La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la gestión de la pandemia en Brasil aprobó ayer por la noche el informe final en el que se acusa al presidente, Jair Bolsonaro, de un total de nueve delitos, entre ellos el de crímenes contra la humanidad.
La CPI, instaurada en el Senado, dio luz verde al informe, elaborado por el principal relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, por siete votos a favor y cuatro en contra.
La aprobación del informe, con la que la Comisión concluye seis meses de trabajo, supone la solicitud de imputación de un total de 78 personas, entre ellas Bolsonaro, y dos empresas por distintos delitos cometidos durante la pandemia de COVID-19.
El informe, de casi 1,290 páginas, será ahora remitido a la Justicia del país, el Tribunal Supremo y la Fiscalía brasileña, y también al Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, para que se valoren las solicitudes.
En concreto, el documento pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad, este último delito juzgado por el TPI.
El informe incluye como pruebas imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o el apoyo del presidente a la cloroquina, medicamento ineficaz para la COVID-19. También detalla el retraso en la adquisición de vacunas o la oposición del gobierno a las medidas sanitarias, además del colapso del sistema.
Con respecto a Bolsonaro, también reclama a los abogados del Senado que exijan su salida de redes sociales debido a su “relevante papel” en la difusión de noticias falsas sobre la pandemia.
Por otro lado, en el texto se demanda también la acusación de los tres hijos del presidente, así como de ministros del gobierno, entre ellos el actual titular de Salud, Marcelo Queiroga; o el exministro del mismo departamento Eduardo Pazuello, así como el extitular de Exteriores Ernesto Araújo. El informe también acusa a empresarios, médicos y diputados federales, además de a dos empresas que firmaron contratos con el Ministerio de Salud, Need Medicines y VTCLog.
Rápidamente el presidente Jair Bolsonaro reaccionó; calificó de “payasada” el informe de la comisión. “Eso es una payasada”, declaró el mandatario en una entrevista con la emisora Jovem Pan, quien sin embargo admitió que un informe de esa naturaleza “causa muchos problemas”.
Bolsonaro aseguró que no está preocupado con su futuro, pues el informe de la comisión parlamentaria “no vale nada”, pero reconoció que “hacia afuera de Brasil la imagen es pésima” y afecta hasta a la economía del país.
“Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte”, declaró.
