inmobiliario.

 

De visita por Jalisco, el precandidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya insistió en que sus adversarios de Morena y del PRI, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, respondan al llamado que les hizo para saber si están a favor de la reforma al artículo 102 que busca implementar una Fiscalía autónoma.

 

“Que sin miedo digan, de cara a la opinión pública, si están a favor de que haya una Fiscalía plenamente autónoma o si quieren seguir simulando del lado de la impunidad, con una Fiscalía que dependa del Ejecutivo como actualmente ocurre”, retó de nueva cuenta Anaya.

 

El panista calificó como vergonzoso que Meade y AMLO no se hayan pronunciado al respecto, pues dijo ponen en duda su actuar, y dejan ver que sus dichos sólo pretenden engañar a la opinión pública.

 

Respecto al escándalo en que se ha visto envuelto luego de la publicación del reportaje de la revista Proceso sobre la supuesta triangulación de recursos a través de una Fundación queretana, Anaya lanzó otro reto al PRI-Gobierno.

 

“En la legislación mexicana el que afirma está obligado a probar. Yo lo reto a él a que demuestre que efectivamente ese predio fue expropiado por el gobierno. Les garantizo que no lo va a poder probar, porque es una mentira más del PRI tratando de engañar a la opinión pública”, dijo el aspirante presidencial.

 

Anaya se refirió al hecho de que el próximo domingo los panistas voten por su candidato presidencial, del cual dijo, aunque sea el único registrado, habrá una votación en su partido y después habrá también un pronunciamiento de los órganos directivos de los otros dos partidos de la coalición que abanera. Confió en que recibirá el respaldo de las tres fuerzas políticas.

 

Adelantó que hará un cierre de precampaña en un lugar cercano a donde emita su voto.