Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, pues dijo, la resolución envía un mensaje en contra de la militarización de la política de seguridad.
“El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido lugar durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad”, dijo Jarab.
Reconoció que diez de los once Ministros de la SCJN se pronunciaran por la inconstitucionalidad de la Ley, e indicó que eso significa que la Ley ha sido invalidada en su totalidad. Indicó que los Ministros consideraron que el Congreso no tiene la competencia para legislar en materia de seguridad interior.
La ONU-DH hizo un reconocimiento a los diversos actores que se opusieron a la adopción de la Ley, entre los cuales figuraron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); los Procedimientos Especiales de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil.
El funcionario señaló que tomando en consideración que la Suprema Corte dictaminó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debe ser permanente, el Estado debe de adoptar un plan que garantice su retiro gradual, ordenado y verificable de las funciones que no les sean propias.
