La propuesta de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que perfila elegir a juzgadores por voto popular, dividió ayer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como quedó evidente en el primero de los foros del Parlamento Abierto que se celebra en Diputados.
Mientras unos coincidieron en cambios escalonados, asegurando la autonomía y el conocimiento técnico de los jueces y magistrados del Poder Judicial, otros mostraron su total rechazo a la propuesta del presidente, y expresaron su preocupación por el impacto que podría tener en el sistema judicial.
El oficialismo busca que los juzgadores sean electos en las urnas, incluidos los 11 ministros de la Suprema Corte, lo que supondría la renovación de más de 1,600 personas juzgadoras federales y 5,000 locales.
A la vez, promueve un nuevo Tribunal de disciplina judicial para evaluar el desempeño de los jueces en lugar del actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario.
El ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo, señaló que remover en un solo momento a toda esta cantidad de personas generaría “un desajuste importante para el funcionamiento e integración de los órganos de impartición de justicia”.
A su juicio, muchos procesos y asuntos judiciales quedarían en la incertidumbre en perjuicio de los ciudadanos usuarios de los tribunales de justicia, por lo que, al igual que la ministra Yasmín Esquivel, propuso hacer los cambios de manera escalonada.
En este punto, Esquivel defendió que se impulse un comité técnico que evalúe los conocimientos y perfiles de quienes aspiren a ser juzgadores por el voto popular, aunque como ya se esperaba, se posicionó a favor de la reforma.
En tanto, la ministra Lenia Batres consideró que los órganos judiciales han atendido agendas de intereses privados mientras han dejado de lado las resoluciones que permean la vida social. “Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos”, comentó.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que la población acudió a las mesas de votación el pasado 2 de junio “no para votar esta reforma en específico, pero sí para apoyar un modelo nacional que exija la justicia como un valor primordial”.
Sostuvo que los cambios legales propuestos no ofrecen “una solución integral de los problemas que aquejan a la justicia de nuestro país”.
En su turno, la ministra presidenta de La Corte y del CJF, Norma Piña, dijo que, a partir de los foros que se celebra´ran en los próximos días, se desprendió que “la justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.
Piña reconoció que los Diálogos en la Cámara de Diputados son una oportunidad única para reflexionar y debatir, al estar en un momento crucial de la historia y estar en el umbral de una reforma al Estado mexicano desde sus cimientos.
Fue clara en señalar que desde el Poder Judicial “estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dijo que cualquier reforma al Poder Judicial debe partir de la independencia judicial, pues una reforma mal hecha afectará la economía nacional, mientras que una exitosa potenciará el crecimiento económico.
Precisó que si los legisladores deciden instaurar un modelo de elección popular de jueces y magistrados, se deberá considerar el impacto económico de un mal diseño.
Por su parte el ministro Javier Laynez Potisek expresó que la elección por voto popular de las personas juzgadoras no es la solución para resolver los problemas del Poder Judicial de la Federación y por el contrario podría agravarlos drásticamente; “quienes resuelven asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo, sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego a la ley”.
La ministra Margarita Ríos Farjat refirió que una reforma legislativa al Poder Judicial debe contar con cuatro características: estar orientada a resolver problemas según la realidad, no desarreglar lo que funciona, ser económica e implementarse con sencillez.
Agregó que es importante el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados y llamó a fortalecer las escuelas de formación judicial y las clínicas de asesoría jurídica gratuita, además de incorporar en los poderes judiciales locales, la figura de jueces mediadores.
El ministro Alberto Pérez Dayán indicó que las instituciones del Estado en su conjunto no han alcanzado los niveles de justicia que demanda la sociedad, sin embargo, “toda reforma constitucional impone un estudio profundo y la prisa no es un buen consejero” y recordó a las y los legisladores que la división de poderes da fuerza a los regímenes democráticos y modernos.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf dijo que la elección de las personas juzgadoras debe contar con criterios objetivos de selección, basados en mérito personal, capacidad profesional de las y los candidatos, principios de transparencia y publicidad, y garantizar la participación de todos los interesados.
Finalmente el ministro Luis María Aguilar Morales afirmó que el derecho a ser independiente no es de las y los jueces, sino del pueblo de México, y se logra con un trabajo constante que da la carrera judicial.
Pese a los planteamientos hechos en el foro, el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, adelantó que algunos cambios legales son “irreductibles” como la separación del Supremo del CJF, la elección de juzgadores por el voto y los cambios al Consejo de la Judicatura.
