Alfonso Navarrete Prida arrancó con el pie derecho su encargo como Secretario de Gobernación al negociar con Javier Corral la crisis económica y política de Chihuahua. México, por el contrario, perdió porque una vez más fueron acuerdos políticos en lo oscurito los que resuelven una crisis en la que en medio queda la duda de qué pasará con la investigación sobre la triangulación de recursos de Hacienda a las campañas políticas del PRI.
Recordemos que el caso Chihuahua se complicó cuando Gustavo Madero, Coordinador de Gabinete de Javier Corral, le pide a su amigo José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, conocer por qué Chihuahua no había recibido los 900 millones de pesos que la federación se había comprometido a depositarle.
González Anaya le respondió a Madero: “Hay que platicar” y de ahí surgió la reunión en donde se le aclaró al gobierno de Corral que no se le depositaba ese dinero por insuficiencia presupuestal, pero que también había un problema con la detención del PRIísta Alejandro Gutiérrez, acusado de la triangulación de recursos para las campañas. Eso fue una plática que se entendía se daba entre amigos, pero que generó la crisis que todos vimos con Corral flanqueado por personalidades de la sociedad civil e incluso del mundo del cine exigiendo el pago de lo adeudado y la extradición del ex gobernador Cesar Duarte.
El problema escaló al grado que el precandidato del PRI, José Antonio Meade, entró en escena y se subió al ring al llamar torturador a Corral, refiriéndose al trato que se especula el gobierno de Chihuahua estaba dando a Alejandro Gutiérrez.
Mala estrategia de Meade la de subirse a ese ring ultra PRIísta. Pero eso es otra historia.
El tema pasó de Chihuahua a Hacienda a la campaña de Meade y de ahí a Gobernación. ¿Qué tiene que ver la SEGOB en un conflicto hacendario? Nada, si se tratara solo de eso. Pero como el problema con Corral era mucho más que 900 millones de pesos, entró Navarrete Prida en escena para firmar un documento que reconoce juridicidad a los convenios de Hacienda con los estados, y por ello admite que sí era obligación de la SHCP depositarle los fondos a Chihuahua, a cambio de permitir el traslado de Alejandro Gutiérrez de una prisión estatal al Centro Federal de Readaptación Social No. 8 en Ciudad Juárez.
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