El Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, misma que entre otras cosas prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan en ese delito.
Mi reconocimiento al Congreso de la Unión por la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) April 26, 2017
Con 90 votos a favor fue aprobada la ley que establece como delito de tortura por parte de un servidor público que para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona. Adicional se contempla una pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que incurra en este delito.
Cuando la víctima sea un menor de edad, una mujer gestante, una persona con discapacidad, sea un adulto mayor, la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendientes o pertenezca a una comunidad indígena, la pena podrá alcanzar hasta 30 años de prisión.
Esta ley prohibe cualquier forma de tortura y está fundamentada en las mejores prácticas internacionales para combatirla.
— Enrique Peña Nieto (@EPN) April 26, 2017
La nueva ley fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con información de 24 Horas / Foto: Archivo APO