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El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que la iniciativa de reforma presentada en la Cámara de Diputados por el morenista Sergio Gutiérrez, que propone acortar el periodo de la Presidencia del Consejo General, va en contra de la autonomía con la cual deben actuar las autoridades electorales.

“Es claro que hay una intencionalidad de establecer control político de la autoridad electoral. Es una propuesta, junto con la que ya se había planteado hace varios meses (desaparecer a los Organismos Públicos Locales), que va a contracorriente de lo que fue esa gran transición pactada por personajes de un gran renombre, entre ellos, el hoy diputado Porfirio Muñoz Ledo, que apostó por la autonomía de las autoridades electorales en contra de los órganos del poder político”, dijo el Consejero Presidente.

Lorenzo Córdova explicó que el periodo actual de duración de los miembros del Consejo General del INE tiene una lógica transexenal, con el objetivo de que las designaciones no se subordinen a los ciclos naturales de los órganos políticos Ejecutivo y del Legislativo.

Señaló que por el contrario, la propuesta de que la Presidencia del Consejo entre en la lógica de los ciclos políticos, cada tres años, implicaría que cada legislatura, con las mayorías que se van conformando en cada elección, sería la que definiría la Presidencia del órgano electoral.

“Yo creo que es muy importante tomar todas iniciativas con la claridad del propósito que tienen detrás, que es un propósito de control político de la autoridad electoral. Lo que está pasando en el mundo nos señala, de manera muy importante, que para la estabilidad política y, por ende, la estabilidad social y económica de un país, la autonomía de los órganos electorales es algo muy importante”, enfatizó.

El Consejero Presidente destacó que la democracia vive momentos muy complicados en el mundo, por lo que es importante aprender de las lecciones del contexto internacional; reconocer lo que se ha hecho bien y ajustar lo que todavía se puede hacer mejor para tener una democracia que sea un punto de referencia a nivel mundial.

El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, planteó modificar al artículo 41 de la Constitución para que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sea rotativa cada 3 años.

Lo anterior, a fin de evitar que la conducción de dicho órgano «sea coto exclusivo de una persona durante 9 años y que sólo una visión encamine los trabajos de tan importante institución», expuso el legislador.

El morenista indicó que el periodo de 9 años establecido actualmente, «fomenta la concentración de funciones en una sola persona, sin dar oportunidad a sus pares para desempeñar el cargo de manera rotativa, hecho que fortalecería la pluralidad de la institución y velaría por la democracia del país».

Sostuvo que la rotación de la presidencia del INE generaría mayor dinamismo en la toma de decisiones y erradicaría la concepción monolítica de una sola persona, durante nueve años, en la representación legal y política del organismo; además de que resaltó, generaría un efecto sano de renovación periódica.

Recordó que las presidencias de otros órganos autónomos, así como de la sala superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no exceden un periodo de 6 años, y en todo caso, cuando lo rebasan, es por una reelección.

Gutiérrez Luna añadió que las instituciones deben adecuarse a las necesidades y condiciones de la sociedad, y en 2014, cuando se dio la última reforma político-electoral, las condiciones del país eran otras.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, afirmó que la reforma constitucional para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos, busca «aniquilar” a los grupos minoritarios, particularmente a los de oposición.

La iniciativa que impulsa Morena pretende “terminar con las voces disidentes, porque, de aprobarse, lo único que estaría consiguiendo es que quedáramos en la inequidad, faltando a un principio sustancial en los procesos electorales”, sostuvo la perredista.

Denunció que por primera vez se estaría llegando a una reforma electoral sin un consenso de todos los grupos parlamentarios y sin haber salido de la oposición.

Expuso que los legisladores están a favor de reducir el financiamiento, siempre y cuando sea de manera integra” y que se busque una fórmula que permita que haya elecciones equitativas.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que en la reducción del financiamiento a partidos políticos tendría que ser paulatina, a fin de no afectar sus estructuras, operación y campañas electorales. Además dijo, se evitará que busquen recursos en “fuentes que no sean pertinentes”.

“El financiamiento de los partidos políticos tiene una fórmula que implica un crecimiento paulatino, porque hay dos elementos que siempre están destinados, por lo menos, en los tiempos actuales a crecer: el número de electores en el padrón electoral y el costo de Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, puntualizó.

Córdova Vianello mencionó que existen diversos planteamientos sobre el porcentaje que debe reducirse, consideró que la propuesta de “un 20 por ciento estaría bien, es mucho más racional. Aunque por supuesto el INE no opina en este sentido”.

Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), afirmó que el presupuesto que solicitan para el próximo año es apretado, pero «suficiente”, por lo que pidió a los diputados mantener los 16 mil 573 millones de pesos propuestos.

Detalló que los recursos se distribuirán en dos grandes componentes: el programa regular con un monto de 7 mil 711 millones de pesos y, para la ronda censal, 8 mil 862.

El funcionario comentó que las medidas de austeridad ya vienen integradas al presupuesto siguiendo el principio de legalidad y vigencia de la norma. “Tuvimos las reducciones salariales a los mandos superiores, conforme lo mandata la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”.

Informó que el primer bimestre del año, a partir del 2020, se va a comenzar a dar cifras preliminares del primer semestre del año anterior, en materia de homicidios registrados, debido a la demanda social que hay por tener información oportuna. Haremos un esfuerzo en esa materia, aseveró.

Por su parte el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, presentó ante Diputados el proyecto de gasto para el 2020, que asciende a 12 mil 493 millones de pesos, distribuido en 18 rubros, el primero y más grande será para la expedición de la credencial para votar con fotografía y la actualización del padrón electoral.

Durante la mesa de diálogo sobre el presupuesto 2020, destacó la preparación de la elección federal de 2021, a partir de septiembre del próximo año, proceso que será el más grande de la historia. “Esto impide cancelar proyectos, posponer el mantenimiento de nuestros sistemas o mantener plazas congeladas, indispensables para desplegar adecuadamente la organización del proceso”.

Aclaró que el monto que solicita representa solamente 20 centavos de cada 100 pesos que hay en el PEF 2020. Dijo que se tienen márgenes de ajuste al presupuesto, pero lo que se pide es fundamental porque cualquier reducción tendrá un impacto en la operación del instituto.

Se comprometió a mantener la política de contención, racionalidad y eficiencia de gasto desplegada este 2019. Por ello, la propuesta presupuestal es acorde a las circunstancias del país para mantener el óptimo funcionamiento de las 32 juntas locales y 300 distritales, y de los más de 900 módulos en el país.

Al plantear los proyectos para 2020, resaltó realizar una fiscalización más eficiente, validar oportunamente los informes de los partidos y eliminar gran parte de las sanciones por entrega extemporánea de documentación, modernizar el voto de mexicanos en el extranjero para la elección local de 2021, vía electrónica, y organizar la elección de 2021 en los 32 estados.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por 586 millones de pesos a los partidos políticos nacionales y locales, luego de detectar irregularidades en sus informes de ingresos y gastos ordinarios en el ejercicio de 2018.

La sanción más alta es para Morena con 238.8 millones de pesos, seguido de Acción Nacional con 69 millones; el PRD con 65.5 millones; del Trabajo con 56.9 millones; PRI con 56.3 millones; Movimiento Ciudadano con 37.6 millones, y el Partido Verde con 28.6 millones.

En sesión extraordinaria del Consejo General donde se aprobó el proyecto de dictamen, se detalló que la auditoría abarcó recursos ejercidos por partidos políticos por un total de 33 mil 500 millones de pesos, de los cuales 17 mil millones fueron de ingresos y 16 mil 500 millones de pesos de egresos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que si bien las sanciones de poco más de 585 millones de pesos tienen un impacto en las finanzas de los partidos, «representan únicamente en sí 3.3 por ciento de los ingresos totales (en 2018)».

De este modo, sostuvo que la fiscalización no debe poseer un carácter punitivo, sino verse como una herramienta útil para la rendición de cuentas, el apuntalamiento del sistema de partidos y «un incentivo para que seamos todos más cuidadosos con el dinero que se invierte en la vida política».

Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Benito Nacif, enfatizó que no existió una sola omisión en la entrega de los informes, lo que calificó de «excepcional».

«Los partidos políticos dejaron de informar a la autoridad la entrada de 6.4 millones de pesos, y la salida de 9.4 millones de pesos, es decir se reportó el 99.9 por ciento del dinero que entró a los partidos y ese mismo porcentaje del dinero que salió de los partidos políticos», refirió.

Añadió que se fiscalizaron 627 informes, nueve de los Comités Ejecutivos Nacionales, 288 de los Comités Directivos Estatales, 288 de los Comités Ejecutivos estatales de partidos políticos nacionales con acreditación local, y 42 de partidos políticos locales.

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de ayer minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución, en materia de consulta popular y revocación de mandato. El dictamen se avaló en lo general con 372 votos a favor y 75 en contra.

El documento señala que las consultas populares podrán ser sobre temas de trascendencia nacional y regional. Se establece que se realizarán el primer domingo de agosto. Para temas nacionales tendrán que ser respaldadas por al menos dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Las consultas de trascendencia regional competencia de la Federación, tendrán que impulsarse por los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan.

Aclara que no podrá ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ni las obras de infraestructura en ejecución.

También se establece que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de su difusión.

En lo que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de la ciudadanía, en número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

Además, el INE, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer periodo constitucional. Los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación durante el mes previo a la fecha señalada, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.

Dicha consulta se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales.

Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación sólo procederá por mayoría absoluta.

Igualmente, el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Sala Superior del TEPJF realizará el cómputo final del proceso de revocación, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto. En su caso, emitiría la declaratoria de revocación.

En caso de haberse revocado el mandado del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la Presidencia del Congreso; dentro de los treinta días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional.

El documento también indica que el mandato de los gobernadores de los estados podrá ser revocado; por ello, las constituciones locales establecerán las normas relativas a los procesos de revocación de mandato del gobernador. También será sujeto de la revocación de mandato el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. La Constitución de esta entidad establecerá las reglas para ese proceso.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por la administración estatal contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

La admisión de la controversia se da a la par de que cuatro excandidatos presentaron el recurso «Amicus Curiae» ante dicha instancia para impedir se amplíe el periodo de Bonilla.

El ministro José Fernando Franco González Salas otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad, para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

No obstante, el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.

En tanto, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la SCJN el recurso «Amicus Curiae» contra la #LeyBonilla. El exaspirante perredista Jaime Martínez Veloz aclaró que con esa impugnación no se pretende evitar la toma de protesta del gobernador, prevista para el 1 de noviembre, sino que el bando solemne que emita el gobierno estatal se realice en los mismos términos que emitió el Instituto Electoral de Baja California, tal como lo establece la Constitución local.

Acompañado por el exabanderado panista, José Óscar Vega Marín, Martínez Veloz dijo que también estarán a la espera de que los ministros les otorguen una audiencia para presentar lo que a su derecho corresponda. El escrito fue entregado en la Oficialía de Partes de la Corte y está firmado también por los excandidatos Ignacio Anaya, del partido local de Baja California, y Enrique Acosta, del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada por el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se integró en el expediente de Juicio Electoral en defensa de la certeza de los comicios donde resultó ganador Bonilla, para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado que el objetivo es que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California, por la que se pretende ampliar el mandato hasta 2024.

Dicha reforma «fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años, destacó el órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía “produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.

El INE justificó la acción declarativa al referir que se trata de una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad de un posible derecho y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Aseguró que el dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar la gubernatura de Baja California y los efectos de la voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“Incorporar elementos de incertidumbre -como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral- podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, indicó.

Al participar en la Cumbre de Negocios 2019, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que en México el sistema electoral funciona y encauza pacíficamente la política, lo que genera estabilidad al país.

Córdova Vianello destacó que el modelo electoral actual funciona y funciona bien, y muestra de ello es que el país presenta el nivel más alto de alternancias, del orden del 60%, en cinco años; la alternancia significa que en este régimen democrático existen condiciones reales y garantías de certeza, legalidad y confianza para que el voto se ejerza en libertad y sean las y los ciudadanos quienes elijan en las urnas a sus representantes.

El presidente del INE enfatizó que la actual democracia es tan poderosa en las manos de los ciudadanos que premia a los buenos gobiernos y castiga a aquellos que no hicieron bien las cosas.

Hoy en día se está discutiendo una posible renovación de la democracia, y pretenden hacerlo a partir de vender la idea de que empezó el 1 de julio de 2018; pero no fue el punto de partida, sino el punto de llegada a través de un proceso de décadas, de esfuerzo colectivos y compromisos conjuntos”, dijo Córdova Vianello.

En el contexto actual de una posible reforma electoral, reiteró que el INE se ha pronunciado en no estar en contra de cambios a las reglas, ni en contra de la austeridad como lo propone el partido gobernante, pero dichos cambios, aseguró, deben darse basados en el consenso político y con respeto pleno a la autonomía electoral.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, calificó de absurda e indebida la consulta ciudadana realizada este domingo en Baja California, en la que se «preguntó» a la ciudadanía su «opinión» sobre la ampliación del próximo gobierno de Jaime Bonilla.

Indicó que lo que Morena busca con dicha consulta es justificar la ilegal ampliación de mandato de Bonilla Valdez, de dos a cinco años, pues “lamentablemente existe un sólo paso de la revocación, a la confirmación o ampliación de mandato, con cuatro votos de 11 ministros, el gobierno morenista pretende avalarlas».

Consideró que los resultados de la mal llamada consulta no deberían tener ningún peso en la resolución final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la duración del periodo de Bonilla Valdez.

El líder panista explicó que las preguntas que se hicieron en la consulta estuvieron “amañadas para inducir un resultado que Morena quería».

En ese sentido, recordó lo expuesto por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien dijo que además de que la consulta carecía de base legal, las preguntas eran amañadas «porque inducen el sentido del voto».

Denunció que las preguntas «son la mejor prueba del atropello a la democracia constitucional que se pretende consumar en ese Estado».

Córdova Vianello indicó que no había que olvidar que si hay una “contrarreforma” en Baja California esa es la que pretende cambiar las reglas del juego una vez que el juego ya terminó, es decir, la llamada #LeyBonilla, pues recordó que el 2 de junio los bajacalifornianos eligieron libre y democráticamente a su gobernador por 2 años, y no por 5 como pretende el gobernador electo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre el citatorio que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió la tarde de ayer para que compareciera esta tarde junto a la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, por un presunto uso indebido de recursos para promoción de imagen personal.

El mandatario dijo que ocupaba la mañanera para informarle a los Consejeros del INE que no iba a poder asistir, aunque enviará un escrito, para contestar todas sus dudas y ejercer su derecho a la defensa.

Negó los señalamientos de que a través de los programas sociales realizara una promoción personal y dijo, «vámonos respetando, no somos iguales, no enfrentándolos a ellos, que no me confundan, porque eso sí calienta».

Dijo que no incurría en esas prácticas, pues su movimiento venía de una lucha en donde padecieron los fraudes de Estado y del uso de los presupuestos para favorecer a partidos y  a candidatos.

Fue en ese punto donde AMLO recordó que los anteriores gobiernos utilizaban los programas sociales con propósitos electorales, entre los que dijo estuvieron: Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera.

«Y, por cierto, con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de la vista gorda, sobre todo en el último tramo, con la aplicación del Prospera, y ahora se convierten en paladines de la democracia», acusó AMLO.

Finalizó indicando que aunque no considera justo su actuar, el INE está en su derecho de emitir recomendaciones o imponer infracciones, aunque el gobierno se va a defender y acatarán lo que la autoridad determine.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que la capacidad que tiene la autoridad electoral de prever posibles escenarios adversos durante los procesos electorales es lo que le ha permitido a la institución la organización de 198 elecciones exitosas en tan sólo cinco años de su existencia.

Córdova Vianello afirmó que «de las elecciones depende la estabilidad política, de las elecciones depende la estabilidad social y la paz pública, de las elecciones depende la estabilidad económica”.

Dijo que, para que quien asuma que hacer elecciones es algo sencillo, y que hacer elecciones es ir y nada más poner casillas y convocar a los ciudadanos, debe darse cuenta de todo lo que está detrás, en términos de la planeación y previsión de los puntos que tienen que tomarse en cuenta para la organización de una elección y que muy frecuentemente, ni siquiera son «ni entendidos, ni observados, ni ponderados».

Refirió que no es sencillo hacer elecciones en un país con las complejidades que tiene México.

El Consejero Presidente señaló que gracias a planeación, previsión, generación de rutas alternativas para poder enfrentar cualquier excepcionalidad, es que México ha tenido procesos electorales libres, donde el voto se expresa de manera autónoma con garantías de libertad y de certeza.

Mencionó que las implicaciones y complejidades que lleva consigo la organización de las elecciones es particularmente importante de cara a las discusiones que en breve se tendrán en la Cámara de Diputados, respecto a una posible reforma electoral.

Insistió en que si bien no están en contra de aplicar e instrumentar políticas de austeridad en el ejercicio presupuestal del Instituto, advirtió que «malas decisiones en esta materia pueden ser mucho más costosas para el país, porque de las elecciones dependen la estabilidad política, social, económica y la paz pública”.


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