El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional y puso fin así al juicio político que buscaba destituirlo.

Con la disolución del Parlamento, Lasso podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.

El mandatario denunció que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”. En entrevistas televisivas y radiofónicas, argumentó que “esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” y consideró que “ésta es la mejor decisión posible”.

La decisión de Lasso se sustenta en el artículo 148 de la Constitución que confiere al presidente la potestad de disolver el Legislativo por una sola vez, dentro de los tres primeros años de su mandato, por tres causales: cuando la Asamblea se hubiere arrogado funciones que no le corresponden, por obstrucción al plan nacional de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna.

Lasso deberá ahora convocar elecciones presidenciales y legislativas y los ganadores de esos comicios completarán el actual periodo presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Nelson Proaño, expresó su apoyo a la decisión del mandatario e indicó que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la constitución y las leyes” pero advirtió que en caso de un intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia “actuaremos con firmeza en cumplimiento de nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos”.

La ahora ex asambleísta del partido opositor Unión por la Esperanza (UNES), Paola Cabezas, indicó que “acataremos el decreto, nos iremos a nuestras casas… ésta es una oportunidad para que salgamos de esta crisis y es la oportunidad para salir de este gobierno”.

UNES fue el principal gestor del juicio político a Lasso. El partido Social Cristiano, que también apoyaba el juicio a Lasso, expresó que no hay causales para la disolución de la Asamblea y advirtió que hasta la elección del nuevo Legislativo, Lasso actuará sin respaldo popular, sin capacidad de maniobra y sin facultades íntegras de gobernar.

Y es que la disolución se produjo en momentos en que la Asamblea llevaba adelante un juicio político a Lasso por supuesta malversación de fondos.

El presidente ha mantenido una mala relación con el Legislativo, a cuyos integrantes ha acusado de haberle pedido cargos estatales, el manejo de instituciones públicas como hospitales y hasta dinero en efectivo a cambio de votos.

Será el Consejo Nacional Electoral quien deberá convocar elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberán cumplirse en un plazo máximo de 90 días. Aunque la Constitución no especifica una duración para este proceso, se estima que podría tomar entre cuatro y seis meses. Lasso podría presentarse como candidato.

Lasso, que tiene apenas 25 asambleístas de un total de 137, está en el poder desde mayo de 2021 y fue elegido para un período de cuatro años.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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