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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconoció este miércoles “deficiencias” en la respuesta a los terremotos que sacudieron su país y Siria.

“Por supuesto, hay deficiencias, es imposible estar preparado para una catástrofe así”, dijo el jefe de Estado, que visitó la provincia de Hatay, una de las más afectadas, en la frontera con Siria.

Erdogan anunció que cada familia damnificadas por los terremotos recibirá 10,000 liras turcas, cerca de 500 euros, al tiempo que ha afirmado que Ankara lanzará “operaciones masivas de vivienda” en las diez provincias afectadas.

“Nuestros ciudadanos no deben preocuparse. Nunca permitiremos que se queden en la calle”, ha manifestado, antes de incidir en que las víctimas pueden alojarse por ahora en varios hoteles en las provincias de Antalya, Anlanya y Mersin.

“Tenemos una capacidad significativa de habitaciones (en hoteles). Si nuestros ciudadanos no quieren quedarse aquí en tiendas de campaña, les buscaremos acomodo en hoteles”, prometió.

Los rescatistas siguen trabajando en Turquía y Siria en busca de señales de vida entre los restos de los miles de edificios que colapsaron.

Autoridades han informado que la cifra de fallecidos superó las 11.000 personas, lo que lo convierte este episodio como el más letal en más de una década.

La agencia de gestión de desastres de Turquía reportó este miércoles que la cifra de decesos registrados en el país había superado las 8,500 personas. Los fallecidos en las zonas del norte de Siria controladas por el gobierno subieron a 1,200, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Damasco, y al menos 1,400 más murieron en la región controlada por los rebeldes, según el grupo de emergencias Cascos Blancos. Ni Turquía ni Siria han dado cifras sobre el número de desaparecidos.

Rescatistas llegados desde más de dos docenas de países se unieron a las decenas de miles de efectivos locales mientras el país comenzaba a recibir la ayuda comprometida.

Hasta 23 millones de personas podrían verse afectadas en la región, indicó Adelheid Marschang, responsable de emergencias en la Organización Mundial de la Salud, que calificó la situación como una “crisis sumada a múltiples crisis”.

Erdogan señaló que 13 de los 85 millones de habitantes del país se vieron afectados por el sismo y declaró el estado de emergencia en 10 provincias. Más de 8,000 personas han sido sacadas de entre los escombros.

El diputado federal de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, presentó una iniciativa para reformar la ley reglamentaria del artículo 5º de la Constitución, relativos al ejercicio de las profesiones en el Ciudad de México, a fin de castigar el plagio académico.

En un comunicado, el diputado refirió que es necesario legislar en esa materia, pues existe un vacío legal que da lugar a incertidumbre e inseguridad jurídica en torno a este tema que ha cobrado especial relevancia en los últimos días, a raíz del caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

Sin embargo, también recordó casos como los de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quezada, que con su Plan de Gobierno, al que sólo le hizo adecuaciones de tipo “académico”, lo presentó como su tesis profesional.

El legislador indicó que se plantea que en el artículo 74 “se entenderá por plagio la apropiación indebida que se realice de ideas, manifestaciones, escritos u obras ajenas con el fin de presentarlas como propias.”

Por otro lado, se propone que el artículo 75 establezca que tratándose de plagio en los trabajos de investigación que se realicen con motivo de obtener el título profesional y la cédula de ejercicio con efectos de patente que señalan los artículos primero y tercero respectivamente de la presente ley, será causal de anulación del registro del título profesional y revocación de la cédula de ejercicio con efectos de patente que se le hayan otorgado a la persona que actualice la hipótesis normativa enunciada en el presente artículo.

Tal como se ha hecho desde el gobierno federal, Robles Gómez salió en defensa de la ministra de la Suprema Corte; sostuvo que en su iniciativa cobra especial relevancia hacer valer el derecho de audiencia del acusado de plagio, cosa que con la ministra Esquivel Mossa no ha sucedido y ha sido víctima de un linchamiento mediático con claros tintes misóginos y machistas.

El morenista precisa en su iniciativa que, con el fin de dar certeza y seguridad jurídica, las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriben en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente.

Esto ayudaría que en casos como el de la ministra Yasmín Esquivel, esta adecuación a la ley resulte inaplicable, pues el tiempo en que presentó su tesis y cuando se destapó el plagio en que incurrió, son mayores a los cinco años que se proponen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció esta mañana que “altos funcionarios de Estados Unidos” tenían relación con Genaro García Luna, quien es acusado de narcotráfico y cuyo juicio arrancó ayer con la selección del jurado en una corte de Nueva York.

“Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no solo en México, sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense”, manifestó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Al exhibir un artículo de The New York Times sobre el exfuncionario, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones, López Obrador pidió “que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos que sean llamadas a declarar y que participen”.

“Entonces por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias. ¿Cómo esta doble vida? Por un lado se le premia, se le reconoce y, por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada”, expresó López Obrador.

“Se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades”, añadió  AMLO.

En ese sentido, solicitó a Estados Unidos devolver dinero a México si se demuestra que funcionarios de aquel país recibieron sobornos relacionados con el juicio.

“Claro que sí, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos nos tienen que devolver el dinero”, indicó.

García Luna compareció ayer en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico, que se prevé se extienda durante las próximas ocho semanas.

Al respecto, López Obrador reiteró su solicitud de difundir toda la información del juicio por la relevancia del exfuncionario, quien fue el máximo encargado de la Seguridad durante el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Sobre el papel del expresidente Felipe Calderón, AMLO esbozó tres posibles escenarios: que García Luna sea inocente y por ende no haya ningún papel del exmandatario en el caso; que García Luna sí es culpable de lo que se le acusa pero que Calderón no estaba al tanto de sus acciones y por lo tanto solo hubo un descuido de su parte, y que Genaro García Luna sí es culpable y Calderón estaba al tanto de todo lo que sucedía.

China volvió a defender este jueves su manejo del nuevo brote de COVID-19 que vive, después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicarfa que Pekín no estaba informando de manera completa las muertes por el virus.

El director de emergencias de la OMS, Mike Ryan, dijo ayer que los funcionarios chinos estaban subrepresentando los datos en varios frentes. Detalló que China las irregularidades en las cifras eran relativas a los ingresos hospitalarios, pacientes en unidades de cuidados intensivos y muertes.

Afirmó además que la definición de Pekín de muertes relacionadas con el COVID eran muy limitadas.

Y es que China eliminó sus estrictos controles de COVID el mes pasado después de las protestas en contra de las medidas, abandonando su política COVID Cero, que había “protegido” del virus a sus 1,400 millones de habitantes.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo este jueves en una conferencia de prensa, que China había compartido de manera transparente y rápida los datos de COVID con la OMS.

Sostuvo que la “situación epidémica de China es controlable” y que esperaba que la OMS mantuviera una posición científica, objetiva e imparcial.

“Los hechos han demostrado que China siempre, de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, apertura y transparencia, ha mantenido una comunicación cercana y ha compartido información y datos relevantes con la OMS de manera oportuna”, dijo Mao.

Horas después de los señalamientos que hiciera la OMS, el presidente estadounidense, Joe Biden, expresó su preocupación por el manejo del nuevo brote en China.

Estados Unidos es uno de más de una docena de países que han impuesto restricciones a los viajeros de China, algo que Beijing criticó y rechazó, al grado de anunciar que podría responder de manera ‘recíproca’.

El gobierno chino ha minimizado la gravedad de la situación en los últimos días. El diario estatal Global Times, dijo en un artículo que el COVID había alcanzado su punto máximo en varias ciudades, aunque las redes sociales han dejado al descubierto una realidad distinta en distintos puntos del país.

Los expertos en salud internacionales predicen al menos 1 millón de muertes relacionadas con COVID en China este año sin una acción urgente. La firma de datos de salud con sede en Reino Unido Airfinity ha estimado que alrededor de 9,000 personas en China probablemente mueren cada día a causa de COVID.

Ocho personas murieron y tres más resultaron heridas durante una serie de ataques armados simultáneos en bares de Veracruz, informaron este lunes autoridades locales.

Las incursiones de hombres armados en bares de los municipios conurbados de Poza Rica y Coatzintla ocurrieron la noche de ayer domingo y durante la madrugada de hoy lunes.

Las autoridades han contabilizado un total de ocho personas fallecidas.

Los reportes señalan un primer ataque en el bar ‘El Molino Rojo’ en el municipio de Poza Rica, donde asesinaron a cuatro personas, de las cuales tres fallecieron dentro del establecimiento y una más en un hospital de la localidad.

El segundo ataque armado ocurrió en el bar ‘El Cafre’ de ese mismo municipio, con un saldo de un muerto.

En el municipio de Coatzintla, zona conurbada a Poza Rica, el tiroteo fue en el bar ‘El Manguito’, con tres personas asesinadas.

Elementos de diversas corporaciones estatales y federales, así como castrenses, activaron el Código Rojo y montaron operativos de seguridad para encontrar a los responsables y contener posibles nuevos ataques.

Recordemos que Veracruz cerró 2022 de manera violenta los dos últimos días del año.

El 30 de diciembre, en hechos distintos, fueron asesinados el tesorero del municipio de Tezonapa y el alcalde del municipio de Rafael Delgado. El 31 de diciembre cuatro presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento a tiros con elementos policiacos en el municipio de Córdoba.

Veracruz ocupa el primer lugar en el nivel nacional en número de víctimas por atrocidades, según ha reportado la organización civil Causa en Común.

En un conteo periodístico efectuado de enero a octubre, esta asociación reportó que en Veracruz hubo 1,166 víctimas de atrocidades, entre ellos asesinatos de mujeres, mutilaciones y crímenes de actores políticos.

El Consejo de Estado de Francia impuso este lunes al Estado, una doble multa de 10 millones de euros por incumplir la normativa europea sobre la contaminación atmosférica, como ya lo había hecho una primera vez en 2021 porque aunque se constatan mejoras, se siguen superando los límites de emisiones.

Cada una de las multas corresponden al incumplimiento durante dos semestres (el último de 2021 y el primero de 2022) de las reglas comunitarias sobre los límites de emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) y micropartículas, que se han superado en varias áreas urbanas, en particular las de París, Lyon y Marsella.

El dinero se lo repartirán Los Amigos de la Tierra, que fue la primera organización que interpuso un procedimiento en 2017 ante la máxima instancia de recursos administrativos, y otras ONG comprometidas en la lucha contra la contaminación atmosférica.

El Consejo de Estado precisó en un comunicado que el próximo año volverá a examinar la acción pública desde el segundo semestre de 2022 para evaluar el respeto de una normativa que estipula unos topes de contaminación que deberían estar cumpliéndose desde 2010.

En su dictamen, indicó que las últimas cifras muestran que “la situación globalmente ha mejorado pero sigue siendo frágil o mala en cuatro zonas”.

Por una parte, la evolución ha sido favorable en Grenoble, donde ya no se sobrepasa el umbral de la concentración de dióxido de nitrógeno; y lo mismo ocurre en París con las micropartículas.

Por el contrario, en Toulouse en 2021 se constató una concentración media anual de NO2 justo por debajo del límite y en ascenso respecto al año anterior.

Las concentraciones de ese gas contaminante disminuyeron globalmente en las áreas urbanas de París, Lyon y Aix-Marsella en 2021 respecto a 2021, pero se volvieron a superar los límites fijados por la normativa.

El Comité de Nueva Normalidad, conformado por las secretarías de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social (STPS), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), actualizaron los lineamientos que permitirán continuar con las actividades económicas ante la pandemia de COVID-19.

Como parte de las sugerencias se encuentra la eliminación del uso de tapetes sanitizantes y el filtro sanitario; y sugiere pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados.

Las autoridades precisaron que los lineamientos hacen énfasis en las actividades de promoción de la salud, acciones enfocadas en la búsqueda de la modificación de hábitos que lleven a la reducción de riesgos de contagio entre la población.

Además, remarcan que, en ningún caso, se debe obligar a las personas a realizarse pruebas de laboratorio para retornar a sus labores, y que, aun cuándo es deseable que todas las personas estén vacunadas, eso no es un impedimento para retornar al trabajo.

En cuando a las medidas generales los nuevos lineamientos mencionan:

  • Proporcionar información general sobre el SARS-CoV-2 (COVID-19), los mecanismos de contagio, síntomas que ocasiona y las mejores maneras de prevenir la infección y el contagio de otras personas.
  • Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien, usar soluciones a base de alcohol al 60%.
  • La práctica de la etiqueta respiratoria: cubrirse nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.
  • Mantener una sana distancia (al menos a 1.5 metros).
  • Establecer un programa de capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19, por lo que puede hacerse uso del material disponible en la plataforma.

En cuanto a las medidas en los centros de trabajo, se indica que se deberán instrumentar acciones enfocadas a reducir el riesgo de contagios, es decir, para evitar la entrada del virus en sus instalaciones. Entre estas quedan comprendidas cuestiones de higiene, limpieza y sana distancia.

  • Sana distancia en el centro de trabajo. Se sugiere favorecer una distancia mínima de 1.5 metros entre las personas;
  • Proveer dispensadores con soluciones a base de alcohol al 60% a disposición del personal en distintos puntos del centro de trabajo.
  • Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y condiciones adecuadas para la limpieza del personal.
  • Establecer un programa de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo y los lugares de labor, incluidos los destinados a los servicios de alimentos, de descanso y, en su caso, de pernocta, utilizando los productos de limpieza adecuados para prevenir la propagación del virus.
  • En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes de mayor concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran afluencia de personal.
  • Revisar el funcionamiento de los sistemas de ventilación, en caso de contar con estos, además de dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcta operación.

Recordaron que la inmunización es la principal estrategia de reducción de riesgos de cuadros graves o defunciones debido al virus SARS-CoV-2.

También se menciona que es posible que en los centros de trabajo se realicen pruebas de antígeno y RTPCR para SARS-CoV-2, previo consentimiento de las personas trabajadoras, aunque precisaron que en ningún caso debe ser obligatoria la toma de una prueba (RT-PCR, de antígeno o serológica) para el regreso al trabajo.

“Las empresas deben contar con una política de protección a las personas trabajadoras para evitar que se condicione el retorno al trabajo por medio de pruebas financiadas por el trabajador”.

Sobre el uso del cubrebocas, señala que con la finalidad de reducir el riesgo de contagio, las personas empleadoras podrán distribuir cubrebocas entre la población trabajadora, supervisando el uso correcto (cubriendo nariz y boca), aunque precisó, se sugiere conservar el uso del cubrebocas en espacios cerrados que no se encuentren ventilados o cuenten con poca ventilación.

En el caso donde se puede omitir el uso de cubrebocas, se indica que personas que no comparten el lugar físico de trabajo; al tomar bebidas o consumir alimentos, y trabajo físico intenso.

Donde se sugiere el uso de cubreboca, es con las personas que decidieron no vacunarse o con inmunocompromiso, así como en lugares de trabajo mal ventilados las personas que compartan el mismo lugar físico de trabajo.

A los empresarios, se les recomendó designar un comité o persona responsable, quien en sus instalaciones implemente, dé seguimiento y supervise medidas que ayuden a la reducción de riesgos dentro en el ámbito laboral, los cuales son valorados en la Estrategia Nacional de Entornos Laborales y Seguros de la Secretaría de Salud.

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Documentos de la Sedena extraídos en el hackeo del Colectivo Guacamaya revelan que el crimen organizado ha extendido su presencia en el estado de Morelos y en la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En una revisión que hiciera la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a los Guacamaya Leaks a los informes militares de febrero del 2019 sobre la situación delictiva en la entidad, se señala a Samuel Sotelo Salgado, actual Secretario de Gobierno y ex consejero jurídico del estado, con vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, ambos grupos criminales que operan en Morelos.

Respecto a Sotelo Salgado, uno de los reportes lo señala como el propietario de un inmueble donde fue detenido un líder del grupo delictivo “Los Viagra”, por el homicidio del encargado de despacho de la alcaldía de Michoacán, según información de una carpeta de investigación.

También ligados a Los Rojos y/o Gente Nueva y al Cártel Jalisco Nueva Generación aparecen José Manuel Sanz Rivera, ex Jefe de la Oficina de la Gubernatura, quien dejó el cargo en mayo pasado, y José de Jesús Guízar Nájera, Subsecretario de Gobierno, quien renunció en agosto del 2019.

En el caso de Sanz Rivera, refiere que de acuerdo con un alcalde habría pactado con Los Rojos para cederles el control de tres áreas del Ayuntamiento, entre ellas el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca y Desarrollo Social, lo que detonó un conflicto con Comando Tlahuica.

A Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, actual Secretario de Desarrollo Social y ex presidente del Congreso local, también se le vincula en el reporte con Los Rojos y/o Gente Nueva, al igual que al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara.

En los reportes también figuran cuatro diputados locales emanados del PRI, con nexos con Los Rojos y/o Gente Nueva. Y se incluye a un Senador también ligado a distintos grupos delictivos.

En tanto, sobre el Poder Judicial, en los reportes aparecen identificados un magistrado y siete jueces orales, que han liberado a delincuentes por supuesta falta de pruebas, vinculados a Guerreros Unidos y al CJNG, así como abogados ligados al crimen.

Sin embargo, en uno de los informes se señala que al menos una docena de jueces han liberado criminales judicializados por delitos de alto impacto, entre ellos a 46 secuestradores.

“En Poder Judicial del Estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto”, resume un reporte militar. “Se han documentado 17 caso en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”.

Investigación completa en MCCI

El huracán Ian volvió a tocar tierra este viernes, esta vez en Carolina del Sur, tras dejar una franja de destrucción en Florida días atrás.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el ojo del meteoro cruzó a tierra el viernes por la tarde cerca de Georgetown, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

Se pronosticaron marejadas de tormenta e inundaciones después de que la megatormenta causó daños catastróficos en Florida y dejara a mucha gente atrapada en sus casas.

Ian azotó el miércoles la costa de Florida sobre el Golfo de México como huracán de categoría 4, una de las tormentas más poderosas que haya llegado a Estados Unidos, con vientos de 240 km/h, inundando casas y dejando a casi 2.7 millones de personas sin electricidad.

Las autoridades de Florida informaron este viernes de que hasta ahora solo se confirmó la muerte de una persona como consecuencia directa del paso del huracán Ian, pero hay otras 20 pendientes de confirmación por parte de los forenses.

“La gente se muere durante los desastres, pero no todas esas muertes son por causa directa”, dijo Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida, en rueda de prensa.

Las cifras, en cualquier caso, son preliminares dado que en la “zona cero” del impacto de Ian, en el suroeste de Florida, hay áreas desconectadas totalmente o de muy difícil acceso en las que puede haber habido muchas más víctimas fatales.

El potente huracán Ian tocó tierra el miércoles en Cayo Costa, en el litoral suroeste de Florida con vientos de 240 kilómetros/hora y después cruzó la península floridana de oeste a este para salir al Atlántico, desde donde está aproximándose este viernes a la costa de Carolina del Sur.

Florida entró este viernes en su segundo día después del impacto de Ian con operaciones de rescate de personas en zonas inundadas y de reparto de comida y agua, así como un tímido inicio de la “reconstrucción” de lo dañado.

El número de usuarios sin electricidad bajó este viernes de los más de 2 millones de ayer a 1.9 millones, según cifras de Poweroutage.com.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, enumeró todo lo que se está haciendo por rescatar a las personas afectadas: dar de comer a los damnificados, limpiar las carreteras y reconstruir las infraestructuras dañadas, con especial atención a los puentes.

Según dijo, se espera que entre hoy y mañana los puertos del sur de Florida estén de vuelta plenamente operativos. Los aeropuertos también van volviendo a la normalidad.

En la rueda de prensa que tuvo lugar este viernes para informar de los tareas de rescate y de reconstrucción, los funcionarios de manejo de emergencias insistieron en sus llamamientos a la gente para que “se mantenga segura”.

Les instaron especialmente a manejar de manera adecuada los generadores para evitar inhalar monóxido de carbono, una de las causas de muerte más comunes después de un huracán.

Dos personas perdieron la vida la madrugada de este jueves en la Ciudad de México y tres más resultaron heridas en Michoacán, por el sismo de magnitud 6.9 que se registró como réplica del del lunes pasado de 7.7, según reportaron autoridades federales.

“Afortunadamente no hubo daños mayores, desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México, una señora que se cayó y se golpeó la cabeza, falleció. Y otra persona que falleció, según el informe del Gobierno de la Ciudad (de México), por un infarto”, declaró esta mañana el presidente López Obrador al inicio de su conferencia de prensa matutina.

El sismo ocurrió a las 01:16 y tuvo epicentro 81 kilómetros al sur de Coalcomán, Michoacán, donde también se registró el del lunes pasado, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), que primero había registrado una magnitud de 6.5 y después ajustó a 6.9.

El temblor se percibió en regiones del occidente y centro del país, en particular Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México.

En Michoacán, hubo tres personas lesionadas por laceraciones menores en Coalcomán, donde fue el epicentro, según el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El fenómeno ocurre tras el sismo que sacudió a buena parte del país el lunes pasado, menos de una hora después del simulacro nacional que se realiza cada 19 de septiembre para conmemorar los eventos de 1985 y de 2017, ocurridos en esta misma fecha y considerados los más destructivos de la historia reciente del país.

Desde el temblor del lunes, que dejó dos muertos y 10 heridos, los fallecidos en Colima, ha habido casi 1,300 réplicas, y la de este jueves ha sido la de mayor magnitud, según la CNPC.

“Ya se van a quedar allá quienes estaban trabajando para ampliar ahora, con motivo de esta réplica, el trabajo de evaluación y tener ya un conocimiento más apegado a lo que se necesita para ayudar”, dijo López Obrador sobre la presencia de autoridades en Colima y Michoacán, los dos estados más afectados.

La selección mexicana estará apoyada en el Mundial de fútbol de Qatar 2022 por unos 60.000 aficionados, ilusionados por la posibilidad de ver a su equipo en los cuartos de final, meta del seleccionador Gerardo Martino.

Reconocidos entre los aficionados más fieles del mundo, los mexicanos se irán a Qatar en un ambiente de fiesta, esperanzados en que el equipo supere la fase de grupos, como ha hecho en los últimos siete Mundiales.

Recordemos que México forma parte del grupo C en la Copa del Mundo 2022 junto a Polonia, Arabia Saudí y Argentina.

Sin embargo, esta vez el certamen tiene otra motivación para las autoridades: le servirá a México para prepararse como sede de la justa del 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

“El legado de Qatar 2022 es importante para el siguiente. El 18 de diciembre México, Estados Unidos y Canadá reciben la estafeta para el siguiente Mundial, una oportunidad con retos y riesgos”, explicó el director general de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones (SRE) mexicana, Alfonso Zegbe, en entrevista con la agencia Efe.

El funcionario, quien liderará a la delegación de México que estará pendiente de los más de 60,000 aficionados que viajarán a Qatar para apoyar a la selección mexicana, aseguró que las experiencias que aprenderán serán en lo logístico.

Para ello, el titular del SRE, Marcelo Ebrard, ha estado en comunicación con el gobierno de Qatar desde inicios del año y viajó al país árabe en marzo pasado para reunirse con las autoridades locales.

Zegbe se instalará con su equipo de trabajo en Qatar en noviembre en el Centro México-Qatar, que estará en Katara, Doha, en el que auxiliarán a todos los mexicanos que vayan a la justa desde problemas con la documentación hasta servicios de salud.

Entre los integrantes de la delegación de funcionarios mexicanos están unos 10 elementos de la Guardia Nacional, el cuerpo de seguridad del gobierno federal, que aprenderá cómo aplicar una estrategia para proteger a todos los actores y prevenir delitos o faltas administrativas.

“Como gobierno vamos a trabajar junto a las autoridades organizadoras de 2026. Hay experiencias que podemos sacar de Qatar como la infraestructura, el turismo y la forma en la que en el aeropuerto de Doha todo se hace digital, biométrico”, añadió Zegbe.

La conectividad es otro punto importante al que le pondrá atención México ya que en esta experiencia para ir al Mundial de 2022, sus aficionados han presentado inconvenientes a la hora de viajar.

Para llegar a Qatar desde México no hay vuelos directos y los viajeros deben hacer al menos una escala en países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Inglaterra, Turquía y Países Bajos.

Los vuelos superan las 15 horas y son solo cuatro aeropuertos, los de Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara, que cuentan con las opciones de arribar a Doha.

Autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, continuaron este lunes con los recorridos por las obras del Trolebús Elevado, que ayer inicio con las pruebas operativas, mismas que concluirán el próximo 15 de octubre.

La obra, dijo el secretario de obras y servicios, Jesús Antonio Esteva, se compone por 7.8 kilómetros de longitud, 9.6 metros de ancho, lo que equivale a una superficie de aproximadamente 75 mil metros cuadrados de construcción.

“Ayer refería yo que, en longitud equivale a la distancia entre el Zócalo y Río Churubusco, para tomar dimensiones de lo que es esta obra”, dijo el funcionario.

Destacó que se llevó a cabo una cimentación profunda de más de mil 300 pilotes a 23 metros de profundidad, 500 pilas a 35 metros de profundidad y se ocuparon más de 60 mil toneladas de acero de refuerzo, más de 20 mil toneladas de acero estructural.  Recalcó que la obra contó con la revisión estructural de lo que llamamos binomios, que son revisores corresponsables en seguridad estructural, además de DRO adicionales al que el Reglamento de Construcciones marca; en total, la obra tuvo tres binomios, es decir, tres corresponsables de seguridad estructural y tres DRO. En tanto, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que el Trolebús Elevado es un modo de transporte único en el mundo dada su elevación, lo que permitirá que no hay interrupciones en el recorrido, excepto las paradas mismas. Enfatizó que el Trolebús Elevado es muy importante para la zona Oriente, una de las zonas de la ciudad que necesitaba más transporte, y en donde se había invertido menos. Precisó que son 26 unidades las que estarán operando: 17 unidades de 12 metros y 9 unidades de 18 metros, es decir, articuladas, lo que permitirá mover alrededor de 76 mil personas en un recorrido de 20 minutos de punto a punto. Martín López Delgado, director general del Servicio de Transportes Eléctricos, dijo que actualmente se encuentra en proceso de capacitación de 45 operadores de la Ruta 14 y de 15 operadores de Grupo Metropolitano de Transporte, que son las personas que van a conducir las unidades.

Finalmente, Sheinbaum Pardo confirmó que el costo del viaje del Trolebús Elevado será de 7 pesos, igual que el costo que tiene actualmente el Cablebús.

El rescate de 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde el pasado 3 de agosto podría alargarse hasta 11 meses, según informaron autoridades federales a las familias de los mineros,

“Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto”, dijo a la agencia AFP Juani Cabriales, hermana de uno de los mineros, quien estuvo presente en la presentación del plan presentado de rescate.

En una conferencia posterior a dicha reunión, María Elena Chávez, esposa de uno de los mineros atrapados, confirmó la información que indica que el rescate podría demorar entre seis y los once meses.

En la reunión, la directora nacional de Protección Civil Laura Velázquez, habría reiterado que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso desde la superficie, tal como se expuso esta semana en la conferencia matutina.

Los familiares acusaron que las autoridades les han estado cambiando la información y las alternativas de rescate que se han propuesto. Y aunque indicaron que les ofrecieron una indemnización, señalaron que no la aceptarán si no se logra el rescate de los trabajadores.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que hoy no se había presentado la actualización del caso, pues confirmó que se estaba “haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que no está cerrado el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, esto luego de que ayer se presentara el informe de la Comisión de la Verdad del caso que concluyó que se trató de un “crimen de Estado” y que descartaba que los estudiantes estén vivos.

“Desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la comisión y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, y también va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la Justicia”, manifestó López Obrador desde Tijuana.

Ayer, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, encabezó la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia que López Obrador creó en 2018 para resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron en Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

El reporte, el primero en su tipo, concluye que el acto fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, incluyendo al Ejército.

López Obrador, quien prometió resolver el caso cuando asumió la presidencia en diciembre de 2018, insistió en que “no se termina el proceso, es un informe” y que “además este tipo de delitos no prescriben”.

Sobre la actuación del Ejército, el mandatario argumentó “que debe tomarse en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

Recordó que él sostuvo que “si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución”.

El informe se presenta a un mes de que se cumplan 8 años de los hechos. El 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.

Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, mejor conocida como la “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador desmintió dicha versión, al coincidir con familiares y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Quién en ese momento estaba al frente de la entonces te PGR era Jesús Murillo Karam, a quien se le ha considerado como el defensor de la llamada verdad histórica.

Este viernes, la Fiscalía General de la República informó sobre su detención, cuando iba saliendo de su domicilio en un inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec.

Y es que según la carpeta de investigación Murillo Karam estaría entre los funcionarios públicos que incurrieron en ma alteración de los hechos, por lo que se estaría señalando como presunto responsable de la fabricación de la versión anterior del caso Ayotzinapa.

Autoridades federales aseguraron esta mañana que ya existen las condiciones necesarias para ingresar a rescatar a los 10 mineros que llevan atrapados más de 200 horas en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.

“Ya estamos en un 97% ya de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda y el rescate”, aseguró Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Aunque las autoridades habían confiado en entrar a realizar el rescate desde el pasado miércoles, se enfrentaron al nivel de agua en el sitio, que tuvo un derrumbe el pasado 3 de agosto, cuando se inundó por el colapso de un muro de una mina contigua abandonada.

“Para poder entrar, retirar el escombro e iniciar la búsqueda y rescate, se necesitaba tener los niveles de agua adecuados, que no pusieran en riesgo a los rescatistas, estamos llegando a ello”, añadió Velázquez.

En el lugar hay más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas y civiles que han extraído agua en un promedio de hasta 300 litros por segundo. Se perforarán cuatro barrenos más por si hay necesidad de seguir extrayendo agua e ingresar a revisar las condiciones de los tres pozos, añadió.

“Ya estaremos en unos minutos revisando esta posibilidad, podemos ingresar ya a los tres pozos y se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate”, sostuvo la funcionaria federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este viernes la lentitud del rescate porque “los pozos tenían una profundidad de agua de 30 metros aproximadamente, entonces han ido bajando el nivel del agua, pero todavía falta”.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que imputará al presunto dueño de la mina colapsada, por su presunta responsabilidad en los actos de dirección y administración y en la explotación ilícita del subsuelo.

Mediante un comunicado, la FGR señaló que ya solicitó una audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Torreón, y refirió el nombre de Cristian “S”, a quien medios identificaron como Cristian Solís Arriaga.

“Esos hechos, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”, apuntó.

Además, dijo que en la imputación se señalarán las personas que han declarado al respecto, así como todos los datos de prueba, como dictámenes en documentación fotográfica, en materia criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura, en investigación criminal, así como las inspecciones y entrevistas correspondientes.

También se adjuntaron diversos documentos de autoridades locales y federales, competentes en esta materia y como dato de prueba se adjunta la declaración ministerial del imputado Cristian “S” y toda la documentación y diligencias procedentes al caso.

Un total de tres personas han sido detenidas por su presunta relación con la muerte de 53 inmigrantes que fallecieron asfixiados en un camión en San Antonio, en Texas, en Estados Unidos.

Las autoridades federales han dado cuenta de la detención de Homero Zamorano, de 45 años, quien habría abandonado el camión en una zona desierta. Zamorano tiene residencias conocidas en Houston y en Valle de Río Grande.

“Estaba muy afectado por la metanfetamina cuando fue detenido en las inmediaciones. Ha tenido que ser trasladado a un hospital”, explicó un responsable de las fuerzas de seguridad citado por el periódico ‘San Antonio Express’.

Más tarde fueron detenidos por tenencia ilícita de armas y estancia ilegal en el país dos individuos vinculados a Zamorano. Los arrestos se produjeron en el condado de Bexar y los detenidos son Juan Francisco D’Luna-Bilbao y Juan Claudio D’Luna-Méndez.

Juan Francisco “N” y Juan Claudio “N” son dos mexicanos identificados por las autoridades mexicanas como presuntos responsables del acto delictivo.

Francisco Garduño, titular del INM, dijo que los dos tienen el mismo domicilio del registro estatal del tráiler y se les encontraron armas durante la revisión judicial, aunque no se cuenta con registro de flujos migratorios de estas personas.

El funcionario explicó que el conductor intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, sin embargo, fue detenido por su posible participación en los delitos de tráfico de personas y homicidio.

De acuerdo al balance más reciente, son 53 migrantes los que murieron tras asfixiarse debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas. En la conferencia mañanera del presidente López Obrador se informó sobre 51 víctimas, pero más tarde se confirmó la muerte de dos migrantes más.

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, ha calificado el hallazgo como “terrible” y ha señalado que se trata de una “tragedia humana”. En total, otros 16 migrantes que también se encontraban a bordo del vehículo han tenido que ser trasladados a varios hospitales de la zona.

“Parece que habían sido víctimas de una operación de tráfico de personas (…) quizá llevaban allí un par de días. No les habían dado agua ni comida y obviamente estaban tratando de conseguir ayuda”, detalló el subjefe de la Policía de San Antonio, Eric Hightower, en declaraciones recogidas por News 4 San Antonio.

Entre los muertos hay 39 hombres y 12 mujeres, detalló a los periodistas el portavoz del condado, Tom Peine. Del total de víctimas mortales, 27 eran de origen mexicano, aunque todavía hay un número considerable de personas no identificadas, por lo que el número de connacionales podría aumentar.

En cuanto al país de origen del resto de las víctimas,  14 son de Honduras, 7 de Guatemala, 2 de El Salvador.

El Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que se ha detectado que el modus operandi de los “coyotes” o traficantes de personas en la frontera norte implica que los migrantes atraviesen en pequeños grupos a territorio de Estados Unidos, donde los concentran en casas de seguridad para luego ser transportados en cajas secas de tráiler o tractocamiones, así como en autos y camionetas.

Afirmó que con la tecnología que instrumentan las autoridades, tanto de Estados Unidos como de México, en la frontera de ambas naciones, resultaría imposible que un tráiler con una caja seca con más de 50 personas migrantes abordo cruzara por un puente internacional o una garita.

Se detalló que el tráiler abandonado, marca Volvo modelo 1995, tenía placas sobrepuestas de la empresa Betancourt Trucking and Harvesting, registrada en Álamo, Texas. Además, circulaba con licencia y logos clonados.

Garduño describió que el vehículo pasó los puntos de revisión migratoria por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde las cámaras de seguridad lo captaron a las 14:50 horas del lunes 27 de junio en Encinal, Texas. Finalmente fue encontrado a las 18:20 horas en la Carretera Estatal No. 35 de San Antonio a 235 kilómetros de la frontera con México.