ANA PAULA ORDORICA

THE WASHINGTON POST

 

 

En México, incluso en los estados más afectados por el COVID-19, ya han reabierto restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales y gimnasios. Pero las autoridades han señalado que las escuelas seguirán cerradas hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y, por el momento, solo una de las 32 entidades está en esa situación.

Para las escuelas particulares la situación es insostenible y esta semana advirtieron que reabrirán el lunes 1 de marzo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) contestó que eso no sucederá. Sin embargo, en estos meses las escuelas han desarrollado formas de poder atender a sus estudiantes y asegurar su supervivencia económica.

Lo que está ocurriendo con la educación en México en torno a la pandemia es una tragedia y el gobierno debe actuar en consecuencia. Hay 25 millones de estudiantes que llevan un año sin ir a la escuela, y millones de madres y padres que deben intentar ser profesores, además de sus trabajos dentro y fuera de casa.

Gloria es dueña de una escuela privada que suspendió clases presenciales, como todas en México, desde marzo de 2020. Me dijo que la escuela no ha dejado de ofrecer algunas clases presenciales, a pesar de lo dicho por las autoridades, para poder sobrevivir como negocio y atender las necesidades de aprendizaje de las y los alumnos: ha reducido el costo de las colegiaturas y, de manera clandestina, enviado a maestras que aceptaron ir a distintas casas a dar clases en “burbujas” de máximo 10 estudiantes.

Madres de alumnos de otras escuelas me confirmaron que también han movido las clases del recinto escolar a casas particulares o salones en edificios. Me dijeron que no se aprende igual en un esquema en donde las y los estudiantes se sientan frente a la computadora o la televisión, que con una maestra en un aula.

En otros casos, han sido padres y madres de familia los que han creado sus propios grupos “burbuja”. Un grupo pidió a la escuela Kangaroo Forest, de Texas, Estados Unidos, que acondicionara un salón de clases en el jardín de la casa de uno de ellos, en Ciudad de México. Acuden dos maestras y pocos niños. Estos siguen inscritos a su escuela mexicana, la cual conoce este esquema y, a cambio de seguir recibiendo el pago de la colegiatura, entrega cuentas a la SEP como si los estudiantes estuvieran tomando sus clases vía internet.

Esto sucede en ambientes privilegiados, pero la historia para estudiantes de escuelas públicas es diametralmente distinta. Hablé con la profesora Ana —quien me pidió no publicar su nombre completo —, asesora técnica de la SEP con 13 escuelas bajo su cargo (3,515 alumnos). De ellos, solo 30% cuenta con conexión a internet —en el país, 76.6% de la población urbana y 47.7% de zonas rurales tiene acceso— y casi ninguno tiene computadora ni tablet. Quienes aún toman clases, porque muchos las han abandonado —la SEP señaló en agosto que 2.5 millones de estudiantes habían desertado—, lo hacen utilizando los datos de los teléfonos celulares de sus papas; se conectan una vez por semana y reciben tareas por mensajes de WhatsApp o Facebook.

Texto completo en The Washington Post

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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