La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que la Ley de Seguridad Interior contraviene los principios constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, por lo que promoverá las acciones legales pertinentes “para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos” de los mexicanos.
La CNDH indicó que respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución de formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamentó que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un “diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento”.
Indicó que desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon la utilidad y pertinencia de llevar a cabo un diálogo que atendiera la problemática del país en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional.
Recriminaron que los llamados hechos, fueron desestimados por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Presidente, de quien indicó “su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización”.
El organismo señaló que si bien ante la opinión pública se ha reiterado que el propósito de la Ley es el dar un marco normativo a la intervención de las Fuerzas Armadas, su alcance trasciende debido a la ambigüedad y generalidad de su redacción pues queda manifiesto que la intervención de las Fuerzas Armadas pueda darse prácticamente respecto de cualquier tipo de actividad, en tanto la misma sea calificada de amenaza o riesgo a la Seguridad Interior, sin que existan parámetros para determinar objetivamente cuándo se afecta el desarrollo del país.
La Comisión sostuvo que aunque el Presidente haya anunciado su voluntad para no realizar ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, la misma ha entrado en vigor, por lo que promoverá las acciones conducentes para “prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de las y los mexicanos, haciendo expresa su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá su función como garante máximo de la constitucionalidad en México”.
