Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y solicitó expresamente que sea turnada a la Cámara de Diputados y que su resolución se realice con carácter preferente.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado sobre la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional.

Aclaró que ésta no es una reforma constitucional, sino una modificación para adecuar la Ley de la Industria Eléctrica a una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado y terminar con la simulación de precios que favorece la especulación, el dumping y subsidios.

La propuesta plantea eliminar la obligatoriedad de la CFE de comprar electricidad a través de subastas, en las que han participado empresas de energía renovable, así como revisar la rentabilidad para el gobierno de la compra de electricidad a través de contratos con productores independientes.

“Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia a fin de fortalecer a la (…) CFE para beneficio del interés nacional”, señala el documento de la iniciativa.

El proyecto plasma algunas propuestas del mandatario ya anticipadas a los reguladores del sector energético en al menos un par de reuniones el año pasado, en las que planteó una serie de puntos para fortalecer a la CFE y a Pemex.

La iniciativa también plantea cambios en materia de energías limpias, despacho eléctrico, permisos a privados, subastas, y discriminación en favor de CFE y generación fósil, cambios que podrían ocasionar conflictos con lo dispuesto en la Constitución y Tratados, como el T-MEC.

Se indica que los Certificados de Energía Limpia (CELs) amparen generación previa no considerada cuando se establecieron los requisitos, los que permitirían al país alcanzar metas de Ley de Transición Energética; con esto se impediría alcanzar metas de energía limpia.

También permite a la CFE suministro básico adquirir energía, potencia y CELs fuera de subastas, lo cual elevaría el costo del suministro.

La iniciativa también propone “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación”.

Uno de los cambios que más llaman la atención es el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino que en primer lugar estará la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como la solar solar, de privados.

Adicional, los permisos de generación se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. La CRE también revocará permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.

El trámite preferente de la iniciativa implica que debe ser analizada, discutida y votada en esta Cámara en un plazo máximo de treinta días naturales, para que sea remitida a la Cámara de Senadores, la que deberá resolverla en un plazo idéntico.

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