En medio de dimes y diretes con la oposición, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Senadores el segundo paquete del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El Pleno aprobó, con 72 votos a favor y 50 en contra, el dictamen por el que se excluyó del paquete de reformas la modificación que los Diputados hicieron al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a la llamada ‘vida eterna’ a partidos políticos.
Esta cláusula había generado polémica, e incluso llegó a Palacio Nacional, pues permitía la transferencia de votos entre partidos que se presentaran coaligados en una elección, lo cual acusó la oposición, beneficiaba a los partidos satélite que suelen ser los aliados del partido en el poder.
Posteriormente, los senadores avalaron, con 70 votos a favor y 50 votos en contra, remitir al Ejecutivo única y exclusivamente, los artículos aprobados por ambas Cámaras del Congreso de la Unión: 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A pesar de la ‘derrota’, la oposición advirtió que pese a que concluía el proceso legislativo relacionado al ‘Plan B’, ahora la lucha continuará en la Suprema Corte.
La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, aseguró que el ‘Plan B’ está lleno de “rencor y odio”, pues el fondo es debilitar y destruir al árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE), contra quien recordemos, el presidente se ha lanzado desde que inició su mandato.
Compañeros de la bancada indicaron que las y los senadores de Morena tienen la única consigna de “destruir al INE y a la democracia, porque claramente se quieren robar la elección” de 2024.
El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que Morena y aliados hicieron todo para aprobar una reforma “tóxica, pervertida y antidemocrática”.
Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, dijo que el ‘Plan B’ de la reforma electoral es un retroceso para la democracia, los derechos de los ciudadanos, los militantes de los partidos políticos, además de que viola la Constitución.
El senador del Grupo Plural, German Martínez, mencionó que con la aprobación de la reforma electoral el país está regresando por lo menos 30 años; recordó que en las elecciones de 2006, Andrés Manuel López Obrador exigía democracia, pero con estas modificaciones se atenta contra ella, “yo no hago leña del árbol caído, porque veo crecer un bosque de corrupción, entre la política, la democracia y el crimen que no limita este Plan B”.
Finalmente, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, confió en que ante las impugnaciones que se presentarán contra el ‘Plan B’, los ministros cumplirán su mandato de defender la Constitución, “por encima de las presiones y de las intenciones de sometimiento que buscará el poder para lograr su objetivo”.
Recordemos que los cambios aprobados en este nuevo paquete incluye eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales; la eliminación del 84.6% del Servicio Profesional Electoral; la eliminación de fondos y fideicomisos del INE, además de que se obligará a los consejeros y magistrados electorales ganar menos que el Presidente de la República.
En cuanto a los partidos políticos, se les da la facultad exclusiva de definir cargos y candidaturas de acuerdo a sus estatutos documentos básicos, sobre los cuales ya no podrá ordenar modificar la autoridad. Además, los partidos podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados en subsecuentes ejercicios fiscales, o utilizarlos para otra elección.
Por lo que corresponde al Poder Judicial, se establece un procedimiento en caso de que se presente una solicitud de remoción del titular de la presidencia de la Sala Superior del TEPJF, además de que se limita al Tribunal a no conocer asuntos sujetos a resolución de la SCJN. También se le impone resolver antes de la conclusión del proceso electoral respectivo.
