Por Vidal Llerenas, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional
No se trata de un tema de mezquindad, como se dice. No se trata de negarse a dar al Ejército, ahora, lo que supuestamente pide. De hecho, no existe una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal, al que pertenecen las secretarías de Defensa y Marina en materia de seguridad interior. Es decir, no sabemos con precisión la posición del gobierno de la República en el tema. Desde ahí comienzan las dificultades. Todo inició con dos iniciativas de prominentes legisladores de PAN y PRI. Las propuestas de l diputado César Camacho y del senador Roberto Gil son sospechosamente coincidentes. Luego se sumó la iniciativa del senador Barbosa, que resoonde a algunas de las críticas a las propuestas anteriores, pero que coincide con ellas en el fondo.
Si lo que se pide es aprobar dichas iniciativas, entonces se pide dispensar a las fuerzas armadas de controles y dar pie a situaciones donde pudieran cometerse más violaciones a los derechos humanos. En las propuestas, por ejemplo, se reserva la información derivada de la aplicación de esta ley como materia de seguridad nacional o se considera la posibilidad de obtener información de particulares bajo cualquier medio.
Se dice que las propuestas garantizan a las fuerzas armadas un marco jurídico para que realicen una labor que no pidieron hacer, como si en el servicio público fuera válido desempeñar o no un trabajo porque se pide, cuando en realidad depende de las atribuciones y responsabilidades que uno tenga. En todo caso, legislar en materia de seguridad interior es una manera de mantener a las fuerzas armadas en una tarea para la que no están preparados a realizar. Asumámoslo, seguridad interior es un eufemismo para mantener a los militares en acciones de seguridad pública. No es delimitar sus acciones, sino ampliar sus facultades.
El concepto de seguridad interior es problemático debido a que establece una categoría confusa entre la seguridad pública y la nacional. Se dice que la seguridad interior se refiere a cuando las instituciones están en riesgo, lo que abarcaría a casi cualquier cosa. Los conceptos como el deber de proteger o que existe un peligro mayor, supranacional, provienen del tipo de políticas asumidas por Estados Unidos después del episodio de las Torres Gemelas.
Se parte de la idea de que la ciudadanía tiene que estar dispuesto a perder parte de sus libertardes a cambio de que agencias del Estado, con letalidad mayor a los de las policías, garanticen su seguridad. La idea de seguridad interior corresponde a parte de la narrativa de la guerra contra el narco. Es posible que la continuidad de esa estrategia es la que hayan discutido los secretarios de Estado y del Interior del vecino país con los titulares de Defensa y Marina de México. Se pretende legislar en seguridad interior incluso antes de hacerlo para construir un sistema nacional policial, que garantice la calidad de las policías a lo largo del país.
Cabe señalar que es la mejora de los cuerpos policiales y de los de procuración de justicia lo que permitió reducir la violencia en países como Colombia. La Auditoría Superior de la Federación, en su evaluación de la política de seguridad señala fallas serias en la coordinación y desarrollo de políticas policiales que realiza, la Secretaría de Gobernación. Se ha fallado de manera estrepitosa en cumplir con la promesa de tener policías eficaces y, ahora lo que sucede es que los civiles electos se quieren deshacer de las responsabilidad de encargarse de la seguridad pública, el principal problema del país.
Además, no existe una facultad expresa del Congreso para legislar en la materia, por lo que es probable que se trate de una ley inconstitucional. En todo caso, las actividades que realizan las fuerzas armadas tendrían que regularse en la Ley de Seguridad Nacional. En su casco, la acción de las fuerzas armadas o de otro cuerpo de seguridad que tenga que hacer uso de algún tipo de facultad extraordinaria tendría que hacerlo por medio de un esquema en el que se suspendieran garantías.
Dicha suspensión tendría que ser temporal, en un territorio específico, con objetivos concretos y con controles administrativos, judiciales y legislativos. Lo que hoy tenemos es una suspensión de facto de garantías que en nombre de las acciones de seguridad realizan las fuerzas armadas y otras agencias de seguridad.
No se trata de negar a las fuerzas armadas el reconocimiento por la labor que realizan por los mexicanos. Tampoco pretender que se retiren en los próximos días de los lugares que actualmente patrullan. Pero tenemos que reconocer que debido a su carácter de instituciones de guerra es muy complicado que combatan al crimen sin maximizar el uso de la fuerza o que pueden realizar acciones de prevención e investigación del delito sin violar derechos fundamentales.
Es además falso que las iniciativas que se proponen protejan a los militares. Esto lograría regresándolos a las labores que les son propias. Las actuales iniciativas de ley , no van a liberar a los militares de la obligación de cumplir el debido proceso y el respeto estricto a los derechos humanos. Lo que sí generarían es menos transparencia y menos control por parte de las autoridades civiles.
Se urge legislar, en nombre del honor del Ejército, en un concepto etéreo, peligroso y sin que los detalles estén claros sobre la mesa. La pregunta no es si necesitamos esta ley o no, primero hay que responder si queremos seguir con la misma estrategia de militarizar la seguridad.
