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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó de nuevo al exprocurador Jesús Murillo Karam, en esta ocasión por un supuesto delito de torturas en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, integrante de Guerreros Unidos, quien participó en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Recordemos que Murillo Karam se encuentra detenido desde agosto de 2022. Se trata del primer político de alto nivel apresado e imputado por la desaparición en 2014 de los estudiantes.

Ayer, en la audiencia inicial que tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Murillo Karam compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, donde se encuentra recluido.

Murillo Karam fue imputado por los delitos de tortura, desaparición forzosa y coalición de servidores públicos, en los que habría incurrido para fabricar la conocida “Verdad histórica”, versión del gobierno para ocultar la participación de varias estructuras del Estado en los hechos.

En el caso de ‘El Cepillo’, la Fiscalía sostiene que fue torturado durante los interrogatorios para que corroborara la versión oficial y prueba de ello es una grabación en la que el sicario aparece en un cuarto esposado y encapuchado, siendo amenazado por el antiguo director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, actualmente prófugo de la justicia.

La defensa legal de Murillo Karam solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia donde el juez decidirá si se le vincula a proceso, se retomará el próximo viernes.

A inicios de mes, los abogados del ex funcionario alertaron que el estado de salud de su cliente era delicado, por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.

Debido a estos padecimientos, Murillo Karam ha tenido que ser trasladado en diversas ocasiones a centros hospitalarios; sin embargo, ha tenido que regresar al reclusorio donde también recibe atención médica.

Siete policías estatales y dos agentes municipales, fueron detenidos este miércoles por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, reportaron autoridades federales y estatales.

La detención ocurrió alrededor del mediodía de ayer, pero se confirmó por la noche por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero (SSPG), que mediante un comunicado anunció su colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se cumplió una orden de aprehensión en contra de nueve servidores públicos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014”, confirmó la SSPG.

La dependencia precisó que la detención estuvo a cargo la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en cuyo operativo también participó la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con versiones periodísticas, los agentes de la Policía Estatal habrían sido detenidos mientras participaban en un curso en las instalaciones de la Universidad Policial (Unipol) en Chilpancingo, capital del estado.

Tras su detención, los agentes fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR, en donde la vigilancia se mantuvo a cargo de agentes de la Marina y de la AIC, quienes ocuparon vehículos de la misma Policía Estatal. Sobre la detención de los policías de Iguala no se dieron detalles.

Trascendió que hay otras órdenes de aprehensión por ejecutar en contra de miembros de las mismas corporaciones y que se podrían cumplimentar en las próximas horas.

Recordemos que hace un año, en marzo de 2022, fue detenido en Nayarit el militar retirado Leonardo Vázquez Pérez, quien era el secretario de Seguridad Pública de Guerrero durante la desaparición de los estudiantes.

La FGR lo acusa de su presunta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, señalada de participar en el ataque.

Y es que la polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos. Tiempo después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.

El encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este miércoles a la Presidencia de la República revelar el expediente que compartió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los comisionados del INAI determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe publicar los documentos que él dijo haber recibido en mayo de 2021, tras una reunión virtual con Harris, sobre los jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014.

“En el INAI impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño”, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río.

López Obrador pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de se creó en su gobierno, y que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Dicho expediente, entregado por el gobierno de Estados Unidos, incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país a Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.

El INAI justificó su decisión porque el caso “es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido” México.

“Quienes integramos este pleno hemos impulsado en todas y cada una de nuestras ponencias la apertura de toda la información relacionada con el caso Ayotzinapa”, añadió la comisionada Del Río.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos.

Pero, después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias en dicho reporte.

A esto se suma que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según indicó el diario estadounidense, The New York Times.

Recordemos que según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con el GIEI, que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentaron ayer una denuncia pena contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General de la República (FGR), alegando el uso de pruebas falsas.

Esta denuncia podría afectar el proceso de la investigación, con la que se ha comprometido el presidente López Obrador, e incluso alcanzar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que ha dirigido las investigaciones.

El general retirado José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel fueron quienes presentaron la denuncia.

Los abogados de los militares, Alejandro Robledo Carretero y César González, indicaron que con la acción se busca hacer frente a lo que consideraron como un procedimiento “viciado” por la “fabricación y el uso de evidencias falsas” en el último informe de la Comisión de la Verdad y las indagatorias y procesos que adelantan las autoridades judiciales.

Independiente de las investigaciones que adelanta la comisión gubernamental, la Fiscalía General de la República avanza desde hace varios años un proceso que llevó a las detenciones de algunos exfuncionarios y los militares.

A raíz de las acciones de la Fiscalía a Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, le dictaron cargos por el delito de delincuencia organizada, mientras que Martínez Crespo, Pirita Ochoa y Mota Esquivel enfrentan un proceso por los delitos delincuencia organizada y desaparición forzada.

Rodríguez Pérez fue mencionado por Encinas como el presunto responsable de la desaparición de seis de los 43 normalistas.

Tras asegurar que los cuatro militares implicados en el caso fueron “detenidos indebidamente con acusaciones sin fundamento, sin pruebas”, el abogado González señaló a Encinas de incurrir en “violación de correspondencia” y de presentar “declaraciones falsas” ante las autoridades, y lo instó a renunciar a la comisión.

“Ha abusado de sus facultades como funcionario público para buscar chivos expiatorios y producir resultados viciados y con todo esto ha dañado gravemente las posibilidades de éxito de las investigaciones. y la reputación del Ejército”, sostuvo el abogado en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre quiénes podrían ser alcanzados por la acción judicial, González afirmó que todo dependerá de lo que decida la Fiscalía.

Luego del pronunciamiento de los abogados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a los padres de los estudiantes, afirmó que los militares acusados “buscan confundir” con la “anuencia del mando”.

La organización dijo que la no verificación de parte del informe de la Comisión de la Verdad “no resta valor a pruebas de acusación” sobre colusión entre el narco y miembros del Ejército.

Y es que la investigación sobre la desaparición de los normalistas se vio envuelta en polémica la semana pasada luego que el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI, cuestionó la credibilidad de parte de las evidencias que se utilizaron para armar el más reciente informe de la Comisión de la Verdad.

Los expertos reconocieron que las pruebas utilizadas en el informe presentan “inconsistencias” en cuanto a fechas, la forma de escritura de algunos de los mensajes y los dispositivos que se utilizaron, lo que dijeron, complica la verificación de las evidencias.

Por su parte Encinas defendió las acciones de la Comisión y afirmó, en un video que difundió en su cuenta de Twitter, que se ha desatado una “intensa campaña” para “desacreditar el trabajo y las investigaciones”.

Recordemos que el subsecretario de Gobernación presentó a mediados de agosto un informe con indicios sobre los presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014, así como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió este martes en defensa de la investigación de su gobierno sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de los cuestionamientos que hiciera el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El mandatario afirmó que los elementos que presentó la Comisión de la Verdad de su Gobierno en agosto pasado son “sólidos” aunque el GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló inconsistencias en al menos 181 de un total de 400 capturas de pantalla usadas como evidencia.

“Son elementos sólidos y hay pruebas suficientes, hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas, en el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa”, respondió el presidente al ser cuestionado sobre el tema.

Ayer, el GIEI dijo que tras un peritaje, no era posible garantizar “la originalidad de los mensajes” de sospechosos en la desaparición de los jóvenes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

López Obrador respondió que el GIEI se dividió y que es “un asunto complejo”, al denunciar que hay “intereses de por medio”.

“Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica, imagínense lo que ha costado el descubrir lo que sucedió realmente”, apuntó.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario por el reporte de la Comisión de la Verdad que reconoció que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército, y que los da por muertos.

Además, la semana pasada, el diario estadounidense The New York Times publicó que “el caso penal y el nuevo relato se han venido abajo” mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”.

Ante los cuestionamientos que se le han hecho, el presidente reiteró que se le tiene “toda la confianza” a Encinas, a quien llamó un “hombre íntegro, recto, e incapaz de falsear información”.

“Se tienen todos los elementos para sostener la investigación, y se van a seguir haciendo averiguaciones, y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia”, añadió AMLO..

Sobre los padres de los 43 jóvenes, López Obrador dijo entender “su situación tan delicada, tan triste”. “Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por zopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio”, remató.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa señaló este lunes inconsistencias en el último informe del gobierno sobre la desaparición.

Tras un peritaje, el GIEI determinó que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” de chat de presuntos implicados en la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014, presentados en capturas de pantalla en el reporte del gobierno.

Recordemos que la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó el pasado agosto su último informe en el que, además de reconocer que fue un “crimen de Estado” con funcionarios implicados de todos los niveles, compartieron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que “al menos 181” presentan inconsistencias, según el GIEI.

En una conferencia de prensa este lunes, dijeron que en primer lugar “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad y tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la copia del screenshot (captura)”.

Asimismo, indicaron que aunque visualmente la versión de la aplicación es la utilizada entre 2012 y 2015, en ese momento no existía la posibilidad de videollamada, pero sí aparece el icono.

Igualmente, tampoco existía la posibilidad de la doble verificación azul (confirmación de mensaje enviado y recibido), pero sí aparece en la imagen.

Por otra parte, hay capturas que se generaron anteriormente a la fecha en la que se señala que se enviaron los mensajes.

“Los mensajes analizados no pueden considerarse como prueba digital”, detalló Francisco Cox Vial, uno de los cuatro expertos del GIEI. “Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes.

A pesar de esto, el grupo insistió en que las más de 80 órdenes de captura solicitadas por la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR) no se emitieron como consecuencia del informe, sino de la investigación de la propia unidad, por lo que sí deben ejecutarse al haber elementos suficientes que las sustentan.

“El GIEI valora de forma positiva la entrega del material para hacer el peritaje y la disposición a que se revise. Además, pide compromiso de la Comisión de la Verdad y que en su actuación en el futuro entregue la información al GIEI antes de dar cualquier paso. La consistencia de la información tiene que basarse en los estándares mas altos”, aseveró Claudia Paz y Paz.

El GIEI, que había prolongado por un mes sus actividades, detalló que a partir de este momento quedarán solo dos de los cuatro expertos, Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago, para ejecutar un mecanismo de seguimiento del caso, ante el movimiento suscitado tras la publicación del informe el 18 de agosto y de que la FGR cancelara más de 20 de las 80 órdenes de captura solicitadas.

Además, el GIEI consideró necesario que permanezcan porque el nuevo equipo de la unidad especializada que llegó después de la renuncia del ahora exfiscal especial Omar Gómez Trejo en septiembre “no tiene conocimiento suficiente del caso”.

Carlos Martín Beristain opinó que México está ante una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la Justicia.

Asimismo, expresó que con la investigación se juega la respuesta digna a los familiares, que no solo tienen a sus hijos desaparecidos, sino que han sido víctimas de mentiras y versiones distorsionadas de las autoridades.

“La desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”, terminó el experto.

Recordemos que el New York Times publicó la semana pasada una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión del caso Ayotzinapa, en la que el funcionario asegura que las capturas podrían ser falsas, aunque días después rechazó haber descalificado el informe.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes obstáculos o resistencias de parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pese a las denuncias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Se habló de obstáculos en la fiscalía y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración”, aseguró el mandatario en su rueda de prensa diaria.

López Obrador respondió así a las acusaciones que el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera ayer, en donde alertó de la intromisión y obstrucción de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ejército para investigar el “crimen de Estado” de los estudiantes.

Los expertos del GIEI afirmaron que las intromisiones en la FGR derivaron en la renuncia esta semana del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, además de que señalaron que en la fiscalía “se ha tratado de frenar las investigaciones” y “se han dado órdenes de no judicializar”.

El presidente afirmó que el fiscal siempre ha colaborado desde que él asumió el gobierno en diciembre de 2018 con la promesa de resolver la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

“En ningún caso tuve resistencia del fiscal Gertz Manero ni del presidente de la Corte (Arturo Zaldívar) porque hablé con ellos y les pedí apoyo y colaboración, y los dos siempre dispuestos a ayudar. Ninguno de ellos me dijo: ‘es que no podemos llegar tan alto'”, sostuvo.

La polémica sobre la desaparición de los 43 normalistas se ha reavivado en este octavo aniversario, derivado del reporte de la Comisión de la Verdad del Gobierno que reconoció el pasado 18 de agosto que fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, incluyendo el Ejército.

Sin embargo, el reporte también generó indignación. Los padres de los jóvenes han denunciado la impunidad de las Fuerzas Armadas, después de que la FGR cancelara la semana pasada 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“Cuando hablo con el fiscal le aportamos el informe, y lo que hace el fiscal es ajustarse a ese informe y actúa con información de ese informe, y no dudo de que en la fiscalía haya habido gentes que no quisieran que se llevara a cabo el proceso de solicitar las órdenes de aprehensión”, argumentó López Obrador.

El mandatario también sostuvo que a la Comisión de la Verdad se le entregó “toda la información que solicitaron”, aunque el GIEI denunció que las Fuerzas Armadas no han querido abrir todos los archivos, que incluyen pruebas de que espiaron a criminales, estudiantes y autoridades la noche de la desaparición.

“Yo personalmente hablé con el secretario (de la Defensa Nacional), con el almirante (de la Marina), con todos, para que se entregaran todos los documentos, todo lo que aparecía en los archivos, y por eso también se avanzó”, defendió.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la intromisión y obstrucción de la Fiscalía y el Ejército para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El GIEI lamentó la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló, sin consultarlo, 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“No es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho”, indicó la abogada Claudia Paz.

El GIEI, que concluye su mandato mañana 30 de septiembre aunque ha pedido una prórroga, ofreció una conferencia tras el informe del pasado 18 de agosto de la Comisión para la Verdad del Gobierno, que reconoció que la desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Ángela Buitrago denunció que en la FGR “los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.

Mientras que Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de “romper” el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, aseveró.

Recordemos que el GIEI difundió una investigación en marzo pasado que muestra que el Ejército intervino con programas de espionaje como Pegasus las comunicaciones de autoridades, el cártel de Guerreros Unidos y familias de los estudiantes, incluso en tiempo real mientras ocurrían los crímenes.

Buitrago reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ordenado revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), pero las Fuerzas Armadas muestran resistencia.

“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular, estas actividades, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la documentación que recuperamos”, comentó.

La abogada Paz aseguró que “estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal (Guerreros Unidos) con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado”.

Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa importante de campaña a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: que de llegar a la presidencia daría con sus hijos y el crimen de aquel 26 de septiembre del 2014 quedaría resuelto. Ya en la presidencia, López Obrador se ha topado con un enorme dilema. Si quiere cumplirle a los padres esta promesa, tiene que quedar mal con el Ejército.

¿Por qué? Porque el informe que dio a conocer hace unos días el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa culpa a integrantes del ejército de haber asesinado a algunos de los 43 desaparecidos. Por ello la FGR giró 20 órdenes de aprehensión en contra de militares. El dilema es pues: o queda bien con los padres de los 43 o queda bien con el ejército.

¿Cómo se le salió tanto de control el asunto de Ayotzinapa a este gobierno? ¿Cómo llegan al octavo aniversario tan mal parados?

Primero, lejos de haber claridad respecto a lo ocurrido en Iguala esa noche, hay mayor confusión.

Segundo, el Ejército claramente no está contento con la versión del subsecretario Alejandro Encinas. En esta versión, que al ser del Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, es la del gobierno, integrantes del Ejército quedan señalados de haber participado en la tragedia de Iguala. Es tan claro el descontento de los militares con la versión gubernamental que han presionado para que se retiren las órdenes de aprehensión en contra de sus elementos. Lo han logrado ya en 16 de ellas, lo que no ha deber sido un sapo fácil de tragar para el Fiscal Gertz Manero. Además, le otorgaron una muy buena y exclusiva entrevista a mi colega, Jorge Fernández Menéndez, con el General José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 batallón del Ejército con sede en Iguala.

El General ha sido señalado por Encinas como uno de los responsables de lo ocurrido en Ayotzinapa. En concreto, de haber ordenado la ejecución de seis de los estudiantes. La entrevista ocurrió en los locutorios del Campo Militar número Uno en donde se encuentra Rodríguez Pérez quien se presentó voluntariamente ante las autoridades castrenses al ser señalado por Encinas. Lo hizo como una forma de aclarar su nombre ante estas acusaciones.

La entrevista es muy clara y es evidente que ocurre como un esfuerzo de los militares por defenderse de los señalamientos que ha hecho sobre ellos el gobierno de López Obrador. El presidente parece que no entendió cuando la detención de Salvador Cienfuegos que en el ejército no hay sexenios. Los del pasado y los del presente son los mismos y no les gusta un ataque del gobierno.

Tercero, todos, incluyendo a los padres de los 43, hemos visto como este gobierno ha decidido politizar la justicia. Al excarcelar al Cabo Gil, integrante de Guerreros Unidos quien confesó haber participado en la desaparición de los normalistas, y al detener al exprocurador, Jesús Murillo Karam, queda de manifiesto que lo último que le importa al gobierno es la justicia.

Cuarto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación se ha quedado ahora sin su titular. El fiscal Omar Gómez Trejo decidió renunciar. Algunos dicen que nunca debió haber sido nombrado fiscal; otros que renunció porque no quiso seguir siendo parte del show político en el que se ha convertido el caso Ayotzinapa. La gota que derramó el vaso, según esta versión, fue el descontento con el retiro de las ordenes de aprehensión a los militares.

¡Cómo ha dado vueltas este caso! Pasamos de un López Obrador que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegaba a cualquier mitin con su coro para que contaran hasta 43 y cerraran con “Vivos se los llevaron; vivos los queremos” a un presidente arrinconado entre cumplir con su promesa de campaña o cumplirle al ejército al dejarlo al margen de las investigaciones.

Columna completa en El Universal

El fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Va a dejar el cargo, tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, contestó el mandatario luego de ser consultado sobre el tema.

La dimisión de Omar Gómez, nombrado en 2019 tras llegar al poder el presidente López Obrador, se confirmó luego de que se supiera que la FGR canceló 21 de las 83 órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos y militares por su relación con el caso, porque “no estaban en el informe” de la comisión de la verdad.

La renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa se hará efectiva a partir del próximo viernes 30 de septiembre.

López Obrador detalló que el Fiscal prefirió dejar el cargo ya que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión.

“Hubo diferencias, y yo apoyó que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento”, defendió el presidente.

López Obrador envió un mensaje a los padres y familiares de los normalistas respecto a que la investigación continuará pese a las presiones que el gobierno federal está recibiendo.

“Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo de que tengan confianza, de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean (…) estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir”, enfatizó.

El presidente se refirió también a sus adversarios, los “conservadores y corruptos” que ordenaron el crimen; les dijo que pese a todos los intentos que haga, “no descarrilarán” la investigación que se sigue.

Con las fotografías de sus hijos en sus pechos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 participaron este lunes en la enésima marcha para exigir justicia.

Poco después de las 16:00 horas, tal como estaba anunciado, partió el contingente que se dio cita en la glorieta del Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma

Ahí se reunieron los padres de los desaparecidos, y diversos activistas que participarían en la que han llamado la Jornada Nacional de Lucha a 8 años de los hechos.

El contingente, que fue nutriéndose conforme avanzaba, hizo paradas en puntos estratégicos como el antimonumento a los 43 que se ubica en el cruce con Bucareli y Avenida Juárez. Algunos de los grupos que se fueron uniendo provenían de distintas escuelas de la UNAM, como facultades de Ciudad Universoitaria o preparatorias y CCH’s.

En su avance, se escuchaban consignas como “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “presentación con vida”, “castigo a los culpables”, “fue el Ejército”, entre otras.

Otra de las paradas fue en la glorieta de los desparecidos, casi en el cruce con Insurgentes.

Paralelamente, en la plancha del Zócalo se seguían acomodando las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, pues será el punto donde la marcha finalice. En redes sociales se difundieron imágenes de cómo las autoridades volvieron a resguardar la residencia del Presidente., quien por la mañana pidió a quienes saldrían a las calles hacerlo en paz y no recurrir a la violencia.

Como suele suceder, un grupo de encapuchados que se ubican en la cola del contingente, comenzaron a realizar pintas en monumentos y edificios sobre Reforma.

Finalmente, el contingente llegó a la plancha del Zócalo, donde realizaron un mitin para exigir justicia y reiterar el llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos, pidiendo que no se proteja a nadie, en referencia al Ejército.

Ese fue uno de los planteamientos que se hicieron desde la plancha del Zócalo. “Cuando se llegó al punto de tocar al Ejército, ahí todo se vino para abajo, todos se echaron la bola”, indicaron los familiares.

Mientras tanto y separándose de las protestas violentas, las familias insistieron en que lo que les ha dado fuerza en estos años es la gente.

En las últimas semanas, la Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en la actual administración, calificó el caso de “crimen de Estado” porque según indicó autoridades de todos los niveles de gobierno estuvieron involucradas en las desapariciones y su encubriento y ofreció nuevos datos que confirmaban la participación del ejército en los hechos.

También hubo detenciones importantes de tres militares, entre ellos un mando en la zona y ahora general retirado, y la del ex procurador general Jesús Murillo Karam, acusado de inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencias.

Pero algunas sentencias absolutorias, la filtración al diario Reforma de datos del informe de la Comisión que no se dieron a conocer a las familias o la anulación de 21 órdenes de captura, 16 de ellas de militares, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ha indignado a los padres.

Al respecto, el Centro Prodh, ONG de derechos humanos encargada de representar legalmente a las familias de los estudiantes, calificó ese tipo de actuaciones como muy inusuales y preocupantes.

El punto más delicado sigue siendo el Ejército, la institución contra la que los padres arremetieron desde hace ocho años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que hoy es un día de luto nacional, al conmemorarse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El mandatario reafirmó que el gobierno federal mantiene el compromiso de conocer la verdad sobre este caso.

“Vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado; se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Vamos a continuar haciendo justicia”, subrayó en su conferencia matutina.

Como lo ha venido haciendo, López Obrador salió en defensa del Ejército tras las filtraciones de este fin de semana, en relación al papel de los militares en la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, aunque descartó que las detenciones de algunos oficiales puedan afectar a la institución.

AMLO afirmó que los cuatro militares detenidos por el caso, entre ellos un general retirado, deben asumir su responsabilidad, pero sostuvo que “eso no significa que es toda la institución la responsable”.  Atribuyó los ataques al Ejército a acciones que buscan desprestigiarlo.

Y es que recordemos que a mediados de este mes fueron detenidos tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones. Hasta la fecha han sido arrestados cuatro integrantes del Ejército por el caso de Ayotzinapa.

Rodríguez Pérez, quien enfrenta un proceso por delincuencia organizada, fue mencionado por el subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, como el presunto responsable de la muerte de seis de los 43 normalistas.

De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad , que difundió este fin de semana en su totalidad Reforma, hay mensajes telefónicos que revelan que hubo militares que manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en las instalaciones del batallón de Iguala.

Al ser preguntado sobre la decisión que tomó a Fiscalía General de la República (FGR) de retirar 21 órdenes de detención por el caso, entre ellas las de 16 militares, López Obrador respondió que se van a investigar esas medidas y admitió que “hay diferencias”, pero optó por no entrar en detalles; se limitó a decir que eso “no quita que la investigación continúe”.

La FGR anunció semanas atrás que había emitido 83 órdenes de detención, entre las que figuraba la del ex Procurador General, Jesús Murillo Karam. Sin embargo, el pasado fin de semana se conoció que el Ministerio Público retiró 21 de esas 83 órdenes.

Tras la polémica que se generó por la publicación del contenido del informe de la Comisión por parte de Reforma, López Obrador afirmó que en esa acción hubo “mala fe”, pero sostuvo que no se deben ocultar las cosas y planteó que hay que revisar por qué se ocultaron algunas partes del informe cuando fue presentado el mes pasado.

“Yo ofrezco disculpas no solo por eso (filtración), sino por todo lo que injustamente hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres”, expresó el mandatario.

Descartó que la filtración del informe pueda afectar los procesos judiciales por supuesta violación al debido proceso e indicó que un asunto de procedimiento no puede impedir que se haga justicia. “No vamos a dejar de exigir castigo a los responsables”, insistió.

Sostuvo que a pesar de los obstáculos y grupos de intereses creados, el gobierno federal mantiene la voluntad de esclarecer estos hechos bajo la política cero impunidad y cero corrupción.

Hace unos minutos, luego de aplicar movilizaciones “hormiga” en distintos puntos de la Ciudad, comenzó la mega marcha en la CDMX por el octavo aniversario de las desapariciones de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Algunos puntos afectados son: Paseo de la Reforma, distintos puntos del primer cuadro de la Ciudad, Insurgentes, entre otros. Algunos puntos al sur de la capital como Ciudad Universitaria y otros centros de estudios.

Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en compañía de estudiantes, realizaron este viernes una manifestación que terminó en choques con policías y ataques con petardos y cohetes al Campo Militar Número 1, ubicado en los límites de la CDMX y el EdoMex.

Con pancartas y  fotos de los rostros de los desaparecidos, los inconformes gritaron consignas como “fue el Estado”, “asesinos” y “nos faltan 43”.

Los estudiantes y familiares aseguraron que a ocho años de los hechos siguen en pie de lucha hasta dar con la verdad.

Los inconformes exigieron que se abran los archivos militares del caso y entregar a los elementos involucrados en la desaparición de los jóvenes, además de que se acabe con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos.

Tras el mitin, algunos manifestantes lanzaron cohetones y petardos a las instalaciones militares e, incluso, derribaron una de las puertas del Campo Militar, mientras que los elementos de la policía militar repelieron las agresiones con piedras y agua.

Esta decisión causó diversas críticas pues los chorros de agua alcanzaron únicamente a periodistas que cubrían los hechos.

Desde la semana pasada, familiares y activistas empezaron con las manifestaciones previo al aniversario de la desaparición de los normalistas.

El miércoles, cientos de personas protestaron también y vandalizaron la Embajada de Israel en México, a cuyo gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.

Ayer, otro grupo se manifestó frente a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) donde se usaron bombas molotov y se agredió a policías con diversos objetos como piedras. Además, ayer también un juez concedió un amparo provisional a Murillo Karam para protegerlo de su procesamiento por el caso.

El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.

Foto: Twitter @antimonumenta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este viernes que hay “intereses” detrás de las protestas violentas que se han producido esta semana por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el próximo lunes cumple 8 años de que ocurriera.

“Yo creo que hay intereses que lo que buscan es enfrentarnos, desacreditar al Gobierno porque los integrantes de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, han estado informados de todo lo que estamos haciendo, se está aclarando lo que sucedió, castigando a los responsables”, declaró.

El mandatario se refirió a las manifestaciones de esta semana en la Ciudad de México, donde activistas han vandalizado la Embajada de Israel, bloqueado vialidades primarias como Paseo de la Reforma e Insurgentes y herir a un grupo de policía frente a la instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), todos estos actos en protesta por el caso Ayotzinapa.

La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, se ha reavivado tras el informe que presentó en agosto la Comisión para la Verdad, que concluye que fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

López Obrador, quien prometió esclarecer el crimen al asumir el poder en 2018, argumentó que en las protestas están queriendo “enrarecer la situación” porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto.

“¿Dónde está la no violencia, la resistencia civil pacífica? Encapuchados, tirando piedras, ahí es el conservadurismo, o lo que suele pasar, que los extremos se tocan, la extrema derecha y la extrema izquierda. Entonces claro que no estoy de acuerdo con esas manifestaciones de violencia”, criticó.

Los activistas y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tienen planeado este viernes un mitin en el Campo Militar Número 1 ante las acusaciones de que el gobierno ha encubierto la participación del Ejército.

“Quieren seguir sosteniendo de que se violan los derechos humanos y yo les digo: no, no somos iguales. Además, si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica”, comentó López Obrador.

AMLO remató indicando que su gobierno no es como los anteriores, por lo que nunca a reprimir y siempre va a estar del lado de la justicia. “No traigan bombas molotov, no traigan piedras”.

Un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en relación al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según revelaron este jueves documentos judiciales.

El juez admitió a trámite el amparo que interpuso Murillo Karam tras su vinculación a proceso el pasado 24 de agosto por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era el encargado del caso como titular de la PGR en 2014.

“Se admite la demanda de amparo. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, para cuya celebración se fijan las 11:00 horas del 11 de octubre”, establece la resolución del expediente 771/2022 del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

De concederse el amparo definitivo, Murillo Karam podría suspender su proceso judicial por el caso de la desaparición de los estudiantes-

El juez reconoció además “la existencia de diversos juicios de amparo promovidos por el aquí quejoso”.

Diversos medios han señalado que los abogados de Murillo Karam también buscan un amparo para suspender la prisión preventiva que le fue dictada.

El arresto de Murillo Karam, el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa, ocurrió tras conocerse el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles, además de que señala que no hay indicios de que estén vivos.

El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el caso Ayotzinapa a días de que se cumplan ocho años de los hechos.

Israel llamará a consultas al embajador de México después de que ayer activistas vandalizaran la embajada israelí en la Ciudad de México exigiendo la extradición de Tomás Zerón, acusado de ocultar pruebas en el caso de los 43 normalidas de Ayotzinapa.

“Fue citado para que explique la posición de su Gobierno”, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel a la agencia Efe este jueves.

Y es que ayer, un grupo de activistas y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizaron pintas y destrozos en la embajada de Israel, a cuyo gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal acusado de irregularidades en el caso.

A días del octavo aniversario de la desaparición, cientos de personas se congregaron frente a la sede diplomática. Y aunque la protesta se inició de forma pacífica, jóvenes encapuchados comenzaron a pintar las paredes y a golpear las cámaras de seguridad del recinto.

Los manifestantes acompañaron sus reclamos con gritos de “Palestina libre” y “Viva Palestina” e incluso pintaron “Palestina vive” y “Muerte al sionismo” en las paredes.

En un mensaje publicado en redes sociales, el embajador de Israel en México, Zvi Tal, indicó que el futuro de la relación diplomática entre México e Israel se mantienen firme pese a los hechos ocurridos ayer.

“Compartimos el dolor de los familiares y respetamos el compromiso” del gobierno federal de conocer la verdad sobre lo ocurrido en Ayotzinapa.

Enfatizó que Israel examina la petición de extradición, aunque en todo momento debe atender sus obligaciones jurídicas internacionales.

Lamentó que ayer durante la protesta se ejerciera violencia y se expresaran mensajes que no tenían relación alguna con el caso de los normalistas.

Recordemos que México anunció en septiembre de 2020 la solicitud para extraditar desde Israel a Zerón, exfuncionario del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Pero el proceso se complicó porque ambos países no tienen acuerdo de extradición. El diario The New York Times publicó en julio que Israel desatendió la petición como presunta represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar abusos contra los derechos en los territorios palestinos.

Foto: S. Servin vía @Foro_TV