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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana la propuesta que planteó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de elevar la deuda pública en un rango de entre 0.5% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para enfrentar la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

El CCE manifestó que este endeudamiento sería responsable y llamó a que el mandatario federal se sensibilice y tome acciones para privilegiar la recuperación económica.

“Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no van a haber rescates para los potentados”, dijo  López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

Sostuvo que el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie; reafirmó que se tiene que poner adelante el interés general. AMLO señaló que pese a no estar de acuerdo con el planteamiento, todos los mexicanos, sin importar su condición social, tienen derecho a manifestarse y hacer peticiones al gobierno.

López Obrador aseguró que su gobierno dará preferencia a los más pobres y no comprometerá su futuro con deuda. Afirmó que si los grandes empresarios están en crisis y se enfrentan a la quiebra, son ellos los que deben asumir los costos y no el pueblo.

“Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o los accionistas porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie”, remarcó.

El mandatario dijo que el gobierno mantiene una actitud de respeto hacia los integrantes del CCE, pero que “no se continuará con más de lo mismo”. Pidió que todos acepten lo que establece la Constitución, el artículo 25, que existe la rectoría del estado en la búsqueda del desarrollo. “No puede ningún grupo imponer su política, corresponde al Estado, al Gobierno federal”, remató.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la crisis por la que atraviesa México a raíz de la pandemia del Covid-19 es la más grave en la historia reciente del país.
Aseguró que están en riesgo el sustento de millones de mexicanos y sus familias, así como la sobrevivencia de centenares de miles de micro, pequeñas y medianas empresas que generan los ingresos de todas esas familias.
“Estamos convencidos de que, en esos momentos difíciles, sólo el diálogo abierto y el respeto a las posturas distintas permitirán alcanzar acuerdos concretos para que México supere esta crisis”, indicó el CCE en un comunicado.
Y es que explicó que en los últimos días, ha circulado y video atribuido a Morena, en el que cuestionan y descalifican las propuestas que la IP hizo para concretar una recuperación económica. En sentido, sostuvo que ni la división, la descalificación infundada o la confrontación ayudarán en este momento tan delicado que atraviesa el país. Aseguró que la única manera de ayudas es uniéndose todos los sectores de la sociedad para encontrar soluciones.
Pidió no caer en falsos dilemas, pues si bien dijo que la prioridad es ayudar a la familias más pobres, eso solo se garantizará si se ayuda a la MiPyMES, que son las generadoras de empleos. “Son las empresas, de todos los tamaños, las que emplean a la gran mayoría de los mexicanos”.
Añadió que son los impuestos que pagan las empresas los que generan recursos para la operación del gobierno y los que permiten financia los importantes programas sociales.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, hizo un llamado al gobierno federal, empresarios, sindicados y organizaciones sociales a suscribir un acuerdo nacional que proteja el empleo, los salarios y los ingresos de los mexicanos durante la contingencia sanitaria que se vive a raíz de la pandemia del Covid-19.
Indicó que desde el sector privado se están explorando una serie de acciones apara apoyar a las MiPyMEs, que son las más afectadas por la actual crisis, y las cuales buscan que cuenten con liquidez suficiente para afrontar la situación económica del país, y evitar la pérdida de empleos.
Entre las acciones destacan:
  • Apoyos económicos entre privados, para apoyar a proveedores
  • Adoptar una MiPyMEs para apoyar con recursos extraordinarios
  • Compras adelantadas y/o ventas a futuro
  • Programa de factoraje ágil y sencillo
  • No penalizaciones contractuales entre particulares
Indicó que dichas medidas se están impulsando entre los propios empresarios pues acusó que “hasta el momento, no se ha entendido la dimensión, desde el punto de vista económico, del impacto negativo que esta pandemia causará a las empresas”.
Salazar Lomelín señaló que el plan propuesto a las 4,150 organizaciones empresariales que conforman el CCE en todo el país contribuirán a: asegurar la estabilidad económica, social y política; contar con un plan de infraestructura para todo el país; diversificar las exportaciones y fortalecer una posición fiscal más sólida.
El CCE indicó que seguirán “tocando las puertas necesarias” para consolidar una estrategia que permita hacer frente a la crisis y garantizar los empleos e ingresos de los mexicanos, esto al reiterar su disposición a continuar el diálogo con el gobierno federal, quien ha sido señalado por la cúpula empresarial de no actuar en beneficio de los generadores de empleo en el país.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que se bien hay algunos aciertos en el plan de reactivación económica ante el Covid-19 que anunció la tarde de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue una respuesta incompleta para el tamaño de crisis que se enfrenta.

“Desafortunadamente, nos parece una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos”, indicó el CCE.

Indicaron que si bien reconocían los avances en los programas sociales del Gobierno de México y veían con buenos ojos algunas de las acciones anunciadas, tales como el compromiso a aumentar la inversión pública para generar empleos, la ampliación del programa de créditos de la banca de desarrollo y de las instituciones de vivienda, y su instrucción al SAT para apresurar las devoluciones pendientes de IVA a las empresas, éstas no eran suficientes.

Recordó que desde el 18 de marzo pasado, el CCE envió al Presidente una propuesta para preservar el empleo formal e informal de 36 millones de mexicanos mediante acciones inmediatas para apoyar la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, señalaron que el 2 de abril pasado, presentaron al Presidente un plan para suscribir un convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios para transitar los próximos noventa días, que aseguraron los empresarios, serán críticos.

“No pedimos reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones. Siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad. Nuestras propuestas aún no han sido tomadas en cuenta”, denunció la cúpula empresarial.

Señalaron que su objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata; evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia; y contar con recursos para continuar los programas sociales.

Afirmaron que cuando presentaron los principios de dimensión social, los empresarios se comprometimos a impulsar una relación responsable y propositiva con el presidente López Obrador, exigiendo reglas claras, certidumbre jurídica, normativa y económica para las inversiones.

“Como mexicanos, siempre hemos estado unidos ante la adversidad. Siempre hemos sacado lo mejor de nosotros mismos: la fraternidad y la solidaridad. La crisis del Covid-19 nos obliga a unirnos una vez más. Es momento de propuestas y de acuerdos”, enfatizó el CCE.

Finalizó indicando que el buen juicio es esencial en tiempos difíciles, así como que lo concreto importa más que las generalidades. Hizo un llamado a “tener sentido de la realidad”.

“Todos esperamos que un estadista nos muestre su sabiduría; que esté familiarizado con los hechos relevantes; y que actúe. El liderazgo siempre exige un buen criterio; nunca dejar que las pasiones ni la emoción nos impidan hacernos las preguntas fundamentales. En este momento de crisis, posponer decisiones es en sí una mala decisión. Cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas”, añadió el Consejo.

Afirmaron que AMLO cuenta con los empresarios en su proyecto de vencer a la corrupción, a la pobreza extrema, a la inseguridad y a la crisis del Covid-19. Pidieron actuar en unidad y con responsabilidad.

Ante la crisis sanitaria que se vive por la pandemia del Covid-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó con urgencia al gobierno federal que, mediante un decreto, difiera o se permita pagar en plazos los impuestos, pues dijo que es necesario para poder preservar los empleos de los mexicanos.

En un comunicado, los empresarios del país dijeron “no pedir ningún tipo de reducción de impuestos”, sino tiempo y facilidades para cumplir con sus obligaciones, a pesar de que recordaron que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado incluso “la condonación de impuestos”.

El CCE reconoció el trabajo que el gobierno federal y a las entidades federativas han establecido para controlar los riesgos a la salud de los mexicanos, aunque advirtieron que “la “cuarentena exigida a los ciudadanos tendrá como consecuencia la afectación en la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas”.

Ante dicho panorama, reiteró con urgencia la necesidad de un decreto que permita que las empresas puedan contar con tiempo para pagar y, así lograr un mínimo de liquidez necesaria para conversar todos los empleos que se tienen hasta ahora.

La cúpula empresarial ventiló que los contribuyentes han estado enfrentando serias dificultades con los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales han resultado ser insuficientes para propiciar la presentación de las declaraciones anuales en tiempo.

El CCE olicitó diferir de inmediato la presentación de la declaración del ejercicio de 2019, tanto de personas físicas como de personas morales durante 6 meses, o permitir que el impuesto que resulte en la misma se dé en 12 parcialidades actualizadas, sin recargos.

También, pidió la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de 2020. Y permitir el pago de impuestos hasta en 12 parcialidades.

Además, propuso establecer un procedimiento expedito para agilizar la devolución de los saldos a favor de Impuesto del Valor Agregado (IVA) aplicable durante todo el ejercicio de 2020, y aceptar temporalmente que los contribuyentes puedan compensar de manera universal de saldos a su favor durante todo el ejercicio de 2020.

Tras la consulta que se realizó el pasado fin de semana en Mexicali, Baja California, en el que de acuerdo a los resultados presentados por el gobierno, la población se manifestó en contra de la terminación de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un posicionamiento.

Señaló que al cancelarse el proyecto, tal como lo informó el presidente López Obrador, no se otorgarán los permisos de construcción que afecten infraestructura hidráulica, y que en su momento serían solicitados por la empresa para finalizar las obras.

Indicó que se procederá a dejar sin efecto el permiso de descarga que Conagua otorgó en 2017 para la construcción de la planta.

En cuanto a la transmisión de los derechos de uso agrícola adquiridos por la empresa con la compra de los terrenos, y que de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California fueron transferidos de forma gratuita al propio gobierno del estado, la autorización de esta transmisión se analizará una vez que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali presente las nuevas condiciones para el uso de este volumen de agua.

“Conagua reconoce que el resultado de la consulta expresa la preocupación de los mexicalenses por el agua, su uso racional y la protección por el derecho humano al agua, y hace patente su compromiso para trabajar con todas las partes para garantizar la seguridad hídrica del Valle en beneficio de todas y todos”, indicó el organismo en un comunicado.

Sobre la decisión del gobierno federal de negar los permisos subsecuentes a Constellation Brands, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la tachó de arbitraria, autoritaria y unilateral. Acusó que violenta la legalidad y el Estado de Derecho, además de que daña a la comunidad y a los trabajadores.

El CCE afirmó que es una pésima señal hacia la sociedad y el mundo de que las reglas democráticas no se respetan en México.

“El Gobierno Federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros, lo que finalmente afectará a la población más vulnerable de nuestro país, que tendrá menos acceso a oportunidades de empleo y bienestar”.

Señaló que la decisión también es violatoria del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el futuro T-MEC.

Independientemente de los protocolos que cada empresa aplique, El Consejo Coordinador Empresarial emitió una serie de recomendaciones a todas las empresas, sobre las buenas prácticas de prevención ante la emergencia sanitaria que se vive en México por el Covid-19.

La primera acción que señaló fue suspender, reprogramar o hacer vía remota toda actividad no esencial que implique contacto de muchas personas, incluyendo eventos masivos, conferencias, foros, capacitaciones, cursos, etc.

Reagendar las reuniones no prioritarias. Realizarlas vía conferencia telefónica o de manera virtual cuando se pueda, y evitar asistir a reuniones, foros, capacitaciones externas de más de 20 personas.

Sugirió no compartir teléfonos ni herramientas de trabajo; evitar usar escritorio u oficinas de otros compañeros.

Recomendó cancelar todos los viajes institucionales al extranjero, y en caso de haber viajado en los últimos 15 días a uno de los países afectados, avisa inmediatamente a la Dirección de Administración y no acudir a trabajar si es que se presentan síntomas de enfermedad respiratoria (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar). Además de solicitar atención médica inmediata y autoaislarse en casa.

“Recomiende a los colaboradores que tienen síntomas de enfermedad respiratoria aguda que se queden en casa y no vengan a trabajar por al menos 14 días. Asegúrese de que sus políticas de licencia por enfermedad sean flexibles y consistentes con las recomendaciones de salud pública y que los empleados conozcan estas políticas”.

El CCE exhortó a no solicitar comprobante oficial de enfermedad a los empleados que presenten enfermedades respiratorias agudas para validar su condición o para su regreso al trabajo, ya que las instituciones de salud pueden estar saturadas y no ser capaces de emitir los justificantes de manera expedita.

En ese sentido, subrayó que los empleadores deben mantener políticas flexibles que permitan a los colaboradores quedarse en casa para cuidar a un familiar enfermo. Recordó a los empleadores estar conscientes de que más empleados de lo habitual deban quedarse en casa para cuidar a los niños enfermos u otros familiares enfermos.

Recomendó que los colaboradores que parecen tener síntomas agudos de enfermedad respiratoria al llegar al trabajo o que se enfermen durante el día, sean separados de otros empleados y enviados a casa de inmediato.

“En todos los casos en los que sea posible, se recomienda establecer esquemas de trabajo flexible (por ejemplo, teletrabajo) y horarios de trabajo flexibles (por ejemplo, turnos escalonados), para aumentar la distancia física entre los empleados y entre los empleados y terceros. Asegurar que se tienen la tecnología e infraestructura necesarias para que múltiples empleados puedan trabajar desde casa”, indicó el Consejo.

Finalmente, pidió a las empresas estar preparadas para un posible aumento en el número de ausencias de empleados debido a enfermedades en los empleados y sus familiares, suspensión de programas para la primera infancia y escuelas.

El director general del llamado ‘Cuarto de Junto’, Moisés Kalach, uno de los principales operadores del sector empresarial que acompañó al gobierno durante el proceso de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó sobre su renuncia al cargo.

En una carta enviada al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, Kalach aseguró que “hoy, para mí se cierra un ciclo”.

Al señalar que los tiempos han cambiado, dijo que “desafortunadamente el Gobierno actual no ha sabido valorar el talento de tan significativo equipo institucional”, refiriéndose al grupo de más de 300 expertos del sector privado y académicos, que con sus conocimientos, orientaron a los negociadores.

Kalach hizo un llamado al gobierno para que rectifique su postura y aproveche este instrumento (el Cuarto de Junto) que dijo, es tan importante para el país.

En su carta, Kalach reconoce que en días pasados se logró el objetivo esencial: la aprobación y formalización del T-MEC por parte de Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

“Hoy celebro junto con todo nuestro equipo este gran proyecto en el que tuve el honor de colaborar durante estos años. Si bien falta que el Parlamento Canadiense apruebe lo acordado en cuestión de semanas, parecería que ya estamos empezando a recoger los frutos del esfuerzo realizado”.

Afirmó que lo que la iniciativa privada aportó a través del cabildeo y del Cuarto de Junto, por medio de propuestas técnicas, sólidas, creativas y bien fundamentadas, es reconocido y valorado no sólo en México, sino también por los países socios y aliados.

“El Cuarto de Junto, esa composición de gran talento y experiencia mexicana, es una de las grandes muestras de trabajo institucional entre la iniciativa privada y el Gobierno”, apuntó.

Refirió que aún en los momentos difíciles y de incertidumbre hubo unidad, con la guardia en alto, y redoblando esfuerzos para seguir trabajando por el beneficio del país.

Agradeció al presidente del CCE por haberle dado esta encomienda y consideró que la contribución del Cuarto de Junto ha sido invaluable, “quedo satisfecho de los resultados”, añade.

Por último, se dijo convencido de que es fundamental que el Cuarto de Junto continúe siendo el vehículo que garantiza el acompañamiento del sector privado mexicano al Gobierno de la República en las futuras negociaciones comerciales; remató indicando que “por algo”, dicho modelo pionero de consulta y participación ha intentado ser replicado en otros países.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo público este lunes su apoyo a mujeres que quieran participar en el paro nacional llamado “Un día sin nosotras” a celebrarse el próximo 9 de marzo, y pidió solidaridad de las empresas para este movimiento, pero también acciones.

El CCE dijo ser sensible a la grave crisis de violencia que viven las mujeres en el país, donde “los crecientes índices de abuso, acoso y feminicidios cada vez son más generalizados, y que llegan ya a menores de edad, y son absolutamente inaceptables.

En ese sentido, aseguró que la respuesta de las autoridades en los últimos años no ha sido adecuada, ni suficiente.

Sin embargo, reconoció que “todos fallamos como sociedad en nuestra parte de responsabilidad, mientras seamos omisos ante la vulneración de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en México”.

Por ello, aseguró que gobierno y sociedad deben garantizarles el derecho a la vida, una vida digna y libre de violencia.

La cúpula empresarial confió en que las empresas serán empáticas con las mujeres que decidan ausentarse de sus puestos de trabajo el día 9 de marzo, al facilitar todos los elementos necesarios para su participación en el paro convocado.

Adicionalmente, relató que trabajan en conjunto con empresas y organismos empresariales para avanzar en medidas concretas que permitan proteger a las mujeres al interior de las organizaciones, convirtiéndolas en espacios seguros y libres de violencia.

Y para ello propuso un manual de prevención y combate a la violencia de género en los lugares de trabajo, además de un protocolo base para establecer un sistema interno de denuncia.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió este miércoles al sector público y al privado que incrementen la inversión hasta el 25% del producto interior bruto (PIB) para lograr que la economía mexicana supere el estancamiento de 2019.

“Si no movilizamos la inversión para alcanzar el 25 por ciento respecto al PIB no tendremos crecimiento. Al no tener crecimiento no podemos generar mayor cantidad de empleos”, expresó en rueda de prensa el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

El líder empresarial subrayó que la inversión privada en México tiene “una importancia innegable” ya que en 2019 supuso cerca del 18% del PIB, mientras que el sector público solo aportó una inversión del 2.9% del PIB.

Enfatizó que en 2019 hubo pocos empleos porque no hubo suficiente cantidad de inversión; indicó que si se quieren más empleos y que sean mejor remunerados, que se traduzca en combatir la pobreza, se tiene que movilizar la inversión; recordó que el país cerró el año con 342,077 empleos creados, la cifra más baja en un decenio.

Para que en 2020 se logre una inversión del 25% del PIB, Salazar dejó claro que los empresarios necesitan un mensaje de certidumbre por parte del Gobierno, alejarse de “situaciones de desconfianza y de encono”, así como evitar cambios regulatorios que alejen a los inversionistas.

“Las reglas no pueden ser modificadas. Estos mensajes de cambios de reglas no solucionan absolutamente nada”, advirtió el presidente de la CCE tras recordar los cambios hechos por el Gobierno en los certificados de energías limpias o en el etiquetaje de alimentos.

Sobre la relación económica con Estados Unidos, celebró que “tenemos ya casi la noticia de aprobación completa” del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), en discusión en el Senado estadounidense, algo que aseguró aportará certidumbre económica.

Por su parte, Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) señaló que la confianza de los mercados globales con el Gobierno “no ha cambiado”, pero pidió que les permitan “una participación mucho más activa” porque un crecimiento del 0% es inaceptable para un país como México.

“En 2019, nos costó que los consejos de administración de las empresas globales vieran a México como un destino de inversión, cuando tendría que ser algo natural”, reveló.

Recordaron que la economía mexicana se contrajo 0.1% en cada trimestre desde el periodo octubre-diciembre de 2018 hasta el lapso abril-junio, y en el tercer trimestre de 2019 el crecimiento fue nulo, del 0%, de acuerdo con cifras oficiales.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su rechazo a la iniciativa que busca modificar la regulación de la subcontratación, actualmente en la Ley Federal del Trabajo.

Expuso que lo anterior afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación (outsourcing) y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.

En un comunicado, la Coparmex enfatizó que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de subcontratación y que se encuentra en proceso en el Senado de la República, representa “un grave error”.

Indicó que dicha proyecto busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.

Consideró que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas.

Al sector empresarial, subrayó, le preocupa que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también se refirió sobre dicho proyecto. Acusó que el senador de Morena, Napoléon Gómez Urrutia, convocó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside, para, de manera unilateral y sin diálogo previo, aprobar la reforma que prohíbe la subontratación.

“Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísivas para la economía de México y de todos los mexicanos”, indicó el CCE.

Coincidió en la idea de que la reforma generará un alto grado de incertidumbre, y pondría en riesgo la inversión nacional y extranjera.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló hoy que en las negociaciones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno estadounidense proponía supervisar la aplicación de las leyes sindicales mexicanas, pero la delegación mexicana se negó.

“Estaban planteando que pueda haber una especie de supervisión sobre el cumplimento de la ley. Nosotros no aceptamos eso, que haya una especie e inspectores para ver si realmente se realizó una elección libre” en los sindicatos”, explicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que México respondió con la propuesta de crear un panel para casos aislados que pudieran surgir en empresas mexicanas.

“Lo que se propone es que, si hay una controversia, no en toda la industria, sino en una empresa, pueda haber un panel donde participemos un representante del Gobierno de México y de Estados Unidos, y un externo para que luego de un plazo se pueda tener tiempo para reponer el procedimiento”, puntualizó.

Y es que la tarde de ayer, se reveló que el gobierno de Estados Unidos presentó propuestas de enmienda al T-MEC.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) explicó que dichas propuestas pretenden afectar las cadenas de suministro creadas en la región en los últimos 25 años.

Indicaron que en caso de materializarse, los perdedores serían los pueblos de México, Estados Unidos y Canadá, la economía de la región y la cooperación entre los tres países.

“Observamos con gran preocupación que existen algunas demandas, en materia laboral, que resultan extremas y son totalmente inaceptables. Estas podían afectar severamente la competitividad de México y de sus socios en América del Norte”, indicó el CCE.

Incluso aseguraron que algunos actores estadounidenses están tratando de presionar para que no se concrete el acuerdo comercial.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, indicó que los acuerdos entre la dependencia y el sector privado respecto a las modificaciones a las iniciativas legislativas en materia fiscal deben definirse durante los próximos días y una vez acordadas deberán hacerse llegar a la Cámara de Diputados.

“Hemos estado teniendo reuniones desde hace algunas semanas (y) yo creo que estamos ya completamente de acuerdo en el fondo”, comentó el titular de la SHCP.

Durante la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2019, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Herrera expuso que el sector empresarial “lo que quisiera es que refinaramos un poquito” el tema.

Dijo que ambas partes analizan la posibilidad de retirar la palabra dolo de la redacción, aunque aclaró que “no es necesario”, porque es implícito cuando alguien presenta facturas falsas o solicita devoluciones de gastos no realizados.

“Claramente hay un dolo, entonces, en esas estamos solamente viendo si es necesario o no, pero yo diría que en el fondo estamos completamente de acuerdo”, manifestó.

El sector privado solicita hacer cambios en la redacción del artículo 113 Bis para dejar claro que la aplicación de esa ley es solo quienes emiten facturas falsas, con la intención de justificar operaciones inexistentes o simuladas.

Esto descarta a quienes sí son contribuyentes y sí tienen actividades reales. “Los empresarios están de acuerdo en castigar fuertemente a las compañías abusivas de las leyes”, comentó el pasado lunes presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

La posición es que la redacción deja claro que únicamente afecta a aquellas empresas que no tienen ninguna actividad empresarial adicional, es decir, a aquellas sin ingresos, relaciones económicas o ventas, expuso Herrera Gutiérrez.

En el marco de la conferencia matutina del gobierno federal, Carlos Slim fue cuestionado sobre cómo ve la situación del país en materia económica. El empresario reconoció que en los objetivos que tiene el gobierno, todos han estado 100% de acuerdo: combatir la corrupción, la impunidad, crecer al cuatro por ciento, bajar el gasto corriente, entre otros aspectos.

Dijo que en una primera etapa del gobierno, lo que ha faltado es la inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. Enfatizó que en el momento en que se eche a andar el programa de inversión, las cosas serán muy diferentes.

Reconoció que hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado; hay interés y mucha confianza, expresó.

Slim dijo que a diferencia de las condiciones que hay en el mundo, México es un paraíso en el que los inversionistas pueden tener tasas del 8% en Cetes; y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste y en toda la República.

“En mi opinión estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o dos, o 0.2 o 0.8, no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión que se está planteando, que está dentro de los programas de gobierno y que es inminente que se puede echar a andar, inclusive quizás a partir de este año”, sostuvo Slim.

Aclaró que el empresario invierte, no porque tenga poca o mucha confianza en el gobierno, sino toma en cuenta si tiene mucha o poca demanda: “si hay demanda, pues invierte, si no es un tonto, va a perder sus actividades”.

En ese sentido, el empresario dijo que está convencido de que el país crecerá bien y pronto.

Fue en ese punto donde se le cuestionó si le gustaría que se retomara la construcción del aeropuerto de Texcoco en lugar de Santa Lucía. “Eso ya lo dirá el futuro. No sé”, contestó rápidamente Slim, quien indicó que el aeropuerto es uno de mil 600 proyectos de inversión, de infraestructura, que se tienen.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí dijo que los proyectos existen, la capacidad financiera del país existe, se tiene una estabilidad macroeconómica envidiable, las finanzas se han manejado con una pulcritud impresionante, se han vuelto a alcanzar superávits primarios, por lo que podían decir que están todas las cosas puestas para que el país arranque un proceso de inversión.

“Yo me uno a la creencia de que nuestro país tiene mucho para crecer, mucho para hacer, mucho para poder integrar nuestras cadenas de valor con todo lo que exportamos, mucho para crear infraestructura en todo el país con todo lo que necesitamos y mucho para desarrollarnos también socialmente”, sostuvo el también empresario.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, participó esta mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Orador (AMLO) donde se anunció el acuerdo que se alcanzó entre la CFE y las empresas constructoras de gasoductos.

Salazar Lomelí agradeció a AMLO la confianza que depositó en las organizaciones empresariales (CCE y CMN) para hacer un vehículo de consenso y que de alguna manera se pudiera llegar a una conclusión positiva para México.

“Estamos enormemente satisfechos y nos motiva y nos entusiasma la confianza depositada en estas organizaciones empresariales. Este es un día memorable, porque creo que refleja la voluntad de nuestro gobierno en darnos certeza, darnos certidumbre y sobre todo en ayudarnos a que México obtenga una ventaja competitiva básica”, resaltó el también empresario.

El presidente del CCE enfatizó que con el acuerdo alcanzado México podrá tener energía más barata que los europeos, más barata que los asiáticos y más barata que cualquier país de América Latina, lo que representará una ventaja en el mediano y en el largo plazo para competir, para crecer, para desarrollarse y para al final alcanzar las tasas de crecimiento que se ha propuesto el gobierno y que los empresarios han ansiado.

Salazar Lomelí indicó que con el anuncio del acuerdo, se marca el inicio de un proceso de inversión importante en el país, algo que tanto se esperaba.

Finalizó su participación confiando en que el acuerdo alcanzado será el primer paso de un proceso continuo de ganar-ganar, gobierno e iniciativa privada, siempre pensando en México, pensando en las consecuencias que el acuerdo va a tener en el desarrollo económico y en el desarrollo social del país.

Este martes el presidente de Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín celebró el paquete de inversión anunciado por la Secretaría de Hacienda de 485 mil millones de pesos que ayudará a impulsar la economía.

El directivo calificó como acertada la propuesta de la Secretaría de Hacienda que dijo, “está actuando de inmediato, tratando de revertir los números que ustedes ya conocen”.

“La economía va desacelerándose muy rápidamente y estimamos que esa cifra va a impulsar de una manera importante el gasto y la inversión para que podamos, de alguna forma, tener un mejor comportamiento de la demanda agregada”, añadió.

Sobre si el sector privado propondrá otras áreas para que se avancen más licitaciones, Salazar señaló que “Hacienda ha visto con mucho detalle su capacidad. Es una cifra muy importante la que anunció ayer, yo supondría, porque no he visto a detalle ni he platicado con el Secretario de Hacienda, que se analizó cuál era el máximo que se podía adelantar y es lo que se está intentando hacer”.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera dijo que la dependencia a su cargo prevé destinar 116 mil millones de pesos para acelerar contrataciones y adelantar licitaciones para 2020.