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El titular de la Auditoría Superior de Federación (ASF), David Colmenares, aseguró que el organismo no confrontan ni mucho menos enfrenta a nadie, “a ningún orden de gobierno ni a ningún gobierno», esto al comparecer en la Cámara de Diputados para explicar las inconsistencias en su informe que señalaba irregularidades en el gasto público de 2019.

El principal punto de discusión, dentro de la comisión de vigilancia de los Diputados, fue el sobrecosto del 232% que el organismo atribuyó a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de LA Ciudad de México (NAIM), un proyecto que frenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Colmenares Páramo indicó que cualquier entidad aludida en las auditorías tiene derecho a reclamar aclaraciones conforme a la ley, por lo que dijo, se está trabajando precisamente en lo concerniente a la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco.

Señaló que la ASF ha tratado de ser una entidad del Estado mexicano “que está vinculada, afortunadamente, a la Cámara de Diputados, y hemos recibido durante estos años un gran apoyo del Congreso de la Unión para hacer las auditorías digitales que nos va a permitir ser mucho más precisos”.

Reconoció que hay una discrepancia, que algunos consideran un error, en la auditoría de desempeño; sin embargo, afirmó que siempre se condujeron por la ley y todo dentro de la ella. Dijo que ante las inconsistencias, apelaron a crear un grupo especial de trabajo, y pedirle a otro grupo auditor, para que se reunieran y se invitara a participar en el mismo al Grupo Aeroportuario.

Adelantó que en los próximos días tendrán resultados concretos y comparativos con el procedimiento usado anteriormente.

Recordemos que el gobierno federal aseguró haber encontrado en la auditoría tres errores que explican más del 75% de la diferencia en el costo de cancelación de dicho aeropuerto. En l revisión a la Cuenta Pública 2019, presentada hace una semana y que audita el primer año del Gobierno de López Obrador, revelaba irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del Ejecutivo.

En ese informe, se detalló que la cancelación por parte de López Obrador de la obra en Texcoco, una obra iniciada por su antecesor, Enrique Peña Nieto, tuvo un costo 232% mayor a lo previsto por el gobierno, al ascender a más de 331,996 millones de pesos.

Colmenares insistió en que no hubo «ningún tipo de mala fe» en su trabajo, y recordó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México no presentó ninguna objeción al mismo durante su proceso de elaboración, y sostuvo que “no he permitido ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de legalidad de la propia Auditoría Superior de la Federación; estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados está realizando”.

Puntualizó que pedirá que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en su participación en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal.

Recordó que al asumir el cargo de titular de la ASF protestó cumplir con la Constitución y con las leyes de ella emanan; además garantizó que en toda su vida se ha conducido con apego a la legalidad y al marco normativo de las instituciones que “me han dado la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del buen gobierno”.

El titular de la Auditoría Superior de la Federación resaltó que la institución, por su naturaleza, es total y absolutamente apartidista y apolítica; “cualquier otra interpretación a sus auditorías, pues sí sería política, pero estamos tratando de trabajar fundamentalmente, y lo hemos hecho siempre, conforme a la ley”, remató.

Tras el informe que presentara este fin de semana la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el que ventiló que se detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos en la Cuenta Pública 2019, fue el propio mandatario quien se refirió al tema, negando y minimizando la información divulgada.

«Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas», respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO pidió que la ASF aclare la información que dio a conocer; se refirió a uno de los datos contenidos: el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el cual señaló el mandatario, era erróneo y exagerado.

Incluso dijo que si la información fuera correcta, el proyecto aeroportuario de la administración pasada no iba a costar 300 mil millones de pesos, sino 600 mil millones, por lo que aún así, cancelar la obra habría significado ahorros por 300 mil millones.

Aprovechó el tema para criticar a quienes utilizaron la información que se desprendió del informe de la ASF, como el analista Carlos Elizondo Meyer, a quien lo calificó como «un articulista conservador, conservador, conservador».

Dijo que Elizondo Meyer había salido a hablar del caso del aeropuerto de Texcoco usando la errónea información de la Auditoría.

«Fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande la historia de México y cree que todos somos iguales. Así son los conservadores, muy hipócritas y de doble discurso. Entonces, festejaban lo del dato de la Auditoría», recriminó López Obrador.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre irregularidades en proyectos y programas sociales del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la 4T, las cuales fueron entregadas el sábado pasado a la Cámara de Diputados.

«El fin último del ejercicio fiscalizador radica en la manera en la que las observaciones emitidas contribuyen a un proceso de perfeccionamiento de la actuación de las dependencias gubernamentales en los tres Poderes de la Unión y en los ámbitos federal, estatal y municipal, en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia; valores centrales en la rendición de cuentas y, en último término, de la gobernanza democrática de la nación», dijo David Colmenares, Auditor Superior de la Federación.

El nuevo paquete de informes entregados incluyó 871 documentos correspondientes a las auditorías realizadas que, sumados a los 487 informes individuales proporcionados en octubre de 2020, sumaron en total 1,358. En estos informes se reveló, entre otras cosas, que la cancelación del Aeropuerto en Texcoco costó un 232% más de lo estimado inicialmente por el Gobierno mexicano.

En su revisión, la ASF detectó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fueron utilizados de forma irregular 67,498 millones de pesos. De éstos, 28,934 millones de pesos corresponden al gasto federalizado, es decir, los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios por medio de participaciones, aportaciones federales, subsidios y convenios.

Las instituciones federales que más irregularidades presentaron fueron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar.

Una de las anomalías corresponde al programa estrella del gobierno federal: Jóvenes Construyendo el Futuro, que está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se detectaron fallas en la verificación de datos para inscribir a usuarios y duplicidades de registros.

En total, el organismo encontró irregularidades por 57 millones de pesos durante el 2019, de los cuales 51.2 millones se les pagó a jóvenes que estaban estudiando, además 482,400 pesos se otorgaron en becas a 68 personas que ya habían fallecido y 5.3 millones se dieron a empresas de las que no se encontró su existencia.

La ASF pidió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclare 156.1 millones de pesos por el proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos prioritario de López Obrador. Según el organismo, el Fonatur suscribió dos acuerdos con ONU-Hábitat y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para asistir en el diseño del proyecto del Tren Maya pero no justificó su participación ni comprobó la evidencia del trabajo.

Advirtió que no se han entregado los recursos conforme a lo prometido inicialmente para el proyecto que tiene una inversión de 6.294 millones de dólares.

La Auditoría refirió que las obras de la Refinería de Dos Bocas se iniciaron cuando aún no se contaba con suficiente información técnica del proyecto por lo que no se tomó en cuenta el riesgo de inundación y erosión del terreno sobre el que se construye.

Además detectó pagos fuera de norma por 75.5 millones de pesos en su construcción lo cual se consideró un daño al erario debido a que se realizaron pagos no aprobados o la falta de correspondencia entre el volumen de material y servicios con el monto erogado durante el avance de la obra en 2019.

Otro de los datos que se mencionan en el informe, es que el gobierno de López Obrador puso en marcha la Guardia Nacional con recursos manejados sin reglas claras y en procesos pocos transparentes. Señaló que pese a que se dio un despliegue masivo, no se atendió ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva desde su creación.

Además, indicó que aunque se logró reclutar y desplegar en 2019 a 90,000 elementos, existieron elementos que no cumplieron en totalidad con los requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial.

La Auditoría Superior de la Federación acusó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) de impedirle realizar su trabajo al ocultar información sobre el estado patrimonial de un líder sindical y mostrar resistencias al proceso de fiscalización; además, señaló que existe discrecionalidad en las investigaciones que realiza.

En cuanto a la compra de medicamentos la ASF detectó anomalías por unos 187.7 millones de pesos en 2019, pese a que López Obrador prometió acabar con la corrupción en dicho sector. Las anomalías se detectaron en instituciones como la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente.

El dato que más se ha viralizado en redes sociales, y sobre el cual los medios de comunicación han hecho un especial énfasis, es que la ASF ha estimado en 331 mil 996 millones de pesos el costo total de la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco, que inició la pasada administración. Este dato está lejos de los 100 millones de pesos  que estimaba el gobierno federal cuando informó sus razones de la necesidad de cancelar el proyecto, para dar paso a la construcción en la base aérea militar de Santa Lucía.

«Se identificó que el costo total de la cancelación del NAICM estimado por la ASF de 331,996 millones de pesos, es superior al costo de 100 mil millones de pesos calculado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el documento ‘Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco’ publicado el 26 de abril de 2019», explica el documento de la ASF entregado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Además, la ASF advierte de que el costo total de la cancelación del proyecto de Texcoco podría incrementarse por factores como la liquidación de los contratos pendientes y los juicios y demandas interpuestos.

El 49.3% de este costo se debe a gastos no recuperables de la inversión y de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios. También incluyen los costos derivados del esquema de financiación para la construcción del proyecto y los costos legales derivados de la cancelación del proyecto.

El 50.7% restante corresponde a costos adicionales que se derivan de obligaciones pendientes para la cancelación, como la liquidación de la totalidad de los bonos emitidos, contratos pendientes de liquidar, así como juicios y demandas en proceso.

Colmenares Páramo indicó que asumir una visión estrictamente sancionatoria de la auditoría gubernamental, pese a tener un impacto positivo en cuanto a determinar la existencia de errores, omisiones o inclusive irregularidades, limitaría su potencialidad para constituirse en un aliado estratégico en el mejoramiento de la administración pública, un rol que la fiscalización superior cumple a través de proporcionar a los entes auditados información objetiva y confiable, derivada de un análisis riguroso e imparcial, respecto al cumplimiento de la normativa aplicable, a la calidad de su desempeño y a la debida utilización de los recursos que les han sido asignados para el cumplimiento de sus funciones.

El gobierno interino de Bolivia, en sus últimos días al mando del país, envió este jueves una carta al órgano electoral pidiendo una auditoría a los comicios del pasado 18 de octubre, para darle «certidumbre» a la población que en varias ciudades realizan protestas en señal de rechazo a los resultados.

La carta está dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y la firma el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez.

La carta señala que ante las «expresiones públicas y espontáneas» de distintos sectores en el país denunciando un supuesto «fraude electoral» en las pasadas elecciones, solicita a ese órgano que considere una auditoría al proceso electoral con la finalidad de dar «certidumbre, tranquilidad y credibilidad» a la población.

Argumenta que dicha determinación es necesaria e imprescindible para otorgar mayor legitimidad a los resultados de las elecciones, por el bien de la democracia y la vigencia de la pacificación del país.

Y es que desde la semana pasada, distintas organizaciones ciudadanas y colectivos cívicos de ciudades como Santa Cruz, la mayor del país, La Paz, sede de Gobierno y el Parlamento, y Cochabamba realizan protestas, vigilias y paros cívicos.

Los manifestantes rechazan los resultados de los pasados comicios y exigen una auditoría e incluso la anulación del proceso electoral que dio la victoria por una amplia mayoría del 55.1% de los votos a Luis Arce del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El gobierno transitorio de Jeanine Áñez está en los últimos días al mando del país, ya que el domingo 8 de noviembre está prevista la transmisión de mando a Arce en La Paz.

Cabe destacar que la victoria del MAS es reconocida incluso por su rivales políticos, como la propia Áñez, y la comunidad internacional. El órgano electoral ha descartado una auditoria para un proceso avalado además por observadores internacionales.

Luego de que el Senado aprobara la extinción de 109 fideicomisos, equivalentes a más de 68 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal iniciará una auditoría a los fondos y fideicomisos en cuestión.

“Vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso”, dijo el mandatario asegurando que en caso de hallar evidencias de corrupción y mal manejo de recursos se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

El presidente dijo que lo que se busca es transparentar el uso y destino de los recursos públicos que se manejaban a través de dichas figuras, y reiteró que no faltarán los apoyos para los «auténticos» beneficiarios: deportistas, investigadores, escritores, artistas, entre otros.

AMLO encabezó esta mañana la presentación de un panorama general de los fondos y fideicomisos, mismo que corrió a cargo del titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, Jorge Nuño Lara, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, el director general de Canal 11, José Antonio Álvarez y el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rodolfo González Valderrama, quienes integran el grupo al que el presidente encomendó la revisión.

Jorge Nuño informó que hay 191 fideicomisos, de los cuales solo 109 fueron creados por ley. Explicó que aún extinguiéndolos sus funciones continuarán con cargo al presupuesto, de manera que los fideicomisarios recibirán los beneficios que estaban programados.

Por su parte la directora de Conacyt informó que de 2013 a 2018, a través de los fideicomisos, se transfirieron más de 15 mil millones de pesos y a través del Programa de Estímulos a la Innovación, más de 26 mil millones de pesos a la iniciativa privada. En total el monto de recursos fue de 41 mil 624 millones de pesos.

Álvarez-Buylla apuntó que entre los beneficiarios privados figuran empresas como IBM, Monsanto, Bayer, Kimberly Clark, Volkswagen, Mabe, entre otras. “Este conjunto, a manera de ejemplo, recibió un total de 891 millones de pesos de recursos públicos so pretexto y digo so pretexto porque el análisis que hemos hecho cuesta trabajo justificar este recurso público en términos científicos reales”, comentó.

Explicó que hasta ahora se han detectado 46 obras inconclusas, sin equipamiento y que representan espacios subutilizados, cuya inversión suma 783 millones 708 mil pesos, que salieron de los fideicomisos ligados a la dependencia.

Por su parte el director de Canal Once expuso las irregularidades en el fideicomiso Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, que consistió en la compra e instalación de bebederos. Señaló que se ejercieron 2 mil 031 millones de pesos de recursos fiscales, instalando únicamente 20 mil 543 de los 31 mil bebederos proyectados; denunció que hoy solo funcionan 10 mil 900.

Rodolfo González Valderrama de la Secretaría de Gobernación dio a conocer el caso de donación de recursos públicos federales a fundaciones privadas norteamericanas. Puso como ejemplo lo que sucedió en la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien brindó apoyos en viáticos y traslados a dirigentes de las fundaciones, asegurando que era por «instrucciones superiores” de extitulares de la dependencia.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este miércoles que se realizará una auditoría a instrumentos financieros como Banca de Desarrollo y Financiera Rural porque en estaban acostumbrados a dar créditos por órdenes «de arriba» de «manera discrecional» en los sexenios pasados.

«Se está viendo hacer una auditoría a la Banca de Desarrollo, porque en todo esto de Odebrecht se utilizó a la Banca de Desarrollo, de manera muy irregular, discrecional, se ordenaba de arriba dar los créditos», dijo el mandatario.

El presidente adelantó que será la Secretaría de Hacienda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes realicen las auditorías, ya que hace muchos años no se hace.

Ejemplificó la problemática al señalar que fue justo la Banca de Desarrollo la que dio el crédito para la planta de Odebrecht de Etileno XXI, e incluso antes de operar (la planta) ya les estaban devolviendo el IVA, y con la devolución del IVA pagaron el crédito.

Dijo que esta situación le pareció muy extraña, por lo que pidió que se investigara, siendo informado que dicha operación fue legal.

Afirmó que la auditoría se va a empezar este mismo año.

En ese tema, López Obrador confirmó que existe un préstamo vigente a los dueños del periódico El Financiero, tal como lo reveló Emilio Lozoya en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), el cual fue otorgado por Nacional Financiera en 2015 por un monto de 100 millones de dólares.

«Quiero decir que en efecto son 100 millones de dólares de crédito. Creo que se otorgó el crédito en 2015 aproximadamente, no con intereses y hay una garantía también», dijo AMLO al explicar que esa garantía consiste en varios edificios ubicados en distintas partes de la Ciudad de México.

Afirmó que este tipo de negocios eran «jugosos» y no eran revisados. «Se aprobaban, nunca se sabían en medios de comunicación ahora no, ahora ya se sabe, que no se piense que es un asunto que nosotros damos a conocer porque se trata de un periódico», puntualizó.

Resaltó su buena relación con el dueño de dicho periódico pero aclaró que este «no es un asunto de amistad, es un asunto público».

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), validó los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se refiere una simulación en los precios de los materiales con los que se construyó la Estela de Luz.

La Auditoría señaló que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, empleados de la empresa III Servicios, filial de Pemex, la cual estuvo a cargo de la contratación de particulares para la obra, «inflaron» los precios de la obra, causando un daño al erario por más de 400 millones de pesos.

Específicamente apuntaron al acero que se utilizó en la obra. Se detalló que los acusados dictaminaron un supuesto cambio en material, a acero inoxidable, lo que supuso un aumento de costo equivalente a 316.5 mdp; sin embargo, el acero utilizado se pagó a un costo menor que el reportado.

La obra, monumento conmemorativo del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia, la Estela de Luz, construido durante la presidencia de Felipe Calderón, tendría un costo de 400 millones de pesos, aunque al final alcanzó un gasto de mil millones de pesos.

Así, la sanción que se ratificó a los involucrados, correspondiente a la reparación del daño, es de 216.5 y 230.8 millones de pesos respectivamente.

Los sentenciados pueden impugnar la sentencia del TFJA, mediante un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de
circuito en materia Administrativa.

Foto: Twitter @JNDLT

Una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició este jueves la auditoría de las cuestionadas elecciones en Bolivia, que dieron un nuevo mandato al presidente Evo Morales, informó el canciller boliviano, Diego Pary.

«El día de hoy inicia esta auditoría, se tiene previsto desarrollar en un tiempo aproximado de dos semanas», dijo Pary acompañado del jefe de la misión, Arturo Espinoza, quien expresó que el grupo hará un trabajo «eminentemente técnico y profesional».

La revisión de las elecciones del 20 de octubre fue acordada entre el gobierno boliviano y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero la oposición la califica de inconsulta y exige la anulación de la votación.

La misión la integran 30 personas, algunas de las cuales irán llegando en los próximos días y las próximas horas, dijo Pary.

La OEA indicó que el trabajo del equipo se basará en la verificación de cómputos, lo cual incluye actas, papeletas, votos; la verificación del proceso, lo cual incluye, entre otros, aspectos informáticos; el componente estadístico y de proyecciones, así como el componente de cadena de custodia de las urnas.

Subrayó que dichos puntos fueron expresados en conversación telefónica con el ex Presidente Carlos Mesa, quien había expresado su acuerdo respecto a los mismos.

Sin embargo, la auditoría se realizará en medio de protestas y choques en las calles entre oficialistas y opositores por la cuestionada reelección de Morales, que han dejado hasta ahora dos muertos y más de 130 heridos.

Ambos bandos se culpan mutuamente por la violencia desatada al día siguiente de los comicios.

El rival de Morales, el expresidente Carlos Mesa declaró este jueves que «esta movilización debe continuar» hasta doblegar al mandatario izquierdista, pero pidió a sus seguidores tomar más resguardos tras las muertes, el miércoles en la noche, de dos manifestantes opositores en un pueblo cercano a la ciudad oriental de Santa Cruz, bastión opositor.

El gobierno de Bolivia acordó este miércoles con la Organización de Estados Americanos (OEA) hacer una auditoría de carácter «vinculante» a las elecciones que dieron un cuestionado triunfo al presidente Evo Morales.

«Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se pueda realizar la auditoria integral a las elecciones generales del 20 de octubre», anunció en rueda de prensa el canciller boliviano, Diego Pary.

Como había solicitado expresamente el candidato opositor Carlos Mesa, que ha denunciado un fraude electoral, «el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes», agregó el funcionario.

El acuerdo con la OEA, garantiza «la verificación de las actas, verificación del proceso, datos estadísticos y cadena de custodia» de los votos, además del «acceso a las instalaciones e información que soliciten» los técnicos que llegarán al país mañana jueves para dar inicio a la auditoría.

El proceso de revisión, según el pacto, «se concentrará en la jornada electoral y las fases posteriores».

La auditoría fue planteada la semana pasada por Morales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de que la oposición denunciara un fraude para garantizar un cuarto mandato de Morales, con complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Un primer sistema de conteo rápido de votos del TSE anticipaba, horas después de la votación, una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Pero tras un «silencio» de más de 20 horas sobre el avance del escrutinio, la tendencia cambió y finalmente fue declarada la victoria de Morales en primera ronda con el 47.08% de los sufragios frente al 36.51% de Mesa.

La ley boliviana atribuye la victoria en primera vuelta con más del 50% de los votos o con el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el segundo.

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, aseguró que el candidato opositor Carlos Mesa es bienvenido a participar en una auditoría de las elecciones presidenciales a la que están convocando, esto tras las jornadas de violencia que se han producido por el descontento social, derivado de la la conducción de las elecciones y sus resultados.

Bolivia ha estado bajo una ola de protestas desde el 20 de octubre, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió sorpresivamente la publicación de los resultados de un recuento electrónico de votos que finalmente otorgó al presidente Evo Morales un cuarto mandato.

La interrupción, tras la cual hubo un cambio de tendencia en favor del mandatario, llevó a Mesa y sus partidarios a denunciar un fraude electoral.

«El señor Carlos Mesa ha hecho un esfuerzo violento, terrible y abusivo para desconocer esta victoria», dijo García Linera a periodistas en la llamada Casa Grande del Pueblo.

«Y es por eso que nosotros, de la manera más transparente, segura y confiada en la soberanía del pueblo es que hemos invitado a una auditoría internacional (…) El día de hoy queremos pedirle al señor Carlos Mesa, al candidato perdedor, que se sume a la auditoría que llevará adelante la OEA», indicó.

Recordemos que el recuento final de votos dio a Morales un 47.08% de los votos frente al 36.51% a Mesa, la ventaja de 10 puntos necesaria para evitar una segunda vuelta y darle otro mandato de cinco años.

Tras las denuncias de fraude, Morales, de 60 años, invitó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a realizar una auditoría y dijo que si esa revisión arroja alguna irregularidad convocaría a una segunda vuelta.

Mesa, de 66 años y que gobernó Bolivia del 2003 al 2005, dijo que los manifestantes de la oposición no aceptarían negociaciones para poner fin a la crisis y acusó que Morales quería permanecer en el poder indefinidamente.

Este jueves, Rosario Robles interpuso un amparo contra la Auditoría Superior de la Federación, por la difusión de los resultados de las auditorías practicadas a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los periodos en que estuvo al frente de estas dependencias.

Según el expediente 646/2019 del Juzgado 10 de Amparo en Materia Penal, la exfuncionaria reclamó que la ASF violó sus derechos fundamentales que garantiza la Constitución en los artículos 1, 14, 16, 17 , 20, 103 y 107.

Rosario Robles advirtió que los resultados de esas auditorías tienen inexactitudes que afectan su defensa frente al citatorio que se le hizo al ser imputada del delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la Estafa Maestra.

El juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón admitió a trámite la demanda interpuesta por la exfuncionaria. Ayer el titular de ese juzgado le negó la suspensión provisional contra una orden de aprehensión por el caso señalado.

La defensa de Robles solicitó que se reserve el nombre de su cliente en todos los acuerdos que el juzgado emita, vía estrados, toda vez que su difusión podría dañar el principio de presunción de inocencia de su cliente.

Al exponerle casos de irregularidades que se viven en el Fondo para el Alto Rendimiento (Fodepar) al interior de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que se iniciará una auditoría para aclarar lo sucedido.

Señaló que la auditoría e investigación correrán a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues afirmó que es una obligación al tratarse de recursos públicos.

“Yo voy a pedirle a la secretaria de la Función Pública que actué de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo (…) todo lo que tenga que ver con corrupción, denunciarlo aun cuando pueda exagerarse, es mejor denunciar actos de corrupción para acabar con la corrupción, con ese cáncer que tanto daño le ha hecho al país. Y es nuestro compromiso, no permitir la corrupción”, dijo AMLO.

Sin embargo, el presidente también fue cuestionado sobre el desempeño de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade, a quien se le acusa de estar más interesada en conseguir la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora y de no atender a los deportistas de manera eficiente.

Al respecto, AMLO dijo que preferiría no opinar, pues enfatizó que esa es una información que ya está “editorializado”.

Pidió presentar pruebas que comprueben que Guevara está haciendo campaña en Sonora, pues ha trascendido que sólo trabajar en la dependencia de lunes a jueves y el fin de semana se traslada a dicho estado para atender temas relacionados a sus aspiraciones políticas

“No creo eso. Se me hace, con todo respeto, bastante exagerado”, respondió López Obrador.

El mandatario prefirió ponerle fin al tema al decir que lo más importante es acabar con la corrupción, pues las acusaciones contra su colaboradora, no era más que “politiquería”. Sin embargo, reconoció que abandonar el trabajo para dedicarse a hacer campaña es también corrupción.

Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), declaró que la dependencia a su cargo colabora estrechamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), para esclarecer las irregularidades detectadas cometidas durante la administración pasada, la cual estuvo a cargo de Rosario Robles, Je´sus Murillo Karam y Jorge Carlos Ramírez Marín.

“No es cacería de brujas. Estamos en plena colaboración con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de la Función Pública para poder otorgar toda la información que nos han solicitado desde que entramos en funciones. Hemos dado acceso a todos los archivos, a todas las áreas y esto es el resultado de la colaboración intensiva que hemos tenido con la auditoría”, detalló.

Cuestionado sobre las irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2017 por la ASF, el funcionario se pronunció porque la Secretaría de la Función Pública, como órgano competente, emita un dictamen al respecto, para poder fincar responsabilidades.

Indicó que desde que tomó posesión de la dependencia, se han detectado irregularidades en diversas áreas, mismas de las que se ha dado conocimiento al Órgano Interno de Control que se encuentra documentando y procesando la información.

“En lo que corresponde al Programa de Infraestructura y Comunicación Social, es donde hemos encontrado diferentes desvíos. Toda esa información la tiene la Secretaría de la Función Pública para que pueda proceder como corresponde”, dijo.

Meyer Falcón finalizó indicando que funcionarios de la SEDATU ya analizan la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos para generar mayor seguridad al interior de la dependencia y blindarla de actos de corrupción.

 

El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entregó ayer a la Cámara de Diputados el tercer y último paquete de informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2017, en el que reportó irregularidades y observaciones pendientes de aclarar por un monto de 68 mil 136 millones 500 mil pesos.

Este monto, acumulado a los 11 mil 706 millones sin aclarar que se reportaron en la segunda entrega, en octubre pasado, más los 7 mil 700 millones de la primera entrega en junio, acumulan pérdidas por un total de 87 mil 542 millones de pesos en 2017.

Colmenares Páramo informó también a los legisladores que de las últimas 653 auditorías logró recuperar 131 mil 09 millones de pesos, y de las mil 675 de todo el año se recuperaron 147 mil 334 millones.

Detalló que sólo de marzo pasado –cuando asumió la titularidad de la ASF– a la fecha, presentó ya 54 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, “derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y estamos en un proceso de revisión de lo atrasado con la Fiscalía General de la República, para el seguimiento, coadyuvancia y presentación de las denuncias de hechos”.

En su informe resaltó que de las auditorías realizadas al gasto público ejercido en ese año “el gasto promedio anual por niño atendido en las 9 mil 399 estancias infantiles en 2017 de Sedesol fue de 11 mil 500 pesos, esto es de 958 pesos mensuales. Cabe mencionar que tanto el IMSS como el ISSSTE tienen un servicio de guardería que atiende a hijos de derechohabientes”, observó.

El auditor informó también que, sobre la entrega de recursos federales a los municipios, “14 estados tuvieron observaciones, al no entregar a los municipios las participaciones que por Ley les corresponden. Debido a esta irregularidad se observó un monto de 429.4 millones de pesos. Además, 27 estados tuvieron retrasos en la entrega de las participaciones a los municipios, lo que generó rendimientos financieros por un importe de 81 millones de pesos, los cuales no habían sido pagados a los municipios”.

Previo a la votación que se realizará mañana en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos y ONG’s exigieron a los legisladores justificar la terna que se someterá a consideración para definir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

La terna que se votará mañana está compuesta por Salim Arturo Orci Magaña, David Colmenares Páramo y Ángel Trinidad Zaldívar.

 

 

Señalaron que de acuerdo a documentos oficiales, la terna que se enviará al Pleno deriva del consenso entre las listas elaboradas por los grupos parlamentarios con integrantes en la Comisión. Sin embargo, alertaron que el dictamen publicado se limita a describir el procedimiento de integración de la terna, sin los argumentos que sustentan las propuestas.

 

Recordaron que desde el 16 de noviembre del año pasado, la Comisión de Vigilancia de la ASF inició el proceso de designación del próximo titular del órgano de fiscalización federal, por lo que desde la publicación de la convocatoria, académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación solicitaron a la Comisión responsable que una vez  concluido el proceso de verificación y de entrevistas, se hicieran públicos los criterios de evaluación así como la justificación sobre la idoneidad de los integrantes de la terna que habría de ser sometida a votación por el pleno de la Cámara de Diputados.

 

Denunciaron que ante dicha petición de transparencia y de rendición de cuentas, los integrantes de la comisión responsable han sido omisos. «Al día de hoy no tenemos información que permita  conocer, analizar y entender el razonamiento que siguió cada grupo parlamentario para evaluar y definir la terna integrada por Ángel Trinidad Zaldívar, Arturo Orci Magaña y David Colmenares Páramo».

 

Puntualizaron que la ASF una institución fundamental para conocer cuánto se gasta, en qué se gasta, quién lo gasta y qué resultados se obtienen con los recursos de los mexicanos, además de que es también una especie de ‘brújula’ que permite detectar desvíos, omisiones y acciones en el gasto público.

 

Enfatizaron que la autonomía e independencia política del próximo titular de la ASF corresponde a los principios de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) a los que México está suscrito; además de que resulta ser una condición indispensable para que la institución desarrolle sus funciones de manera adecuada.

 

«Sin una auditoría autónoma, sin una auditoría que sirva, se seguirá abriendo la puerta a la corrupción y la impunidad que tanto lastiman a los mexicanos», concluyó el comunicado firmado por organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza; Borde Político; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa; Mexicanos Primero; Transparencia Mexicana, entre otros.

 

Un grupo de Frentistas, comandados por el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, encabezaron una conferencia de prensa en la que denunciaron presuntos desvíos de recursos públicos por complicidad o por actuación directa del hoy candidato del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, cuando este fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

 

 

Zepeda indicó que los voceros de la campaña del priísta, han hecho todo lo que está a su alcance para impedir que se conozca cierto contenido del informe a la cuenta pública que recientemente presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF); e indicó que no es casualidad que el mismo día que se dio a conocer la primera información sobre la auditoria, se emprendieran los ataques contra Ricardo Anaya.

 

«Les repito, el candidato del PRI entonces como Secretario, no sólo fue complice sino que participó de manea directa en el desvío de recursos», dijo Zepeda.

 

Relató que una de las irregularidades involucraron a la Universidad Politécnica de Chiapas en 2015, justo cuando Meade fungió como titular de la Sedesol. Detalló que en octubre de dicho año, meses después de que asumiera la titularidad de la dependencia, (agosto 2015), la Sedesol emitió un pago de 400 millones de pesos (mdp) a la Universidad, para brindar servicios varios que el informe de la ASF de la cuenta pública 2015, detectó nunca se presentaron evidencias de que los trabajos hayan sido brindados.

 

En un segundo caso, denunció la falsificación y sustracción de documentos públicos en convenios con tres Universidades del Estado de México que alcanzaron los 611 mdp y que se firmaron durante la gestión del ahora candidato presidencial del PRI.

 

Acusaron que se sustituyeron ilegalmente páginas de los tres convenios firmados con la Universidades, con el objetivo de modificar la fecha de finalización de los mismos. Zepeda indicó que se cambió la fecha de término para que cuadraran las tiempos con fechas anteriores a la llegada de Meade y así pretender dejarlo fuera de las triangulaciones.

 

 

Advirtió que dichos esquemas utilizados en la Sedesol bajo la administración de Meade, fue el que se ocupó en el caso revelado la semana pasada en la misma dependencia, pero bajo la administración de Rosario Robles.

 

Enfatizó que por más que el PRI ha querido inventar acusaciones, el motivo real por el que se ha atacado a su candidato, es el querer cubrir la participación del extitular de Hacienda en movimientos de desvíos de recursos. Pidieron a las autoridades informar qué ha sucedido con las denuncias que tuvieron que haberse abierto por los informes del 2015; además de que se informe a qué empresas o entidades se subcontrató para ver si son empresas existentes o empresas fantasmas.

 

«Al PRI, al Gobierno y a Meade le decimos expliquen este desvío de recursos públicos en lugar de estar inventando cajas chinas y de atacar a opositores», concluyó el mensaje ofrecido desde un hotel de la Ciudad de México.