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Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidiera al gobierno electo respetar los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas para la construcción del Tren Maya, fue el equipo del presidente electo quien fijó postura.

Aseguró que en el marco el actual proceso de transformación y refundación nacional, reconocen la necesidad de reconocer la presencia viva y activa de los pueblos indígenas, quienes dijo, tienen el derecho y capacidad para decidir libremente su condición política y determinar sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural.

Al referirse específicamente al proyecto del Tren Maya, el gobierno electo indicó que su compromiso es respetar el derecho de “consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas”; aseguró que dicha consulta se llevará a cabo mediante la elaboración de un protocolo de consulta en conjunto y con el acuerdo de las comunidades interesadas, que contendrá los elementos y características para la realización del proceso en concordancia con los estándares internacionales.

El equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que en su momento se invitará a la CNDH a coadyuvar en dicho proceso de consulta, además de que se invitará a organismos internacionales expertos en la materia, como son la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo en México, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Todos los proyectos del nuevo gobierno federal se realizarán en pleno respeto la integridad territorial y cultural de los pueblos indígenas, así como su autonomía, instituciones y formas de organización social, en cumplimiento a las normas que reconocen sus derechos fundamentales en los instrumentos internacionales en la materia”, subrayó el equipo de AMLO.

El gobierno electo remató asegurando que la consulta ciudadana que se lleva a cabo este fin de semana, en la cual se incluye el programa del Tren Maya, no sustituye la consulta indígena que se realizará próximamente.

 

En el marco de la consulta ciudadana que comenzó esta mañana, y en la que los mexicanos decidirán si el Tren Maya se construye o no, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado al gobierno electo para ajustar el proyecto a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.

La Comisión indicó que Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) debe promover una agenda gubernamental de manera integral con los compromisos en materia de derechos humanos suscritos por México, en especial por lo que se refiere a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe con los pueblos indígenas.

A través de un comunicado, la CNDH señaló que un proyecto de la naturaleza del Tren debe considerar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre los asuntos que potencialmente les afecten, tal y como lo contempla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte.

El organismo pidió a quienes impulsan el proyecto dar a conocer ampliamente su contenido para propiciar un debate público y la participación libre e informada de las partes interesadas. “Una sociedad que no está bien informada no es libre de participar en la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos fundamentales” .

 

El Pleno del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó en días pasados el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y en el que menciona la creación de una Guardia Nacional.

El organismo señaló que dicha propuesta aparece en contravención a la Constitución General, principios, recomendaciones y criterios de instancias internacionales, y declaraciones previas del propio presidente electo y miembros de su equipo.

La CNDH hizo un “respetuoso llamado para que, en un ejercicio de coherencia y compromiso con el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas, y de cumplimiento a los estándares internacionales, se revise el apartado correspondiente al ‘Plan de Seguridad Pública’ para que contemple una estrategia integral y razonada”.

El Consejo Consultivo consideró que la presencia de las Fuerzas Armadas no debe verse como opción permanente y esencial para recuperar la paz, seguridad y respeto a los derechos humanos que la sociedad reclama, y añadió que tampoco será la respuesta a los problemas de impunidad, corrupción, exclusión y desigualdad que enfrentamos.

Recordó que la presencia de las Fuerzas Armadas no ha podido prevenir o atender los miles de casos de homicidios y personas desaparecidas, además de que han ocurrido muchos casos de violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó los reportes sobre la desaparición de tres autobuses con integrantes de la Caravana Migrante a bordo, dos de ellos en Puebla y uno en Veracruz.

En este contexto, el quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo Sosa, llamó de manera urgente a las autoridades correspondientes a que investiguen e informen lo sucedido a los autobuses.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) se dijo preocupado por la situación, por lo que demandó a las autoridades mexicanas garantizar el paso de los miles de migrantes que forman parte del éxodo, particularmente en el trayecto entre Veracruz y Puebla hacia la Ciudad de México.

Para el organismo, la dispersión de la caravana, que ha generado que los migrantes se transporten por sus propios medios, representa una situación riesgosa dada la presencia del crimen organizado en esas rutas.

 

 

Con información de La Jornada

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que México debe respetar el principio de no devolución y analizar eventuales solicitudes de refugio de por parte de integrantes de la “Caminata del Migrante”, que partió de Honduras con destino a Estados Unidos.

Señaló que el gobierno mexicano está obligado a ser congruente y brindar a los migrantes centroamericanos, cuando lleguen a la frontera sur del país, el mismo trato de respeto y humanidad que exige para los connacionales en Estados Unidos.

González Pérez abordó el tema en el marco de su asistencia a la instalación de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados.

A pregunta expresa de si México debe dar vía libre a los migrantes centroamericanos para ingresar a territorio nacional, contrario a lo que la SRE y Segob anunciaron esta tarde, el ombudsman nacional subrayó que “México tiene que tener una política de respeto a la dignidad de las personas, entender por qué migran y que se dé una atención humanitaria”.

Recordemos que una nueva caravana con cientos de migrantes inició el pasado fin de semana desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula, con la intención de llegar a Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, amenazó a los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, a través de su cuenta de Twitter, con suspender la ayuda económica si no la detienen.

 

Al participar en el Informe de la Relatora Especial de Pueblos Indígenas de Organización de las Naciones Unidas, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, habló sobre las consultas que el futuro gobierno realice para llevar a cabo sus mega proyectos de infraestructura.

Al ser cuestionado sobre si el proyecto del Tren Maya que el presidente electo ha anunciado compagina con los derechos de los pueblos indígenas, González Pérez dijo que en general en todos los proyectos debe establecerse que donde haya afectaciones a pueblos y comunidades indígenas, se les tiene que consultar previamente.

Sin embargo reconoció que “yo he escuchado del nuevo gobierno, así lo ha expresado, y eso es alentador, que se van a respetar los derechos de pueblos y comunidades indígenas”, resaltó el ombudsman nacional.

Confió en que las expresiones de los colaboradores de Andés Manuel López Obrador (AMLO), así como del propio tabasqueño, se traduzca en los hechos en compromisos futuros.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó, mediante investigaciones y pruebas periciales, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal responsable de todas las irregularidades derivadas de la planeación y ejecución del Paso Exprés en Cuernavaca.

La investigación se originó luego de que en la autopista se formara un socavón en que fallecieron dos personas.

El organismo indicó que entregará los resultados de sus investigaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la carpeta de investigación que integra.

“Para la CNDH, la negligencia y posible corrupción durante la construcción del libramiento Paso Exprés de la autopista México Cuernavaca, atribuibles a la SCT y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), fueron el origen de la mencionada oquedad que costó la vida a dos personas –padre e hijo— que viajaban por la carretera el 12 de julio de 2017 y cuyo vehículo cayó en ella, y a dos personas más en diferentes situaciones”, indicó la Comisión.

Indicó que durante su investigación, encontró irregularidades y una relación entre la autoridad y empresas en un posible esquema de manipulación y fragmentación de contratos, por lo que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue el caso, tanto en lo que tiene que ver con las empresas como de las personas servidoras públicas involucradas. Señaló que salvo 9 servidores públicos sancionados en materia administrativa, el hecho continúa impune al no haber responsables penalmente ni por falta de rendición de cuentas

En la recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes; Alfredo Vara Alonso y Roberto Ramírez de la Parra, Directores Generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador del Estado de Morelos y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca, la CNDH señala que la aspectos como la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción.

La CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con BANOBRAS, CONAGUA, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca reparen el daño a las víctimas directas e indirectas de las personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

 

De acuerdo con un recuento presentado este viernes por la Comisión Nacional de Derechos (CNDH), en los últimos 18 meses han sido localizadas 164 fosas clandestinas en el país de las que se han exhumado 696 cuerpos.

El organismo señaló que, de acuerdo con el recuento hemerográfico, es decir, todos los hallazgos que han sido publicados en medios de comunicación en el país, detectó que se encontraron “cuando menos 163 (fosas) en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de agosto del año en curso, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los que fueron identificados 54 y por lo menos 476 quedaron sin identificar”.

Sin embargo, dicho conteo no incluye los 166 cuerpos hallados el jueves en una fosa en Veracruz, por lo que la cifra sube de 530 a 696 personas localizadas sin vida en las distintas entidades.

“El hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en obstáculo que no se ha podido superar en el camino hacia una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas”, indicó la CNDH.

En este periodo, Veracruz es la entidad con mayor número de fosas localizadas. Con la que fue ubicada el jueves, tiene 38 en total. Le sigue Chihuahua, con cuando menos 22; Sinaloa, con el mismo número; Zacatecas, con 17, y Jalisco, con 14.

En cuanto a la cantidad de cuerpos localizados, también Veracruz está en primer lugar en la lista con 249 (incluidos los que fueron hallados este jueves); seguido de Jalisco con 126; Nayarit, con 70; Zacatecas, con 51 y Chihuahua, con 59.

En estados como Michoacán, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila y Colima se han localizado entre uno y seis cuerpos.

Los Ombudsperson del país hicieron un llamado al Gobierno actual y al entrante, a ratificar el Protocolo Facultativo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que se muestre el compromiso de nuestro país en la realización efectiva de esos derechos a favor de todas las personas.

Así lo dio a conocer Luis Raúl González Pérez, quien enfatizó que para defender la dignidad humana no se debe esperar, y puntualizó que en este momento de transición gubernamental que vive el país, el compromiso con las personas y sus derechos no puede verse disminuido por cuestiones políticas sino, por el contrario, se debe reforzar cada día más por las autoridades.

Reconoció que mucho se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero alertó que es necesario trabajar para que sean efectivos y no meras expectativas o postulados programáticos.

Tras destacar la presencia de presidentes de comisiones estatales de Derechos Humanos y del Sexto Visitador General de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, el Ombudsperson nacional puntualizó que los Organismos Públicos de Derechos Humanos están ante una valiosa oportunidad para impulsar la Agenda 2030 y, desde su ámbito de competencia, exigir a los gobiernos de los tres órdenes de gobierno incluir su trabajo como prioridad en sus agendas.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”.

El organismo explicó que consideró que la Ley presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

Además señala que la Ley no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto por dicho concepto cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Agregó que la Ley también delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.

Con la impugnación, la CNDH señaló que busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma “clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.

 

Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llamó a los candidatos presidenciales a hablar de derechos humanos y no difamarse entre ellos durante el segundo debate presidencial.

Durante su visita al Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, el ombudsman nacional dijo que la gente está cansada de ver a los políticos difamarse entre ellos en vez de plantear proyectos.

“Deben privilegiarse las propuestas y no las denostaciones, no los insultos, no las difamaciones. El hartazgo que la sociedad tiene es precisamente por eso”, dijo.

De acuerdo con el diario Reforma, González Pérez abundó que “lo que se requieren son ideas, plataformas y una plataforma tiene que ver transversalmente el principio de la dignidad de las personas, de los derechos humanos”.

Además, dijo que uno de los principales temas que debería tocarse en el debate es el de los derechos migratorios.

“Buscamos que las propuestas sean serias y viables. En especial, el contexto de vulnerabilidad que vive la comunidad migrante, sea en México o en los Estados Unidos, requiere propuestas mejor estructuradas y no únicamente mecanismos de atención provisional”, dijo González Pérez.

 

 

Con información de Reforma

Luego de que se informara sobre el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin en el municipio de Gutiérrez Zamora en Veracruz, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió a su personal a la entidad para realizar las dirigencias relacionadas y ofrecer acompañamiento a los familiares.

 

El Organismo Nacional expresó sus condolencias a los familiares y se solidarizó con periodistas y medios de comunicación del estado, dadas las condiciones de seguridad que se han visto trasgredidas en los últimos años.

 

La CNDH indicó que este nuevo crimen no puede quedar impune, por lo que este hizo un llamado a “las autoridades de procuración de justicia a realizar diligencias serias y eficaces para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, y reiteró que dará seguimiento puntual a las investigaciones sobre el cobarde crimen.

 

De igual forma, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista, del que indicó se trata del tercero asesinado en México este año. Solicitó a las autoridades reacciones contundentes.

 

“La continuación en México de estos actos criminales para silenciar a los periodistas, nos impulsan a seguir exigiendo a las autoridades reacciones contundentes que garanticen la seguridad de los comunicadores y evitar que los criminales burlen la Justicia”, señaló el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, quien sostuvo que el asesinato de Vázquez Atzin evidencia la carencia de seguridad en México para ejercer libremente el periodismo.

 

Por su parte la Fiscalía Estatal indicó que a través de su Fiscalía Especializada, investiga los hechos ocurridos, pues activó de inmediato el protocolo de actuación en la materia y dio inicio a la correspondiente carpeta de investigación.

 

La dependencia informó que de acuerdo a los reportes que tiene, Vázquez Atzin ya no se desempeñaba como comunicador, sino como comerciante de comida.

 

Al presentar el estudio sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Materia de Puestos y Salarios en la Administración Pública Federal 2017, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez, advirtió que las mujeres mantienen una participación baja en la toma de decisiones de mando y poder que definen el destino de México.

 

 

Señaló que el porcentaje de mujeres en puestos de mayor responsabilidad y nivel jerárquico dentro de la Administración Pública Federal (APF) llega a ser inferior al 25% del total de plazas, lo cual contrasta con su presencia en los niveles de mando más bajos, en los cuales ocupan cerca del 47%.

 

Acompañado por la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González; la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, y la Cuarta Visitadora de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, el Ombusman nacional subrayó que aun cuando ha habido avances en la materia, el que se presente una igualdad cuantitativa con los hombres, no implica que exista una verdadera igualdad sustantiva entre géneros, y es que las mujeres representan el 53.5% del total de personas empleadas en las 49 instituciones de la APF que se analizaron.

 

La menor participación de las mujeres en los cargos de la más alta responsabilidad, donde se perciben mayores salarios, tiene diversos impactos, como el promedio salarial global, conforme al cual existe una brecha entre las mujeres y los hombres de -12.0% en Secretarías y -7.0% en otras instituciones.

 

Por su parte, la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, demandó acelerar el ritmo de los esfuerzos encaminados a conseguir la igualdad salarial y laboral entre mujeres y hombres, y subrayó que desde el gobierno federal se ha enfatizado la necesidad inaplazable de contribuir a la equidad de género.

 

“La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es una condición innegable para que este país logre los niveles de crecimiento a los que aspira”, señaló.

 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exigió que se esclarezca a puntualidad la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, y condenó que en el país se sigan registrando casos de detenciones arbitrarias.

 

El ómbudsman reiteró que estarán acompañando el caso y reconoció que su homóloga, Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), es quien está dando seguimiento puntual al caso, incluso señaló que personal de la Comisión capitalina estuvieron presentes durante la valoración médica que se le realizó al menor.

 

 

Al respecto se ha informado que de los exámenes médicos que se le han practicado al estudiante de la UNAM, han indicado que presenta un cuadro de delírium mixto secundario, que podría ser producto de los golpes que recibió en la cabeza,los cuales quedaron grabados en un video que circula por las redes sociales.

 

Hasta ahora el menor permanece sedado, por lo que se espera su evolución médica para poder saber si las lesiones presentadas ocasionaran secuelas.

 

Con información de Medios / Fotos: Twitter Animal Político

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió un informe sobre las visitas realizadas en junio pasado para examinar el trato y las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en 77 áreas de detención de la Procuraduría General de la República (PGR), y concluyó que las condiciones “constituyen situaciones de riesgo y pueden derivar en maltrato o tortura”.

 

En el informe detalla la “falta de mantenimiento, de suministro de agua corriente, ventilación, iluminación e higiene, así como falta de privacidad en las comunicaciones telefónicas, en entrevistas con abogados y visitantes, así como insuficiente personal y equipo médico son las deficiencias más significativas encontradas en algunas áreas”.

Adicional señala la carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física; y en pocos casos carencia de planchas para dormir, espacios y alimentos, certificaciones de integridad física sin condiciones de privacidad, así como falta de personal femenino de custodia para mujeres.

 

Las revisiones que realizó el personal del organismo corresponden a las Fiscalías Especializadas, Unidades y Agencias del Ministerio Público de la Federación ubicadas en la Ciudad de México y en los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Puebla.