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En su intento por salvar un acuerdo fronterizo en el Congreso que también desbloquearía dinero para Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró este fin de semana que estaría dispuesto a cerrar la frontera entre Estados Unidos y México si los legisladores sólo le enviaran un proyecto de ley para firmar.

Biden dijo en un acto político en Carolina del Sur que cerraría la frontera “ahora mismo” si el Congreso aprobaba el acuerdo propuesto.

El marco no ha sido acordado formalmente por demócratas y republicanos en el Senado y enfrentaría un futuro incierto en la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Republicano.

“Un proyecto de ley bipartidista sería bueno para Estados Unidos, ayudaría a arreglar nuestro deteriorado sistema de inmigración y permitiría un acceso rápido a quienes merecen estar aquí, y el Congreso tiene que conseguirlo”, indicó Biden.

“También me daría a mí, como presidente, la autoridad de emergencia para cerrar la frontera hasta que pudiera volver a estar bajo control. Si ese proyecto fuera ley hoy, cerraría la frontera ahora mismo y la arreglaría rápidamente”.

El acuerdo que se está negociando en el Congreso requeriría que Estados Unidos cierre la frontera si aproximadamente 5,000 inmigrantes cruzan sin autorización legal en un día determinado. Esto no parece nada improbable. El año pasado, algunos totales de un día superaron los 10.000.

Esto llega cuando el expresidente y actual aspirante a la nominación republicana, Donald Trump, lleva semanas presionando a los republicanos para que pongan fin a las negociaciones. Se resiste a dar una victoria a Biden en un asunto que fue el motor de la exitosa campaña del republicano en 2016 y que quiere utilizar en su intento de volver a la Casa Blanca.

Los negociadores parecían estar acercándose a un acuerdo, pero empezó a complicarse después de que las presiones de Trump a los legisladores conservadores se hicieran cada vez más fuertes.

En una carta difundida el sábado en respuesta a los comentarios de Biden, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, insistió en que Biden no necesita la acción del Congreso para cerrar la frontera y le pidió que “tome medidas ejecutivas de inmediato para revertir la catástrofe que él ha creado”.

La inmigración sigue siendo una de las principales preocupaciones para los votantes en las elecciones de 2024. Una encuesta de AP-NORC a principios de este mes reveló que quienes expresaban preocupaciones sobre la inmigración aumentaron al 35% desde el 27% del año pasado. La mayoría de los republicanos, el 55%, considera que el gobierno debe centrarse en la inmigración en 2024, al tiempo que el 22% de los demócratas catalogaron la inmigración como una prioridad. Eso representa un aumento del 45% y el 14%, respectivamente, respecto a diciembre de 2022.

Los arrestos por cruces no autorizados en la frontera con nuestro país alcanzaron un máximo histórico en diciembre desde que se publicaron las cifras mensuales. La Patrulla Fronteriza contabilizó 249,785 arrestos en la frontera con México en diciembre, un 31% más que los 191,112 de noviembre y un 13% más que los 222,018 de diciembre de 2022, el máximo histórico anterior.

Los partidos que integran el frente opositor: PAN, PRI y PRD, definieron sus listas de plurinominales al Congreso.

Los espacios plurinominales son aquellos que se le asignan a cada partido de acuerdo con el porcentaje obtenido en la votación federal, que en este caso será el próximo 2 de junio.

Llama la atención que los tres dirigentes de los partidos: Alito Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, encabezan las listas para un escaño en el Senado. También llamada la atención el regreso de figuras como Aurelio Nuño, exfuncionario en la administración de Enrique Peña Nieto, o Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México.

Hay críticas a las dirigencias de los partidos, por incluir en las listas a políticos de larga trayectoria, acusándolos de proponer a los “mismos de siempre”. También se le critica que no hay perfiles jóvenes entre las propuestas.

Te presentamos las listas completas de plurinominales:

CANDIDATOS PLURINOMINALES AL CONGRESO PAN/PRI/PRD

PRI / SENADO

  • Alejandro Moreno (Dirigente del PRI)
  • Carolina Viggiano (Secretaria general del PRI)
  • Pablo Angulo
  • Cristina Ruiz Sandoval
  • Manlio Fabio Beltrones (Exdirigente nacional del PRI)
  • Ana Lilia Herrera
  • Carlos Humberto Aceves del Olmo (dirigente de la CTM))
  • Sofía Carvajal Isunza
  • Norma Angélica Aceves
  • Sofía Niño de Rivera

PRI / CÁMARA DE DIPUTADOS

  • Primera Circunscripción
    • Arturo Yáñez Cuellar
    • Graciela Ortiz González
    • Mario Zamora Gastelum
    • Sylvana Beltrones
  • Segunda Circunscripción
    • Rubén Moreira
    • Marcela Guerra Castillo
    • Miguel Alonso Reyes
    • Verónica Martínez García
    • Erubiel Alonso Que
    • Fuensanta Guadalupe Guerrero
  • Tercera Circunscripción
    • Lorena Piñón Rivera
    • Christian Castro Bello
    • Ariadna Rincón
    • Emilio Lara Calderón
    • Eufrosina Cruz Mendoza
  • Cuarta Circunscripción
    • Xitlalic Ceja García
    • Israel Betanzos Cortés
    • Nadia Navarro Acevedo
    • Carlos Gutiérrez Mancilla
    • Fausto Zamorano Esparza
    • Ofelia Socorro Jasso
  • Quinta circunscripción
    • Samuel Palma Cesar
    • Leticia Barrera Maldonado
    • Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo
    • Abigail Arredondo Ramos
    • Emilio Suárez Licona
    • Alejandra del Moral (Excandidata EDOMEX)
    • Jorge Armando Meade
    • Hilda Lizette Moreno
    • Aurelio Nuño Mayer (Exsecretario federal)

PAN / SENADO

  • Marko Cortés
  • Karen Michel González
  • Ricardo Anaya
  • Lilly Téllez
  • Enrique Vargas del Villar
  • Laura Esquivel Torres
  • Mauricio Vila
  • Ana Teresa Aranda
  • John Robert Hernández
  • Griselda Galicia

PAN / CÁMARA DE DIPUTADOS

  • Primera Circunscripción
    • César Israel Damián Retes
    • Paulina Rubio Fernández
    • Luis Agustín Rodríguez Torres
    • Rocío González Alonso-Chihuahua
    • Francisco Pelayo Covarruvias-Baja California Sur
    • Verónica Pérez Herrera-Durango
    • Miguel Ángel Monraz Ibarra-Jalisco
    • Eva María Vásquez Hernández-Baja California
    • Luis Alberto Rivera Morales-Sonora
    • Laura Ines Rangel Huerta-Nayarit
  • Segunda Circunscripción
    • Francisco Javier García Cabeza de Vaca
    • Nancy Aracely Olguín Díaz
    • Luis Enrique García López
    • Elizabeth Martínez Alvarez-Aguascalientes
    • Alan Sahir Márquez Becerra-Guanajuato
    • Blanca Leticia Gutiérrez Garza-Tamaulipas
    • Víctor Manuel Pérez Díaz-Nuevo León
    • Nubia Castillo Medina-San Luis Potosí
    • Marcelo Torres Cofiño-Coahuila
    • Noemí Berenice Luna Ayala-Zacatecas
  • Tercera Circunscripción
    • Julen Rementería del Puerto
    • Claudia Quiñonez Garrido
    • José Elías Lixa Abimerhi
    • Abril Ferreiro Rosado
    • Ernesto Sánchez Rodríguez
    • María del Rosario Guzmán Aviles
    • Jorge Alberto Nordhausen Carrizalez
    • Mirna López Torres
    • Emilio Enrique Salazar Farias
    • Marisela Arellano Madrigal
    • Agustín Basilio de la Vega
    • Segio Augusto Chang Lugo
  • Cuarta Circunscripción
    • Kenia López Rabadán
    • Jorge Romero Herrera
    • Liliana Ortiz Pérez
    • Rodrigo Miranda Berumen
    • Genoveva Huerta Villegas
    • Víctor Adrián Martínez Terrazas
    • Mariana Guadalupe Jiménez Zamora
    • Asael Hernández Cerón
    • Yesenia Galarza Castro
    • Pedro Ramos Martínez
  • Quinta circunscripción
    • Tania Palacios Kurl
    • Jose Manuel Hinojosa Pérez
    • Teresa Gínez Serrano
    • Germán Martínez Cázares
    • Ana María Balderas Trejo
    • Armando Tejeda Cid
    • Julia Liceth Jiménez Angulo
    • Jorge Ernesto Inzunza Armas
    • Verónica Sánchez Gutiérrez
    • Isidro Armarildo Bárcenas Reséndiz

PRD / SENADO

  • Jesús Zambrano
  • Adriana Díaz
  • Julio Yáñez

PRD / CÁMARA DE DIPUTADOS

  • Ángel Ávila
  • Miguel Ángel Mancera
  • Jaime Martínez Veloz

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debería rechazar un acuerdo con Estados Unidos que restrinja el asilo e incremente las deportaciones sumarias, afirmó este viernes Human Rights Watch (HRW).

La ONG envió una carta a López Obrador y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien se reunió este viernes en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken.

La reunión ocurre mientras el Gobierno de Joe Biden y el Congreso estadounidense negocian un acuerdo sobre el presupuesto para el período fiscal 2024 que vincula la ayuda a Israel y Ucrania con la política migratoria.

Los legisladores republicanos, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, condicionan su apoyo a la provisión de más de 100,000 millones de dólares a Ucrania e Israel, a la restricción del derecho de asilo y del otorgamiento de residencia temporal a extranjeros por razones humanitarias.

“El presidente López Obrador tiene la oportunidad de defender los derechos de miles de migrantes y solicitantes de asilo vulnerables, en su mayoría latinoamericanos, negándose a acceder a otro acuerdo que permita a Estados Unidos expulsar migrantes hacia México”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Añadió que el presidente debería dejar en claro que no pretende ser cómplice de este intento, por parte de congresistas estadounidenses, de despedazar el sistema de asilo de Estados Unidos.

HRW indicó que, bajo las medidas propuestas, los funcionarios de inmigración tendrían atribuciones para expulsar a los solicitantes de asilo sin una evaluación de sus casos, y restringirían el programa de permisos humanitarios que beneficia a personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.

“Las propuestas que se están considerando en Estados Unidos podrían tener consecuencias devastadoras para los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo, socavarían el derecho a solicitar asilo y expondrían a miles de personas a graves peligros”, remató Goebertus.

Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala la madrugada de este lunes, con más de nueve horas de retraso y meses después de una lucha judicial, atribuida a su promesa de combatir a los corruptos de la élite política y económica del país.

Minutos después de la medianoche, el sociólogo de 65 años juró como presidente para un mandato de cuatro años en un acto solemne en el Teatro Nacional, en el centro de la capital.

La ceremonia se retrasó por una inédita jornada parlamentaria en la que los diputados salientes y luego los de la nueva legislatura se enfrascaron en debates a favor y en contra de la minoritaria bancada de Arévalo.

Y es que tras horas de debates, el Congreso saliente declaró independientes a los 23 diputados de Semilla, argumentando que obedecía la orden judicial que suspendió al partido por supuestas irregularidad en su creación en 2017.

Pero en un giro inesperado, luego de instalado el nuevo parlamento, Semilla logró mediante acuerdos con otros partidos políticos que se revirtiera esa decisión. Recuperaron su bancada y consiguieron la presidencia del Congreso.

La incertidumbre en torno a la investidura de Arévalo provocó que los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y presidentes latinoamericanos, presentes en Guatemala, urgieran al Congreso a cumplir con la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas. La espera fue tan larga que varios de los dignatarios invitados al acto dejaron Guatemala sin ver a Arévalo con la banda presidencial.

Arévalo pasó inesperadamente en junio del año pasado a la segunda ronda de la elección presidencial enfrentando una candidata conservadora aliada del oficialismo, a quien venció cómodamente con un 60% de los votos.

Desde entonces, enfrentó una ofensiva judicial que denunció como un “golpe de Estado”, detrás del que estaría la élite conservadora que por décadas ha regido el destino del país. A la cabeza de esa ofensiva, la Fiscalía intentó retirarle la inmunidad a Arévalo, desarticular su partido y anular los comicios, argumentando que hubo anomalías electorales.

Arévalo sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, quien ha sido vinculado con la “élite corrupta” y durante cuyo gobierno se exiliaron decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción.

Analistas advierten que lo más duro está por venir y no descartan que la Fiscalía continúe la persecución y solicite al Congreso retirarle la inmunidad de presidente. Arévalo adelantó que esta misma semana le pedirá la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de la ofensiva judicial y quien fue ratificada en su puesto por Giammattei hasta 2026.

El presidente Joe Biden está dispuesto a desmantelar el sistema asilo y romper sus promesas de campaña a cambio de que los republicanos le apoyen con el gasto extraordinario de más de 60,000 millones de dólares para seguir financiando la guerra de Ucrania.

En negociaciones con senadores del partido opositor, legisladores demócratas y funcionarios del Gobierno han propuesto reanudar las expulsiones exprés en la frontera y expandir la capacidad del Gobierno para deportar a migrantes, entre otras medidas restrictivas, según informaron fuentes cercanas a las discusiones.

La Casa Blanca no ha confirmado dichas filtraciones, pero sí ha señalado que Biden está “abierto a compromisos” si los negociadores logran reunir los apoyos suficientes, reportó la agencia Efe.

Al agotarse el dinero que el Congreso previamente había aprobado para Kiev y para convencer al escéptico bloque conservador de apoyar un nuevo desembolso en gasto militar, la Casa Blanca decidió incluir también más financiación para “seguridad fronteriza”.

Esto permitió que los republicanos agarraron las riendas de la negociación y aprovecharon para pedir mayores restricciones a la migración y al asilo a cambio de sus votos.

En lugar de rechazar las exigencias, la Casa Blanca redobló su influencia en las conversaciones, enviando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre ellos el secretario Alejandro Mayorkas, al Congreso.

Decenas de legisladores demócratas, incluyendo su número dos en el Senado, Dick Durbin, y los miembros del caucus hispano de la Cámara de Representantes, han rechazado firmemente el trueque que está considerando la Administración.

A su vez, han pedido a Biden que respete sus promesas de campaña de revertir las políticas antiinmigración del expresidente Donald Trump.

Expertos en migración y organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado que las propuestas que se están barajando, en especial la de reanudar las deportaciones exprés, desmantelarían el sistema de asilo en Estados Unidos al que actualmente se están acogiendo la mayoría de personas que cruzan la frontera.

Bajo la ley actual, que se adoptó tras la Segunda Guerra Mundial, EUA se comprometió a dar protección a las personas que no pueden volver a sus países por miedo a persecución por motivos de “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política”.

Para obtener esta protección, es requisito también que la persona esté en suelo estadounidense. Deportación “en caliente” significa entonces que las autoridades pueden expulsar a alguien sin darle oportunidad a pedir asilo.

Hasta mayo de este año, la frontera sur de Estados Unidos estuvo regida por el Título 42, una restricción similar a la que se está negociando y que impuso en su momento el Gobierno de Trump con el pretexto de la pandemia.

El Título 42, mientras estuvo en vigor, infló las cifras de detenciones en la frontera por la cantidad de personas que cruzaban más de una vez después de ser expulsadas.

Entre 2020 y 2021 se llevaron a cabo más de 1.8 millones de deportaciones de migrantes bajo el Título 42, aunque más de la mitad fueron personas que ya habían sido detenidas y expulsadas a México anteriormente, según datos del American Immigration Council.

El continente está registrando cifras récord de movimiento de personas, a causa de profundas crisis políticas en varios países como Venezuela, Nicaragua o Ecuador y los estragos económicos que dejó la pandemia.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional, los llamados pluris, en el Congreso de la Unión, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la Jornada Electoral del próximo 2 de junio.

Dicho mecanismo busca evitar la sobrerrepresentación de fuerzas políticas, en apego al artículo 54 de la Constitución, a fin de hacer valer la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas a través del voto.

El Instituto verificará si las candidatas y candidatos de alguna coalición, ganadores por el principio de mayoría relativa, son militantes del partido por el que fueron postulados. En caso de que la o el candidato esté afiliado a alguno de los partidos de la coalición, su triunfo se contabilizará a favor del partido respecto del cual tenga una “afiliación efectiva”, únicamente para efectos de la asignación de representación proporcional.

“Así, la ciudadanía puede tener la seguridad de que su voto será contado y considerado para la integración proporcional del Congreso de la Unión”, señalaron las Consejeras y Consejeros en sesión extraordinaria de Consejo General.

Añadieron que con esta medida se busca que la integración del Congreso de la Unión responda a la representación de las distintas voces partidistas elegidas por la ciudadanía, y que no sea distorsionada por una asignación de curules y escaños que sobrerrepresente a mayorías en detrimento de minorías.

El acuerdo aprobado establece que, en caso de que la candidatura triunfadora no tenga una “afiliación efectiva” a alguno de los partidos que la postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado.

Asimismo, el acuerdo busca impulsar los esfuerzos para garantizar la paridad en ambas cámaras del Congreso de la Unión y se realicen los ajustes en favor de dicho principio constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió este martes a la Cámara de Diputados, aplace el debate sobre la reducción de la jornada laboral hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que empezará el 1 de febrero de 2024.

López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones de Carlos Slim, quien manifestó su desacuerdo con la iniciativa de reforma que plantea reducir la jornada laboral, al señalar que “es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más, a que trabajen 40 y ganen menos”.

En ese sentido, López Obrador dijo que “hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12 de diciembre”, al recordar que ese día está programado el debate de la propuesto. Propuso que “no se convierta en una fecha fatal, definitiva” el 12 de diciembre.

Así, vio “sin problema” abordar la reforma “en el próximo periodo legislativo”, que empezará en febrero de 2024, aunque abrió la puerta a empezar a debatirla en el periodo actual, que termina el 15 de diciembre.

“Antes de que termine el periodo, se abre el debate, se hace la invitación a todos y regresando (de Navidades) se define”, sugirió.

Como ha sucedido en diversas ocasiones, las “recomendaciones” que suele hacer el presidente son acatadas por las bancadas de Morena y aliados, por lo que se espera que una vez esto sea tomado en cuenta.

Ayer, el sector privado cerró filas para insistir en que no es momento para reducir la jornada laboral, pues consideran “no es tiempo de elevar los costos de las empresas”, aunque reconocieron que esta modificación es inminente y es parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Esta posición, según el presidente, quiere “tomar en cuenta a todos”, tanto a la clase trabajadora como a las empresas, y “buscar la conciliación”.

Esto llamada la atención pues el pasado 22 de noviembre, Morena anunció que esperaba votar la reducción de la jornada laboral antes de finalizar el actual periodo de sesiones, programado para el próximo 13 de diciembre.

Finalmente, López Obrador se mostró cauteloso y evitó dar el punto de vista del Ejecutivo sobre el cambio legislativo: “Vamos a fijar nosotros una postura en su momento”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este lunes que los diputados de Nuevo León, podrían dar un ‘golpe de Estado’ para destituir a Samuel García, quien desistió de su licencia a la gubernatura para buscar la candidatura presidencial por el Movimiento Ciudadano (MC) y pide regresar a su puesto.

“Son capaces (los diputados) hasta de dar un golpe de Estado, porque eso (no dejarlo volver al cargo) sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente”, dijo el mandatario al ser consultado sobre lo ocurrido este fin de semana en Nuevo León.

Se refirió a la decisión de García, quien pidió licencia de seis meses e iniciaba sus trabajos como aspirante a la candidatura presidencial de MC, pero desistió tras una serie de pugnas legales con el Congreso del estado por la persona que se quedaría al frente del gobierno en su ausencia.

El viernes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Luis Enrique Orozco asumiera como gobernador interino, pese a que García había designado al secretario general de Gobierno, Javier Navarro.

García aseguró que Navarro debía ocupar dicho puesto ya que pertenecía al mismo partido y debía dar continuidad a su gobierno.

La situación generó gran controversia pues, tras la decisión del Supremo, Orozco había asumido el cargo como interino e, incluso, ofrecía una conferencia de prensa como tal, cuando Navarro lo interrumpió para notificarle que García regresaría al cargo por el que fue votado en las elecciones de 2021.

Al respecto, López Obrador aseguró que la controversia era un asunto “politiquero” y responsabilizó al PAN y al PRI de la situación.

“Se trata de un asunto politiquero, con miras a las próximas elecciones porque se le lanzaron los del PRI y los del PAN, más que nada el jefe de el bloque conservador, Claudio X González, se le lanzó a Samuel García para que no pudiera ser candidato”, sostuvo.

Incluso afirmó que la razón de este embate fue que los partidos consideraban que les “dividía las simpatías de las clases medias”, de la cual, el bloque opositor se siente dueño, acusó el presidente.

Asimismo, el mandatario reprobó que la SCJN haya determinado que correspondía al Congreso local designar al gobernador interino, y no a Samuel García como gobernador. “Él regresó porque la Corte dijo: ‘le corresponde al Congreso local’ y él regresa pero ahora dicen los adversarios de Samuel: ‘ya te fuiste, ahora nos cumples, no te aceptamos ya’”, afirmó.

Recordemos que la licencia de García fue aprobada por el Congreso de Nuevo León cuando él la solicitó, con vistas a contender en las elecciones presidenciales de 2024, y tenía una vigencia de seis meses, del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.

Esto debido a que para ser elegido como Presidente de México, cualquier aspirante tiene que estar separado de su cargo con seis meses de anticipación.

En las últimas semanas, García ha sostenido una tensa relación con el Congreso estatal, cuya mayoría está integrada por legisladores del PRI y PAN.

Samuel García conformó este fin de semana su retiro de la contienda por la Presidencia de la República, para mantenerse al frente del gobierno de Nuevo León, lo que de momento abre el camino para que las elecciones del próximo año se definan entre dos mujeres.

La decisión de García, de Movimiento Ciudadano (MC), se dio tras la fuerte pugna que mantiene con los partidos de oposición, PAN y PRI, que controlan el Congreso local y que la semana pasada nombraron a un gobernador interino afín a sus filas, para ocupar la vacante que a partir del primer minuto del sábado, cuando García dejaría la gubernatura para competir en la contienda presidencial.

Sin embargo, en los últimos dos días la pugna llegó a los tribunales, los cuales lejos de resolver la situación agregaron más confusión e incertidumbre a la crisis política que mantenía sumido a Nuevo León.

El sábado, en un comunicado, Samuel García anunció que reasumía funciones como gobernador, luego de decidir “no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”.

Horas después, el emecista dijo en un vídeo que difundió en redes sociales que decidió renunciar a la candidatura presidencial tras el fallo de un tribunal superior que “nos cerró la puerta”.

García denunció, sin mostrar pruebas, que fue presionado por el PAN y PRI para llegar a un acuerdo sobre su salida de la gobernación, revelando que le solicitaron dinero, presupuesto y diversas posiciones, ante lo cual dijo, decidió no aceptar las exigencias planteadas.

“Reiteradamente me pedía la Fiscalía, la auditoria Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos”, dijo García.

“La vieja política nos descarriló”, sostuvo el gobernador, al asegurar que los “poderes fácticos” lo sacaron de la contienda por el crecimiento, especialmente entre los jóvenes, que tuvo su candidatura en 10 días de precampaña.

El joven político lanzó una advertencia a sus adversarios locales, e indicó que en 2024 “los vamos a borrar de Nuevo León. No van a ganar un solo diputado”, dijo.

Sobre el camino que seguirá MC ahora de cara a las elecciones presidenciales, García dejó entrever que la organización podría continuar en la contienda, pero no ofreció detalles y sólo mencionó que “México sí tiene opción y es Movimiento Ciudadano”.

La dirigencia de MC convocó para este lunes a una reunión para definir la ruta electoral. Recordemos que en los últimos años, el partido ha crecido en el tablero política al hacerse de estados como Jalisco y Nuevo León,y convertirse en una de las tres principales fuerzas opositoras en el Congreso.

Desde que asumió la gubernatura de Nuevo León en 2021, García ha mantenido una fuerte disputa con la mayoría opositora del Congreso local. Las tensiones escalaron cuando el político anunció que dejaría el cargo para contender por la presidencia en los comicios de junio del próximo año.

Las dirigencias del PAN y del PRI consideraron la decisión de García como un movimiento para afectar a su candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, con la única intención de dividir el voto opositor. Todo con el visto bueno y apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En medio de la pugna, la oposición local intentó esta semana imponer como gobernador interino de Nuevo León al ex vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, que fue electo por el Congreso estatal durante una caótica sesión que fue irrumpida a la fuerza por manifestantes y de la que ambos sectores se culparon mutuamente.

Quien también se posicionó sobre el tema fue la candidata de Morena-PT-PVEM a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, quien rechazó las acciones del PAN y el PRI para designar un gobernador interino en Nuevo León, declarando que las “elecciones se ganan con votos, no imponiendo algo”.

Por su parte, Gálvez aprovechó para atacar a García y aseguró que el joven político “no venía a pelear” en la contienda electoral; dijo que su misión era “golpear” políticamente a la oposición. “Si hubiese sabido que iba a ganar la presidencia, renuncia al gobierno del estado”, agregó.

La abanderada de la coalición opositora “Fuerza y Corazón por México” dijo que espera que Movimiento Ciudadano lance otro candidato presidencial.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo una licencia del Congreso para dejar formalmente su cargo en los últimos seis meses de su gobierno y con ello dedicarse de lleno a su campaña de reelección.

Aunque la Constitución lo prohíbe, el mandatario busca un nuevo mandato de cinco años en los comicios que se realizarán el próximo 4 de febrero. La cámara aprobó su petición con 67 votos a favor y 12 en contra. De los 84 diputados, cinco se ausentaron de la votación.

El vicepresidente, Félix Ulloa, presentó un pedido similar y recibió el visto bueno del Congreso a su solicitud como compañero de fórmula de Bukele en la misma votación.

Pese a la prohibición estipulada en la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que Bukele sí puede participar en los comicios por segunda ocasión y que será el pueblo quien tome la decisión.

Bukele pidió al Congreso que nombrara a Claudia Juana Rodríguez de Guevara para que ocupe el cargo de encargada de despacho entre el 1 de diciembre y el 30 de mayo de 2024, cuando concluye el mandato presidencial actual, una petición que recibió el respaldo del pleno.

Rodríguez de Guevara es una persona de confianza de Bukele y funge también como presidenta de la junta directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), institución de la cual es la representante legal. Además, es secretaria del consejo de ministros.

Fue directora financiera de Obermet, una empresa de publicidad de la familia Bukele, además de ocupar el puesto de gerente financiera de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, de tesorera municipal de la alcaldía de San Salvador y de gerente financiera de la presidencia.

Abogados constitucionalistas sostienen que su participación en las elecciones viola al menos cuatro artículos de la Constitución, incluyendo el 154, que dice que “el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones un día más”.

Aun así, el Tribunal Supremo Electoral avaló a inicios de noviembre que Bukele pudiera presentarse a los comicios de febrero al considerar que cumple “los requisitos legales”.

Las resoluciones de la Corte Suprema y la confirmación del Tribunal Supremo Electoral han sido sumamente criticadas por abogados, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, que alegan que la sala judicial que lo habilitó fue elegida por el Congreso, que está controlado por Nuevas Ideas, la formación de Bukele, violando el procedimiento dictado por la Constitución para ello.

El mandatario salvadoreño, que goza de una alta popularidad, se inscribió al proceso electoral el pasado 27 de octubre. Según las encuestas más recientes, el 70.8% de la población aprueba su gestión y el 97.7% piensa que la violencia ha disminuido bajo su administración.

Muy por detrás de Bukele se situarían otros aspirantes a la presidencia: Joel Sánchez, candidato de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el 4.3% y Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con un 2.8%.

Arena gobernó el país por 20 años entre 1999 y 2009, mientras que el FMLN lo hizo durante otros diez (2009-2019) hasta que Bukele arrasó en la primera vuelta de las presidenciales.

La dirigencia nacional del PRD solicitó al Instituto Nacional electoral (INE) cancelar la precandidatura presidencial de Samuel García, al considerar que viola la Constitución.

En una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), el representante del PRD, Ángel Ávila, denunció que García no puede desempeñarse de forma simultánea como gobernador de Nuevo León y precandidato de Movimiento Ciudadano (MC), pues es contrario a la ley.

“Hemos solicitado de manera formal la cancelación del registro del precandidato por MC a la Presidencia de la República, Samuel García, por violaciones a la Constitución, pues no puede desempeñar el cargo de Gobernador del estado de Nuevo León, y al mismo tiempo”, sostuvo Ávila al compartir el oficio en sus redes sociales.

La queja se presenta después de que el precandidato único de MC retomó su cargo como gobernador de Nuevo León el pasado martes, luego de haber pedido una licencia para ausentarse del cargo de forma temporal, mientras realizaba su precampaña de cara a los comicios presidenciales de junio de 2024.

El PRD afirmó que la ley es “clara en el sentido de que los funcionarios no pueden hacer uso de recursos públicos para promoverse y menor para que su partido político obtenga un beneficio”.

“Al asumir de nueva cuenta el cargo de gobernador, Samuel deja de tener validez su registro como precandidato en el Sistema Nacional de Registro del INE, pues no son compatibles ambos cargos”, acusó el partido del sol azteca.

Además, consideró que la autoridad electoral deberá, además de cancelar su aspiración, suspender “de manera inmediata” todos sus promocionales de radio y televisión, así como sus espectaculares y cesar toda promoción proselitista.

“La autoridad debe actuar con firmeza y con estricto apego a la Constitución y a las leyes. Samuel debe ser inhabilitado para ser precandidato y debe ser sancionado”, añadió.

En el documento, también se indica que “es un hecho público” que García se registró como precandidato único de MC, por lo que inició precampaña de forma oficial el 21 de noviembre pasado, aunque afirma que también es “notorio” que realizó actos anticipados de campaña, algo ilegal, desde un día antes de solicitar su registro.

El PRD, junto a sus aliados PAN y PRI, han acusado a García de tener el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien afirman alentó sus aspiraciones políticas con el único fin de dividir el voto de la oposición en las elecciones del 2024.

En respuesta, López Obrador acusó al PRI y al PAN de hacer una “campaña negra” contra García por no apoyar a su precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

Ayer, el Congreso de Nuevo León, dominado por el PRI y por el PAN, nombraron a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino, mientras García se va a participar en la contienda electoral federal.

El Congreso ignoró a los cuatro candidatos propuestos por el propio García, quien dijo, eran de su movimiento y darían continuidad a su proyecto. El aún gobernador dijo que según una sentencia de un juez federal, el Congreso debía respetar el mandato constitucional que en 2021 le dio el triunfo a Movimiento Ciudadano.

El Congreso se instaló en sesión para poder hacer el nombramiento; sin embargo, las tensiones escalaron cuando decenas de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, y presuntamente simpatizantes de MC, entraron por la fuerza al recinto.

Al grito de “¡Vendidos!” y entre empujones y golpes, los manifestantes se concentraron en los pasillos de la cámara donde se lanzaron gases, lo que obligó a interrumpir temporalmente la sesión, según videos difundidos en redes sociales.

Finalmente, y luego de que elementos de la Fiscalía arribaran al recinto, el nombramiento del gobernador interno se consumó.

Esta tarde, en redes sociales, Samuel García hizo un llamado a “guardar la democracia y la división de poderes” de Nuevo León. Acusó que 26 diputados del PRIAN violaron las sentencias y amparos que impedían que se nombrara a un gobernador interino “espurio”, que no perteneciera a su movimiento político.

Samuel García aseguró que no permitirá que el PRIAN regrese al poder en Nuevo León, pues recordó que en 2021, más de 700 mil neoleoneses sacaron a esos partidos. “No permitamos que con armas, intimidación, y violando la ley, se contradiga lo que ganó Nuevo León en las urnas”.

El ahora precandidato presidencial de MC aprovechó el video para acusar que lo que sucede en el estado, derivado de las acciones de los diputados del PAN y del PRI, se debe a que en ocho días de precampañas su precandidata ha fracasado: “su fenómeno (Xóchitl Gálvez) no resultó tal cosa, y va en caída libre”.

En medio de una caótica sesión en la que hubo golpes, empujones, bombas de humo y hasta una manifestación, el Congreso del estado de Nuevo León designó la noche de ayer al gobernador interino en reemplazo de Samuel García.

Recordemos que el emecista solicitó licencia al cargo para buscar la presidencia con Movimiento Ciudadano a las elecciones presidenciales del próximo año.

El Congreso se instaló en sesión para poder hacer el nombramiento; sin embargo, las tensiones escalaron cuando decenas de manifestantes, algunos con el rostro cubierto, y presuntamente simpatizantes de MC, entraron por la fuerza al recinto.

Al grito de “¡Vendidos!” y entre empujones y golpes, los manifestantes se concentraron en los pasillos de la cámara donde se lanzaron gases, lo que obligó a interrumpir temporalmente la sesión, según videos difundidos en redes sociales.

Dirigentes de Movimiento Ciudadano y de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), que controlan el congreso estatal y son adversarios de García, se culparon mutuamente de los actos violentos.

La sesión se reanudó tras los incidentes pues los diputados contrarios a García insistían en que debía ser designado el gobernador interino, algo que MC quería aplazar. Así, los opositores eligieron por 25 votos a favor al vicefiscal estatal, Luis Enrique Orozco Suárez, para el cargo, ignorando a los cuatro candidatos propuestos por el propio García, quien dijo, eran de su movimiento y darían continuidad a su proyecto,.

Y es que García regresó a la gubernatura el pasado martes, de la cual se había separado para irse al arranque de su precampaña. Su regreso, de pisa y corre, obedecía a que la licencia que se le concedió fue de seis meses, y si rebasaba este tiempo, el Congreso estaba facultado a convocar a elecciones extraordinarias, algo que pondría en riesgo su eventual regreso.

Previo al nombramiento de Orozco, el precandidato de Movimiento Ciudadano anunció que si el PRI y el PAN elegía un gobernador que no cumpliera las condiciones establecidas por jueces federales, presentaría un recurso judicial para detener la designación.

“Que voten lo que quieran. En el tribunal les voy a ganar”, advirtió García. Y es que compartió una sentencia en la que se ordenaba a los legisladores locales hacer el nombramiento por consenso y unanimidad, y respetando el mandato constitucional que le otorgó el triunfo a MC en el 2021.

Samuel García, de 35 años, se registró este mes como precandidato del partido naranja para competir junto a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en los comicios presidenciales de junio de 2024. Sin embargo, no quiere arriesgar su posición como gobernador. ¿Qué sigue para García? En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con José Antonio Crespo sobre el tema.

El Congreso español reeligió este jueves como presidente del Gobierno al líder socialista, Pedro Sánchez, con 179 votos a favor de su investidura, tres más de la mayoría absoluta necesaria, de un total de 350 diputados.

Sánchez recibió el apoyo de los partidos de izquierdas, independentistas, nacionalistas y regionalistas con los que alcanzó acuerdos tras ser propuesto como candidato por el rey Felipe VI el pasado 3 de octubre.

Antes de la votación, el líder socialista reivindicó la plena legitimidad de su investidura e instó al conservador Partido Popular (PP), el principal de la oposición, ganador de las elecciones de julio, a que asuma su derrota.

Recalcó que su Gobierno es plenamente constitucional al residir en el Parlamento la representación de los españoles.

Un Gobierno que, recordó, tiene un poder sólo limitado por las leyes y el mandato temporal que conlleva.

“La democracia solo es posible si se acepta esa derrota temporal y limitada. Así es la democracia parlamentaria y así debe seguir siendo si queremos preservar nuestra convivencia libre y pacífica”, sostuvo Sánchez.

Tras dos tensas sesiones de investidura, marcadas por la aprobación de la amnistía a los independentistas catalanes, Sánchez logró la reelección para su tercer mandato como presidente del Gobierno español, donde deberá mantener un complejo equilibrio con todas las formaciones que le apoyaron.

La presidenta del Congreso español, la socialista Francina Armengol, comunicará este jueves al rey de España, Felipe VI, el resultado de la votación de investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para cumplir con el artículo 99 de la Constitución española, Armengol comunicará al monarca español la confianza que ha otorgado la Cámara al candidato y que Felipe VI lo nombrará presidente.

Este nombramiento se publicará previsiblemente mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), día en el que con mucha probabilidad Sánchez tomará posesión de su cargo ante el rey.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad, la designación del gobernador interino realizada por el Congreso del Estado de Nuevo León, José Antonio Salinas Garza, al considerarlo inelegible.

El pasado 25 de octubre el Congreso de Nuevo León le otorgó a Samuel García, gobernador de dicha entidad, una licencia temporal para separarse del cargo debido a sus aspiraciones políticas.

Sin embargo, como gobernador interino, el Congreso nombró a José Antonio Salinas Garza, magistrado con licencia del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Tan pronto hizo dicho nombramiento y el funcionario realizó la toma de protesta correspondiente, la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado admitió una controversia constitucional local y en ella se ordenó la suspensión del acto impugnado dejando vigente el nombramiento del gobernador interino.

Eso no dejó conforme a Samuel García y su equipo jurídico, quien insiste en que Javier Navarro Velasco, su actual secretario general de Gobierno, debe ser el responsable de la oficina ante su ausencia. Por ello , el aún gobernador acudió a la Sala Superior del TEPJF.

A propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, previo reconocimiento de la competencia del Congreso local de nombrar al gobernador interino, la Sala Superior revocó el nombramiento del magistrado con licencia como gobernador interino.

Los magistrados determinaron que existe una prohibición expresa, prevista en la Constitución local, consistente en que las magistraturas del Poder Judicial local y las personas servidoras públicas del estado están impedidas para ocupar cualquier cargo en el gobierno, lo cual es consistente con el artículo 116 de la Constitución federal, que prevé el sistema de separación de poderes a través del cual se garantizan los principios de independencia, autonomía, certeza e imparcialidad, que son necesarios para el desarrollo de las funciones de gobierno.

Sin embargo, se validó que el Congreso local tiene la facultad para hacer el nombramiento de la persona que ejercerá la gubernatura de forma interina, por lo que pese a lo que señala Samuel García, serán los legisladores del estado, que dominan el PAN y el PRI, quien nombren a quien lo reemplazará a partir del 2 de diciembre próximo, fecha en que surte efecto su licencia.

Todo este problema político en Nuevo León se da debido a la intención de Samuel García de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en el 2024.

No lleva ni diez años de haber ingresado a la política y García quiere ser ser Presidente.  Lo que llamada la atención es que realmente busca la silla presidencial o solo servirá de herramienta al presidente López Obrador como un factor de división en el voto opositor.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Ernesto Núñez Albarrán, periodista y analista político, sobre las aspiraciones políticas de Samuel García.

Derivado de la licencia solicitada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien busca la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió dos controversias relacionadas con los nombramientos de quien sería el gobernador interino.

La licencia que presentó el emecista, y que fue concedida por el Congreso local, le permite separarse temporalmente del cargo a partir del 2 diciembre próximo, aunque el aún gobernador ya comenzó con actividades relacionadas a su aspiración política.

Al respecto, se presentaron dos controversias; la primera por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, quien demandó la invalidez de la designación del Gobernador Interino que recayó en el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa.

La segunda, la presentó el Congreso del Estado, que demandó la invalidez de un acuerdo del Gobernador en el que designó a su Secretario General de Gobierno como encargado del despacho del Poder Ejecutivo local.

Ambas controversias fueron admitidas por la SCJN, y el ministro Javier Laynez determinó conceder la suspensión en tanto se resuelve de fondo el asunto.

  1. Queda sin efecto la designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como Gobernador interino y la toma de protesta respectiva.
  2. Queda sin efecto el acuerdo emitido por el Gobernador respecto a la designación del encargado del despacho durante su licencia.

El ministro indicó que la decisión tiene el objeto de no poner en riesgo el principio de separación de poderes previsto en los artículos 49 y 116 de la Constitución Federal.

Por otro lado, se negó otorgar una suspensión en el sentido de que el Congreso se abstuviera de llevar a cabo cualquier designación; es decir, que quedan a salvo las facultades del Poder Legislativo local para designar al Gobernador interino de dicha entidad.

Así, la determinación implica que el Congreso estatal será quien designe al nuevo mandatario interino.

La solicitud de licencia que presentó Samuel García para separarse del cargo ha generado una crisis política en Nuevo León.

Y es que el Congreso del Estado aprobó la solicitud que el gobernador presentó para separarse del cargo por un periodo de seis meses, con el fin de buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, además de autorizarle separarse del cargo, el Congreso nombró a José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de la entidad.

El también presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, rindió protesta al cargo el pasado miércoles, a pesar de que su gestión iniciaría hasta el próximo 2 de diciembre, cuando entre en vigor la licencia de Samuel García.

En la solicitud de licencia que presentó, Samuel García propuso a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino.

Eso generó reacciones de García y de diversos liderazgos de MC. El gobierno estatal rápidamente dijo que impugnará el nombramiento de Arturo Salinas pues asegura que está imposibilitado para ocupar el cargo.

Samuel García calificó el nombramiento como algo ilegal. Llamó “payasos y cabrones” a los legisladores tras el nombramiento que hicieron. Les pidió “ponerse a jalar”.

“Yo con lo del Segundo Informe y viendo este circo, ¿qué es esto? y a parte inelegible el vato (Arturo Salinas) es el Poder Judicial, no puedes poner dos poderes en una persona, ya te exhibiste, ya puede ser hasta el rey el Poder Judicial, (ser) el Ejecutivo y Legislativo y hasta el de Metrorrey, que maneje los camiones, ¡no saca una ‘chingada’ sentencia y quiere manejar el estado!”, cuestionó en un evento.

Arturo Salinas asumió como presidente del Tribunal Superior de Justicia el pasado 1 de agosto de 2023, cargo que habrá de concluir el 31 de julio de 2025. Por esta razón, el funcionario también solicitó licencia al cargo para asumir el interinato de la gubernatura.

El dictamen que fue aprobado en el Congreso local refiere que Salinas Garza estará al frente de la gubernatura será del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue uno de los primeros en reaccionar a lo que sucede en Nuevo León.

El compañero de partido de García dijo que lo que hizo el Congreso de Nuevo León “es una vergüenza”, criticando el actuar de las dirigencias nacionales del PRI y el PAN. Dijo que eso muestra que no son confiables para que haya un frente opositor serio.

“Yo he sido de los que han levantado la voz para decir que este país necesita un frente opositor, pero cuando ves esas acciones te das cuenta de lo que son y del daño que le han causado a estos partidos las dirigencias nacionales que tienen, que son de vergüenza, porque todo eso es una muestra de la manera en que hacen política (…) Markito y compañía, Alitos, dan pena ajena”, declaró el gobernador de Jalisco.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó una demanda de juicio político contra Arturo Salinas, por usurpación de funciones, atribución ilegal de facultades y por violar la Constitución, al rendir protesta como gobernador interino de Nuevo León.

Álvarez Máynez afirmó que una persona que viola así flagrantemente la Constitución no puede conducir el Poder Judicial de un estado, además, “ha demostrado un interés partidista, ha demostrado un sesgo en sus resoluciones y no podemos permitir este golpismo de buitres que está sucediendo en Nuevo León”.

El emecista aclaró que en Nuevo León no hay vacío, ya que tiene un gobernador constitucional legítima y legalmente electo en las urnas por la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas; “el PRI y el PAN no se pueden abrogar el derecho de apropiarse de una gubernatura y mucho menos de ponerla en manos de quien también preside el Poder Judicial”.

Consideró que se trata de “una de las peores trapacerías jurídicas en la historia de la República, en la historia contemporánea”.

Quien también respaldó a Samuel García fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró su apoyo al gobernador.

“Yo apoyo a Samuel porque es el gobernador de Nuevo León”, declaró ayer el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.