El Congreso de Veracruz aprobó, con 38 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, establecer en la Constitución Política local que son veracruzanos las y los mexicanos nacidos fuera del territorio estatal que tengan hijos veracruzanos o una residencia efectiva de cinco años en la entidad.
El dictamen fue presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y deriva de la iniciativa presentada por la diputada Magaly Armenta Oliveros.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo de esta reforma es garantizar a las personas nacidas fuera del territorio veracruzano, pero con hijos originarios de la entidad y/o con una residencia efectiva por el lapso señalado, el goce de sus derechos humanos, al amparo de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La dictaminadora coincidió en que la actualización de dicho precepto permite dar certeza y certidumbre jurídica a las personas que por cualquier razón llegan a territorio veracruzano con esperanza de conocimiento, inversión y nuevas oportunidades de vida y que aportan a la entidad crecimiento y desarrollo en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.
Sin embargo, ¿por qué esto beneficia a la secretaria de energía del gobierno federal? Desde que se presentó, la oposición acusó que la “Ley Nahle” estaba enfocada en beneficia a Rocío Nahle García, de origen zacatecano, quien se perfila a ser la candidata de Morena a la gubernatura para 2024.
En los posicionamientos, la diputada Ruth Callejas Roldán, del partido Movimiento Ciudadano, aseguró que la “Ley Nahle” fue impulsada directamente desde el palacio de gobierno del estado, pues es el gobernador Cuitláhuac García quien opera para que la secretaria de Estado lo suceda.
La diputada de MC acusó que el partido en el poder impulsó dicha modificación para permitir a una eventual candidata que no es veracruzana participar en el proceso electoral, toda vez que ya se decidió incluir en las boletas a Nahle.
Con este cambio, Veracruz se suma a las dieciocho entidades federativas que reconocen de forma expresa e inequívoca la posibilidad de que las personas nacidas fuera de este territorio adquieran la respectiva ciudadanía bajo criterios de residencia y vínculo afectivo, así como a las once entidades que reconocen la ciudadanía con base en el criterio de vecindad.
